En la mayoría de los países el gobierno dice que las cosas andan bien y la oposición dice que están mal. Pero según un viejo chiste, las cosas andan mal de verdad cuando el gobierno se pone de acuerdo con la oposición: cuando el gobierno también dice que las cosas andan mal. Pero hasta ahí llega el chiste y el acuerdo entre las partes, porque el gobierno le echa la culpa a la oposición y la oposición al gobierno.
El chiste se pone amargo al mirar a Venezuela, pero ilustra tan certeramente lo que sucede en el país que es casi inevitable traerlo a la memoria. Hace años que gobierno y oposición están de acuerdo en que las cosas andan mal, mucho tiempo que se culpan mutuamente, mucho tiempo que el gobierno intenta eliminar a la oposición y los opositores hacen lo posible para que se vaya el gobierno. Esta animosidad dificulta el diálogo y hasta ahora ha impedido cualquier tipo de acuerdo que logre sacar a Venezuela de la trampa.
Una emergencia humanitaria declarada oficialmente por Naciones Unidas permitiría llevar comida y medicamentos al pueblo venezolano. Pero para que eso suceda es el gobierno quien tendría que pedirlo y no hay indicios de que lo vaya a hacer.
Las cifras de la economía venezolana son este año las peores del mundo. La espiral inflacionaria se ha desatado al punto que el FMI acaba de corregir sus proyecciones, pronosticando ahora 480% de inflación para 2016 y un exorbitante 1.640% para 2017. Su pronóstico de crecimiento es que la economía se contraerá 10% este año.
La crisis puede haberse desatado por la baja en el precio del petróleo, pero esa fue sólo la gota que rebalsó el vaso. La tragedia venezolana es responsabilidad de Hugo Chávez, quien tuvo la suerte de morir justo antes de que estallara la mayor crisis de la historia de Venezuela. Chávez desmanteló el aparato productivo del país al decidir que con los petrodólares se iba a poder importar de todo, al tiempo que gastaba y se endeudaba para financiar los programas sociales que le aseguraron victorias electorales durante sus 14 años de gobierno. Ese populismo, hecho en nombre del pueblo, tiene hoy desabastecido y desamparado al pueblo.
La crisis finalmente ha comenzado a ayudar a los opositores. Desde marzo de este año la oposición tiene una supermayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral de Venezuela. La primera gran victoria electoral de la oposición es la primera prueba de que los venezolanos quieren un cambio de gobierno. El caudillo que construyó el aparatoso desastre que es la Venezuela actual, Hugo Chávez, ganó todas las elecciones con más del 60% de los votos. Su heredero, Nicolás Maduro, no tiene el carisma de Chávez ni su talento político y llegó a la presidencia justo al estallar la crisis, a comienzos de 2013. Sin embargo, Maduro logró a fines de ese año que más de la mitad del electorado lo ratificara como presidente hasta 2019.
Tener supermayoría en el Congreso poco y nada le ha servido a la oposición. Las iniciativas del Poder Legislativo quedan en la nada porque el inefable Maduro gobierna por decreto desde que llegó al poder. Los tribunales se han convertido en súbditos del gobierno y hasta cierto punto también el Consejo Nacional Electoral, encargado de dar el resultado oficial de las elecciones.
Hoy el gobierno tiene sólo 25% de aprobación de los venezolanos, pero no se ha abierto al diálogo. Ese empecinamiento fomenta una peligrosa polarización que, con distintos matices, se ve en casi toda la región, de México a Chile, y ahora también en Estados Unidos.
Pero ningún país vive una crisis como la de Venezuela, la economía peor manejada del mundo según un reciente ránking de Bloomberg News. La oposición ha optado por la vía razonable, un plebiscito revocatorio establecido en la Constitución de 1999 que obligaría a renunciar a Maduro si los votos a favor de que se vaya superan el 50,6% que obtuvo para ser ratificado presidente en 2013. Eso debiera ser fácil de conseguir, dado que el apoyo al gobierno está en menos de 25% y cada día de crisis lo vuelve más impopular.
