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Monday, October 31, 2016

El Estado es el foco de la corrupción

José Luis Tapia explica que la iniciativa de dar muerte civil a los ciudadanos que cometen actos de corrupción es una medida efectista que desvía la atención del verdadero foco de la corrupción: el Estado.
José Luis Tapia es Director del Instituto Libre Empresa (Perú), economista y profesor universitario.
Cuando Pedro Pablo Kuczynski propone sancionar a los privados por corrupción, se olvida que el Estado es el victimario, y el sector privado, la víctima. No es lo que quiere hacer parecer. Lo que hace el privado es defenderse moralmente ante la corrupción estatal. Veamos porqué.
Cuando una municipalidad no quiere dar una licencia de funcionamiento en el tiempo oportuno a un empresario pone en riesgo cualquier negocio. Detrás de todo negocio hay gente que lo necesita.



Lo que hace un empresario es abrir la oficina al margen de la ley para hacer funcionar la empresa que le va dar de comer. Lo mismo sucede cuando el empresario entrega una suma de dinero debajo de la mesa al funcionario municipal; sirve para agilizar el trámite a fin de no perder clientes.
Sin clientes, no hay negocio, y sin negocio no hay medios para sustentar su vida y de los trabajadores, accionistas, proveedores, comunidad, y el propio gobierno.
Quien tiene el poder de dar licencias, permisos, autorizaciones o certificados está en ventaja de elegir dárselo o no, y eso no lo tiene el privado. No hay responsabilidad ética del privado por que no puede elegir. No es cierto que podría elegir entre tener una licencia o no. Eso no es el dilema ético.
Un dilema ético es escoger entre hacer el bien o el mal. Al privado le están haciendo un mal con no darle una licencia en el tiempo que lo requiere. Lo que hace el privado al entregar una suma de dinero es aplicar la legítima defensa para que lo dejen trabajar.
El valor de su vida está en juego y no quiere renunciar a ella. Si lo hace, sería inmoral. Entonces, agilizar un trámite con dinero es bueno, porque le permite hacer funcionar el negocio que sustenta su vida y de los trabajadores, accionistas, proveedores, comunidad, y del propio gobierno. No hace daño físico a nadie.
Poniendo en una perspectiva más clara: el privado es un esclavo del estatal, mientras éste último tenga el poder de negar los medios que le permite vivir decentemente.
Por tanto, PPK se equivoca con su propuesta de “muerte civil” debido a que el privado no está en las mismas condiciones que el estatal. El privado tiene el dinero y el estatal tiene la pistola. El último siempre asalta al primero.
No le auguro ningún éxito a la muerte civil ni comisiones presidenciales. Son medidas efectistas que distraen la atención del foco de la corrupción.
El diseño político del Estado está corrompido de funciones que ponen en peligro la vida de millones de personas con sus autorizaciones, licencias, permisos, o certificados.
Mientras el Estado tenga la corrupción en su sangre, todo combate a este engendro, estará demás. Lo que podría ayudar a bajar la corrupción en gran medida es quitarle las facultades al Estado en la economía para instaurar un régimen moral de libre empresa.

El Estado es el foco de la corrupción

José Luis Tapia explica que la iniciativa de dar muerte civil a los ciudadanos que cometen actos de corrupción es una medida efectista que desvía la atención del verdadero foco de la corrupción: el Estado.
José Luis Tapia es Director del Instituto Libre Empresa (Perú), economista y profesor universitario.
Cuando Pedro Pablo Kuczynski propone sancionar a los privados por corrupción, se olvida que el Estado es el victimario, y el sector privado, la víctima. No es lo que quiere hacer parecer. Lo que hace el privado es defenderse moralmente ante la corrupción estatal. Veamos porqué.
Cuando una municipalidad no quiere dar una licencia de funcionamiento en el tiempo oportuno a un empresario pone en riesgo cualquier negocio. Detrás de todo negocio hay gente que lo necesita.


Monday, October 17, 2016

LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO



Alberto Mansueti

Lewis Henry Morgan (1818–81) fue un abogado y escritor estadounidense, considerado por Marx y Engels como uno de los padres de la Antropología. En su libro “Sistemas de consanguinidad y afinidad en la familia humana” (1871), Morgan dice haber comparado 139 sociedades. Y que el tipo de familia monogámica es apenas uno entre muchos, quizá no el mejor.

