Tres grupos criminales le impiden a México prosperar. El primero está conformado por las redes de corrupción al interior de todos los niveles de gobierno. Caso extremo es la rapacidad del gobierno de Quintana Roo. En esa entidad, abusando de la ley laboral, el gobierno le expropió hoteles a sus legítimos propietarios a partir de indemnizaciones inventadas a supuestos trabajadores que habían sido despedidos hace algunos años.
El segundo es el crimen organizado, desde el tráfico de drogas hasta la extorsión. Hay amplias zonas del país donde estas organizaciones gobiernan, a través del soborno, la amenaza o el asesinato. La lista de muertos por el crimen organizado sigue creciendo.
El tercero, el de los falsos movimientos sociales que usan una supuesta causa para delinquir. Caso extremo es la Asamblea de Barrios. Una de sus afiliadas se convirtió en una pandilla especializada en ocupar viviendas y, desde ahí, operar criminalmente. Otro es la CNTE. Tiene su brazo criminal, secuestradores, ladrones de autos y vándalos, pero sus objetivos centrales son obtener recursos públicos y el control sobre el aparato gubernamental, empezando por las instituciones educativas.
Hay vasos comunicantes entre los tres grupos. Dentro de las áreas de seguridad del gobierno hay empleados del crimen organizado o algún comandante es, a su vez, el jefe de una banda criminal formada de policías. Un testigo, en un juicio en Texas, vincula al exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira, con el narcotráfico, del cual —según este testigo— recibió sobornos.
Más de un empresario sostiene sus negocios con el apoyo de algún grupo criminal. El caso más visible es el de algunos desarrolladores inmobiliarios. Gracias a redes de corrupción en el gobierno local pueden violar el uso de suelo y amasar una fortuna simplemente con el diferencial del valor del precio al que compraron un terreno que sólo era para casa habitación y que luego, dinero de por medio a algunos funcionarios, le cambian el uso de suelo.
El sistema político mexicano se construyó negociando la ilegalidad. Para los nostálgicos del nacionalismo revolucionario no está de más recordar que Arturo Durazo, de 1976 a 1982, nombrado general de División por el entonces Presidente de la República, era al mismo tiempo jefe de la policía capitalina y del crimen en la entidad. La hoy sede de la Academia Mexicana de Ciencias ubicada en el Ajusco fue una de las construcciones del Negro Durazo. “Contaba con hipódromo, galgódromo, caballerizas, helipuerto, lagos, una discoteca copia fiel del famoso Studio 54 de Nueva York, etcétera”. (http://goo.gl/0ABc4P)
Durazo purgó una condena de ocho años en la cárcel y sus propiedades más visibles le fueron confiscadas. Finalmente, en los casos extremos, sobre todo con la entrada de una nueva administración, había un gobierno capaz de imponer algunos límites.
Ahora no parece haberlos. El gobernador saliente de Veracruz, Javier Duarte, según información periodística, se dispone a vivir en una mansión en Houston. Las zonas donde manda el crimen son conocidas, algunas de ellas en la colonia Condesa de la Ciudad de México, pero el gobierno o no hace nada o tarda años en reaccionar. Unos cuantos maestros pueden parar una línea de ferrocarril crucial para la economía del Bajío o dejar a estados completos casi incomunicados.
Ese mundo de criminales coexiste con otro, mucho más grande, el de millones de mexicanos honestos, que sufren las consecuencias de un país con un débil Estado de derecho. Estos mexicanos honrados se encuentran en todos lados. En el gobierno hay muchos funcionarios que permanentemente batallan sin instrumentos suficientes para enfrentar a los criminales de afuera y también a los de adentro. Una gran mayoría de los movimientos sociales luchan por demandas genuinas contra viento y marea. Incontables empresarios sostienen su negocio y lo hacen crecer contra todo tipo de criminales. Cientos de miles de maestros hacen bien su trabajo y logran hacer de sus estudiantes, incluso en Oaxaca, y con todas las carencias de la escuela pública, profesionistas destacados.
Pero todos esos que trabajan sin corromperse, enfrentando condiciones adversas, se quedan por debajo de su potencial. Muchos más no logran salir de ese mundo de criminales que chupan los recursos de terceros o simplemente obstaculizan su desarrollo. El dilema es si ese México productivo, honesto y trabajador podrá cerrarle el paso a estos tres grupos criminales que nos drenan todos los días.
López Obrador ha querido fincar su campaña a la Presidencia en la lucha contra la mafia en el poder. El enojo contra la corrupción explica en buena medida muchas de las derrotas del PRI a manos del PAN y del PRD. El reto para todos los candidatos a la Presidencia será mostrar, y convencer al electorado, de quién define bien a esta mafia, para mí, por ejemplo, la CNTE es parte de esa mafia, mientras que para López Obrador son compañeros de ruta, quién está realmente dispuesto a enfrentar a estos tres grupos, y con qué instrumentos.
Profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey
