Por Jorge Millán
mdz online, Mendoza
Cuando el presidente Juan Manuel Santos llegó a la presidencia en 2010 muy probablemente no se imaginó que pasaría a la historia como el artífice de la paz en su país, cosa que varios de sus predecesores intentaron sin éxito. En 1.981 Julio César Turbay, en 1.982 Belisario Betancur, en 1.988 Virgilio Barco, en 1.991 César Gaviria y en 1.998 Andrés Pastrana, intentaron infructuosamente acercamientos y acuerdos[1].
El acuerdo al que se ha arribado en La Habana, luego de cuatro años de negociaciones, y a firmarse en Cartagena de Indias el 26 de Setiembre, es tan complejo y completo como ambicioso. Pretende revertir una situación de extrema desigualdad y pobreza en extensas zonas del país en donde el estado ha estado ausente prácticamente desde la independencia misma del país. Vastas zonas del país carecen de infraestructura vial, escuelas, hospitales, presencia policial, por dar unos ejemplos.
Quien haya visitado Cartagena de Indias y visto la ciudad desde el cerro La Popa, habrá podido apreciar el gran contraste entre la ciudad moderna, repleta de turistas de todo el mundo, y las laderas del cerro abarrotadas de casas de una precariedad inimaginable. Es en esa zona de Cartagena donde pululan las llamadas ‘ollas' de la droga y todo tipo de manifestación de marginalidad y exclusión social. Esta imagen se repite en muchos lugares del país. Así, el observador atento comprende, aunque de ningún modo tenga justificación, la violencia en un país tan rico pero en el que la inequidad es el pan de cada día. Son esas abismales diferencias entre la población las que llaman poderosamente la atención. Según las estadísticas oficiales, el 1 % de la población es dueña del 60% de la tierra cultivable del país , y esas tierras fueron en gran parte, obtenidas gracias al despojo de millones de campesinos obligados violentamente a hacer abandono de sus tierras[2]. Según Carlos Altieri, sólo 9.200 personas de un total de 49 millones de habitantes, son dueñas del 65 % de los depósitos bancarios del país; el 60 % de los trabajadores lo son en condiciones de informalidad y sólo el 35 % de ellos tienen plan jubilatorio[3]. En suma, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo y según el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), uno de los países con mayor desigualdad en Latinoamérica. Según dicho organismo de la ONU, Colombia registra un coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, del 0,85 (la cota máxima es uno), de los más altos de Latinoamérica[4]. Esta situación, que se prolonga desde casi el nacimiento mismo de la república, se ha traducido en los conflictos sociales y violencia que conocemos. Esta realidad, sumada a un estado ausente en vastas regiones del país, como los departamentos aledaños al Pacífico o La Guajira, y a un secular conflicto entre conservadores y liberales -las tendencias políticas más antiguas y arraigadas del país-, dieron origen a este sangriento y atroz conflicto que ha dejado ya más de 300.000 muertos y alrededor de ocho millones de desplazados, convirtiendo a Colombia, según el ACNUR, en uno de los países, junto con Siria, con mayor número de desplazados del mundo[5].
Es a este conflicto armado, el único de sus características aún subsistente en el continente, que los Acuerdos de Paz, pretenden poner fin.