En “La Sociedad Primitiva” (1877) dice Morgan que los pueblos primitivos eran superiores a los civilizados en la propiedad colectiva, “y consiguiente hermandad, sentido de comunidad y de cooperación”. El estado surge cuando las tribus se establecen en sus territorios, y delimitan las propiedades para las familias. Concluye Morgan que “a futuro, la humanidad podría pasar a un nivel superior de civilización”, restableciendo la propiedad colectiva, y tal vez familias no monogámicas, o al menos no "patriarcalistas".
 
¿Suena actual? ¡Claro que sí! Marx y Engels admiraron a Morgan, casi tanto como a Darwin, en cuyo evolucionismo vieron sólida base para sus tesis económicas. En el Prefacio a la primera edición de “El origen de la familia, la propiedad privada y el estado” (1884), Engels dice que escribirlo fue como “cumplir un testamento”, ya que Marx (fallecido en 1883) quiso hacerlo, siguiendo a Morgan en su “análisis materialista de la historia”.

Enemigos declarados los tres del capitalismo, coincidían, y con razón, en verlo inseparable de la familia, de la propiedad privada, y del estado, “arma de explotación” del proletariado por la burguesía, cuya extinción debía ser acompañada por la abolición de las otras tres instituciones. ¡Y del cristianismo, por supuesto!

Sobre la disolución del estado, la discrepancia entre marxistas y anarquistas fue siempre que los primeros abogaban por una fase previa y transitoria: “la dictadura del proletariado”; nada más. Y entre comunistas y socialdemócratas, la divergencia fue que los segundos pensaron que la fulana dictadura podía darse evolutivamente, sin mediar una revolución sangrienta; el siglo XX les dio unas veces la razón a los unos, p. ej. en Rusia, y otras veces a los otros, p. ej. en EE.UU.

Por todo esto, el marxismo es coherente sobre “la familia, la propiedad privada y el estado”. Y el marxismo cultural no es “Neo” marxismo: es el mismo de siempre. A lo largo del siglo XX, con y sin violencia, se adoptaron los 9 primeros puntos del Manifiesto Comunista en casi todo el planeta; así se minó la propiedad privada, se arruinó la economía, y se hirió de muerte a la familia. Y se adoctrinó a niños y jóvenes con el punto 10, “educación pública”. Hoy el marxismo cultural sólo quiere “rematar” a la familia con el tiro en la nuca; y matar de paso a la religión cristiana.

Hasta aquí, todo es bastante coherente. Incoherentes son las mezclas “libertarias”: capitalismo y propiedad privada con anarquismo algunos, otros con marxismo cultural, y todos con antipolítica.

(1) A los anarquistas Proudhon y Bakunin ya Marx les desnudó contradicciones, a decir verdad; y Lenin, quien además acusó a los socialdemócratas de revisionistas y antimarxistas. Esto es discutible: quizá “revisionista” fuera Lenin, revolucionario y anti-evolutivo. Pero en “Marxismo y Revisionismo” (1908), Lenin afirmó que Marx y Engels son incompatibles con Bohm-Bawerk, en lo cierto también.

Lenin y Bohm-Bawerk, en sus respectivas y antagónicas posiciones, fueron coherentes, y es bueno leerles a ambos. Incoherentes son los “libertarios austro-anarquistas”, con Rothbard a la cabeza.

(2) ¿Y los ateos? Depende. Se puede ser ateo sin ser marxista cultural. Muchos autores ateos como Ayn Rand, saben que Morgan, Marx, Engels y Lenin tenían razón, y el capitalismo se liga a la familia, a la propiedad privada y al estado. Algunos como el filósofo y escritor chino Liu-Xiao-Feng, se definen “cristianos culturales”: no creyentes, admiten que el cristianismo, con su firme defensa de la familia, y de la propiedad privada, pilar y sostén de la institución familiar, ha hecho y sigue haciendo aportes fundamentales al real progreso civilizatorio.

Los “cristianos culturales” no son enemigos de la religión, pero no fingen ser religiosos. Por eso no deben ser confundidos con los “cristianos nominales” (o estadísticos), no creyentes tampoco, pero que no lo dicen, pues no les importa realmente: van a la Iglesia a “sentirse bien”, o con fines oportunistas.

Los cristianos deberían conocer estas cruciales distinciones, pero muchos lamentablemente desprecian el conocimiento, que creen incompatible con la fe cristiana, y en eso coinciden con los ateos más beligerantes.

