Subirá el gasto público

Javier Fernández-Lasquetty estima que dada la alianza entre el Partido Popular y Ciudadanos, el gasto público en España muy probablemente continuará aumentando, incluso partiendo desde un nivel ya alto.

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Javier Fernández-Lasquetty es vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín.

Mariano Rajoy va ser de nuevo presidente del gobierno español. Ha costado un año y un deterioro evidente del sistema político, forzado al máximo hasta conseguir que el parlamento se ajuste al candidato, en lugar de lo contrario. Ya lo ha conseguido: con los 137 diputados del Partido Popular (PP) y los 32 de Ciudadanos no alcanza la mayoría parlamentaria absoluta, pero la abstención de los diputados socialistas abre la vía a Rajoy para formar un nuevo gobierno. Se duda ahora si será un gobierno estable, si durará meses o años; todo hace pensar que no.



Tampoco es fácil saber qué política hará el nuevo gobierno, con un programa de investidura y un pacto parlamentario escasamente concretos, que llegan poco más allá de la apelación a la necesidad de que España salga del impasse político e institucional. Poco se sabe, por tanto, pero hay algo que podemos dar por seguro: el gasto público aumentará, y probablemente no lo hará en una medida escasa, sino que crecerá mucho. Prepare la cartera, amigo contribuyente, y bienvenido a un mundo con muchos partidos en el que ninguno es liberal.
Más del 44 por ciento del PIB español está en poder del Estado, según datos de la OCDE del 2014. Ahí van las pensiones, los hospitales, las universidades públicas, los funcionarios públicos de todas las administraciones, etc. De cada 100 euros, 44 los maneja el sector público, quien evidentemente los extrae de los impuestos que pagan los ciudadanos. No partimos, por tanto, de un gasto público bajo, sino alto, muy alto. Sobre él va a haber una presión constante al alza. Lo poco que el Congreso le apruebe al gobierno de Rajoy va a costar mucho a todos, porque tanto Ciudadanos como el PSOE van a poner siempre como condición que haya más gasto, más servicios públicos, más subsidios. ¿Alguien imagina al Partido Socialista o a Ciudadanos supeditando su apoyo al gobierno a que éste reduzca subvenciones o elimine gratuidades financiadas con impuestos? El PSOE no lo hará, y menos aún con la extrema izquierda de Podemos vociferando en tono revolucionario a su lado. Ni tampoco lo hará Ciudadanos, que pudo haber sido un partido medianamente liberal, pero que eligió ser un partido socialdemócrata más. Basta ver el pacto que suscribió con el PP para permitir la elección de Rajoy.
Pero el propio PP no tiene en este momento un proyecto político de reducción del gasto público. Desde que Rajoy asumió el liderazgo de su partido se dejó de lado la política de libertad económica y responsabilidad individual. El máximo nivel de gasto público como proporción del PIB se alcanzó precisamente en estos años de gobierno de Rajoy, en 2012, cuando llegó al 48 por ciento.
Si el PP tuviera un proyecto político firmemente anclado a las reformas y a la reducción del gasto, podría en algo aguantar la presión de los demás partidos. En 1996 José María Aznar también arrancó un período de gobierno con una precaria minoría y un incierto apoyo parlamentario. Tenía, sin embargo, un proyecto político liberal sólido y explícitamente defendido: bajar impuestos, privatizar y reformar. Al empezar su gobierno el gasto público era un 43% del PIB. Cuando se marchó lo había reducido a un 38%. Cinco puntos menos de peso del sector público, y cinco millones más de empleos creados en esos mismos años: ese fue el resultado de las reformas y de la austeridad.
Se cierra ahora una legislatura en la que Rajoy ha tenido una amplísima mayoría parlamentaria, suficiente para haber aprobado las profundas reformas que España necesita. No se han hecho, con excepción de la reforma del mercado de trabajo. Se ha perdido el tiempo a la vez que se desdibujaba el proyecto político. Ahora, a merced de una izquierda con capacidad para imponer más intervencionismo estatal y mayor gasto público, ha llegado el momento de ver las consecuencias.

Subirá el gasto público

Javier Fernández-Lasquetty estima que dada la alianza entre el Partido Popular y Ciudadanos, el gasto público en España muy probablemente continuará aumentando, incluso partiendo desde un nivel ya alto.

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Javier Fernández-Lasquetty es vicerrector de la Universidad Francisco Marroquín.