El diálogo entre el gobierno y las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo) comenzó oficialmente en La Habana, en 2012, aunque fue precedido de contactos informales desde 2010, justo el año en que Juan Manuel Santos asumió la presidencia. Noruega y Venezuela son países garantes del acuerdo y Chile y Ecuador países acompañantes. El pasado 24 de Agosto se anunció formalmente la finalización de los diálogos y se dio a conocer el texto completo de los Acuerdos de Paz (el texto oficial consta de 297 páginas). El próximo lunes 26 de Septiembre, en Cartagena de Indias, con la presencia del Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon y presidentes y jefes de estado de todo el mundo, se firmarán esos acuerdos, con la formalidad y solemnidad que el evento merece. Pero, aunque parezca obvio decirlo, la sola firma no es garantía de nada. A partir de ese momento comenzará el verdadero desafío, un proceso que llevará años. ¿Y si en el ínterin cambia el signo político del gobierno? Es por eso que dicho acuerdo necesita de una refrendación la que tendrá lugar el próximo 2 de Octubre mediante un plebiscito y la introducción de cláusulas constitucionales con lo cual se pretende dar el marco legal a fin de garantizar que los futuros gobiernos sean continuadores de este gran acuerdo, que no es el mejor ni el más perfecto, pero sí el único posible que llevará nada más y nada menos a que la guerrilla marxista abandone las armas y la violencia. ¿Existen riesgos? Claro que sí. Pero, como dijo Mario Vargas Llosa, de la única forma que sabremos si el acuerdo funciona es poniéndolo en práctica[6]. Entrando al análisis del acuerdo, aunque no en profundidad, lo cual excedería en mucho el propósito de este trabajo, digamos que el texto de lo acordado está dividido en un preámbulo y seis partes. Llama gratamente la atención lo ambicioso de los términos y objetivos que se persiguen y, además, el espíritu de inclusión y unión nacional que impregna cada una de sus cláusulas. Es destacable también la perspectiva de género del acuerdo, ya que se pone a hombres y mujeres expresamente en igualdad de condiciones para la obtención de créditos, la compra de tierras, acceso a salud, trabajo, etc. Tan ambiciosos son sus objetivos que yo diría que estamos ante casi una refundación de la república. Sin duda, estamos ante un momento histórico del país caribeño.
Teniendo en consideración la situación del campo, las partes acordaron en primer lugar una "reforma rural integral". Se pondrán a la venta en condiciones muy ventajosas para los campesinos, subsidios mediante, parcelas en superficies cultivables alcanzando la extensión de tres millones de hectáreas. Por otro lado, diez millones de hectáreas en manos de campesinos sin títulos de propiedad, serán regularizadas. También se otorgarán planes sociales a fin de reducir la pobreza rural en el corto plazo y eliminarla por completo en el término de diez años. Pero no se trata solamente de entregarle tierra al que no tiene, sino de darle "acceso integral", esto es, que la tierra esté acompañada de riego, crédito, asistencia técnica y apoyo para la comercialización (de lo producido), entre otros", como dijo Humberto de la Calle, el representante del gobierno colombiano en los diálogos de paz de La Habana, en su discurso de presentación del texto acordado[7] El segundo punto de lo acordado se refiere a la participación política que significará la incorporación de las FARC a la vida política del país mediante la creación de nuevos partidos políticos. Desde 2018, año en que se renueva el actual congreso, serán incorporados representantes de la guerrilla, cinco escaños en la Cámara de Senadores y cinco en la Cámara de Representantes, con voz, pero sin voto, durante dos mandatos. Luego dichos escaños serán sometidos a votación, como los representantes de cualquier otro partido político.
El tercer punto es el referido al Cese del fuego y de las hostilidades bilateral y definitivo y "dejación" de las armas. De hecho ya existe un cese al fuego bilateral, y ese es ya un resultado plausible y concreto de los diálogos de paz. En este punto, altamente sensible, las partes han acordado intercambio de información de manera gradual, mecanismos de monitoreo en el terreno y la participación en el control del desarme y cese de hostilidades de la ONU con efectivos proporcionados mayormente por los países latinoamericanos. A partir de la firma del acuerdo, el día 26 de setiembre, y en el supuesto caso de que en el plebiscito fijado para el 2 de octubre, ganara el "sí", se abre un período de seis meses, plazo durante el cual los guerrilleros que adhieran al proceso de paz (lo deseable es que todos lo hagan) se desmovilizarán y concurrirán a las llamadas "zonas veredales" donde permanecerán el tiempo que sea necesario para verificar estado de salud, entrega de documentación personal, y aspectos prácticos como vivienda, ropa y todo lo necesario para su reincorporación a la vida civil. Al ingresar a esas zonas de concentración los guerrilleros harán entrega a miembros de la ONU del armamento y municiones que dispongan. Las zonas de concentración son 23 y están repartidas por todo el territorio nacional.
El cuarto punto es el referido a las drogas ilícitas. No olvidemos que las Farc, como todo grupo insurrecto, se han financiado durante todos estos años, principalmente, con el tráfico de drogas ilícitas, su producción y comercialización. Es a esta actividad que se pretende poner fin mediante la erradicación y sustitución de los cultivos de hojas de coca. El programa incluye, además de diálogo con los campesinos productores de cultivos ilícitos, políticas públicas de asistencia a los consumidores de drogas.