(3) En su mayoría los “libertarios” son enemigos de la política, los partidos y la democracia, y nada práctico hacen por impulsar el capitalismo liberal, que dicen defender. Salvo pocas pero honrosas excepciones, se dedican sólo a conferencias eruditas y fiestas elegantes. Casi todos sus “tanques de pensamiento” son clubes sociales; no piensan, repiten los pensamientos de los célebres, y no mucho más. “Dolce far niente”.

¿Por qué? Ayn Rand tiene la respuesta, siguiendo a Aristóteles: los incoherentes se incapacitan para la acción eficaz, por sus ideas contradictorias y conceptos que no congenian; sean conscientes o no.

Pero a los líderes “libertarios” parece que poco les incomodan las inconsistencias, o las mezclas con corrientes ideológicas ajenas y opuestas a la tradición del Liberalismo Clásico, del que se declaran enemigos, y de las Cinco Reformas. Tal vez no les interese la suerte futura de nuestras patrias: sus “ideas de la libertad” son para algunos de sus dirigentes (no todos) un “modus comendi”, un negocio, para el que manipulan a los adolescentes y jóvenes con mínimo conocimiento y ninguna experiencia.

A nosotros liberales clásicos sí nos inquieta nuestra América, y mucho. Nos preocupa y angustia tanto el presente como el destino de nuestros países; por eso actuamos, o nos preparamos para actuar, en la política y los partidos. Y en la democracia, que con todos sus defectos, es la política vigente, y no menos legítima que las alternativas del pasado. Somos muy diferentes a ellos. Por eso nos atacan. Gracias por tu atención, ¡y hasta la próxima si Dios quiere!

LA FAMILIA, LA PROPIEDAD PRIVADA Y EL ESTADO



Alberto Mansueti

Lewis Henry Morgan (1818–81) fue un abogado y escritor estadounidense, considerado por Marx y Engels como uno de los padres de la Antropología. En su libro “Sistemas de consanguinidad y afinidad en la familia humana” (1871), Morgan dice haber comparado 139 sociedades. Y que el tipo de familia monogámica es apenas uno entre muchos, quizá no el mejor.

En “La Sociedad Primitiva” (1877) dice Morgan que los pueblos primitivos eran superiores a los civilizados en la propiedad colectiva, “y consiguiente hermandad, sentido de comunidad y de cooperación”. El estado surge cuando las tribus se establecen en sus territorios, y delimitan las propiedades para las familias. Concluye Morgan que “a futuro, la humanidad podría pasar a un nivel superior de civilización”, restableciendo la propiedad colectiva, y tal vez familias no monogámicas, o al menos no "patriarcalistas".

Friday, October 14, 2016

Muerte al Ogro

Cuando el Estado se retira como el principal agente económico, la sociedad civil debe tomar esa responsabilidad, por ello esa sociedad civil requiere de un entorno adecuado para florecer.”


Ricardo Valenzuela
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Hace unos días el Financial Times publicaba un artículo autoría de John Paul titulado; "Falta de estado de derecho socava las reformas en México", en el cual surge una advertencia: "Existe el peligro de que el desencanto público con la podredumbre de las instituciones pueda llevar a los mexicanos a sucumbir finalmente a las tradiciones latinoamericanas del populismo. Si bien Octavio Paz habló del ogro filantrópico describiendo las estructuras estatales que alimentan el populismo con recursos públicos, también es posible resaltar la existencia, en un entorno de claro desborde popular, del otro rostro estatal, la faz del “monstruo interventor”, especie de “Leviatán confiscatorio”. Éste, merced a un proceso de reingeniería institucional y bajo el paraguas de una transformación legal, se encarga de minar las bases de la seguridad jurídica colocando los fueros del Derecho a merced del intervencionismo político”.



