Por Robert HiggsVirtualmente, cada acción del gobierno altera la distribución del ingreso personal, pero algunos programas gubernamentales, que otorgan dinero, bienes, o servicios a individuos que no dan nada a cambio, representan la redistribución del ingreso en su forma más cruda.
Hasta el siglo veinte, los gobiernos estadounidenses evitaron claramente tales “pagos de transferencias”. El gobierno nacional otorgaba pensiones y concesiones de tierra a los veteranos, y los gobiernos locales proveían de alimento y refugio al indigente. Pero las transferencias a los veteranos podían ser vistas como pagos diferidos por la prestación de servicios militares, y la ayuda local nunca ascendió a mucho.
Desde la creación del sistema de la Seguridad Social en 1935, y especialmente durante los últimos 30 años, la cuantía de ingreso abiertamente transferida por los gobiernos se ha incrementado dramáticamente. En 1960 los pagos de transferencias gubernamentales a individuos ascendían a 29 mil millones de dólares, o al 7 por ciento de los ingresos personales. En 1993 el total llegó a 912 mil millones de dólares, o a casi el 17 por ciento del ingreso personal.1 Es decir, un dólar de cada seis recibidos como ingresos personales toman en la actualidad la forma de beneficios por vejez, pensiones por supervivencia, discapacidad, y seguro médico ($438 mil millones), beneficios del subsidio por desempleo ($34 mil millones), beneficios de los veteranos ($20 mil millones), beneficios de retiro de los empleados del gobierno ($115 mil millones), ayuda a las familias con niños dependientes ($24 mil millones), y una miscelánea de otros pagos de transferencias gubernamentales ($280 mil millones) tales como los subsidios federales a los granjeros y la asistencia pública estadual y municipal a las personas pobres.
Mito versus Realidad
Es tentador pensar respecto de las transferencias gubernamentales de un modo simple: una persona, el contribuyente T, pierde cierta cantidad de dinero; otra persona, el beneficiario R, gana la misma cantidad; y todo lo demás permanece igual. Cuando la gente observa a la redistribución de ingresos de este modo, tiende a efectuar un juicio sobre la deseabilidad de la transferencia considerando simplemente si es T o R quien más la merece. Comúnmente, en especial cuando la cuestión es discutida en los medios noticiosos o por los políticos de la izquierda-liberal, R es retratado como un representante de los pobres y como un oprimido y T como un individuo rico o como una gran corporación. Los opositores a las transferencias, aparecen entonces como insensibles y carentes de compasión por el menos afortunado.
De hecho, una abrumadora porción—más del 85 por ciento—de todos los pagos de transferencias gubernamentales no está sujeta a verificación, es decir que no está reservada para beneficiarios de bajos ingresos.2 La mayor parte va a los ancianos bajo la forma de pensiones y beneficios del Medicare (atención de la salud), y cualquier persona de más de 65 años de edad, tanto ricos como pobres, pueden recibir estos beneficios. En la actualidad, las personas de más de 65 años poseen el ingreso más alto por persona y la mayor riqueza por persona que cualquier otra categoría de edad en los Estados Unidos. Los pagos de transferencias federales a los granjeros presentan un caso aún más extremo de dádivas para aquellos que ya son relativamente pudientes. En 1989, por ejemplo, el gobierno federal pagó cerca de 15 mil millones de dólares a los granjeros en subsidios directos a la cosecha, y el 67 por ciento del dinero fue a los dueños del 17 por ciento de las granjas más grandes—en muchos casos, los pagos a los granjeros son literalmente bienestar para millonarios.3 Es simplemente un engaño pensar que, como regla, el gobierno está quitándoles a los ricos para beneficiar a los pobres. Incluso personas que creen en la rectitud de la redistribución al estilo Robin Hood deberían estar preocupadas por el verdadero carácter de la redistribución que está siendo realizada hoy día por los gobiernos en los Estados Unidos.
