Por Roberto Cachanosky
Todo parece indicar que la llamada ley
de defensa de la competencia va tomando fueza y se convertirá en ley.
Uno de sus objetivos es la promoción y el fomento de la competencia, lo
cual realmente resulta bastante insólito porque es justamente el estado
el que hoy en día limita, frena, reduce y desalienta la competencia.
Por empezar, cuando se habla de
competencia la lógica más elemental indica que el estado no debe
establecer barreras a la entrada de nuevos competidores ni obstaculizar
con su política económica la posibilidad de competir con productos
importados a los productores locales. Los políticos creen que la
competencia es cuestión de la burocracia y para eso prevén crear una
serie de organismos burocráticos que lo único que conseguirán es
incrementar el gasto público, por lógica consecuencia la carga
tributaria y como corolario de la mayor carga tributaria reducirá la
capacidad de competir de las empresas. Todo al revés de lo buscado.
Realmente no hay nada más absurdo que
escuchar a la corporación política hablar de defensa de la competencia
cuando ellos impulsan y votan restringir la competencia en el mercado
electoral estableciendo restricciones cada vez mayores para que nuevos
competidores puedan ingresar a la competencia electoral. La corporación
política viene levantando cada vez más restricciones al ingreso de
nuevos candidatos. Es más, en este mismo momento la corporación política
está impulsando una ley de igualdad de género por el cual no por
capacidad e idoneidad sino porque la ley así lo manda, el 50% de los
puestos en las listas de candidatos tienen que ser ocupados por mujeres.
Habrá que ver si es una ley de igualdad de género o ley del puesto para
mi amante.
Pero volviendo al tema de la competencia
de las empresas, aquí los pasos serían los siguientes. En primer lugar
Argentina debería incorporarse el mundo estableciendo un arancel único
para todos los productos. Es decir, la tasa del impuesto de importación
sería la misma se importe una nave espacial o una camisa. Arancel único.
Podría empezarse con un arancel del 12% e ir reduciendo ese arancel 1
punto porcentual todos los años hasta llegar a un arancel uniforme del 3
o 4 por ciento solo con fines de ingresos fiscal para el tesoro.
En el período de baja de arancel el
estado debería reducir la carga impositiva para las empresas de manera
que puedan ser competitivas. Con esta carga impositiva ninguna empresa
puede competir. Ahora, claro que junto con la baja de la carga
tributaria hay que bajar el gasto público. No es cuestión de
transferirle al grueso de la población la mochila el estado bobo e
ineficiente que tenemos con el impuesto inflacionario.
Otro punto que debería impulsarse para
estimular la competencia, como pretende la ley, consiste en una profunda
reforma laboral para que las empresas tomen más personal. La actual
legislación laboral solo busca proteger a los que tienen trabajo y deja
fuera del mercado laboral a quienes están desocupados.
Por supuesto que hay que tener
disciplina fiscal para que haya moneda y pueda recrearse un mercado de
capitales que permita financiar las inversiones y el capital de trabajo a
tasas de interés compatibles con la actividad productiva. Eso requiere
de un BCRA que se retire del mercado de LEBACs y, además, deje flotar
libremente el tipo de cambio para que no se distorsione su cotización
estimulando artificialmente las importaciones o las exportaciones.
¿Por qué es importante que la economía
argentina se incorpore al mundo? Porque si en vez de producir para 40
millones de consumidores se produce para el mundo, las unidades
producidas son mucho mayores y disminuyen los costos fijos por unidad
producida. El sueldo de mi secretaria baja en relación a la cantidad de
unidades producidas.
Al tener que producir más unidades se requieren más inversiones y aumenta la demanda de trabajo mejorando los salarios reales.
Por otro lado, cuando se busca estimular
la competencia, lo que en última instancia se quiere lograr es
beneficiar al consumidor. Por eso, la mejor manera de beneficiarlo es
que con el fruto de su trabajo compre el producto qué él quiera, sea ese
producto fabricado en Argentina o en el exterior. Es el derecho de los
consumidores a usar el fruto de su trabajo como mejor le parezca.
En definitiva, más que hacer una ley de
defensa de la competencia, hace falta implementar las reformas
estructurales necesarias para que las empresas puedan competir entre
ellas (eliminar barreras de entrada en el mercado interno) y competir
con los productos que llegan del exterior e incluso salir a competir
para poder exportar más. La idea es ser competitivos, no regular la
competencia como pretende esa mal llamada ley de defensa de la
competencia. Su nombre correcto, tal cual está, debería ser: ley para
regular la actual y escasa competencia.
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