Mariano Rajoy va ser de nuevo presidente del gobierno español. Ha costado un año y un deterioro evidente del sistema político, forzado al máximo hasta conseguir que el parlamento se ajuste al candidato, en lugar de lo contrario. Ya lo ha conseguido: con los 137 diputados del Partido Popular (PP) y los 32 de Ciudadanos no alcanza la mayoría parlamentaria absoluta, pero la abstención de los diputados socialistas abre la vía a Rajoy para formar un nuevo gobierno. Se duda ahora si será un gobierno estable, si durará meses o años; todo hace pensar que no.

Argentina: El problema no es solo el déficit fiscal. Es el gasto público

Por Roberto Cachanosky

Economía Para Todos

A esta altura del partido todo parece indicar que el gobierno no tiene ninguna intención de bajar el gasto público. Tanto las declaraciones  de Prat Gay como de Francisco Cabrera al respecto, reflejan una clara decisión de mantener un estado sobredimensionado, aunque ellos consideran que pueden administrar ese sobredimensionamiento en forma eficiente. Puesto en otras palabras, intentar hacer eficiente lo innecesariamente grande no parece tener mucho sentido, sin embargo ese parece ser el objetivo.

Evidentemente Cambiemos no se ha planteado seriamente cuál es la función que tiene que tener el estado. ¿Tiene que ser un estado que deje desarrollar la capacidad de innovación de la gente o esa capacidad de innovación solo queda reservada a unos pocos burócratas iluminados que decidirán por el resto de los 44 millones de habitantes?

¿Debe el estado cumplir la función de repartir planes sociales a diestra y siniestra o la solidaridad es un acto voluntario de cada persona en forma privada?

¿Tienen los funcionarios un don especial que los hace más solidarios que el resto de la población y por lo tanto es necesario un estado que supla el egoísmo que supuestamente tendría cada uno de los habitantes con la benevolencia que solo tendrían los burócratas solo por estar en el estado?

¿Debe el gobierno financiar películas de cine o esa actividad es privada y, en consecuencia, hacer una película de cine es un negocio como cualquier otro que tiene que ser financiado con los recursos de quienes desarrollan esa actividad como ocurre con el resto de las actividades?

¿Tiene el gobierno que encargarse del transporte aéreo de pasajeros o esa es función del sector privado?

Si la idea es seguir con un estado sobredimensionado repartiendo subsidios, siendo empresario, regulando la economía y dando proteccionismo, entonces tiene lógica intentar hacer eficiente lo que está sobredimensionado y sobra. Aunque dudo que vayan a obtener resultados diferentes a todos los que tuvimos en décadas de un estado elefantiásico. Y dudo que vaya a haber resultados diferentes porque no hay argumentos que puedan explicar porque el burócrata va a gastar más eficientemente los recursos que genera el sector privado. Si yo genero una riqueza de 100, ¿qué razón hay para pensar que el burócrata va a gastar mis 100 mejor que yo? ¿Qué información tiene el burócrata que yo no tengo para saber qué me conviene comprar o dejar de comprar? ¿Acaso conoce el valor que yo le otorgo a las cosas? ¿No se enteraron los funcionarios públicos que el valor que la gente le otorga a los bienes y servicios, es subjetivo?

Un estado sobredimensionado es sinónimo de un estado autoritario, saqueador y con bolsones de corrupción.

Pero hay otro punto a debatir. ¿El problema es el déficit fiscal o el nivele gasto público? Personalmente prefiero un déficit fiscal del 3% del PBI con un gasto público del 25% del PBI, que equilibrio fiscal con un gasto público del 48% del PBI. La razón es que no interesa solamente el nivel del déficit sino la cantidad de recursos que el estado le quita al sector privado para gastar. La contracara del gasto público es, en el largo plazo, la presión tributaria.

Si los ministros del gobierno dicen que no hay que bajar el gasto público, lo que hay que mirar es la contracara del gasto. ¿Cómo se financia el gasto?

En primer lugar con impuestos. Si el gobierno no quiere bajar el gasto, la presión impositiva seguirá asfixiando al sector privado, quitándole capacidad de consumo y ahuyentando las inversiones. Con esta carga tributaria no luce probable que vaya a haber el tsunami de inversiones como espera el gobierno.

En segundo lugar el gobierno puede financiarse con deuda interna. Es decir colocando deuda en el mercado doméstico. Con esa medida lo que logra es desplazar al sector privado del mercado crediticio, ya sea para consumo o para inversión, y por lo tanto contrae la actividad económica. La expande por el gasto y la contrae por el menor acceso del sector privado al mercado crediticio. Pero además acentúa el problema fiscal porque a mayor nivel de deuda más intereses a pagar y más gasto público.