Pero además de los preocupantes cuestionamientos morales planteados por la redistribución, la cuestión es mucho más complicada de lo que comúnmente se la considera. Más allá del hecho desnudo de que T paga impuestos al gobierno y el gobierno le otorga bienes, servicios, o dinero a R, por lo menos otras 19 consecuencias tienen lugar cuando el gobierno redistribuye el ingreso.
Consecuencias Olvidadas
1. Los impuestos con el propósito de redistribuir ingresos desalientan a los contribuyentes a generar ingresos imponibles o a elevar el valor de la propiedad imponible mediante la inversión. Los individuos que saben que van a perder parte de sus ganancias, responden al saldo personal alterado. Consecuentemente, producen menos bienes y servicios y acumulan menos riqueza que la que de otra manera hubiesen generado. Por lo tanto, la sociedad es más pobre, tanto ahora como más adelante.
2. Los pagos de transferencias desalientan a los beneficiarios a generar ingresos en el presente y a invertir en su potencial para generar ingresos futuros. Los individuos responden al reducido costo de la ociosidad, escogiendo estar inactivos más a menudo. Cuando pueden obtener su actual ingreso sin ganárselo, realizan menos esfuerzo para generar ingresos. Cuando esperan obtener ingresos futuros sin ganárselos, invierten menos en educación, entrenamiento, experiencia laboral, salud personal, migración y otras formas de capital humano que realcen su potencial para generar ingresos en el futuro. Por lo tanto la sociedad es aún más pobre, tanto en la actualidad como más adelante, que lo que hubiese sido, simplemente porque los impuestos desalientan la producción y la inversión actuales por parte de los contribuyentes que financian las transferencias.
3. Los beneficiarios de las transferencias tienden a volverse menos independientes y más subordinados a los pagos del gobierno. Cuando la gente puede obtener ayuda sin ejercitar sus propias capacidades de descubrir y de responder a las oportunidades para generar ingresos, esas capacidades se atrofian. La gente se olvida—o sencillamente nunca aprende—de cómo asistirse, y algunos de ellos eventualmente aceptan simplemente su desamparo. No es casualidad alguna que tanto la privación material como la lasitud caractericen a los individuos acostumbrados a vivir de pagos tales como los provenientes de la Ayuda a Familias con Niños Dependientes (AFDC su sigla en inglés).
4. Los beneficiarios de las transferencias establecen un mal ejemplo para otros, incluyendo sus hijos, familiares, y amigos, quienes ven como uno puede recibir bienes, servicios, o dinero del gobierno sin ganárselos. Los espectadores adoptan fácilmente la actitud de que ellos también, tienen derecho a tales transferencias. Tienen menos ejemplos de gente trabajadora e independiente en sus familias o vecindarios. Por lo tanto, una cultura de la dependencia en las transferencias gubernamentales puede tornarse dominante cuando mucha gente en una vecindad reposa en las mismas para lo esencial de la vida o—allí donde los beneficiarios se encuentran aventajados—sus comodidades.
5. Debido a que algunas transferencias son más generosas que otras, algunas clases de beneficiarios comienzan a resentir la “injusticia” de la distribución de la generosidad. Por lo tanto, surgen los conflictos políticos. Los representantes de los grupos descontentos politizan la determinación de las sumas que serán transferirán y se involucran en una persuasión continua para incrementar ciertas clases de transferencias, a expensas de otros si es necesario. Nótense, por ejemplo, las incesantes actividades de la Asociación Estadounidense de Personas Jubiladas, quizás el grupo de presión más poderoso en Washington, esforzándose por aumentar las pensiones y los beneficios del Medicare a la vejez, o la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, buscando incrementar las transferencias que benefician en particular a los negros. Tales maniobras políticas generan y exacerban los conflictos entre los grupos definidos por su elegibilidad para recibir tipos particulares de transferencias: los viejos contra los jóvenes, los negros contra los blancos, los del campo contra los de la ciudad, los propietarios contra los inquilinos, y así sucesivamente sin un límite visible. La sociedad se torna más conflictiva.
