Roberto Cachanosky explica que el problema no es el gobierno de turno, sino un Estado progresista es un caldo de cultivo para la corrupción.
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Si algo tenemos que aprender los argentinos de estos 12 oprobiosos años de kirchnerismo, es a desconfiar de todos aquellos que prometan utilizar el estado para implementar planes “sociales”, y regular la economía en beneficio de la sociedad.
Tampoco es casualidad que el gasto público haya llegado a niveles récord. El gasto público fue la fuente de corrupción que permitió implementar el latrocinio más grande que pueda recordarse de la historia económica para que unos pocos jerarcas "k" engrosaran guarangamente sus bolsillos al tiempo que hundían a la población en uno de los períodos de pobreza más profundos.
Con el argumento de la solidaridad social se lograron varios objetivos simultáneamente: (1) Manejar un monumental presupuesto “social” que dio lugar a los más variados actos de corrupción (sueños compartidos, Milagro Sala, etc.). (2) Crear una gran base de clientelismo político para asegurarse un piso de votos. O me votás o perdés el subsidio. Como la democracia se transformó en una carrera populista, el reparto de subsidios sociales se transformó en una base electoral importante. (3) Crear millones de puestos de “trabajo” a nivel nacional, provincial y municipal para tener otra base de votos cautivos. O me votas o perdés el trabajo. Finalmente, (4) una economía hiper regulada por la cual para poder realizar cualquier actividad el estado exige infinidad de formularios y aprobaciones de diferentes departamentos estatales. Estas regulaciones no tienen como función defender al consumidor como suele decirse, sino que el objetivo es poner barreras burocráticas a los que producen para forzarlos a pagar coimas para poder seguir avanzando produciendo. Un ejercicio al respecto lo hizo hace años Hernando de Soto, en Perú y se plasmó en el libro El otro sendero. La idea era ver cómo la burocracia peruana iba frenando toda iniciativa privada con el fin de coimear.
Manejar miles de millones de dólares en gasto público, encima manejarlos bajo la ley de emergencia económica que permite reasignar partidas presupuestarias por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) sin que se discuta en el Congreso el uso de los fondos públicos, es el camino perfecto para disponer de abundantes fondos para el enriquecimiento ilícito.
La clave de todo el proceso de corrupción pasa, por un lado, por denostar la libre iniciativa privada y enaltecer a los “iluminados” políticos y burócratas que dicen saber elegir mejor que la misma gente qué le conviene a cada uno de nosotros. Ellos son seres superiores que tienen que decidir por nosotros.
Establecida esa supuesta superioridad del burócrata y del político en términos de qué, cuánto y a qué precios hay que producir y establecida la “superioridad” moral de los políticos sobre el resto de los humanos auto otorgándose el monopolio de la benevolencia, se arma el combo perfecto para regular la economía y coimear, llevar el gasto público con sentido progresista hasta niveles insospechados para construir el clientelismo político y la correspondiente caja y corrupción.
Quienes de buena fe dicen aplicar política progresistas no advierten que ese supuesto progresismo es el uso indiscriminado de fondos públicos que dan lugar a todo tipo de actos de corrupción. En el fondo es como si dijeran: no es malo el modelo kirchnerista, el problema no son las políticas sociales que aplicaron, que son buenas, sino que ellos son corruptos. Esto limita el debate a simplemente decir: el país no funciona porque los kirchneristas son corruptos y nosotros somos honestos.
Mi punto es que el debate no pasa por decir, ellos son malos y nosotros somos buenos, por lo tanto, haciendo lo mismo, nosotros vamos a tener éxito y ellos no porque nosotros somos honestos. El debate pasa por mostrar que el progresismo no solo es ineficiente como manera de administrar y construir un país, sino que además crea todas las condiciones necesarias para construir grandes bolsones de corrupción. El progresismo es el caldo de cultivo para la corrupción.
Por eso no me convence el argumento que el cambio viene con una mejor administración. Eso podría ocurrir si tuviésemos un estado que utiliza el monopolio de la fuerza solo para defender el derecho a la vida, la libertad y la propiedad. En ese caso, solo habría que administrar unos pocos recursos para cumplir con las funciones básicas del estado.
Ahora si el estado va usar el monopolio de la fuerza para redistribuir compulsivamente los ingresos, para declarar arbitrariamente ganadores y perdedores en la economía y para manejar monumentales presupuestos, entonces caemos en el error de creer que alguien puede administrar eficientemente un sistema corrupto e ineficiente.
En síntesis, el verdadero cambio no consiste en administrar mejor un sistema ineficiente y corrupto. El verdadero cambio pasa por terminar con ese “progresismo” con sentido “social” que es corrupto por definición y ensayar con la libertad, que al limitar el poder del estado, limita el campo de corrupción en el que pueden incurrir los políticos. Además de ser superior en términos de crecimiento económico, distribución el ingreso y calidad de vida de la población.