En tercer lugar puede recurrir a la colocación de deuda externa, es decir, pedir prestado en el exterior. En el corto plazo el gasto público financiado con deuda externa puede reactivar la economía porque el estado consume sin quitarles recursos a los contribuyentes. En el largo plazo, cuando hay que pagar los intereses, nuevamente aumenta la carga tributaria o se termina en un default como ya es tradicional en Argentina.

En cuarto lugar puede financiarse el gasto con emisión monetaria, lo que significa acelerar el proceso inflacionario y conducir a una crisis social y económica. Con la experiencia inflacionaria que tenemos creo que no hace falta que me explaye en el tema.

En cualquiera de los cuatro casos, siempre se termina en una crisis económica, por lo tanto, decir que quieren hacer eficiente un gasto público sobredimensionado es no haber aprendido nada de nuestra historia económica contemporánea repleta de procesos inflacionarios agudos, hiperinflación, defaults y confiscaciones de activos.

Mucho menos lógico luce decir que en este momento de recesión no hay libro que indique bajar el gasto público. Una baja del gasto público tiene como inmediata contrapartida la reducción del impuesto inflacionario, de la carga tributaria o del desplazamiento del sector privado del mercado crediticio. Lo que se contrae de actividad por el menor gasto estatal se expande por el lado de la mayor demanda del sector privado. Es un juego de suma cero pero con una más eficiente asignación de recursos si los burócratas dejan de gastar y le devuelven ese poder de compra al contribuyente. Yo voy a asignar más eficientemente mis recursos que si los asigna un funcionario público.

Obviamente, en el corto plazo siempre cabe la posibilidad de seguir tomando deuda externa y esquivar transitoriamente la baja del gasto. Pero esa es una película mil veces vista que ya sabemos de memoria cómo termina.

Argentina: El problema no es solo el déficit fiscal. Es el gasto público

Por Roberto Cachanosky

Economía Para Todos

A esta altura del partido todo parece indicar que el gobierno no tiene ninguna intención de bajar el gasto público. Tanto las declaraciones  de Prat Gay como de Francisco Cabrera al respecto, reflejan una clara decisión de mantener un estado sobredimensionado, aunque ellos consideran que pueden administrar ese sobredimensionamiento en forma eficiente. Puesto en otras palabras, intentar hacer eficiente lo innecesariamente grande no parece tener mucho sentido, sin embargo ese parece ser el objetivo.

Recuperar la igualdad ante la ley y el mercado Adrián Ravier

Por: Adrián Ravier

 

“Si se aplica un plan liberal, ninguna pyme va a sobrevivir”, dijo el ministro de Economía Axel Kicillof mientras anunciaba la creación de un consejo de defensa a las pequeñas y medianas empresas. Luego sentenció: “En el mercado, si no está el Estado, rige la ley de la selva”.
La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?