Para iniciar el proceso plebiscitario la oposición necesitaba 200.000 firmas validadas con huella digital y presentó más de 400.000, pero el Consejo Nacional Electoral tiene que darles su visto bueno, cosa que aún no hacía al cierre de esta editorial, cuando ya se había vencido el plazo para hacerlo. Es muy probable que el plebiscito se realice y que Maduro lo pierda. De hacerse hoy, de acuerdo con un sondeo de opinión hecho hace pocos días, tendría en contra el 64% de los votos. Pero la burocracia ha estado retrasando el proceso y ese detalle no es menor. Si el plebiscito se realiza en 2016 y Maduro lo pierde, el presidente tiene que irse y hay elecciones presidenciales. Si se hace en 2017, Maduro también tiene que irse, pero el gobierno se queda porque la presidencia pasa automáticamente a manos del vicepresidente.
La oposición tiene una ventaja que algunos llamarían desventaja: no puede derrocar a Maduro por la fuerza. No hay golpe de Estado sin apoyo militar y los militares venezolanos no sólo están a favor del gobierno: en gran medida son el gobierno. El propio Maduro quiso reiterar esto hace unas semanas, al militarizar la producción, importación y distribución de alimentos y encargar la tarea al ministro de Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino. Junto con eso, Maduro subordinó todos los ministerios al titular de Defensa y le dio al nuevo superministro autoridad para actuar en cualquier municipalidad del país sin consultar al gobierno local. El nombramiento convirtió a Padrino en el segundo hombre más poderoso del país.
Algunos dirían que es el primero. La gravedad de la crisis, unida a la creciente impopularidad de Maduro, le ha quitado apoyo al presidente dentro del ejército y la coalición de gobierno, incluyendo el Partido Socialista Unido de Venezuela en el que milita Maduro. Hay dirigentes del PSUV que se han declarado a favor del referendo revocatorio propiciado por la oposición. El gobierno no sólo está de acuerdo con la oposición en que las cosas andan mal, muy mal. Ahora hay una parte del gobierno que está de acuerdo con la oposición en sacar a Maduro del poder y en el mecanismo para sacarlo.
El superministro Padrino mostró en muchas ocasiones lealtad total a Chávez, pero no hay certeza de que sienta lo mismo por Maduro. El presidente le ofreció el cargo para afirmarse en el poder, pero no son pocos los que piensan que Padrino será el hombre de la transición.
A pesar del desastre social, económico, financiero y monetario, Venezuela no ha dejado de pagar los intereses de su deuda de US$280.000 millones, equivalente al 100% de su PIB. Ese hecho, sumado a que el precio del petróleo tendrá que subir algún día, hace que los mercados financieros vean a los valores venezolanos como una oportunidad para inversionistas audaces. Los bonos soberanos con vencimiento en 2027 están dando una súper tentadora ganancia anual de 27%, si es que Venezuela paga sus deudas ese año. Ahora, todavía puede haber default este año, pero su probabilidad ha bajado. En febrero pasado, la consultora Latin America Monitor estimó en cerca de 80% la probabilidad de que Venezuela se declarara en cesación de pagos en algún momento de este año. En julio, la consultora estimó esa probabilidad en 46%.
Wall Street y Londres están apostando a que habrá cambio de gobierno sin violencia en los próximos doce meses y bastaría que un nuevo gobierno licitara una parte de las reservas de crudo de Pdvsa para mejorar de un día para otro las finanzas del país.
Los mercados financieros monitorean atentamente los riesgos de un país porque su negocio depende directamente de cuán certeras son sus expectativas. Es una gran noticia que estén apostando a un cambio de gobierno sin violencia y que piensen que es relativamente fácil mejorar la economía y solucionar el desabastecimiento.
Un cambio de gobierno por la vía constitucional, en el plazo más corto posible, es lo mejor que puede hacer el país para salir de la espantosa crisis que está viviendo. Pero el odio al otro bando, el culparse mutuamente de lo que pasó, seguirá dificultando los acuerdos en Venezuela durante décadas si sus ciudadanos no se toman en serio la tarea de entender la situación y resolverla. La animosidad entre las partes ha hecho fracasar hasta ahora los intentos de mediación de un buen número de jefes de Estado. Pero que Nicolás Maduro haya aceptado la propuesta opositora de pedir la mediación del Vaticano para superar desconfianzas y reiniciar el diálogo es una buena señal. Si el Vaticano acepta, y es su deber hacerlo, la señal será todavía mejor.
El chiste se pone amargo al mirar a Venezuela, pero ilustra tan certeramente lo que sucede en el país que es casi inevitable traerlo a la memoria. Hace años que gobierno y oposición están de acuerdo en que las cosas andan mal, mucho tiempo que se culpan mutuamente, mucho tiempo que el gobierno intenta eliminar a la oposición y los opositores hacen lo posible para que se vaya el gobierno. Esta animosidad dificulta el diálogo y hasta ahora ha impedido cualquier tipo de acuerdo que logre sacar a Venezuela de la trampa.
