Negociar la ley

Macario Schettino dice que América Latina es un continente que no vivió la modernización y que aún a muchos países dentro de la región, como a México, les cuesta establecer el Imperio de la Ley.

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Macario Schettino es profesor de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de México y colaborador editorial y financiero de El Universal (México).

Para los que tenían dudas, el asunto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca es muy ilustrativo. Frente a un grupo que bloquea autopistas y refinerías, hay un grupo no menor de personas que pide una mesa de negociación y diálogo. Argumentan que el diálogo es la base de la democracia y que quien se niega a ello, por lo mismo, no es demócrata. Me imagino que si entramos al detalle en la discusión, acabarán aceptando que las leyes, o las reglas en general, no son un tema de la democracia sino de la república, y que se puede ser demócrata sin ser republicano, como lo han sido, sigo imaginando, del otro lado de la Cortina de Hierro, o en Cuba o Venezuela. A lo mejor encuentran algún otro ejemplo.



Permítame regresar a mi interpretación de lo que nos ocurre. Somos un continente, América Latina, que no vivió la modernización. Como parte del Imperio Español, fuimos enemigos de la Reforma Protestante y de la revolución de los Países Bajos en el siglo XVI, los padres de la modernidad. Para el siglo XIX, cuando Napoleón diseminó las ideas de la Revolución Francesa (libertad, igualdad, fraternidad) por toda Europa, nosotros mejor nos independizamos para evitar que esas ideas exóticas llegaran por acá. Las élites que independizaron América Latina cosecharon su esfuerzo a partir de 1870, cuando la primera globalización produjo el enriquecimiento de Europa, y de las élites latinoamericanas, y de nadie más. De ahí nos viene ser el continente más desigual del mundo, todavía hoy.
Esas élites promovieron un pensamiento conservador, que tuvo en José Enrique Rodó a uno de sus principales promotores. En su “Ariel”, publicado al inicio del siglo XX, ponía a América Latina como el último baluarte de la cultura tradicional, grecorromana y cristiana, frente al bárbaro anglosajón. De ese conservadurismo abrevaron los extremos latinoamericanos, ambos populistas: el izquierdismo de Cárdenas, el derechismo de Perón.
Precisamente por no salir de esa visión premoderna, el tema de la ley se nos complica tanto. A unos más que a otros, como siempre. Las naciones en las que menos existió el Imperio Español pudieron construir un sistema de gobierno conservador, pero respetuoso de la ley (Argentina, Chile, Uruguay). En donde más pesó España, no hemos podido establecer el imperio de la ley. Menos en México, en donde el régimen de la Revolución hizo de la ilegalidad una virtud: la negociación.
Me parece que muchas personas no entienden que el origen de la corrupción es el mismo que el del populismo, que detrás de la negociación por un trámite, un contrato, o un puesto público, está exactamente el mismo proceso que detrás del diálogo con los inconformes. Que hace el mismo daño a la sociedad un gobernante abusivo como Duarte, en Veracruz, o Borge, en Quintana Roo, forzando la ley para esconder sus trapacerías, que un movimiento como la CNTE, en Oaxaca, forzándola para mantener sus prebendas.
La dificultad de entender que se trata del mismo fenómeno, con caras diferentes, refleja la incapacidad de ver cómo los enemigos del liberalismo, desde el siglo XVIII, han sido responsables de las peores matanzas, y de los peores resultados económicos. Igual de antiliberales fueron los nacionalistas de derecha (Hitler, Mussolini, Franco) que los comunistas (Stalin, Mao, Pol Pot). El mismo daño económico causaron en América Latina populistas de derecha, como Perón, que de izquierda, como Echeverría. La misma tragedia hermana a Fidel Castro y a Augusto Pinochet.
Pero, en la retórica medieval, argumentamos que hay unos que tienen razón, y otros no. Que hay guerras justas y que la justicia es más importante que la ley. En eso estamos

Negociar la ley

Macario Schettino dice que América Latina es un continente que no vivió la modernización y que aún a muchos países dentro de la región, como a México, les cuesta establecer el Imperio de la Ley.

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Macario Schettino es profesor de la División de Humanidades y Ciencias Sociales del Tecnológico de Monterrey, en la ciudad de México y colaborador editorial y financiero de El Universal (México).

