La ley de control de fusiones

Iván Alonso considera que la ley propuesta pretende evitar posiciones dominantes de mercado sin conocer si se va a abusar de ella.

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Iván Alonso obtuvo su PhD. en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles y es miembro de la Mont Pelerin Society.

El proyecto de ley de control previo de fusiones, adquisiciones y concentraciones empresariales, presentado por el congresista Lescano y su bancada, ha sido criticado —justamente, a nuestro entender— por innecesario. Diversos especialistas han señalado que en nuestro país existe ya una ley que sanciona el abuso de posición de dominio en el mercado. La iniciativa legislativa que comentamos pretende ir un paso más atrás, dándole a la Comisión de Libre Competencia (CLC) de Indecopi la potestad de desautorizar una fusión, como quien trata de evitar que se configure una posición de dominio antes de saber si se va a abusar de ella.



Dejemos de lado las disquisiciones teóricas y veamos cómo opera el control de fusiones en la práctica. Desde hace casi veinte años las fusiones empresariales en el sector eléctrico están sujetas a un control previo por parte de la misma CLC. El criterio es aún más exigente que en el proyecto de Lescano: si las empresas que quieren fusionarse tienen, individual o conjuntamente, una participación de 15% o más de las ventas del mercado, necesitan autorización. (El umbral en el proyecto es 51%.)
¿Cómo se resuelven estos casos? La decisión gira en torno a una variable llamada el índice de Herfindahl (o Herfindahl-Hirschman), que mide la concentración del mercado. Calcule usted la participación de cada una de las empresas del mercado y multiplíquela por cien: la primera tiene, digamos, 20 por ciento; la segunda, 15; la tercera, 10; etcétera. Eleve estas cifras al cuadrado y súmelas. Esto le dará un índice entre cero y 10.000 (donde cero representa un mercado “atomizado”, y 10,000, un monopolio). Primera parte del plan cumplida. La segunda parte es calcular el índice antes y después de la hipotética fusión. Si no aumenta significativamente, la fusión es aprobada; caso contrario, es rechazada.
La línea divisoria entre lo que es y lo que no es significativo es esencialmente arbitraria. Hay parámetros establecidos en los Horizontal Merger Guidelines (Guía de Fusiones Horizontales) del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio norteamericanos; pero siguen siendo parámetros arbitrarios.
Supuestamente, un cambio en la concentración del mercado es significativo cuando le da a la empresa fusionada el poder de subir los precios o imponer otras condiciones en perjuicio del consumidor. En el sector eléctrico, una empresa fusionada puede jugar a sacar de operación una central para hacer subir el precio.
Pero sólo le conviene hacerlo si el aumento es suficientemente grande y duradero como para compensar la menor cantidad de energía que genera. Eso no depende de la concentración del mercado, sino de los costos de sus competidores. El análisis de la concentración es irrelevante.
¿Qué clase de análisis podrá hacer la CLC cuando se enfrente a una fusión en otro sector? Ni siquiera va a disponer de información tan precisa sobre participaciones de mercado como la que existe en el sector eléctrico. Tendrá que basarse en suposiciones sobre el número de potenciales competidores, la capacidad ociosa, los costos de ponerla en operación. En un extremo, la Comisión, consciente de esas limitaciones, puede aprobar todas las fusiones; y como sociedad habremos incurrido un costo por las puras. En el otro, puede rechazarlas todas, privándonos de aquellas que hacen sentido económico.

La ley de control de fusiones

Iván Alonso considera que la ley propuesta pretende evitar posiciones dominantes de mercado sin conocer si se va a abusar de ella.

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Iván Alonso obtuvo su PhD. en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles y es miembro de la Mont Pelerin Society.

El proyecto de ley de control previo de fusiones, adquisiciones y concentraciones empresariales, presentado por el congresista Lescano y su bancada, ha sido criticado —justamente, a nuestro entender— por innecesario. Diversos especialistas han señalado que en nuestro país existe ya una ley que sanciona el abuso de posición de dominio en el mercado. La iniciativa legislativa que comentamos pretende ir un paso más atrás, dándole a la Comisión de Libre Competencia (CLC) de Indecopi la potestad de desautorizar una fusión, como quien trata de evitar que se configure una posición de dominio antes de saber si se va a abusar de ella.