El quinto punto se refiere a las víctimas del conflicto. Se trata de un verdadero "Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición", incluyendo la Jurisdicción Especial
para la Paz y Compromiso sobre Derechos Humanos. Se trata de uno de los aspectos más polémicos del acuerdo ya que sus detractores (entre ellos el expresidente Álvaro Uribe) sostienen que se trata de un verdadero pacto de impunidad para quienes cometieron crímenes atroces. Para llegar a una solución satisfactoria para ambas partes se ha tenido que recurrir a un mecanismo especial de justicia llamado "justicia transicional". Era obvio que ante la mera posibilidad de recibir penas severas que implicaran la pérdida de la libertad la guerrilla no aceptaría ningún acuerdo. Pero al ser Colombia uno de los países firmantes del Tratado de Roma, por el cual se crea la Corte Penal Internacional, no podía dejar sin castigo alguno los delitos cometidos durante el largo conflicto, so pena de quedar expuesta ante la comunidad internacional y sin su fundamental apoyo. El gobierno colombiano ya recibió un guiño por parte de la CPI pero fuertes críticas de Human Rights Watch. "Noto con satisfacción que el texto final del acuerdo de paz excluye amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra bajo el Estatuto de Roma", dijo el Fiscal de la CPI, Fatou Bensouda[8].
La justicia transicional a la que se recurre para solucionar el conflicto consiste en la aplicación de penas vistas por los críticos del acuerdo como muy leves; se trata de penas alternativas sin restricción completa a la libertad de movimiento tales como servicios a la comunidad y prisión domiciliaria. Dichas normas alcanzan a los miembros del ejército y a los desmovilizados de las Farc. Quienes reconozcan y confiesen sus delitos y colaboren con los organismos de investigación (tribunales especiales) recibirán esas penas morigeradas. Quienes no lo hagan se exponen a penas de cárcel de entre cinco y ocho años. De no ser así, ¿las partes hubieran llegado a la solución a la que se ha arribado? Human Rights Watch sostiene que "Castigar' a criminales de guerra confesos y condenados con penas de servicio a la comunidad es grotescamente desproporcionado" y que "la comunidad internacional no debería hacer la vista gorda ante esta fachada de justicia en nombre de la paz" sostuvo José Miguel Vivanco, director para las américas de HRW[9]. Éste es el argumento más fuerte en contra de los acuerdos. Pero, como sostuve anteriormente, de otro modo la guerrilla jamás se hubiera avenido a entregar las armas y abandonar definitivamente la lucha armada. Podrían haber transcurrido cincuenta años más de guerra, atentados, muertes, desapariciones, desplazamientos forzados, etc. y la guerrilla, por su propia estructura, jamás hubiera sido completamente derrotada. Con todo, y a pesar de las penas leves con las que se los amenaza, algunos "frentes" o células de las Farc ya han adelantado que no se desmovilizarán. Y aún queda otro grupo subversivo, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), menos numeroso que las Farc, aunque con gran poder de fuego. Este grupo se ha financiado también con el narcotráfico aunque también ha recurrido a la extorsión y al secuestro. En la actualidad cuenta con varios secuestrados en su poder. El presidente Santos ha adelantado su intención de invitar formalmente al ELN a negociar la paz, pero les ha puesto como condición sine qua non la liberación total de las personas en situación de cautiverio. De modo que para que en Colombia haya una paz completa y definitiva queda un largo camino lleno de imprevisibles dificultades que se tendrán que ir solucionando sobre la marcha. Pero para que haya una paz total, habrá que desterrar además las causas que la originaron, es decir, la inequidad y la desigualdad entre los colombianos y el estado ausente de extensas zonas del territorio nacional sumidas en la pobreza. Es de esperar que los ingentes recursos que hasta ahora fueron destinados al financiamiento de armamento y logística para combatir a la guerrilla, puedan de ahora en más ser destinados a salud, educación e infraestructura[10]. Días históricos vive Colombia y la América Latina toda y el mundo tienen fundados motivos para celebrar.
