Luis Alfonzo Herrera señala que la actual situación de Venezuela se debe en parte a un largo consenso entre los partidos políticos más importantes acerca del socialismo.
que se deben respetar las libertades económicas y el derecho de propiedad, que hay que revisar los controles, que el Estado no puede seguir teniendo el dominio político que actualmente tiene sobre todos los bienes de producción, que hay que generar seguridad jurídica así como confianza para atraer las inversiones, restablecer el Estado de Derecho (que hayan tribunales independientes, leyes ciertas, etc.) y adoptar políticas que fomenten actividades hoy día paralizadas.
Todo lo anterior está muy bien, el único detalle es que ejecutar esas acciones (a las que habría que sumar la obligatoria reparación justa a las miles de víctimas de violaciones a la propiedad privada derivada de la política de Estado) implica no hacer en economía lo que sí han hecho todos los gobiernos de este país, entre 1976 y 2016 (con la excepción de los primeros años del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez), y al mismo tiempo hacer lo que esos gobiernos, todos en mayor o menor medida socialistas (en efecto, AD, Copei y el Psuv son por igual partidos socialistas), estatistas, populistas y mercantilistas, nunca quisieron o se atrevieron a hacer.
En pocas palabras, lo anterior supone echar atrás, con la más absoluta transparencia, responsabilidad y prudencia ante todos los sectores del país, al Estado paternalista, intervencionista y corrupto, muy cercano a la planificación central de los socialismos reales, y en su lugar erigir un Estado fuerte (eficaz) pero limitado (sin posibilidad alguna de dirigir la economía), regido por las instituciones de la economía social de mercado, por ejemplo, o algún otro sistema de economía libre, esto es, una en que sean las empresas privadas, los derechos de propiedad privada y la competencia, los pilares centrales (que no los únicos, pues las leyes y regulaciones serán necesarias) del libre desarrollo de las personas y la producción de riqueza (es decir, de bienes y servicios).
Pero existe un gran problema: la mentalidad anticapitalista que predomina en los grupos de interés que no quieren que esa tradición fracasada termine (en partidos políticos, empresas, universidades, medios de comunicación, Administración Pública, sindicatos, etc.) pues gracias a ella tienen muchos privilegios mal habidos, y que ellos con habilidad han difundido entre millones de venezolanos que, por falta de conocimiento y necesidad de sobrevivir, consideran que la alternativa al estatismo del Petroestado venezolano es algo así como la dictadura económica de los ricos, llamados ”los amos del Valle”.
Contra esa mentalidad, que expresa una creencia en contra de la libertad, del desarrollo, de la inclusión y la igualdad ante la ley, es necesario actuar desde ya, aún más al tomar en cuenta lo que Luis José Oropeza ha expresado en un libro tan revelador como oportuno: “Fue así como durante medio siglo, estas ideas fueron afianzándose en los círculos de las principales organizaciones políticas venezolanas. Acción Democrática, en sus derivaciones más influyentes, y URD, su contrincante en los mismos predios ideológicos, juntos y sin ocultarlo, patrocinaban vínculos con el dirigismo económico en sus propuestas doctrinarias asociadas a un nacionalismo abiertamente antiimperialista y extraño a todo orden económico identificado con la libre empresa y la discrecional actuación de los mercados. Incluso, el partido Copei, conservador en sus orígenes, se fue tiñendo de estatizantes coloraciones ideológicas…” (Oropeza, Luis José, Venezuela: fábula de una riqueza. El valle sin amos. Caracas: Artesano Editores y CEDICE-Libertad, 2014, p. 180).
Un primer paso tal vez sea el no usar la muy marxista palabra “capitalismo”, y en su lugar hablar de sistema de economía libre, de economía basada en la propiedad privada o en la economía social de mercado, como ya se indicó, y mostrar ejemplos a las personas de cómo hay prosperidad y desarrollo en los países en que la economía es abierta y los gobiernos no pueden actuar como señores de ella, sino sólo como árbitros que fijan reglas imparciales y supervisan su efectivo cumplimiento.
Pero son muchas otras las acciones a llevar a cabo para cambiar esas creencias equivocadas entre los venezolanos, ya que, salvo excepciones, los partidos políticos, las universidades, la Iglesia, los intelectuales, los empresarios y no pocos medios de comunicación, por décadas han promovido en muchos sectores del país, entre ellos en los jóvenes, ideas absurdas, alejadas de toda evidencia económica, que han expulsado a Venezuela de la senda del desarrollo en libertad.
De allí la pertinencia de citar una vez más a Oropeza: “La inclinación reñida con todo vínculo de aproximación al capitalismo es una creencia hondamente arraigada en la conciencia colectiva del venezolano. El tintineo de las prédicas del marxismo, la penetración y postración sumisa de un rudimentario concierto de empresarios siempre dúctiles a los intereses de la barbarie caudillesca, el rechazo anticipado a toda reflexión o iniciativa por más lúcida que parezca —pues siempre se le imputa tener su fragua y sus orígenes en las pervertidas academias del imperio— las lecturas escogidas en nuestros cuerpos de enseñanza para la juventud –orientadas siempre hacia el derrotero del pensamiento único–, todo, absolutamente todo conduce a pensar que la gestión del orden privado de la producción y la economía debía ser marginada o, en todo caso, erradicar para siempre su concurso de los comandos vitales de la vida nacional” (p. 187). Los cambios que deben aplicarse son conocidos, de modo que la pregunta más bien sería: ¿estamos dispuestos a apoyarlos y ejecutarlos?
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