La competencia no necesita una ley que la defienda

Por Roberto Cachanosky

Economía Para Todos

Todo parece indicar que la llamada ley de defensa de la competencia va tomando fueza y se convertirá en ley. Uno de sus objetivos es la promoción y el fomento de la competencia, lo cual realmente resulta bastante insólito porque es justamente el estado el que hoy en día limita, frena, reduce y desalienta la competencia.

Por empezar, cuando se habla de competencia la lógica más elemental indica que el estado no debe establecer barreras a la entrada de nuevos competidores ni obstaculizar con su política económica la posibilidad de competir con productos importados a los productores locales. Los políticos creen que la competencia es cuestión de la burocracia y para eso prevén crear una serie de organismos burocráticos que lo único que conseguirán es incrementar el gasto público, por lógica consecuencia la carga tributaria y como corolario de la mayor carga tributaria reducirá la capacidad de competir de las empresas. Todo al revés de lo buscado.

Realmente no hay nada más absurdo que escuchar a la corporación política hablar de defensa de la competencia cuando ellos impulsan y votan restringir la competencia en el mercado electoral estableciendo restricciones cada vez mayores para que nuevos competidores puedan ingresar a la competencia electoral. La corporación política viene levantando cada vez más restricciones al ingreso de nuevos candidatos. Es más, en este mismo momento la corporación política está impulsando una ley de igualdad de género por el cual no por capacidad e idoneidad sino porque la ley así lo manda, el 50% de los puestos en las listas de candidatos tienen que ser ocupados por mujeres. Habrá que ver si es una ley de igualdad de género o ley del puesto para mi amante.

Pero volviendo al tema de la competencia de las empresas, aquí los pasos serían los siguientes. En primer lugar Argentina debería incorporarse el mundo estableciendo un arancel único para todos los productos. Es decir, la tasa del impuesto de importación sería la misma se importe una nave espacial o una camisa. Arancel único. Podría empezarse con un arancel del 12% e ir reduciendo ese arancel 1 punto porcentual todos los años hasta llegar a un arancel uniforme del 3 o 4 por ciento solo con fines de ingresos fiscal para el tesoro.

En el período de baja de arancel el estado debería reducir la carga impositiva para las empresas de manera que puedan ser competitivas. Con esta carga impositiva ninguna empresa puede competir. Ahora, claro que junto con la baja de la carga tributaria hay que bajar el gasto público. No es cuestión de transferirle al grueso de la población la mochila el estado bobo e ineficiente que tenemos con el impuesto inflacionario.

Otro punto que debería impulsarse para estimular la competencia, como pretende la ley, consiste en una profunda reforma laboral para que las empresas tomen más personal. La actual legislación laboral solo busca proteger a los que tienen trabajo y deja fuera del mercado laboral a quienes están desocupados.

Por supuesto que hay que tener disciplina fiscal para que haya moneda y pueda recrearse un mercado de capitales que permita financiar las inversiones y el capital de trabajo a tasas de interés compatibles con la actividad productiva. Eso requiere de un BCRA que se retire del mercado de LEBACs y, además, deje flotar libremente el tipo de cambio para que no se distorsione su cotización estimulando artificialmente las importaciones o las exportaciones.

¿Por qué es importante que la economía argentina se incorpore al mundo? Porque si en vez de producir para 40 millones de consumidores se produce para el mundo, las unidades producidas son mucho mayores y disminuyen los costos fijos por unidad producida. El sueldo de mi secretaria baja en relación a la cantidad de unidades producidas.

Al tener que producir más unidades se requieren más inversiones y aumenta la demanda de trabajo mejorando los salarios reales.

Por otro lado, cuando se busca estimular la competencia, lo que en última instancia se quiere lograr es beneficiar al consumidor. Por eso, la mejor manera de beneficiarlo es que con el fruto de su trabajo compre el producto qué él quiera, sea ese producto fabricado en Argentina o en el exterior. Es el derecho de los consumidores a usar el fruto de su trabajo como mejor le parezca.