Lo cierto es que liberales y socialistas llegan a pocos consensos en la política económica, pero en la medida en que haya buenas intenciones, coincidirán en terminar con la corrupción y también con el favor político que el Estado ofrece a algunos empresarios. En este sentido, el pensamiento del ministro de Economía no encaja en ninguna escuela económica de pensamiento. Su política económica consiste en reemplazar al mercado y ofrecer privilegios o sanciones arbitrarias a quienes él cree que lo merecen. La igualdad ante la ley lógicamente brilla por su ausencia.
Siempre insisto en dejar de llamar Unión “Industrial” Argentina a ese grupo de seudoempresarios y seudoindustriales que se reúnen tras la Presidente para las fotos de sus discursos. ¿Qué empresario puede estar a favor de este modelo? Solo aquellos que reciben la “protección” del Estado. Pero ha sido tan gigantesco el entramado de regulaciones, favores, autorizaciones para compra de divisas, permisos de importación o exportación, subsidios, aranceles y protecciones que se extendieron en los últimos doce años, que engloba a una importante proporción de la estructura productiva.
En este sentido, el mensaje que ofrece el ministro de Economía tiene algo de cierto. Una política liberal que integre a la Argentina al mundo, que reduzca el gasto público, que elimine cepos, que termine o al menos reduzca los subsidios, que encuentre una solución a la inflación, sin duda hará caer a muchos seudoempresarios que jamás compitieron bajo reglas de mercado y más bien aprovecharon mercados cautivos, sin la competencia internacional -y en muchos casos ni siquiera la competencia local-, lo que se ha desarrollado en estos doce años a través del entramado de políticas kirchneristas que el liberal suele criticar.
¿Puede entonces haber “continuidad” en el modelo económico para preservar “la industria que supimos conseguir”? Es lo que el ministro de Economía ha intentado en toda su gestión, multiplicando controles, subsidios e intervenciones, pero sin éxito. Basta recordar la lenta pero continua caída de la industria mes tras mes a lo largo de toda su gestión para demostrar que el plan es un fracaso.
El dilema al que nos expone el ministro de Economía es claro. La “industria” no puede sostenerse, porque el modelo requiere día a día más controles y regulaciones, los que inevitablemente tienen costos que sufre la misma estructura productiva sobre la cual descansa el peso del Estado. El modelo es entonces inconsistente e inviable. Lo curioso, sin embargo, es que el ministro de Economía desea hacerle creer a la opinión pública que la culpa de esa necesaria reestructuración es del mercado y no de su propio modelo.
Una política liberal conduciría necesariamente a un ajuste inmediato de la estructura productiva, obligando a algunas empresas a una reestructuración acorde a lo que requiere la economía para reinsertarse en el mundo. Y hay dos formas de tomar este camino. De manera planificada, con políticas concretas que busquen recuperar cierta normalidad en los equilibrios fiscal, monetario y cambiario, o caer en una nueva crisis cuando la olla hirviendo, que es hoy la economía argentina, estalle por los aires y conduzca a una -ya no gradual, ni necesariamente lenta- reestructuración económica, donde numerosas pymes irán quebrando y el desempleo se irá extendiendo a toda la estructura productiva.
No podemos seguir juzgando la política económica por sus buenas intenciones. Lo cierto es que el modelo está agotado y la alta inflación y la ya extensa recesión -precisamente de la industria- son muestras del caso. La “industria que supimos conseguir” es muy débil y mantenerla en pie tiene sus costos.
En lugar de seguir creando organismos como este Consejo de Defensa a las Pequeñas y Medianas Empresas, parece mucho más rentable recuperar la igualdad ante la ley y la economía de mercado. Ningún contexto es más justo para los verdaderos empresarios que la sana competencia. El debate que nos debemos plantear es qué empresario queremos en el centro de nuestra estructura productiva.

Recuperar la igualdad ante la ley y el mercado Adrián Ravier

Por: Adrián Ravier

 

“Si se aplica un plan liberal, ninguna pyme va a sobrevivir”, dijo el ministro de Economía Axel Kicillof mientras anunciaba la creación de un consejo de defensa a las pequeñas y medianas empresas. Luego sentenció: “En el mercado, si no está el Estado, rige la ley de la selva”.
La frase del ministro deja mucha tela para cortar, como cada una de sus reflexiones. ¿Qué parte es cierta y qué parte no lo es?

ROBERTO CACHANOSKY Argentina: Gasto público, deuda externa e inflación

Si el gobierno llegara a financiar obras públicas con deuda externa igual puede generar más inflación.

Por una cuestión de simplificación en las explicaciones económicas para una amplia audiencia no especializada en temas económicos, se ha dicho muchas veces que la inflación es consecuencia de emitir moneda sin respaldo. Es decir, de darle a la famosa maquinita sin que haya reservas que respalden esos pesos que se emiten.
Lamentablemente esa simplificación ha llevado a una confusión sobre el problema inflacionario que está dando lugar a complicar más el problema económico. Me refiero a que se cree que si para reactivar la economía el gobierno toma deuda externa para financiar obras públicas, esa medida no sería inflacionaria.


 
En rigor si el gobierno toma deuda externa para financiar obras públicas, los dólares que reciba tendrá que transformarlos en pesos para pagar salarios, insumos y demás gastos operativos. Todos esos rubros se pagan en pesos, no en dólares.
Para transformar en pesos los dólares que toma como deuda para financiar el gasto el gobierno tiene dos opciones: a) vender los dólares en el mercado a tenedores de pesos, con lo cual no aumenta la cantidad de moneda en circulación y no es inflacionario pero sí hace caer el tipo de cambio nominal y el tipo de cambio real, generando problemas del sector externo o b) puede entregarle los dólares al BCRA para que los ponga en las reservas y contra esas mayores reservas emitir los pesos. De ahí que se diga que esta forma de financiamiento no genera inflación porque tiene respaldo en divisas.
Sin embargo, esa mayor cantidad de pesos en circulación puede producir presiones inflacionarias si no aumenta la demanda de moneda o la productividad de la economía.

