Dinero sin Estado

La tribuna de Juan Pina

La cruzada de los Estados contra la libertad individual de sus súbditos tiene muchos frentes, y en todos ellos se libran batallas tan encarnizadas como desapercibidas para las grandes masas anestesiadas. Pese a no producir absolutamente nada, los Estados tienen a su disposición unos recursos casi ilimitados: les basta quitárselos a la gente, y las normas que imponen para ello no dejan de proliferar y sofisticarse.
La tecnología brinda nuevas armas a los dos contendientes. El aparato estatal la utiliza para vigilarnos y controlar nuestros pasos hasta extremos inéditos. Los individuos la empleamos —con frecuencia inconscientemente— para evadir esos controles insidiosos, fortalecer nuestra independencia y aumentar nuestra privacidad. Si llegara a prevalecer una tecnología de la recentralización y la jerarquización estaríamos perdidos y la humanidad futura sería menos libre que en cualquiera de sus estadios precedentes. Si, por el contrario, sigue siendo superior el avance de las tecnologías de interrelación horizontal y privada entre individuos, estaremos a salvo. Afortunadamente, hasta ahora parece clara la tendencia hacia una diseminación tecnológica tan generalizada, veloz y descoordinada que supera el avance tecnológico estatal.

Todos los grandes cambios tecnológicos han provocado cambios igualmente importantes en la red social, es decir, en la estructura de interrelaciones humanas

Siendo importante el efecto directo de la tecnología sobre el espacio directo de libertad de cada persona, lo realmente esencial es su inducción de cambios culturales. Todos los grandes cambios tecnológicos han provocado cambios igualmente importantes en la red social, es decir, en la estructura de interrelaciones humanas. Una evolución tecnológica que se basa en la colaboración espontánea de millones de tecnólogos en persecución de infinidad de fines particulares es la mejor garantía de que el cambio cultural subsiguiente vaya en la línea de más libertad y menos Estado para todos. Hay quienes teorizan que, en unas pocas décadas, la proliferación de las tecnologías libres provocará un cambio de paradigma en la organización social y política, sustituyendo las instituciones actuales por otras más acordes con la nueva red social. Tiene sentido, porque parece a todas luces imposible que el cambio afecte a todo lo demás y esquive solamente las estructuras políticas. Ahora bien, incluso si este pronóstico esperanzador resulta acertado, no va a ser ningún paseo militar para los partidarios de la Libertad. Los Estados se resistirán —se están resistiendo ya— a un futuro así. El recrudecimiento del estatismo, que trasciende los colores políticos, es una reacción esperable a esta tendencia de largo plazo que le amenaza.
Los Estados ya están atacando una de nuestras líneas de defensa fundamentales: el anonimato. Para ello no sólo emplean todas las novedades tecnológicas posibles. No les basta porque los individuos estamos en ventaja simplemente combinando las nuevas tecnologías con la privacidad convencional reconocida por nuestros textos constitucionales. Por eso vemos en todo el mundo cómo se erosiona sin contemplaciones los viejos derechos civiles antes inquebrantables, mientras en algunos países de nuestro entorno se limita legislativamente la encriptación de información o se pretende establecer sistemas de inspección profunda de los paquetes de datos en tránsito. El control de la ubicación del individuo es uno de los desarrollos más preocupantes, y contribuyen a él desde la identificación de las matrículas en los parquímetros hasta la intervención de las redes de telecomunicaciones móviles. Si algo han demostrado whistleblowers como Assange o Snowden es la absoluta falta de escrúpulos de los Estados a la hora de espiarnos a todos.

Uno de los medios más eficaces para tenernos vigilados es la destrucción de nuestra privacidad financiera, cuya inviolabilidad es ya un simple recuerdo

Uno de los medios más eficaces para tenernos completamente vigilados es la destrucción de nuestra privacidad financiera, cuya inviolabilidad es ya un simple recuerdo. Siempre se ha dicho que los impuestos directos no son perniciosos solamente porque nos quitan recursos, sino sobre todo porque obligan a revelar al Estado las finanzas personales. Pero esa injerencia resulta hoy casi un juego de niños, al lado del gran objetivo estatal que, indicio a indicio, vemos progresar en todo el mundo. Se trata de la destrucción del dinero tal como lo conocemos.
En realidad el Estado lleva mucho tiempo, como mínimo más de un siglo, destruyendo la institución dinero que tanto estorbaba a sus planes de control total del individuo. Para ello estableció el sistema de banca central y las leyes de curso monetario forzoso, y eliminó paulatinamente todo freno a la emisión de dinero mediante patrones objetivos. Igualmente, el Estado mantiene un reducido y privilegiado oligopolio bancario que, en realidad, no es más que una extensión suya. Ahora se dispone a asestar el golpe definitivo al libre intercambio entre particulares, eliminando el dinero físico para desanonimizar hasta las más pequeñas transacciones.

Los billetes y monedas son títulos al portador que cumplen una función ancestral y crucial: desvincular el valor transportado de la identidad del usuario

Si el dinero es, entre otras cosas, un depósito de valor y un medio de intercambio, es obvio que ambas funciones deben ser anónimas si así lo deciden las partes. Una vez incorporado legítimamente al patrimonio de una persona, el dinero debe poderse emplear de forma anónima en infinidad de situaciones. Los billetes y monedas son títulos al portador que cumplen una función ancestral y crucial: desvincular el valor transportado de la identidad personal de su usuario. El nuevo DNI 3.0 es uno de los pasos que están dando algunos Estados para hacer que todo el mundo lleve encima en un documento-aparato entre cuyas múltiples capacidades podrá habilitarse, en un futuro muy cercano, la de acceder a los depósitos bancarios para cualquier transacción. Hasta una barra de pan podría pagarse aproximando el DNI-billetera a un aparato de cobro situado en la panadería, quedando así registrado no sólo el importe sino, obviamente, la ubicación del pagador en el momento del pago. Las entidades bancarias, colaboracionistas del Estado, ya fuerzan hasta extremos inéditos la “trazabilidad” de las transacciones realizadas, y lo presentan como una buena práctica de responsabilidad social.
En fin, se hace necesaria una rebelión ciudadana contra la desanonimización del dinero. Tal vez un resultado positivo de este ataque en ciernes a nuestra privacidad sea la consolidación de una economía colaborativa con sistemas sofisticados de trueque al margen del dinero estatal, o la de dineros privados tipo pagaré, libremente endosables; o, mucho mejor, la generalización de monedas virtuales seguras y despolitizadas, como Bitcoin y similares. Si el Estado amenaza a la institución dinero, respondamos con formas de dinero sin Estado.