Después de tres décadas de errores y aciertos tratando de ejecutar reformas que nos rescaten del subdesarrollo, México ha encontrado dos grandes obstáculos; el primero ha sido la reforma de su macroeconomía. Sin embargo, reformar la macroeconomía, aunque vital, no es suficiente para lograr la ansiada prosperidad. El segundo es contra esos elementos culturales que nos han tenido atrapados -la corrupción y sus derivados que no han permitido que el espíritu empresarial y una saludable sociedad civil se desarrollen.
Las reformas macroeconómicas pueden limpiar los escombros que han dejado los diabólicos sistemas populistas, pero ellas no pueden, por sí mismas, crear las nuevas estructuras para generar la inversión, el empleo y de esa forma sustituir los viejos esquemas. El espíritu empresarial y una robusta sociedad civil, deben ser responsables de catapultar la economía hacia esos estadios de prosperidad. Un país sin una clase empresarial libre de las ataduras gubernamentales y sin una robusta sociedad civil, por más que le construyan una hermosa macroeconomía, jamás podrá progresar.
México continúa atrapado en esa maraña de corrupción, procedimientos burocráticos, leyes, mandatos y regulaciones que solo sirven para oficializar la corrupción y establecer el entorno para los sobornos que chupan la vida de los pocos negocios emergentes. Así como los vampiros chupan sangre de una res a diario pero la mantienen viva flaca y enferma para seguir succionando, esa red de complicidades sabotea la actividad empresarial y no le permite emerja fuerte, competitiva y la sociedad civil se desarrolle autónoma e independiente.  
Colombia, Perú y de alguna forma México, medio limpiaron los escombros de lo viejo pero no le han dado vida a lo nuevo. Las empresas paraestatales han sido privatizadas, las economías se abrieron y miles de gentes han perdido sus trabajos. En una economía con espíritu empresarial, esos trabajadores estarían ya empleados en nuevos negocios compitiendo en el mercado mundial. En Inglaterra, por ejemplo, las privatizaciones de la Thatcher destruyeron miles de empleos, pero hoy día Inglaterra es más rica y próspera que nunca y los nuevos trabajos se han generado en números récord. Sin embargo, en América Latina no ha sucedido lo mismo.
Las reformas iniciales en México se han implementado. Sin embargo, la segunda batalla tal vez lleve décadas el ganarla y no es claro qué fuerzas puedan enfrentar tal reto. Cuando el Estado se retira como el principal agente económico, la sociedad civil debe tomar esa responsabilidad, por ello esa sociedad civil requiere de un entorno adecuado para florecer.
Dada la importancia de esta segunda tarea, vale la pena el considerar acciones radicales. Millones de mexicanos han logrado que sus talentos empresariales florezcan creando riqueza y empleos... en Estados Unidos. Es la misma gente, con los mismos talentos, la misma lengua que tenemos en México.
El ingreso de los treinta millones de mexicanos en EU, es el triple del ingreso de los ciento veinticinco millones que viven en México. Lo diferente es el entorno político y legal. Texas, Nuevo México, Arizona y California tienen grandes concentraciones de población de origen mexicano y la mayoría ha prosperado a niveles jamás imaginables. Sería interesante llevar a cabo algunos experimentos audaces para establecer qué elementos de su ambiente podrían ser duplicados en nuestro país, para el beneficio de todos los mexicanos. 
En Asia los países que se recuperaron con más agilidad de los eventos tan críticos de los últimos años -Hong Kong y Singapur- fueron colonias británicas cuyos sistemas legales, heredados de Inglaterra, sirvieron como líneas de protección contra el nepotismo y cronismo que abatió al resto de las economías en la región. En lugar de neo confusionismo, el sistema de estos dos países se le ha llamado anglo confusionismo -la mezcla de legislación inglesa con la ética de trabajo confuciana y el espíritu empresarial de una sociedad civil que ha florecido.
Algunos mexicanos están familiarizados con “common law” -la ley importada de Inglaterra que se adaptara a las condiciones americanas. La “ley común” pude ser una herramienta muy poderosa para combatir el cáncer mexicano; la corrupción, y establecer un verdadero estado de derecho. Sería interesante llevar a cabo un experimento a través del cual, uno o varios estados fronterizos pudieran adoptar un sistema legal a semejanza de la ley común anglo americana, en una zona establecida abarcando hasta 100 Km de la frontera. Es decir, una lengüeta fronteriza de aplicación del sistema de Common law que, si funciona, se pudiera ir estableciendo en el resto de la geografía estatal.
Los mexicanos conocen algunos conceptos de esta ley como el juicio con jurado, la presunción de inocencia, el requerimiento a la policía de presentar causa válida para retener a un prisionero antes del juicio. Esta reforma promovería de una forma muy importante la inversión al reducir la incertidumbre que promueve un sistema legal corrupto.
México es una república federal. Una de las grandes fortalezas del federalismo, es la habilidad que concede para experimentar estado por estado con alternativas. Tal vez los estados fronterizos con EU deberían de ser el campo experimental de reformas creativas, agresivas y valientes. Tal vez deberían ser nuestros Hong Kong y Singapur en donde se establecieran paraísos de libertad, legalidad y progreso.  No hay motivo por el cual el sistema federal de México no deba experimentar con un sistema que millones de mexicanos al otro lado de la frontera han usado para su beneficio y prosperidad, por más de un siglo y medio.
Law is the sister of freedom”, sostuvo en 1911 el gran historiador del Derecho Sir Frederic Pollock, durante un ciclo de conferencias sobre el genio del common law en la Columbia University de Nueva York. El tiempo, juez implacable, ha venido a confirmar la veracidad de dicha afirmación.