En definitiva, más que hacer una ley de defensa de la competencia, hace falta implementar las reformas estructurales necesarias para que las empresas puedan competir entre ellas (eliminar barreras de entrada en el mercado interno) y competir con los productos que llegan del exterior e incluso salir a competir para poder exportar más. La idea es ser competitivos, no regular la competencia como pretende esa mal llamada ley de defensa de la competencia. Su nombre correcto, tal cual está, debería ser: ley para regular la actual y escasa competencia.

La competencia no necesita una ley que la defienda

Por Roberto Cachanosky

Economía Para Todos

Todo parece indicar que la llamada ley de defensa de la competencia va tomando fueza y se convertirá en ley. Uno de sus objetivos es la promoción y el fomento de la competencia, lo cual realmente resulta bastante insólito porque es justamente el estado el que hoy en día limita, frena, reduce y desalienta la competencia.

Por empezar, cuando se habla de competencia la lógica más elemental indica que el estado no debe establecer barreras a la entrada de nuevos competidores ni obstaculizar con su política económica la posibilidad de competir con productos importados a los productores locales. Los políticos creen que la competencia es cuestión de la burocracia y para eso prevén crear una serie de organismos burocráticos que lo único que conseguirán es incrementar el gasto público, por lógica consecuencia la carga tributaria y como corolario de la mayor carga tributaria reducirá la capacidad de competir de las empresas. Todo al revés de lo buscado.

Brasil muestra un alto respeto por la ley y la democracia

Editorial -

The Wall Street Journal

La última década ha sido difícil para la democracia en América Latina, pero el país más grande de la región parece estar emergiendo con sus instituciones políticas intactas. El Senado de Brasil votó el miércoles la remoción de la presidenta Dilma Rousseff, culminando así un juicio político sobrio y respetuoso de la ley.

En abril, la Cámara Baja de Brasil había destituido a la reelecta presidenta, del Partido de los Trabajadores, acusándola de haber autorizado gastos públicos sin la aprobación del Congreso y de haber utilizado una contabilidad engañosa para ocultar préstamos ilegales de bancos estatales. Esto puede no sonar como los “altos crímenes y delitos” requeridos por la Constitución de EE.UU. para realizar un juicio político a un presidente.

Sin embargo, las leyes que Rousseff violó fueron aprobadas después de que el endeudamiento del gobierno con fondos de bancos estatales y el gasto deficitario llevaran a Brasil a la hiperinflación de la década de los 80 y principios de los 90. Los brasileños toman estas leyes en serio, y millones de estadounidenses probablemente se preguntarán por qué no pueden acusar a los políticos de Washington por delitos fiscales similares.

Rousseff pidió un informe presupuestario de expertos no partidistas. El reporte de 224 páginas, presentado en junio, concluyó que Rousseff había violado las leyes de presupuesto y por poco la culpa personalmente de los préstamos de los bancos estatales. El presidente del Supremo Tribunal, quien fuera nominado por el predecesor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, y quien se inclina políticamente a la izquierda, presidió el juicio.

El proceso de tres semanas fue televisado desde la mañana hasta la noche. El lunes, Rousseff dispuso de tiempo ilimitado para defenderse. La suspendida mandataria dijo que las acusaciones fueron políticas y que su destitución sería antidemocrática. El juicio a un líder elegido democráticamente es inherentemente político, pero el proceso en este caso ha sido riguroso y transparente.

Rousseff también tenía el peso de ser impopular, pero eso es el resultado de su propia mala gestión económica, vinculada a su vez con las acusaciones en su contra. La economía ha estado en una recesión prolongada. Alberto Ramos, de Goldman Sachs, dice que el PIB per cápita se contrajo 9,7% desde el segundo trimestre de 2014, una pérdida acumulativa de riqueza mayor que la sufrida durante lo que los brasileños llaman la “década perdida” de los 80. La inflación anual en julio fue de 8,7%.

Los populistas le echan la culpa a la caída de los precios del petróleo, pero las exportaciones de bienes de Brasil, incluido el crudo, fueron sólo 10,5% del PIB en 2014. El verdadero problema es el programa izquierdista de política fiscal, la laxa política monetaria, el aumento del proteccionismo, un complejo sistema tributario y un enorme estado regulador. Cuando la economía se derrumbó, Rousseff violó las leyes de presupuesto para salvar su presidencia.