6. Así como los beneficiarios se involucran en una guerra fratricida, lo mismo hacen los contribuyentes, quienes resienten las desproporcionadas cargas para el financiamiento de las transferencias. Por ejemplo, la gente joven aprende ahora que sus impuestos de la Seguridad Social están yendo directamente a los bolsillos de los jubilados, quienes como grupo, se encuentran mejor. Los contribuyentes jóvenes también aprenden que ellos nunca recuperarán probablemente sus propias contribuciones, a diferencia de los ancianos actuales, que han realizado una tasa efectiva de retorno sobre sus contribuciones extraordinariamente alta. (Actualmente la pareja casada promedio, recupera todo lo pagado, con intereses, en poco más de cuatro años.)4 Los contribuyentes negros a la Seguridad Social aprenden que, debido a que su esperanza de vida es más baja, no pueden esperar recibir tanto ingreso de retiro como puede esperar una persona blanca promedio. Los contribuyentes que se consideran desproporcionadamente grabados desarrollan un resentimiento a su explotación por parte del sistema de impuestos-y-transferencias. Por lo tanto, otorgan más apoyo a los políticos que prometen defender sus bolsos de los merodeadores legislativos, y se esfuerzan más duramente por evitar o por evadir los impuestos.
7. Como resultado de las dos consecuencias precedentes, la sociedad entera crece más dividida y agresiva. Cada vez menos la sociedad constituye una comunidad genuina. En cambio, se vuelve balcanizada en subgrupos belicosos viéndose los unos a los otros como opresores y oprimidos. La gente pierde su sentido de pertenencia a una comunidad política común con intereses colectivos y responsabilidades conjuntas. En su lugar, los ciudadanos compatriotas se ven los unos a los otros ya sea como víctimas o “mantenidos” y sienten hostilidad personal hacia aquellos que aparecen como los ganadores netos del sistema. Algunos llegan realmente a odiar a los percibidos como “mantenidos”. Atestigüe la palpable hostilidad que se presenta cuando los compradores que abonan en efectivo aguardan en la fila de la caja en la tienda de comestibles mientras alguien utiliza estampillas de alimentos para hacer compras.
8. Entre los beneficiarios de las transferencias, las instituciones del esfuerzo personal languidecen. En los días de antaño, la carga de cuidar por el menos afortunado fuera de la familia era sobrellevada principalmente por los amigos y los vecinos actuando en conjunto a través de las iglesias, logias, uniones, clubes, y otras asociaciones voluntarias. Cuando los individuos pueden recibir asistencia directamente del gobierno, las asociaciones privadas competentes tienden a marchitarse y eventualmente mueren—al menos sus funciones como instituciones de ayuda desaparecen. Una vez que desaparecieron, la gente que precisa ayuda no tiene a donde acudir a excepción del gobierno, lo cual es desafortunado de muchas maneras, debido a que lo que el gobierno hace no es realmente lo mismo. Ni es tan eficaz, especialmente en el largo plazo, cuando las asociaciones privadas tienen un éxito mucho mayor en cerciorarse de que los individuos que recuperan sus capacidades reasuman entonces el cuidado de sí mismos.
Un observador puntualizó eso en las postrimerías del gran terremoto de Los Angeles, “Miles de individuos desesperados y atomizados no hicieron otra cosa que esperar por un salvador centralizado, el gobierno federal. Los Estados Unidos han sido disminuidos por un sistema de compasión compulsiva que simplemente desea apartar del camino a las verdaderas comunidades de modo tal que el altruismo pueda ser dejado a los expertos”.5
9. A medida que las instituciones del esfuerzo personal se desvanecen entre los necesitados, también lo hacen las instituciones de caridad entre los que se encuentran en mejores condiciones. Cuando las agencias gubernamentales se encuentran listas para atender cada problema concebible en la sociedad, los individuos cuyas sensibilidades los inclinan a ayudar al menos afortunado poseen menos incentivos para organizarse y hacerlo. Es fácil decir, “Pago mis impuestos, y un montón de ellos. Dejemos que el gobierno se ocupe del problema”. Si uno contribuye caritativamente, es como si uno estuviese pagando dos veces para alcanzar el mismo objetivo. Por lo tanto, las transferencias del gobierno desplazan a las transferencias privadas. La coacción, en la forma del sistema fiscal, desplaza a la provisión voluntaria de la asistencia, y las instituciones de la caridad privada decrecen.