Muerte al Ogro

Cuando el Estado se retira como el principal agente económico, la sociedad civil debe tomar esa responsabilidad, por ello esa sociedad civil requiere de un entorno adecuado para florecer.”


Ricardo Valenzuela
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Hace unos días el Financial Times publicaba un artículo autoría de John Paul titulado; "Falta de estado de derecho socava las reformas en México", en el cual surge una advertencia: "Existe el peligro de que el desencanto público con la podredumbre de las instituciones pueda llevar a los mexicanos a sucumbir finalmente a las tradiciones latinoamericanas del populismo. Si bien Octavio Paz habló del ogro filantrópico describiendo las estructuras estatales que alimentan el populismo con recursos públicos, también es posible resaltar la existencia, en un entorno de claro desborde popular, del otro rostro estatal, la faz del “monstruo interventor”, especie de “Leviatán confiscatorio”. Éste, merced a un proceso de reingeniería institucional y bajo el paraguas de una transformación legal, se encarga de minar las bases de la seguridad jurídica colocando los fueros del Derecho a merced del intervencionismo político”.


Friday, July 29, 2016

El Estado es el vecino

Alberto Benegas Lynch (h) señala que cada que se pide que el Estado haga algo, en realidad ese algo solamente se hace con el financiamiento compulsivo por parte de los miembros de la comunidad.

Alberto Benegas Lynch (h) es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina.
Debe subrayarse con el mayor énfasis posible que cuando se dice que el Estado debe hacer tal o cual cosa son los miembros de la comunidad los que siempre y en toda circunstancia financian compulsivamente lo dicho con el fruto de sus respectivos trabajos. El elenco gobernante nunca pone nada de su peculio, más bien en no pocas oportunidades se lleva recursos públicos como si fueran de su pertenencia.



