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Wednesday, November 16, 2016

Canadá dispuesto a negociar con EE.UU. si Trump rompe libre comercio con México

By: Ysol D

Durante una áspera campaña electoral, Trump prometió renegociar o repudiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los tres países, que le permite a Canadá enviar el 75 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos (Panamerican World)
Trump prometió renegociar o repudiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los tres países, que le permite a Canadá enviar el 75 % de sus exportaciones a EE. UU (Panamerican World)
Algunas autoridades norteamericanas indicaron que es posible que Canadá recurra a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y excluya a México, si el nuevo presidente Donald Trump insiste en políticas proteccionistas radicales.
El magnate en su campaña electoral prometió que renegociaría o rechazaría el Tratado de Libre Comercio de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los tres países. El mismo le permitiría a Canadá que envíe el 75 % de sus exportaciones a los Estados Unidos.
Justin Trudeau, primer ministro canadiense dijo que si los estadounidenses quieren hablar sobre ese tratado o renegociarlo, “estaré más que feliz de hacerlo”.



David MacNaughton, representante y funcionario aseguró que si el TLCAN se llega a fracturar, por términos de un acuerdo del 1987, los dos países estrían igualmente ligados.


Según la agencia de noticias Reuters, una fuente con conocimientos directos sobre el conocimiento del Gobierno, indicó que Canadá no ve casi posibilidades de que Trump tome medidas rápidas sobre el TLCAN y por ello va a necesitar ayuda y cooperación por parte de los legisladores republicanos que se encuentran preocupados por la actividad empresarial

Canadá dispuesto a negociar con EE.UU. si Trump rompe libre comercio con México

By: Ysol D

Durante una áspera campaña electoral, Trump prometió renegociar o repudiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los tres países, que le permite a Canadá enviar el 75 por ciento de sus exportaciones a Estados Unidos (Panamerican World)
Trump prometió renegociar o repudiar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre los tres países, que le permite a Canadá enviar el 75 % de sus exportaciones a EE. UU (Panamerican World)
Algunas autoridades norteamericanas indicaron que es posible que Canadá recurra a un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y excluya a México, si el nuevo presidente Donald Trump insiste en políticas proteccionistas radicales.
El magnate en su campaña electoral prometió que renegociaría o rechazaría el Tratado de Libre Comercio de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) entre los tres países. El mismo le permitiría a Canadá que envíe el 75 % de sus exportaciones a los Estados Unidos.
Justin Trudeau, primer ministro canadiense dijo que si los estadounidenses quieren hablar sobre ese tratado o renegociarlo, “estaré más que feliz de hacerlo”.


Tuesday, November 1, 2016

Esa no era la forma de negociar con narcoterroristas

Por Álvaro Uribe Vélez

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Una mayoría de colombianos rechazó este mes el acuerdo del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo marxista narcoterrorista mejor conocido como FARC. El gobierno usó y abusó de todos sus poderes en un esfuerzo por asegurar la victoria, pero millones de votantes decidieron que el país estaría mejor sin ceder a las exigencias de los rebeldes. Todos los colombianos quieren la paz. Cualquier acuerdo futuro, debe tener en cuenta las preocupaciones sustanciales de los votantes.