La mandataria también fue perjudicada por los escándalos de corrupción, incluyendo las acusaciones contra Lula da Silva. Rousseff agravó el problema cuando trató de incorporar al ex presidente a su gobierno para protegerlo de acciones judiciales.

Al final, el Senado votó 61-20 para condenarla, y la mayoría de tres cuartas partes del cuerpo legislativo sugiere algo parecido a un consenso nacional para destituirla. El vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que ocupó transitoriamente la presidencia durante el juicio, terminará el mandato de Rousseff, que se extiende hasta 2018. Si Temer es prudente, va a aprovechar este momento de estabilidad institucional para llevar nuevamente al país en la dirección económica correcta.

Brasil muestra un alto respeto por la ley y la democracia

Editorial -

The Wall Street Journal

La última década ha sido difícil para la democracia en América Latina, pero el país más grande de la región parece estar emergiendo con sus instituciones políticas intactas. El Senado de Brasil votó el miércoles la remoción de la presidenta Dilma Rousseff, culminando así un juicio político sobrio y respetuoso de la ley.

En abril, la Cámara Baja de Brasil había destituido a la reelecta presidenta, del Partido de los Trabajadores, acusándola de haber autorizado gastos públicos sin la aprobación del Congreso y de haber utilizado una contabilidad engañosa para ocultar préstamos ilegales de bancos estatales. Esto puede no sonar como los “altos crímenes y delitos” requeridos por la Constitución de EE.UU. para realizar un juicio político a un presidente.

El problema es el gobierno, no “la codicia egoísta”

 

Al impedir la posibilidad de fracaso, el gobierno nos impide el éxito.

# # #

¿De dónde obtiene su poder la Izquierda? De una fuente esencial: de un estándar errado de moralidad, de una norma falsa de “el bien y el mal”. El sacrificio es supuestamente el bien; el interés propio es el mal. La Izquierda acusa de todos los desastres sociales y económicos a la “codicia egoísta”. ¿Qué causó el colapso financiero, según la Izquierda? La codicia egoísta de los banqueros en todo el mundo. ¿Por qué fue aprobada la medicina socializada de Obama? Porque hay gente que tiene necesidades, y los avariciosos deben servir a los necesitados.

Los de la Derecha deberían señalar que “codicia egoísta” es un término injurioso: denigra la ambición y el deseo de producir riqueza — que son virtudes — al asociarlas con glotonería sin sentido. Pero los derechistas no denuncian el insulto porque comparten la moralidad anti-ego, o como mínimo tienen miedo de cuestionarla.

Hasta ahora, a la mayoría de los defensores del capitalismo les ha faltado valor para decir, usando las palabras de John Galt en La Rebelión de Atlas, que: “tu vida te pertenece a ti y el bien es vivirla”.

Pero, como un pequeño paso en la dirección correcta, los pro-capitalistas están empezando a plantarle cara a la absurda afirmación izquierdista de que la codicia causó la crisis financiera. Están señalando este hecho evidente: “la codicia” — o sea, el deseo de hacerse rico — es algo constante; no surgió de la nada, de repente, ni aumentó justamente antes de la crisis.

Por ejemplo, un editorial del Wall Street Journal (25 de abril de 2013) observó que “la crisis tuvo varias causas diferentes de la codicia que siempre ha existido en Wall Street y en cualquier otra “street” (calle).”

Cierto. Pero algo cambia, psicológicamente, en el “boom” que precede a un “crash”, en el buen tiempo que precede a una tormenta. Lo que cambia no es un mayor deseo de riqueza, y tampoco es que la gente se obsesione con el corto plazo; lo que cambia es cómo la gente evalúa el riesgo. La gente no se vuelve más codiciosa, se vuelve más optimista. Al ver las bolsas y los precios inmobiliarios subir sin parar, imaginan que ese auge es la nueva normalidad, y que una caída de precios nunca más volverá a suceder.