Hay una enorme hipocresía en todo esto, se parlotea como si el aparato estatal fuera un ente independiente y misterioso que genera recursos propios cuando en verdad todo lo que tiene lo ha succionado previamente de los bolsillos de la gente. Entonces, es más preciso, en lugar de insistir que el Estado debe financiar tal o cual cosa, decir que la gente debe hacerlo recurriendo a la fuerza para que lo lleve a cabo.
En la visión convencional desde Sidney y Locke hasta Robert Nozick, el monopolio de la fuerza que denominamos gobierno está circunscripto a la protección de los derechos de todos y lo demás no le incumbe ya que no debe jugar a un falso paternalismo. En lugar de declamar que el gobierno debe dedicarse a sacar recursos de la gente para entregárselos a otros (y frecuentemente quedarse con algunas diferencias), debería publicarse una lista voluntaria con los nombres de quienes consideran que hay que recaudar fondos y aportarlos directamente. No es pertinente recurrir a la tercera persona del plural para endosar el tema a otros sino utilizar la primera persona del singular y proceder en consecuencia y si quien propone el asunto no dispone de recursos suficientes que se ocupe de recabarlos.
Despegados de la referida visión convencional, ahora resulta que el aparato estatal debe inmiscuirse en todos los recovecos de la vida privada y administrar las haciendas ajenas como les venga en gana dando lugar a que mayorías circunstanciales se apoderen sin más de los bienes pertenecientes a las minorías con lo que la democracia degenera en mera cleptocracia.
Ahora como nunca antes los gobernantes sedientos de mayores ingresos se ponen de acuerdo entre ellos para dar caza a los patrimonios de la gente que pretende defender el resultado de sus denodados y legítimos esfuerzos a través de investigar cuentas bancarias e intentar eliminar el efectivo al efecto de martirizar a los gobernados. Todo por la creciente voracidad fiscal que incurre en procedimientos salvajes que en siglos no se han adoptado ni siquiera los sátrapas más extremos.
Y no se trata de los dineros malhabidos para lo cual muchos gobernantes constituyen un lamentable ejemplo de malversaciones, puesto que los fondos producto de quienes han atentado contra el derecho de otros deben ser castigados con todo el rigor necesario por la Justicia, en cambio, como queda dicho, se trata de dar caza al fruto del trabajo ajeno en base al llamado principio de nacionalidad en materia fiscal y otras manifestaciones de voracidad ilimitada que no contemplan que el principio de territorialidad es lo que corresponde y con la menor presión tributaria para cumplir con las funciones específicas de un gobierno republicano. Por su parte, los funcionarios de bancos privados operan según las omnicomprensivas disposiciones de la banca central con lo que esos funcionarios terminan siendo de facto empleados públicos en abierto contraste con lo que tradicionalmente ocurría con la banca privada. Hoy hasta puede esperarse que los llamados bancos privados bajen la persiana para que el sistema se quede con los depósitos de sus clientes tal como ha ocurrido en varios lares.
Todo esto no es en modo alguno hoy para proteger los derechos de la gente sino para conculcarlos en el contexto de una máquina infernal de gasto estatal, impuestos astronómicos y deuda pública sideral. Un Leviatán que todo lo atropella a su paso. Es imperioso reaccionar contra esta operación pinzas contra las libertades individuales antes de que la antiutopía orwellinana cierre su círculo fatal.
En otros términos, resulta que la gente debe proteger sus patrimonios de los constantes manotazos de los gobiernos en lugar de sentirse cubiertos en sus haciendas por la entidad que teóricamente se ha establecido para garantizar los derechos de los gobernados. Nos hemos retrotraído a la época de los faraones. El poder político en lugar de estar estrictamente limitado en sus funciones para garantizar Justicia y seguridad (lo cual en general no hace), ha avanzado en terrenos y jurisdicciones impropias de una sociedad abierta con lo que se ha arrogado facultades ilimitadas para entrometerse en las vidas y las propiedades de quienes en verdad se han convertido en súbditos, al tiempo que abandonan aquellas funciones primordiales.
Se torna insoportable una sociedad que se constituye como un inmenso círculo donde todos tienen metidas las manos en los bolsillos del prójimo a través de los permanentes subsidios cruzados que disponen los gobiernos.
Resulta trascendental comprender que es un peligroso espejismo el sostener que puede atacarse impositivamente la inversión sin que eso afecte el nivel de vida de los más necesitados. Hay una conexión directa entre uno y otro plano de ingresos. Los salarios en términos reales dependen exclusivamente de las tasas de capitalización , es decir, de la inversión per capita. No es para nada el resultado de algún voluntarismo propuesto por un decreto gubernamental ni por el deseo de tal o cual empleador, todo lo cual resulta del todo irrelevante a los efectos del referido salario.
Cuando aumentan las tasas de capitalización se incrementa la productividad con lo que el mercado laboral está obligado a subir salarios si se quiere mantener el trabajo manual e intelectual en operaciones. Esta es la diferencia central entre países que progresan y países que se estancan o retroceden: maximizar el ahorro interno y el externo para lo cual se requiere contar con marcos institucionales que respeten el derecho de cada cual.
En la media en que se establezcan impuestos que gravan la capacidad contributiva de modo directo como los impuestos a las ganancias, a los bienes personales, a la trasmisión gratuita de bienes y similares se está amputando el volumen de inversiones con lo cual se está, simultáneamente, reduciendo salarios en términos reales. Paradójicamente, esta política nefasta se ejecuta en nombre de los pobres cuando, precisamente, se los está esquilmando.
Empeora la situación cuando los aparatos estatales se empeñan en redistribuir ingresos, esto es, volver a distribuir por la fuerza lo que se realizó previamente de modo voluntario en el supermercado y afines. La política redistribucionista intensifica el derroche de capital puesto que inexorablemente se dirige a campos distintos de los que se hubieran asignado si los arreglos contractuales se hubieran respetado.
A este cuadro de situación se agrega la manía de la guadaña que apunta al igualitarismo que aniquila todos los incentivos para contribuir al mejoramiento de las estructuras de capital y se exterminan las ventajas de la división del trabajo y la consecuente cooperación social. En lugar de aprovechar la bendición de que cada persona es diferente con lo cual se saca partida recíproca de diversos talentos y conocimientos, se pretende uniformar en la miseria, proyecto que de llevarse a cabo convierte hasta la simple conversación en un aburrimiento colosal.
En general no se comprende el significado del mercado y se lo asimila a una cosa lejana a la vida de las personas en lugar de percatarse que todos somos el mercado puesto que se trata ni más ni menos de las millones de transacciones que diariamente tienen lugar desde que nos levantamos a la mañana hasta que nos acostamos a la noche (y durante la noche puesto que la cama, las sábanas y las frazadas han sido objeto de transacciones, para no decir nada del propio domicilio sea fruto de un contrato de alquiler o de compra-venta). Por eso, cuando se alude peyorativamente al “fundamentalismo de mercado” no se percibe que es lo mismo que hablar del “fundamentalismo de lo que la gente desea”.
Probablemente nada haya más peligroso y contraproducente que las llamadas “conquistas sociales” que apunan (por lo menos en la articulación de discursos en campañas electorales) a mejorar los ingresos de la gente por una simple resolución gubernamental. Si esto fuera posible, sin duda que habría que lanzar un jugoso decreto para hacernos a todos multimillonarios y no andarse con timideces. Lamentablemente las cosas no son de esta manera y los aumentos por decreto barren del mercado laboral a los que más necesitan el empleo. No hay coartadas posibles, como queda dicho, la inversión es lo que permite elevar salarios.
Y no se trata de alegar sobre la “desigualdad en el poder de contratación” puesto que lo abultada o lo debilitada de las respectivas cuentas corrientes no cambian el resultado de los ingresos percibidos ya que, nuevamente reiteramos, se debe a las tasas de capitalización. No se trata tampoco de “estimular el consumo” ya que no puede consumirse lo que no se produjo y la mayor producción proviene en gran escala de abstenerse de consumir para ahorrar e invertir. No es posible poner el carro delante de los caballos. No se puede comenzar por el final.
No se diga tampoco que el Estado debe proceder en esta o aquella situación para demostrar “solidaridad”, lo cual es un verdadero insulto a la inteligencia ya que la muy encomiable actitud solidaria se sustenta en actos voluntarios realizados con recursos propios. El que le arranca la billetera a un vecino para entregársela a un menesteroso no ha llevado a cabo un acto caritativo sino que ha perpetrado un atraco.
En resumen, en lugar de embarcarse los gobiernos en reducir el astronómico gasto público, de abrogar regulaciones que asfixian a la gente, de eliminar y simplificar la maraña impositiva y reducir la presión tributaria y clausurar la posibilidad de la deuda pública externa al efecto de no comprometer patrimonios de futuras generaciones que no han participado en la elección del gobierno que contrajo la deuda y solo contraer la deuda pública interna indispensable, en lugar de todo ello decimos, los gobiernos se alían para exprimir a los gobernados de todas las maneras posibles, mientras los distintos tipos de corrupciones gubernamentales están a la orden del día ya que constituye una corrupción alarmante el mero hecho de la extralimitación del poder puesto que “el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