Colombia ha sido por largo tiempo la democracia más estable de América Latina, con gobiernos votados por el pueblo durante casi todo el siglo pasado. Aunque la batalla del gobierno contra los rebeldes de las FARC a menudo se describe como una guerra civil, este conflicto no es un levantamiento contra un régimen opresivo. En lugar de eso, es una lucha que ha enfrentado a gobiernos democráticos contra persistentes amenazas terroristas al imperio de la ley. Hay que recordar que las FARC son también un prolífico cartel de la cocaína.
Cuando fui presidente de Colombia, entre 2002 y 2010, implementamos una agresiva política de seguridad para combatir el narcoterrorismo. Estaba dirigida a proteger las libertades y los derechos de los ciudadanos, así como para promover la confianza de los inversionistas y fortalecer los lazos de cohesión social en todo el país. Aunque lejos de ser un paraíso, en 2010 Colombia era un país más seguro con una economía en rápido crecimiento.
Estos logros llevaron a la elección del actual presidente, Juan Manuel Santos, a quien apoyé en ese entonces. Pero poco después de asumir el poder, Santos cambió su plataforma política y enfocó su presidencia en las negociaciones con las FARC. Cifras de la Oficina de las Naciones Unidas Contra las Drogas y el Delito muestran que la producción ilegal de coca se duplicó entre 2012 y 2015. La deuda pública llegó a 54% del Producto Interno Bruto en 2015, frente a 43% en 2010, según el banco central de Colombia. El informe de competitividad global del Foro Económico Mundial indica que las tasas tributarias efectivas sobre las empresas han alcanzado cerca de 75%. Colombia se ha vuelto menos atractiva para los inversionistas privados.
Después de años de negociaciones, Santos alcanzó un acuerdo con las FARC, plasmado en un pacto de 297 páginas. El público tuvo la oportunidad de dar su opinión. Había muchas razones para rechazar el acuerdo, incluyendo serias dudas sobre la legitimidad del plebiscito mismo. El gobierno, cuestionablemente, redujo el umbral de participación que habría hecho que el pacto fuera de cumplimiento obligatorio con tan sólo el 13% de la ciudadanía habilitada para votar. Originalmente ese requisito había sido del 50%.
Santos también presentó un acuerdo enormemente complejo como una simple pregunta de si o no. Si hubiera ganado el “Sí” el acuerdo habría sido incorporado a la constitución del país. Eso habría invalidado muchos de nuestros principios fundamentales.
El gobierno llevó a cabo una campaña vergonzosa. Amenazó con retener dinero de los gobernadores que no apoyaran el acuerdo abiertamente. Usó fondos públicos para una campaña masiva de publicidad, a la vez que negó recursos a la campaña de la oposición.
Pese a todas sus ventajas, los defensores del “Sí” perdieron debido a la sustancia de su política. Considere a algunos de los aspectos más indignantes del acuerdo: habría reemplazado la rama judicial de Colombia con un tribunal separado, a la medida de las necesidades de las FARC y diseñado para garantizar la impunidad de sus crímenes de guerra. También proveía una amnistía amplia a los narcotraficantes, sobre la base de que su comportamiento era una extensión de los crímenes políticos.
El voto del “No” significa que el acuerdo original ya no existe. Sin embargo, la paz aún puede ser alcanzada con los cambios profundos y necesarios que millones de colombianos han pedido. Sólo estos cambios pueden asegurar que Colombia no caiga presa del populismo socialista respaldado por Venezuela que las FARC y sus aliados han impulsado. En consecuencia espero que el gobierno colombiano siga el mandato del pueblo de renegociar con las FARC.
Las instituciones judiciales existentes en el país deben ser encargadas de la tarea de operar el esquema de justicia transicional. Los guerrilleros rasos que no son responsables de crímenes atroces podrían recibir una amnistía, pero los cerebros de las FARC que han cometido crímenes de guerra y despreciables violaciones de derechos humanos deben ser castigados. ¿Qué tipo de mensaje enviaría la impunidad a otros terroristas?
A los comandantes de las FARC que han cometido crímenes graves no se les debería dar el privilegio de postularse a cargos públicos, como sucede con otros criminales convictos en Colombia. Hicimos cumplir una restricción similar para los 35.000 paramilitares que se desmovilizaron durante mi gobierno. Los líderes políticos deberían ser los modelos a seguir, no los ex terroristas.
Un nuevo acuerdo de paz también debe requerir que las FARC entreguen la fortuna generada por las drogas para ayudar con ella a las víctimas de la violencia. El grupo debe liberar a los niños que ha reclutado por años y responder por cada ciudadano que ha secuestrado. Además, el acuerdo debería incluir protecciones para la inversión privada en Colombia, tales como un compromiso para respetar los derechos de tierras, preservar la salud fiscal del gobierno y mantener la competitividad de la economía privada. En cierto modo, el acuerdo original guardó silencio en estos asuntos.
Colombia necesita el entendimiento y apoyo de la comunidad internacional para hacer cambios profundos al acuerdo. Esto es lo que los colombianos han decidido, sabiendo mejor que nadie lo que hay en juego.
 El autor fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010.

Esa no era la forma de negociar con narcoterroristas

Por Álvaro Uribe Vélez

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Una mayoría de colombianos rechazó este mes el acuerdo del gobierno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el grupo marxista narcoterrorista mejor conocido como FARC. El gobierno usó y abusó de todos sus poderes en un esfuerzo por asegurar la victoria, pero millones de votantes decidieron que el país estaría mejor sin ceder a las exigencias de los rebeldes. Todos los colombianos quieren la paz. Cualquier acuerdo futuro, debe tener en cuenta las preocupaciones sustanciales de los votantes.

Saturday, July 2, 2016

Negociar la ley

Macario Schettino dice que América Latina es un continente que no vivió la modernización y que aún a muchos países dentro de la región, como a México, les cuesta establecer el Imperio de la Ley.