10. A medida que los ciudadanos abandonan su participación en las instituciones caritativas y de ayuda, dejando el gobierno asumir el control, se vuelven menos autónomos y aceptan más toda clase de actividades gubernamentales. Por lo tanto, cuando alguien propone que el gobierno emprenda una función previamente realizada en forma exclusiva dentro de la esfera privada, la gente no se estremece; ni siquiera es muy desconfiada acerca de la capacidad del gobierno para llevar a cabo la tarea. Después de todo, los gobiernos realizan en la actualidad toda clase de cosas, desde socializar a los pre-escolares hasta alimentar a los pobres y asegurarles los gastos médicos a los ancianos. Por ende, ¿qué ocurre si el gobierno asume otra responsabilidad? Lo que fue una vez una sospecha prevaleciente sobre la ampliación del gobierno se convierte en una resignación a, o una aceptación de, su continua expansión en nuevas áreas.
En el siglo diecinueve, los opositores a los nuevos programas gubernamentales propuestos hubiesen comúnmente protestado diciendo: “El gobierno no tiene nada que hacer en eso”. Hoy en día, raramente oímos a alguien oponerse a una iniciativa del gobierno en estos términos. Sostener que existe una esfera privada en la cual el gobierno nunca debe entrometerse se ha convertido en una especie de pensamiento casi extinto a medida que los gobiernos han desparramado sus programas y actividades, para no mencionar sus regulaciones de la vida “privada”, en casi cada ranura de la sociedad.
11. Por lo tanto, la gente no moviliza a la oposición política tan fácilmente cuando son propuestos los nuevos programas gubernamentales. Enfrentando menos oposición, aquellos que apoyan a los nuevos programas se encuentran más propensos a triunfar políticamente. Los nuevos programas gubernamentales proliferan más a prisa, contenidos en cierta medida por las limitaciones presupuestarias pero no mucho por fundamentales objeciones ideológicas. Según una encuesta reciente, realizada por Wall Street Journal/NBC, “cuando se les preguntó a los estadounidenses si las prebendas deberían ser recortadas para reducir el déficit, el 61% dijo que sí. Pero cuando se les preguntó si programas tales como los de la Seguridad Social, el Medicare, el Medicaid y los subsidios agropecuarios deberían ser recortados, el 66% dijo que no”.6 Evidentemente, la mayoría se resiste a pagar por los programas, pero no tiene ninguna objeción hacia los programas en sí mismos.
12. La redistribución implica algo más que T que paga y R que recibe. En el medio yace B, la burocracia que determina la elegibilidad, escribe los cheques, guarda los registros, y hace a menudo mucho más, a veces invadiendo las vidas personales de los clientes. Las burocracias intermediarias consumen vastos recursos de trabajo y capital, contabilizando gran parte del costo bruto del sistema de transferencia. Para que el gobierno transfiera un dólar a R, nunca es suficiente con tomar apenas un dólar de T. Además una “comisión” considerable debe ser pagada para apoyar a B. Desde una perspectiva de la sociedad, uno debe reconocer que el trabajo y el capital empleados por las burocracias no pueden ser utilizados para producir los bienes y servicios valorados por los consumidores. Una vez más, la sociedad es más pobre.
13. Una vez que un ente público es creado, su personal se convierte en un tenaz grupo de intereses políticos, bien posicionado para defender su presupuesto y para convertir en una causa a la ampliación de sus actividades. Después de todo, ¿quién conoce más sobre la imperiosa necesidad de aumentar el presupuesto y el personal de una dependencia pública que quienes llevan a cabo sus actividades? Los burócratas tienen un control inmediato de la información relevante y la ostensible maestría con respecto a cualquier problema que tratan. Por lo tanto, tienen potentes ventajas en el proceso político cuando intentan aumentar los recursos puestos bajo su control. Los expertos de la agencia atestiguarán que los extraños “no saben cuán serio es el problema”.