Por la misma razón, durante la fase de pánico y recesión, la gente se vuelve demasiado pesimista. Se imagina que nunca se tocará fondo, que las inversiones son todas muy arriesgadas, y que el mayor desastre está por llegar. Igual que un auge no supone exceso de codicia, una recesión no supone falta de codicia.

Bajo el péndulo psicológico radica la verdadera causa: el ciclo de auge y recesión se debe a la manipulación de la oferta monetaria por el gobierno, como la escuela austríaca de economistas ha demostrado. La inyección de la Fed de cada vez más dinero en el sistema es lo que genera precios cada vez más altos y por lo tanto el exceso de optimismo.

Hay otra política gubernamental que alimenta el exceso de optimismo: el que el fracaso haya sido prácticamente declarado fuera de la ley. En una economía libre, siempre hay algunas empresas que fracasan. En una economía regulada, el gobierno apoya a las empresas que están a punto de quebrar, echándole de esa forma leña al fuego del exceso de optimismo. “Demasiado grande para quebrar” se complementa con “demasiado pequeña para quebrar” y luego “demasiado intermedia para quebrar”.

Miles y miles de intervenciones gubernamentales actúan para proteger del fracaso a empresas grandes, medianas y pequeñas. Las leyes anti-monopolio, concretamente, han sido diseñadas para evitar que empresas exitosas puedan llevar a sus competidores a la quiebra, algo que ocurriría normalmente en un mercado no regulado, pero impensable bajo el régimen legal actual.

Luego tenemos la proliferación de las leyes de concesión de licencias profesionales, leyes que protegen a los ya licenciados de la competencia de los no licenciados. Y los efectos de decenas de miles de regulaciones operativas impuestas a las empresas, además de las impenetrables reglas fiscales. Todas ellas sirven para proteger a las grandes empresas de la competencia de las más pequeñas, porque las grandes pueden permitirse el lujo de tener departamentos de contabilidad y de cumplimiento, mientras que las pequeñas no.

Todo ello tiene como resultado un mercado paralizado. El “status quo” se convierte en una situación permanente en la que el gobierno protege a todos del fracaso económico.

Pero un elemento esencial del capitalismo es precisamente ese tipo de fracaso. El capitalismo implica un proceso continuo de selección, lo equivalente a la selección natural en biología: el éxito de un negocio alimenta la expansión, mientras que el fracaso provoca la contracción. Así, los mejores productores adquieren una influencia económica cada vez mayor, mientras los peores se quedan cada vez con menos recursos. Al intervenir para eliminar los fracasos, el gobierno anula esa selección natural de los mejores productores.

Vemos la misma filosofía entre los educadores que están de moda hoy día: el fracaso escolar ha sido eliminado en favor de la autoestima, por decreto. El “éxito por decreto del gobierno” es el lema del Estado regulador. Y de la misma forma como el adulado y engreído estudiante recibe una dolorosa dosis de realidad después de graduarse, también la economía recibe esa dosis cuando los errores que nunca fueron resueltos provocan finalmente la inevitable caída.

No es afán de lucro lo que crea una burbuja, es la expansión monetaria del gobierno complementada con la política de evitar mini-fracasos lo que acaba, inevitablemente, en un mega-fracaso.

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— por Harry Binswanger

El problema es el gobierno, no “la codicia egoísta”

 

Al impedir la posibilidad de fracaso, el gobierno nos impide el éxito.

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¿De dónde obtiene su poder la Izquierda? De una fuente esencial: de un estándar errado de moralidad, de una norma falsa de “el bien y el mal”. El sacrificio es supuestamente el bien; el interés propio es el mal. La Izquierda acusa de todos los desastres sociales y económicos a la “codicia egoísta”. ¿Qué causó el colapso financiero, según la Izquierda? La codicia egoísta de los banqueros en todo el mundo. ¿Por qué fue aprobada la medicina socializada de Obama? Porque hay gente que tiene necesidades, y los avariciosos deben servir a los necesitados.

Los alarmistas de la desigualdad

 

Los alarmistas de la desigualdad, ¿quieren la igualdad total?