Para los que tenían dudas, el asunto de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en Oaxaca es muy ilustrativo. Frente a un grupo que bloquea autopistas y refinerías, hay un grupo no menor de personas que pide una mesa de negociación y diálogo. Argumentan que el diálogo es la base de la democracia y que quien se niega a ello, por lo mismo, no es demócrata. Me imagino que si entramos al detalle en la discusión, acabarán aceptando que las leyes, o las reglas en general, no son un tema de la democracia sino de la república, y que se puede ser demócrata sin ser republicano, como lo han sido, sigo imaginando, del otro lado de la Cortina de Hierro, o en Cuba o Venezuela. A lo mejor encuentran algún otro ejemplo.

México comparado

Luis Rubio 

Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México. Fue miembro del Consejo de The Mexico Equity and Income Fund y del The Central European Value Fund, Inc., de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Comisión Trilateral. Escribe una columna semanal en Reforma y es frecuente editorialista en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Los Angeles Times. En 1993, recibió el Premio Dag Hammarksjold, y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo.

El mundo antes funcionaba de manera vertical porque todo estaba concentrado: la información, el control de las fábricas, las relaciones sindicales. Las decisiones se concentraban y la sociedad sabía lo que las estructuras del poder permitían. El mundo de hoy es cada vez más horizontal, donde la información tiene una multiplicidad de fuentes (que son autónomas, como las redes sociales, y se retroalimentan); en la economía se agrega valor en puntos del proceso sobre el que ninguna autoridad centralizada tiene control; y los sindicatos han perdido capacidad de controlar hacia abajo y vender el servicio hacia arriba. Esto que ocurre en los ámbitos públicos no es distinto a lo que se observa en las escuelas, las familias y los gobiernos. El monopolio del poder desapareció, o al menos se debilitó dramáticamente, porque es incompatible con una economía moderna y una sociedad con capacidades para desarrollarse.



El fenómeno es mundial y nadie puede quedar exento, excepto si opta por empobrecerse al abstraerse del mundo exterior, como ocurre con algunos sistemas ermitaños. Aunque, por supuesto, cada país tiene características propias que emanan de su historia y circunstancias, muchos de nuestros retos no son, al menos en concepto, radicalmente a los de otras naciones.

La dinámica político-económica de México y China es radicalmente distinta, pero el desafío es sumamente parecido.

Lo que sigue es una evaluación de China* que podría parecer absolutamente mexicana:
·       “Los regímenes autoritarios contemporáneos que carecen de legitimidad derivada de un proceso político competitivo tienen esencialmente tres medios para mantenerse en el poder. Uno es el soborno de sus poblaciones por medio de beneficios materiales; el segundo es la represión a través de violencia y el miedo. El tercero consiste en apelar a sus sentimientos nacionalistas. [El gobierno] ha empleado los tres instrumentos, pero ha dependido principalmente de los resultados económicos y ha recurrido a la represión (selectiva) y el nacionalismo sólo como un medio secundario.”
·       “Las autocracias, que se han visto obligadas a realizar un pacto faustiano con el diablo para mantener su legitimidad con base en su desempeño, están destinadas a perder la apuesta porque los cambios socioeconómicos resultantes del crecimiento económico fortalecen las capacidades autónomas de las fuerzas sociales de base urbana, como son los empresarios, intelectuales, profesionales, creyentes religiosos, y los trabajadores ordinarios, todo esto a través de mayores niveles más altos de alfabetización, mayor acceso a la información, acumulación de riqueza privada, y una mejor capacidad para organizar la acciones colectivas.”
·       “Si las dificultades económicas de largo plazo fuesen puramente estructurales, las perspectivas del país no serían necesariamente graves. Un conjunto de reformas eficaces podría asignar recursos de manera más eficiente para hacer la economía más productiva.”
·       “Sin duda alguna, las reformas económicas de las últimas décadas han cambiado radicalmente al país. Sin embargo, el [sistema] aún preserva sus instintos e instituciones depredadoras.”
·       “El rechazo a cualquier límite significativo al poder del [gobierno] implica, en términos prácticos, que [el país] no puede desarrollar instituciones judiciales verdaderamente independientes o agencias reguladoras capaces de hacer cumplir las leyes y las normas.”
·       “En tanto [el partido y el gobierno] se mantengan por encima de la ley, es imposible implementar reformas económicas”.
·       “Lo que mantiene atorado a la economía no es su dinámico sector privado sino las ineficientes empresas estatales, que continúan recibiendo subsidios y desperdician un escaso capital.”
·       “Una serie de reformas económicas genuinas y completas, si realmente fuesen adoptadas, amenazarían los cimientos del sistema prevaleciente.”
·       “La preservación de instituciones depredadoras y extractivas impide que funcionen las reformas económicas radicales… haciendo imposible la construcción de una economía genuina de mercado sustentada en el Estado de derecho.”
·       “Ahora que termina la era de rápido crecimiento producto de reformas parciales, así como de factores o eventos excepcionales, lograr un crecimiento sostenido requerirá una revisión radical de sus instituciones económicas y políticas con el fin de lograr una mayor eficiencia. Pero dar un paso de esta naturaleza sería fatal para [el sistema] porque destruiría las bases económicas de su poder; así, es difícil imaginar que [el sistema] de hecho cometiera suicidio económico y, por lo tanto, político.”
·       “Quienes no sean persuadidos por este razonamiento deberían contar el número de dictaduras en la historia que voluntariamente cedieron sus privilegios y el control de la economía con el fin de garantizar la prosperidad del país en el largo plazo.”
·       “La fuente más importante de cambio en los regímenes autoritarios es el colapso de la unidad de las élites gobernantes… Esto ocurre principalmente por la intensificación del conflicto dentro de las élites respecto a la mejor estrategia de supervivencia y distribución del poder y régimen clientelar… La experiencia de las transiciones democráticas desde los 70 muestra que el asunto más polémico que enfrentan las élites es cómo responder al reclamo de cambio político por parte de las fuerzas sociales: recurrir a la represión para apaciguar a esas fuerzas a través de una escalada violenta o recurrir a la liberalización para darles cabida.”
La dinámica político-económica de México y China es radicalmente distinta, pero el desafío es sumamente parecido.