Un ente público constituye a menudo uno de los lados de un “triángulo de hierro” político, junto con los grupos organizados de clientes que forman al segundo lado y los comités del Congreso con jurisdicción legislativa que integran el tercer lado. Cuando el ente se vuelve políticamente embebido de esta manera, como la mayoría lo hace, su empobrecimiento de la sociedad puede continuar indefinidamente sin un serio desafío político.
14. Los contribuyentes no simplemente sueltan el dinero para financiar las transferencias sin resistencia. Muchos de ellos dedican tiempo, esfuerzo y dinero para reducir al mínimo su responsabilidad legal tributaria o para evadir impuestos. Compran libros y software. Emplean a consejeros financieros, abogados, y contadores. De vez en cuando organizan movimientos políticos para hacer campaña por una disminución de impuestos al estilo de la Proposición 13 de California. Todo el trabajo y capital empleados en conexión con la resistencia al impuesto son inasequibles para producir los bienes y servicios valorados por los consumidores. La sociedad se encuentra más pobre, y seguirá siendo más pobre mientras la gente continúe dedicando recursos a la resistencia al impuesto. (Sin embargo, en la medida en que la resistencia al impuesto tenga éxito en volver a las alícuotas impositivas más bajas de lo que hubiesen sido de otra manera, dicha resistencia promueve una mayor creación de riqueza en el largo plazo).
15. Al final, muchos ciudadanos pagarán impuestos para financiar las transferencias. Incluso si nadie intenta resistirse a los impuestos ni altera su comportamiento al proveer trabajo y capital, el costo para los contribuyentes será más de un dólar por cada dólar tomado por el gobierno, debido a que es costoso tan siquiera cumplir con las leyes tributarias. Los contribuyentes deben guardar registros, investigar las reglamentaciones impositivas, completar formularios, y todo lo demás. Estas actividades insumen tiempo y esfuerzo, los cuales son detraídos de valiosas aplicaciones alternativas. Muchos individuos, aunque no piensen en nada más que en cumplir plenamente con la ley, contratarán el asesoramiento especializado de contadores y de preparadores de impuestos—las reglamentaciones impositivas son tan complicadas que los meros mortales no pueden hacerles frente. La utilización de recursos para cumplir con las leyes tributarias vuelve más pobre a la sociedad.
De acuerdo con un estudio efectuado por James L. Payne, tan solo el costo del cumplimiento privado de los contribuyentes más el costo presupuestario y de aplicación del Servicio de Rentas Internas (IRS es su sigla en inglés) añaden 270.000.000 de dólares a la cuenta por cada mil millones dólares de gastos por parte del gobierno federal.7
16. Del mismo modo que los contribuyentes no se someten pasivamente a ser gravados, los beneficiarios y los potenciales beneficiarios de las transferencias no se sientan tranquilamente a esperar que su nave arribe. Ellos también actúan políticamente. Forman organizaciones, asisten a reuniones, emplean publicistas y cabilderos, y hacen campaña en favor de aquellos candidatos políticos que apoyan sus objetivos. Todo el trabajo y el capital empleados en actividades de búsqueda de transferencias son inasequibles para producir los bienes y servicios valorados por los consumidores. La sociedad es más pobre y seguirá siendo más pobre mientras la gente continúe dedicando recursos a procurar las transferencias.
17. Así como los contribuyentes deben emplear recursos para cumplir con las leyes impositivas, del mismo modo los beneficiarios de las transferencias deben emplear recursos para establecer y para mantener su elegibilidad para recibir las mismas. Por ejemplo, los beneficiarios de los beneficios del subsidio por desempleo deben visitar al departamento de seguridad en el empleo y aguardar en largas filas para certificar que efectivamente se encuentran desempleados. A veces, deben ir de lugar en lugar solicitando trabajos, que pueden no tener ninguna intención de aceptar, a efectos de demostrar que se encuentran “buscando empleo”. Los beneficiarios de los beneficios del subsidio por invalidez deben visitar a médicos y otros profesionales de la salud para obtener la certificación de que realmente son discapacitados. En cada caso, más recursos son malgastados, y la sociedad es así mucho más pobre.