En el libro “Equal Is Unfair: American´s Misguided Figh Against Income Inequality” (Igual es injusto: la errada lucha en USA contra la igualdad salarial), argumentamos que la campaña para erradicar la desigualdad económica es injusta. Una de las reacciones de gente que sólo ha visto el título del libro (y alguna crítica) es decir que estamos atacando a un hombre de paja. “Nadie defiende la igualdad económica total”, dicen.

Para empezar, no es cierto que nadie quiera la igualdad total. El Kmehr Rouge de Camboya ciertamente buscaba la igualdad total, como han hecho muchos filósofos. Las corrientes modernas no proponen que el gobierno elimine completmente cualquier desigualdad económica, pero sí dicen que debe actuar para reducirla (y se obstinan en no decirnos cuánta desigualdad están dispuestos a tolerar).

¿Por qué, entonces, el título de “Equal Is Unfair”? Porque el problema no son los objetivos concretos de los críticos actuales; la esencia del problema es su posición: afirmar que la igualdad económica en sí es un ideal moral.

Para muchos críticos, desde luego, la igualdad es un ideal moral. Según ellos, en un mundo ideal todos tendríamos la misma cantidad de bienes y de ingresos. ¿Por qué es eso ideal? Porque, desde su punto de vista, nadie merece tener una parte mayor de la “riqueza de la sociedad” que cualquier otro; porque los individuos inteligentes, ambiciosos y productivos lo son gracias a la suerte: por sus genes, por su educación, o por sus padres ricos. Ellos no pueden exigir por derecho lo que no han creado, porque ellos “no lo han creado”, todo ha sido creado por fuerzas externas a su control.

Eso es lo que piensa el filósofo John Rawls, un punto de vista respaldado desde el presidente Obama hasta el economista Thomas Piketty. Para muchos críticos de la desigualdad, no habría nada moralmente reprobable en un gobierno que confiscase y redistribuyese la riqueza para que todos fuésemos perfectamente iguales.

Su única objeción a tal programa es que es impracticable: todos estaríamos peor en ese escenario. Los comunistas habían imaginado que la gente podría estar motivada a producir por “el bien de la sociedad”, por algo más allá de su propio bienestar personal, pero los modernos críticos de la desigualdad reconocen que eso es una quimera. Reconocen que nivelar a todo el mundo al denominador común más bajo destruiría el incentivo de producir e innovar.

Así que su meta es reducir la desigualdad económica al máximo, pero siempre evitando que afecte al crecimiento económico y empeore la situación.

Economistas como Piketty y Paul Krugman dicen que debemos subir las tasas marginales de impuestos hasta el 70 ó el 80%, siempre que podamos hacerlo sin perjudicar a la economía. El debate se presenta sólo como un problema práctico, empírico; ellos no ven ningún problema en robarle a alguien la mayor parte de lo que gana.

Eso es lo que refutamos en ‘Equal is Unfair’. No consideramos la igualdad moral un ideal; al contrario, la consideramos inmoral. La gente gana cantidades muy diferentes de riqueza cuando es libre, cuando quien produce tiene el derecho moral a la riqueza que crea. Es malvado que el gobierno use su poder de coerción para “reducir la desigualdad”, no porque vaya a crear perversos incentivos (lo cual ciertamente hará), sino porque priva a la gente de recompensas que por justicia les corresponden.

Los logros de la gente son desiguales; por lo tanto, la igualdad es injusta.

Los alarmistas de la desigualdad

 

Los alarmistas de la desigualdad, ¿quieren la igualdad total?

En el libro “Equal Is Unfair: American´s Misguided Figh Against Income Inequality” (Igual es injusto: la errada lucha en USA contra la igualdad salarial), argumentamos que la campaña para erradicar la desigualdad económica es injusta. Una de las reacciones de gente que sólo ha visto el título del libro (y alguna crítica) es decir que estamos atacando a un hombre de paja. “Nadie defiende la igualdad económica total”, dicen.

Para empezar, no es cierto que nadie quiera la igualdad total. El Kmehr Rouge de Camboya ciertamente buscaba la igualdad total, como han hecho muchos filósofos. Las corrientes modernas no proponen que el gobierno elimine completmente cualquier desigualdad económica, pero sí dicen que debe actuar para reducirla (y se obstinan en no decirnos cuánta desigualdad están dispuestos a tolerar).