Editorial -
La última década ha sido difícil para la democracia en América Latina, pero el país más grande de la región parece estar emergiendo con sus instituciones políticas intactas. El Senado de Brasil votó el miércoles la remoción de la presidenta Dilma Rousseff, culminando así un juicio político sobrio y respetuoso de la ley.
En abril, la Cámara Baja de Brasil había destituido a la reelecta presidenta, del Partido de los Trabajadores, acusándola de haber autorizado gastos públicos sin la aprobación del Congreso y de haber utilizado una contabilidad engañosa para ocultar préstamos ilegales de bancos estatales. Esto puede no sonar como los “altos crímenes y delitos” requeridos por la Constitución de EE.UU. para realizar un juicio político a un presidente.
Sin embargo, las leyes que Rousseff violó fueron aprobadas después de que el endeudamiento del gobierno con fondos de bancos estatales y el gasto deficitario llevaran a Brasil a la hiperinflación de la década de los 80 y principios de los 90. Los brasileños toman estas leyes en serio, y millones de estadounidenses probablemente se preguntarán por qué no pueden acusar a los políticos de Washington por delitos fiscales similares.
Rousseff pidió un informe presupuestario de expertos no partidistas. El reporte de 224 páginas, presentado en junio, concluyó que Rousseff había violado las leyes de presupuesto y por poco la culpa personalmente de los préstamos de los bancos estatales. El presidente del Supremo Tribunal, quien fuera nominado por el predecesor de Rousseff, Luiz Inácio Lula da Silva, y quien se inclina políticamente a la izquierda, presidió el juicio.
El proceso de tres semanas fue televisado desde la mañana hasta la noche. El lunes, Rousseff dispuso de tiempo ilimitado para defenderse. La suspendida mandataria dijo que las acusaciones fueron políticas y que su destitución sería antidemocrática. El juicio a un líder elegido democráticamente es inherentemente político, pero el proceso en este caso ha sido riguroso y transparente.
Rousseff también tenía el peso de ser impopular, pero eso es el resultado de su propia mala gestión económica, vinculada a su vez con las acusaciones en su contra. La economía ha estado en una recesión prolongada. Alberto Ramos, de Goldman Sachs, dice que el PIB per cápita se contrajo 9,7% desde el segundo trimestre de 2014, una pérdida acumulativa de riqueza mayor que la sufrida durante lo que los brasileños llaman la “década perdida” de los 80. La inflación anual en julio fue de 8,7%.
Los populistas le echan la culpa a la caída de los precios del petróleo, pero las exportaciones de bienes de Brasil, incluido el crudo, fueron sólo 10,5% del PIB en 2014. El verdadero problema es el programa izquierdista de política fiscal, la laxa política monetaria, el aumento del proteccionismo, un complejo sistema tributario y un enorme estado regulador. Cuando la economía se derrumbó, Rousseff violó las leyes de presupuesto para salvar su presidencia.
La mandataria también fue perjudicada por los escándalos de corrupción, incluyendo las acusaciones contra Lula da Silva. Rousseff agravó el problema cuando trató de incorporar al ex presidente a su gobierno para protegerlo de acciones judiciales.
Al final, el Senado votó 61-20 para condenarla, y la mayoría de tres cuartas partes del cuerpo legislativo sugiere algo parecido a un consenso nacional para destituirla. El vicepresidente Michel Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño, que ocupó transitoriamente la presidencia durante el juicio, terminará el mandato de Rousseff, que se extiende hasta 2018. Si Temer es prudente, va a aprovechar este momento de estabilidad institucional para llevar nuevamente al país en la dirección económica correcta.
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