Macario Schettino es profesor de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de México y colaborador editorial y financiero de El Universal (México).
Para los que tenían dudas, el asunto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca es muy ilustrativo. Frente a un grupo que bloquea autopistas y refinerías, hay un grupo no menor de personas que pide una mesa de negociación y diálogo. Argumentan que el diálogo es la base de la democracia y que quien se niega a ello, por lo mismo, no es demócrata. Me imagino que si entramos al detalle en la discusión, acabarán aceptando que las leyes, o las reglas en general, no son un tema de la democracia sino de la república, y que se puede ser demócrata sin ser republicano, como lo han sido, sigo imaginando, del otro lado de la Cortina de Hierro, o en Cuba o Venezuela. A lo mejor encuentran algún otro ejemplo.



Permítame regresar a mi interpretación de lo que nos ocurre. Somos un continente, América Latina, que no vivió la modernización. Como parte del Imperio Español, fuimos enemigos de la Reforma Protestante y de la revolución de los Países Bajos en el siglo XVI, los padres de la modernidad. Para el siglo XIX, cuando Napoleón diseminó las ideas de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad) por toda Europa, nosotros mejor nos independizamos para evitar que esas ideas exóticas llegaran por acá. Las élites que independizaron América Latina cosecharon su esfuerzo a partir de 1870, cuando la primera globalización produjo el enriquecimiento de Europa, y de las élites latinoamericanas, y de nadie más. De ahí nos viene ser el continente más desigual del mundo, todavía hoy.
Esas élites promovieron un pensamiento conservador, que tuvo en José Enrique Rodó a uno de sus principales promotores. En su “Ariel”, publicado al inicio del siglo XX, ponía a América Latina como el último baluarte de la cultura tradicional, grecorromana y cristiana, frente al bárbaro anglosajón. De ese conservadurismo abrevaron los extremos latinoamericanos, ambos populistas: el izquierdismo de Cárdenas, el derechismo de Perón.
Precisamente por no salir de esa visión premoderna, el tema de la ley se nos complica tanto. A unos más que a otros, como siempre. Las naciones en las que menos existió el Imperio Español pudieron construir un sistema de gobierno conservador, pero respetuoso de la ley (Argentina, Chile, Uruguay). En donde más pesó España, no hemos podido establecer el imperio de la ley. Menos en México, en donde el régimen de la Revolución hizo de la ilegalidad una virtud: la negociación.
Me parece que muchas personas no entienden que el origen de la corrupción es el mismo que el del populismo, que detrás de la negociación por un trámite, un contrato, o un puesto público, está exactamente el mismo proceso que detrás del diálogo con los inconformes. Que hace el mismo daño a la sociedad un gobernante abusivo como Duarte, en Veracruz, o Borge, en Quintana Roo, forzando la ley para esconder sus trapacerías, que un movimiento como la CNTE, en Oaxaca, forzándola para mantener sus prebendas.
La dificultad de entender que se trata del mismo fenómeno, con caras diferentes, refleja la incapacidad de ver cómo los enemigos del liberalismo, desde el siglo XVIII, han sido responsables de las peores matanzas, y de los peores resultados económicos. Igual de antiliberales fueron los nacionalistas de derecha (Hitler, Mussolini, Franco) que los comunistas (Stalin, Mao, Pol Pot). El mismo daño económico causaron en América Latina populistas de derecha, como Perón, que de izquierda, como Echeverría. La misma tragedia hermana a Fidel Castro y a Augusto Pinochet.
Pero, en la retórica medieval, argumentamos que hay unos que tienen razón, y otros no. Que hay guerras justas y que la justicia es más importante que la ley. En eso estamos.

Negociar la ley

Macario Schettino dice que América Latina es un continente que no vivió la modernización y que aún a muchos países dentro de la región, como a México, les cuesta establecer el Imperio de la Ley.

Macario Schettino es profesor de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de México y colaborador editorial y financiero de El Universal (México).
Para los que tenían dudas, el asunto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca es muy ilustrativo. Frente a un grupo que bloquea autopistas y refinerías, hay un grupo no menor de personas que pide una mesa de negociación y diálogo. Argumentan que el diálogo es la base de la democracia y que quien se niega a ello, por lo mismo, no es demócrata. Me imagino que si entramos al detalle en la discusión, acabarán aceptando que las leyes, o las reglas en general, no son un tema de la democracia sino de la república, y que se puede ser demócrata sin ser republicano, como lo han sido, sigo imaginando, del otro lado de la Cortina de Hierro, o en Cuba o Venezuela. A lo mejor encuentran algún otro ejemplo.