El Estado es el vecino

Alberto Benegas Lynch (h) señala que cada que se pide que el Estado haga algo, en realidad ese algo solamente se hace con el financiamiento compulsivo por parte de los miembros de la comunidad.

Alberto Benegas Lynch (h) es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina.
Debe subrayarse con el mayor énfasis posible que cuando se dice que el Estado debe hacer tal o cual cosa son los miembros de la comunidad los que siempre y en toda circunstancia financian compulsivamente lo dicho con el fruto de sus respectivos trabajos. El elenco gobernante nunca pone nada de su peculio, más bien en no pocas oportunidades se lleva recursos públicos como si fueran de su pertenencia.


Sunday, July 24, 2016

Uber: El Estado contra los ciudadanos

Luis Larraín considera inadecuada la intervención del Estado para prohibir o restringir la participación de Uber y Cabify en el mercado de transporte de Chile.

Luis Larraín es Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo (Chile).
Uber, la empresa que agrupa a conductores de taxis que se contratan por internet, es una de las corporaciones más exitosas del mundo. Nació en EE.UU. y se ha extendido por todo el orbe. Está en Santiago y otras 400 ciudades, ofreciendo servicios de transporte urbano de óptima calidad y a precios más baratos que los taxis tradicionales.
Tal ha sido el impacto de esta innovación, que en las principales escuelas de negocios de las universidades más prestigiadas se estudia el “modelo de negocios Uber” para aplicarlo a otras actividades en áreas como la salud, y la educación. Modelos similares y muy exitosos ya hay en materia de hotelería, viajes y turismo en general.