Un cambio de gobierno por la vía constitucional, en el plazo más corto posible, es lo mejor que puede hacer el país para salir de la espantosa crisis que está viviendo. Pero el odio al otro bando, el culparse mutuamente de lo que pasó, seguirá dificultando los acuerdos en Venezuela durante décadas si sus ciudadanos no se toman en serio la tarea de entender la situación y resolverla.Mientras tanto, la vida de los venezolanos empeora día tras día y lo ha estado haciendo desde fines de 2012, cuando la baja en el precio del petróleo desató la crisis. Hay recién nacidos que mueren en los hospitales debido a la falta de medicamentos; es preciso hacer largas colas para comprar alimentos, papel higiénico y otros productos de primera necesidad. Maduro militarizó la producción, importación y diistribución de alimentos y medicamentos para hacer llegar los productos de la mejor manera posible a los consumidores, evitando saqueos y corrupción. No hay leche ni harina desde hace meses. El cruce a pie de 100.000 venezolanos a Colombia, para comprar comida al abrirse temporalmente la frontera hace unas semanas, mostró claramente la dimensión de la emergencia humanitaria que vive el país.
Una emergencia humanitaria declarada oficialmente por Naciones Unidas permitiría llevar comida y medicamentos al pueblo venezolano. Pero para que eso suceda es el gobierno quien tendría que pedirlo y no hay indicios de que lo vaya a hacer.
Las cifras de la economía venezolana son este año las peores del mundo. La espiral inflacionaria se ha desatado al punto que el FMI acaba de corregir sus proyecciones, pronosticando ahora 480% de inflación para 2016 y un exorbitante 1.640% para 2017. Su pronóstico de crecimiento es que la economía se contraerá 10% este año.
La crisis puede haberse desatado por la baja en el precio del petróleo, pero esa fue sólo la gota que rebalsó el vaso. La tragedia venezolana es responsabilidad de Hugo Chávez, quien tuvo la suerte de morir justo antes de que estallara la mayor crisis de la historia de Venezuela. Chávez desmanteló el aparato productivo del país al decidir que con los petrodólares se iba a poder importar de todo, al tiempo que gastaba y se endeudaba para financiar los programas sociales que le aseguraron victorias electorales durante sus 14 años de gobierno. Ese populismo, hecho en nombre del pueblo, tiene hoy desabastecido y desamparado al pueblo.
La crisis finalmente ha comenzado a ayudar a los opositores. Desde marzo de este año la oposición tiene una supermayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, el Parlamento unicameral de Venezuela. La primera gran victoria electoral de la oposición es la primera prueba de que los venezolanos quieren un cambio de gobierno. El caudillo que construyó el aparatoso desastre que es la Venezuela actual, Hugo Chávez, ganó todas las elecciones con más del 60% de los votos. Su heredero, Nicolás Maduro, no tiene el carisma de Chávez ni su talento político y llegó a la presidencia justo al estallar la crisis, a comienzos de 2013. Sin embargo, Maduro logró a fines de ese año que más de la mitad del electorado lo ratificara como presidente hasta 2019.
Tener supermayoría en el Congreso poco y nada le ha servido a la oposición. Las iniciativas del Poder Legislativo quedan en la nada porque el inefable Maduro gobierna por decreto desde que llegó al poder. Los tribunales se han convertido en súbditos del gobierno y hasta cierto punto también el Consejo Nacional Electoral, encargado de dar el resultado oficial de las elecciones.
Hoy el gobierno tiene sólo 25% de aprobación de los venezolanos, pero no se ha abierto al diálogo. Ese empecinamiento fomenta una peligrosa polarización que, con distintos matices, se ve en casi toda la región, de México a Chile, y ahora también en Estados Unidos.
Pero ningún país vive una crisis como la de Venezuela, la economía peor manejada del mundo según un reciente ránking de Bloomberg News. La oposición ha optado por la vía razonable, un plebiscito revocatorio establecido en la Constitución de 1999 que obligaría a renunciar a Maduro si los votos a favor de que se vaya superan el 50,6% que obtuvo para ser ratificado presidente en 2013. Eso debiera ser fácil de conseguir, dado que el apoyo al gobierno está en menos de 25% y cada día de crisis lo vuelve más impopular.
