El PRI ha amenazado con interponer una demanda de juicio político en contra de Gabino Cué, gobernador de Oaxaca, y una denuncia penal en contra Jorge Castillo, operador de Cué, por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Documentos filtrados muestran depósitos de miles de millones de pesos a diversas cuentas de Castillo e incluso hay cables de la embajada de Estados Unidos y de la oficina de recaudación fiscal de ese país en los cuales se alerta sobre operaciones irregulares llevadas a cabo por Castillo en bancos norteamericanos. Si había evidencia de tales manejos (porque los cables datan de abril de 2015), ¿por qué las autoridades no iniciaron averiguaciones? ¿Por qué los legisladores del PRI de Oaxaca jamás interpusieron una demanda en contra de quien hoy es acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero?
En agosto de 2015, el senador Benjamín Robles (PRD) interpuso una denuncia penal ante la PGR en contra de Castillo por tal hecho. Robles contaba con información de primera mano porque él había trabajado en el gobierno de Gabino Cué como su secretario particular y como jefe de la Oficina de la Gubernatura. ¿Por qué el PRD que hoy está a punto de perder por este y otros escándalos no exigió al gobernador una explicación? ¿Por qué el Servicio de Administración Tributaria no investigó tales manejos multimillonarios?
En Tamaulipas se acusa al candidato del PAN de tener vínculos con el narcotráfico. Pero el senador con licencia, hoy candidato, Francisco García Cabeza de Vaca, fue presidente de la Comisión de Defensa del Senado (de septiembre de 2015 a enero de 2016), así como secretario de la Comisión de Marina. En esa capacidad revisó nombramientos hechos por el presidente de la República de altos mandos de la Marina y tuvo acceso a información clasificada de seguridad nacional. Si efectivamente tiene vínculos con el crimen organizado, ¿por qué no se impidió que ostentará esos cargos? Si hay evidencia de esos vínculos, ¿por qué no se interpuso antes una denuncia penal y se procedió a su desafuero? Si no se hizo, entonces son responsables quienes incurrieron en esa negligencia, tanto al interior del gobierno como del propio Senado de la República.
Han habido también campañas de calumnia que traspasan los límites civilizados por varias razones. Primero, porque las acusaciones incluyen vínculos con el crimen organizado (Tamaulipas), asociación delictuosa (Quintana Roo) e incluso delitos de pederastia (Veracruz). Si algunos candidatos caen en esas categorías, bienvenido que se sepa, pero las pruebas ofrecidas parecen dudosas. Y segundo, porque estas campañas 'negras' dejarán heridas que pueden estimular la polarización política después del 5 de junio y anticipar una marea de veneno en 2018.
En Quintana Roo se acusa al candidato del PAN-PRD, Carlos Joaquín, de actividades ilícitas porque su operador financiero, Jamil Hindi, presuntamente tiene vínculos con el crimen organizado. El hoy candidato fue un servidor público por 14 años a nivel municipal, estatal y federal (su último cargo fue subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico). También fue presidente municipal y diputado federal por el PRI. Un funcionario con fama de integridad y talento es acusado por sus propios excompañeros de partido.
En Veracruz se ha acusado al candidato del PAN-PRD de enriquecimiento ilícito, cargo que merece investigarse ante muchas evidencias que así lo sugieren. Pero la acusación de pederastia se hace con base en un señalamiento que ha sido desmentido por la presunta víctima, Sofía Garfias, así como por su madre. No obstante, el PRI en Veracruz difundió spots en los que acusa a Yunes Linares de pederastia con hechos falsos.
El tono de algunas campañas de gobernador presagia conflictos poselectorales en algunas entidades que podría incluso derivar en anulación. Tomemos el caso de Veracruz donde hay dos escenarios probables. Primero, que gane Morena como principal beneficiario del pleito entre los Yunes; el candidato del nuevo partido aparece en las encuestas en tercer lugar y en ascenso. Segundo, que gane uno de los candidatos punteros (uno de los Yunes) y que el perdedor impugne la elección. Con tal nivel de polarización y de uso indiscriminado de espionaje, acusaciones y denuncias penales, podría haber razones para anular la elección si el resultado es menor a cinco puntos. Algo semejante podría ocurrir en Tamaulipas.
Los excesos de las campañas de ataque de 2016 pueden ser el inicio de la polarización política de cara a 2018, una elección que ya se vislumbraba compleja por la fragmentación del voto y por la desconfianza creciente en las instituciones políticas. Añadir desde ahora mayor conflictividad es una irresponsabilidad política que debe evitarse. Es una falta de visión de Estado querer ganar las elecciones a toda costa.