18. Al adoptar programas para redistribuir cantidades substanciales de los ingresos, una nación garantiza que su gobierno se tornará más poderoso e invasivo en otros aspectos. Debido a que el propio gobierno es el grupo de interés más amenazante en la sociedad, nada bueno puede resultar de este desarrollo, y mucho mal puede provenir del mismo.
Como James Madison lo remarcaba hace ya más de dos siglos atrás, “una interferencia legislativa no es más que el primer eslabón de una larga cadena de repeticiones, siendo cada interferencia subsiguiente naturalmente generada por los efectos de la precedente”.8 Cuando el gobierno creó el Medicare y el Medicaid en 1965, por ejemplo, puso en marcha un tren de acontecimientos que condujo inexorablemente a la “crisis” subsiguiente de los aumentos en los costos del cuidado de la salud y en consecuencia al gobierno más grande, el que ahora se encuentra siendo forjado por los esfuerzos del Congreso de ocuparse de esta crisis artificial.
19. Crear un gobierno más poderoso y más invasivo significa que las libertades de los ciudadanos serán disminuidas. Los derechos previamente disfrutados serán dejados de lado. Durante mucho tiempo, los ciudadanos estadounidenses gozaron de extensos derechos en el sentido negativo—derechos a no ser molestados por los gobiernos u otros individuos mientras desarrollaban sus vidas. Todos los individuos podían gozar de tales derechos simultáneamente. Con el crecimiento de la sociedad de la transferencia, los ciudadanos estadounidenses han gravitado lejos de los derechos negativos hacia los derechos positivos, también conocidos como derechos al bienestar, los cuales son en efecto demandas sobre los recursos de otros individuos. El derecho al bienestar de una persona genera la correspondiente obligación de otro individuo de proporcionar los recursos necesarios para satisfacer la demanda. A medida que tales derechos han crecido, por lo tanto, las libertades en el sentido de los derechos negativos han disminuido necesariamente.
Culminación
Irónicamente, en la sociedad de la transferencia total y completa, donde los gobiernos se ocupan de redistribuir los ingresos por medio de cientos de programas diferentes, difícilmente alguien se encuentre en una posición mejor como consecuencia de ello. Aquellos que obtienen algo de valor del sistema, frecuentemente sacrifican aún más en impuestos. Además, debido a que muchas de las consecuencias de la redistribución gubernamental de los ingresos comparten el aspecto común de empobrecer a la sociedad, aún aquellos que consiguen una rebanada más grande que la que entregan, la están cortando de un pastel más pequeño. Solamente la clase gobernante—aquellos que constituyen el gobierno—pueden esperar ciertamente ganar, a medida que cada nuevo programa agranda el número de puestos públicos y el presupuesto de la burocracia.
En la sociedad de la transferencia, el público en general no sólo es más pobre sino que está menos satisfecho, es menos autónomo, más rencoroso, y más politizado. Los individuos por lo general participan menos en actividades voluntarias de la comunidad y más a menudo en beligerantes contiendas políticas. Las comunidades genuinas no pueden respirar en la atmósfera enrarecida de la política redistribucionista. Fundamentalmente, la sociedad que le permite a su gobierno redistribuir los ingresos a gran escala, sacrifica necesariamente gran parte de su libertad.
Finalmente, uno debe reconocer que, a pesar de que es vista como la institucionalización de la compasión, la sociedad de la transferencia destruye a la genuina virtud. La redistribución del ingreso mediante la coerción gubernamental es una forma de robo. Sus partidarios procuran disfrazar su carácter esencial sosteniendo que los procedimientos democráticos le otorgan legitimidad, pero esta justificación es falaz. El robo es robo ya sea si es llevado a cabo por un ladrón o por 100 millones de ladrones actuando de común acuerdo. Y es imposible cimentar a una buena sociedad sobre la base de la institucionalización del robo.