El cuadro 1 muestra los efectos de la emisión monetaria sobre el nivel de precios al margen de las reservas que tenga el BCRA.
Tomemos el caso 1 y supongamos que hay $ 10.000 en circulación. Que la gente quiere tener siempre atesorados o guardados por las dudas $ 2.000, esto quiere decir que el dinero que si bien hay emitidos $ 10.000 los pesos que efectivamente están en circulación son $ 8.000. Los $ 2.000 que la gente guarda y no usa es lo que se llama demanda por moneda.
Ahora bien, imaginemos que la economía produce 800 unidades de bienes, al dividir los $ 8.000 para transacciones por las 800 unidades de bienes, el precio promedio de los bienes es de $ 10.
Tomemos ahora el caso 4 y supongamos que el estado, por la razón que fuere (ingreso de divisas o financiamiento al fisco) emite moneda y lleva el stock de pesos en circulación a $ 11.000. Si la demanda por moneda sigue siendo $ 2.000, entonces quedarán en circulación para realizar transacciones $ 9.000. Si la economía sigue produciendo 800 unidades, el precio promedio de los bienes sube a $ 11,25 generándose un proceso inflacionario. Insisto, no importa si se emitió contra reservas o para financiar el gasto público. Lo cierto es que la gente no aumentó la demanda de moneda y el remanente que quedó boyando en el mercado impactó en el nivel de precios porque como contrapartida no aumentó la oferta de bienes.
Ahora, vayamos al ejemplo 5. Si el stock de moneda aumenta a $ 11.000 pero la demanda de moneda baja a $ 1.000 y la cantidad de bienes ofrecidos se mantiene constante en 800 unidades, el precio promedio de la economía se eleva a $ 12,5.
El ejemplo 6 muestra qué pasa si sube la cantidad de moneda en circulación, cae la demanda de moneda y también la productividad de la economía. En ese caso el precio promedio de la economía sube a $ 14,3. Es decir, la emisión monetaria aumentó el 10% respecto al ejemplo 1, pero al caer la demanda de moneda y la oferta de bienes y servicios los precios aumentaron el 43%. Esto quiere decir que no necesariamente un 10% de aumento en la cantidad de moneda se traduce en un 10% en el nivel general de precios. Puede subir más si cae la demanda por moneda, si baja la productividad de la economía o si aumentan la cantidad de moneda y cae la demanda de moneda.
Como puede verse a lo largo de los 6 ejemplos del cuadro 1, hay varias combinaciones posibles que puede acelerar la inflación, con lo cual no es que si el gobierno toma deuda externa para financiar obra pública no habrá inflación porque emite contra reservas. Pueden aumentar las reservas y los pesos en circulación, pero si la gente no quiere esos pesos adicionales o disminuye la demanda por moneda, el proceso inflacionario igual se acelera.
Si el gobierno recurre al endeudamiento externo para financiar el gasto público puede no frenar el proceso inflacionario por la emisión de pesos para transformar en esa moneda los dólares que recibe, con lo cual el tipo de cambio real bajará o bien vende los dólares en el mercado y hace bajar el tipo de cambio nominal agravando la caída del tipo de cambio real.
En definitiva, siempre volvemos al mismo punto. No es cuestión de ver cómo se financia el déficit fiscal. El problema es el astronómico nivel de gasto público que dejó el kirchnerismo. Aquí no hay magia para solucionar un problema estructural que viene de lejos y el kirchnersimo lo llevó hasta su máxima expresión.
© Economía para Todos

ROBERTO CACHANOSKY Argentina: Gasto público, deuda externa e inflación

Si el gobierno llegara a financiar obras públicas con deuda externa igual puede generar más inflación.

Por una cuestión de simplificación en las explicaciones económicas para una amplia audiencia no especializada en temas económicos, se ha dicho muchas veces que la inflación es consecuencia de emitir moneda sin respaldo. Es decir, de darle a la famosa maquinita sin que haya reservas que respalden esos pesos que se emiten.
Lamentablemente esa simplificación ha llevado a una confusión sobre el problema inflacionario que está dando lugar a complicar más el problema económico. Me refiero a que se cree que si para reactivar la economía el gobierno toma deuda externa para financiar obras públicas, esa medida no sería inflacionaria.