Desde el punto de vista del usuario, el servicio es excelente. Bajando una aplicación gratis de internet e inscribiendo una tarjeta de crédito se está listo para operar. Se abre la aplicación en el celular y se pide un auto. Nunca me ha tocado esperar más de seis minutos desde el punto de partida, donde recibo prontamente la oferta de un conductor que se identifica con su nombre, modelo de auto y patente. Si acepto la oferta, puedo ver la ruta del auto hasta llegar a mi ubicación. Los conductores son muy amables y educados y ofrecen una botella de agua y algunos dulces. Los autos están impecables y generalmente son modelos recientes y todos cuentan con seguros. Terminada la carrera no es necesario tener dinero porque queda pagado por la tarjeta de crédito. El servicio en Santiago es, dependiendo de la distancia y recorrido, entre 15 y 40% más barato que un taxi normal. En otras ciudades, Miami por ejemplo, me han tocado recorridos con tarifas que son la tercera parte de las que cobra un taxi tradicional.
La identificación del conductor, automóvil y teléfono celular queda registrada, lo que entrega una gran seguridad al usuario y es ideal para que menores se trasladen por la ciudad sin problemas de seguridad.
Para el conductor el sistema es también muy conveniente. No es necesario que su trabajo sea a tiempo completo, él o ella decide cuando conectarse a la aplicación, lo que lo hace compatible con otras actividades como trabajo o estudio. Uber le paga semanalmente el valor de las carreras, descontando una comisión del orden de 25%. Distintos conductores con que he conversado en Santiago me señalan que ganan entre 800.000 y un millón y medio de pesos al mes ($1.185-$2.222).
Como pueden ver amo a Uber, que además me permite trasladarme en la noche desde la casa de amigos o restaurantes después de tomar una o dos copas de vino, cosa que siempre hice sin hacer daño a nadie, sin peligro de ser “formalizado” y sin necesidad de portar un horrible chaleco reflectante.
Me reconforta, además, que tantos compatriotas hayan encontrado una actividad que les permita aumentar sus ingresos, trabajando en un ambiente grato y agregando valor para sus clientes.
Pero tanta maravilla no podía ser cierta. Me entero con inquietud que el Estado quiere entrar a regular esta actividad o derechamente prohibirla.
Según informa el diario La Tercera en su edición de ayer hay presiones de los taxistas de Santiago, que son cerca de 24.500, para que se prohíba y se hostilice a los conductores de Uber y otras empresas similares.
El Secretario Regional del Ministerio de Transportes de la Región Metropolitana, Matías Salazar, señala que están dispuestos a conversar con la empresa Uber, “siempre que cesen inmediatamente su operación”. Agrega que en Chile usar autos particulares para hacer viajes de transporte público es ilegal y por ello el Ministerio ha realizado 30.703 controles el año 2015 aplicando multas que van desde los 677 mil pesos y retirado 2.752 vehículos de circulación.
Salazar dice que estos vehículos “no entregan garantías a los usuarios”, si hay un accidente nadie responderá, agrega… además no existe ninguna regulación tarifaria.
Es indignante la actuación de este funcionario, que seguramente se moviliza en un vehículo fiscal pagado por todos nosotros. Como hemos señalado este servicio es más barato, de mejor calidad y entrega mucho más garantías a los usuarios que el que entregan los taxis. Por algo ha proliferado y ya hay 25.000 conductores inscritos en Uber de los cuales hay 10.000 activos.
Para terminar, y como guinda de la torta, SERNAC (Servicio Nacional del Consumidor) se estaría sumando a la hostilización a este estupendo servicio. Asegura que este año hay ya SIETE reclamos contra las empresas Uber y Cabify.
Cuando uno escucha estas cosas se acuerda de aquellos que aseguran que la estupidez humana a veces no tiene límites. El transporte en Santiago es un desastre y las autoridades están preocupadas de echar a perder una de las pocas cosas que funciona bien. Cuánto bien le haría a este país si aplicara más a menudo esa frase que se usa en otros lados y que reza: “if it works, don’t fix it”.

Uber: El Estado contra los ciudadanos

Luis Larraín considera inadecuada la intervención del Estado para prohibir o restringir la participación de Uber y Cabify en el mercado de transporte de Chile.

Luis Larraín es Director Ejecutivo de Libertad y Desarrollo (Chile).
Uber, la empresa que agrupa a conductores de taxis que se contratan por internet, es una de las corporaciones más exitosas del mundo. Nació en EE.UU. y se ha extendido por todo el orbe. Está en Santiago y otras 400 ciudades, ofreciendo servicios de transporte urbano de óptima calidad y a precios más baratos que los taxis tradicionales.
Tal ha sido el impacto de esta innovación, que en las principales escuelas de negocios de las universidades más prestigiadas se estudia el “modelo de negocios Uber” para aplicarlo a otras actividades en áreas como la salud, y la educación. Modelos similares y muy exitosos ya hay en materia de hotelería, viajes y turismo en general.


Saturday, July 23, 2016

El Estado