Oportunidad histórica para combatir la corrupción

Luis Carlos Ugalde

Esta semana puede definirse el alcance de una de las reformas legislativas más relevantes para el futuro de la democracia mexicana: la del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). No creo que las leyes lo sean todo –de hecho en México se hacen muchas que se incumplen– pero esta reforma legislativa puede facilitar y dar un giro en el combate a la impunidad y al abuso del poder. Escribo 'facilitar' porque para combatir la corrupción es aún más importante la voluntad de hacerlo. No sólo ha faltado esa voluntad por parte del gobierno federal, sino también de los estatales –muchos en manos del PAN y del PRD que ahora empujan esta reforma.

Con el marco legal vigente se podría haber castigado la corrupción. Bastaría, por ejemplo, que la Procuraduría General de la República (PGR) diera trámite a las denuncias de hechos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha hecho en los últimos años, o que el Congreso federal o las legislaturas estatales hubiesen llevado a cabo su función de control y de investigación. La falta de voluntad ha sido un pecado común y nada garantiza que un nuevo marco legal cambie esa pasividad. No obstante, se debe aplaudir la creatividad y empuje de organismos de la sociedad civil y de muchos legisladores, notoriamente del PAN y del PRD, que han dado impulso político a esta reforma en los últimos meses.

Algunos de los temas principales en la mesa de negociación.

1. ¿Quién preside el SNA? En la reforma constitucional no se detalla.

Las opciones son muchas e incluyen a cualquiera de los integrantes del Comité Coordinador: los titulares de la ASF, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, del INAI, o bien, alguno de los cinco miembros del Comité de Participación Ciudadana.

Quién preside el SNA es importante porque ahí se promoverán políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción. Quien presida el SNA no tendrá injerencia en las funciones de las instituciones que lo integran, pero sí podrá establecer pautas generales, estimular el seguimiento al desempeño de las instituciones encargadas del combate a la corrupción y evitar la burocratización del sistema.

Una propuesta sobre la mesa es que sea un órgano ciudadano colegiado quien lo presida (como el INE). ¿Funcionaría ese modelo? El riesgo es la burocratización y cooptación de esos 'ciudadanos', o bien, que un órgano colegiado carezca de la experiencia, profesionalismo y una buena dosis de responsabilidad y sensatez, no siempre presente en dichos órganos.

2. Fiscalía General Anticorrupción. En la reforma político-electoral de 2014 se estableció la creación de la Fiscalía General de la República (hoy PGR) y en su seno una Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción. Ninguna de las dos se ha instaurado porque aún no se cuenta con la Ley Orgánica que determinará la estructura y los mecanismos de operación de ellas.

Dos temas centrales son el nombramiento del fiscal anticorrupción: la reforma de 2014 establece que será nombrado por un mecanismo en el que intervienen el Senado de la república y el Ejecutivo federal. El PAN y PRD quieren cambiar la ley con la finalidad de que el Senado pueda elegir al nuevo fiscal, sin la intervención del presidente.

No sólo es importante quién es el fiscal y quién lo nombra; muy importante son los recursos humanos y tecnológicos de que dispone. Poca atención se ha prestado al hecho de que la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR cuenta con escasos recursos humanos para realizar su función y será esa área el núcleo central de la nueva fiscalía.

3. Tipos de corrupción. Actualmente la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos define de manera ambigua los tipos de infracciones que constituyen actos de corrupción.

La propuesta 3de3 define 10 tipos con mayor precisión y añade algunas figuras innovadoras que responden a la realidad actual, entre ellos conspiración para cometer actos de corrupción y enriquecimiento oculto (actualmente se menciona “ilícito”). Las bancadas del PAN y del PRD añadieron siete tipos adicionales, entre ellos que los legisladores no podrán recibir beneficios económicos o 'moches' a cambio de gestión alguna.

4. Recompensas por denunciar actos de corrupción. El mecanismo que se propone en la Ley 3de3 Plus es que si el ciudadano denuncia a un corrupto, se quedará con 10 por ciento de lo recuperado. Se ha cuestionado que este mecanismo estimularía una 'cacería de brujas'. Sin embargo, en palabras de José Roldán Xopa, se deberán aportar pruebas relevantes para acreditar la responsabilidad y que primero se recupere el dinero o los bienes frutos del acto denunciado. Ya no basta que el combate sea desde instituciones del Estado; se necesita la cooperación interesada de la sociedad. Claro, debe cuidarse que haya debido proceso, cosa juzgada y ejecución.

5. Declaración pública 3de3. Aunque el movimiento ciudadano de la reforma anticorrupción lleva este nombre, es la parte menos sustantiva aunque más vistosa. Con todos los riesgos que implica, es un paso natural. Es evasiva porque fácilmente se pueden esconder propiedades; tiene visos de inconstitucionalidad por la parte del secreto fiscal (pero se puede cambiar el código en la materia) y no es el tema medular para combatir la corrupción, pero constituye un elemento simbólico muy relevante.

Los partidos y el gobierno tienen la oportunidad de dar un salto normativo de gran alcance. Reitero: las leyes son [sólo] una parte del motor para combatir eficazmente la corrupción, pero son un piso importante. Por eso no debe desaprovecharse la oportunidad histórica que hoy se presenta (600 mil firmas de respaldo). La corrupción es el mayor problema de impunidad de México y el que más ha dañado la confianza en las instituciones. Si no se inicia una ruta de combate con instrumentos legales y desde el mismo Estado, se corre el riesgo de que mañana se combata con ánimo justiciero y populista.