Para iniciar el proceso plebiscitario la oposición necesitaba 200.000 firmas validadas con huella digital y presentó más de 400.000, pero el Consejo Nacional Electoral tiene que darles su visto bueno, cosa que aún no hacía al cierre de esta editorial, cuando ya se había vencido el plazo para hacerlo. Es muy probable que el plebiscito se realice y que Maduro lo pierda. De hacerse hoy, de acuerdo con un sondeo de opinión hecho hace pocos días, tendría en contra el 64% de los votos. Pero la burocracia ha estado retrasando el proceso y ese detalle no es menor. Si el plebiscito se realiza en 2016 y Maduro lo pierde, el presidente tiene que irse y hay elecciones presidenciales. Si se hace en 2017, Maduro también tiene que irse, pero el gobierno se queda porque la presidencia pasa automáticamente a manos del vicepresidente.
La oposición tiene una ventaja que algunos llamarían desventaja: no puede derrocar a Maduro por la fuerza. No hay golpe de Estado sin apoyo militar y los militares venezolanos no sólo están a favor del gobierno: en gran medida son el gobierno. El propio Maduro quiso reiterar esto hace unas semanas, al militarizar la producción, importación y distribución de alimentos y encargar la tarea al ministro de Defensa, el general en jefe Vladimir Padrino. Junto con eso, Maduro subordinó todos los ministerios al titular de Defensa y le dio al nuevo superministro autoridad para actuar en cualquier municipalidad del país sin consultar al gobierno local. El nombramiento convirtió a Padrino en el segundo hombre más poderoso del país.
Algunos dirían que es el primero. La gravedad de la crisis, unida a la creciente impopularidad de Maduro, le ha quitado apoyo al presidente dentro del ejército y la coalición de gobierno, incluyendo el Partido Socialista Unido de Venezuela en el que milita Maduro. Hay dirigentes del PSUV que se han declarado a favor del referendo revocatorio propiciado por la oposición. El gobierno no sólo está de acuerdo con la oposición en que las cosas andan mal, muy mal. Ahora hay una parte del gobierno que está de acuerdo con la oposición en sacar a Maduro del poder y en el mecanismo para sacarlo.
El superministro Padrino mostró en muchas ocasiones lealtad total a Chávez, pero no hay certeza de que sienta lo mismo por Maduro. El presidente le ofreció el cargo para afirmarse en el poder, pero no son pocos los que piensan que Padrino será el hombre de la transición.
A pesar del desastre social, económico, financiero y monetario, Venezuela no ha dejado de pagar los intereses de su deuda de US$280.000 millones, equivalente al 100% de su PIB. Ese hecho, sumado a que el precio del petróleo tendrá que subir algún día, hace que los mercados financieros vean a los valores venezolanos como una oportunidad para inversionistas audaces. Los bonos soberanos con vencimiento en 2027 están dando una súper tentadora ganancia anual de 27%, si es que Venezuela paga sus deudas ese año. Ahora, todavía puede haber default este año, pero su probabilidad ha bajado. En febrero pasado, la consultora Latin America Monitor estimó en cerca de 80% la probabilidad de que Venezuela se declarara en cesación de pagos en algún momento de este año. En julio, la consultora estimó esa probabilidad en 46%.
Wall Street y Londres están apostando a que habrá cambio de gobierno sin violencia en los próximos doce meses y bastaría que un nuevo gobierno licitara una parte de las reservas de crudo de Pdvsa para mejorar de un día para otro las finanzas del país.
Los mercados financieros monitorean atentamente los riesgos de un país porque su negocio depende directamente de cuán certeras son sus expectativas. Es una gran noticia que estén apostando a un cambio de gobierno sin violencia y que piensen que es relativamente fácil mejorar la economía y solucionar el desabastecimiento.
Un cambio de gobierno por la vía constitucional, en el plazo más corto posible, es lo mejor que puede hacer el país para salir de la espantosa crisis que está viviendo. Pero el odio al otro bando, el culparse mutuamente de lo que pasó, seguirá dificultando los acuerdos en Venezuela durante décadas si sus ciudadanos no se toman en serio la tarea de entender la situación y resolverla. La animosidad entre las partes ha hecho fracasar hasta ahora los intentos de mediación de un buen número de jefes de Estado. Pero que Nicolás Maduro haya aceptado la propuesta opositora de pedir la mediación del Vaticano para superar desconfianzas y reiniciar el diálogo es una buena señal. Si el Vaticano acepta, y es su deber hacerlo, la señal será todavía mejor.