México comparado

Luis Rubio 

Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México. Fue miembro del Consejo de The Mexico Equity and Income Fund y del The Central European Value Fund, Inc., de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Comisión Trilateral. Escribe una columna semanal en Reforma y es frecuente editorialista en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Los Angeles Times. En 1993, recibió el Premio Dag Hammarksjold, y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo.

El mundo antes funcionaba de manera vertical porque todo estaba concentrado: la información, el control de las fábricas, las relaciones sindicales. Las decisiones se concentraban y la sociedad sabía lo que las estructuras del poder permitían. El mundo de hoy es cada vez más horizontal, donde la información tiene una multiplicidad de fuentes (que son autónomas, como las redes sociales, y se retroalimentan); en la economía se agrega valor en puntos del proceso sobre el que ninguna autoridad centralizada tiene control; y los sindicatos han perdido capacidad de controlar hacia abajo y vender el servicio hacia arriba. Esto que ocurre en los ámbitos públicos no es distinto a lo que se observa en las escuelas, las familias y los gobiernos. El monopolio del poder desapareció, o al menos se debilitó dramáticamente, porque es incompatible con una economía moderna y una sociedad con capacidades para desarrollarse.

Inédito: Empresarios mexicanos salen a las calles contra corrupción

Exigieron un Sistema Anticorrupción completo, que realmente castigue y erradique la corrupción, y que transparente el manejo de los recursos públicos

“No es una lucha contra los políticos, es una lucha de los ciudadanos en contra de la corrupción”, dijeron los empresarios. (yucatan.com)

Por primera vez, los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) tomaron las escalinatas del Ángel de la Independencia para pronunciarse en contra de los corruptos y la impunidad que les caracteriza.
Gustavo de Hoyos, presidente la Coparmex, arropado por delegados de la cúpula empresarial, dirigió un mensaje en el que se manifestó en contra de lo aprobado por los senadores en la Ley 3de3.
“No más corruptos impunes en nuestro País. Hoy México es muy diferente al de hace décadas, nuestro país es más democrático. La sociedad cada vez juega un papel más activo”, subrayó.
Dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción es un logro de la sociedad mexicana, ya que fue respaldado por 634.143 ciudadanos, con nombre y apellido.



El líder empresarial reconoció a los senadores que sí asistieron a votar y lo hicieron respetando el espíritu original de las iniciativas.
El proceso legislativo sigue herido, dijo, porque algunos senadores pretenden pedir a los particulares que realicen sus declaraciones.
“Ahora pretenden pedir a los trabajadores y a las empresas de este País que hagan lo que ellos no están dispuestos a hacer con sus representados, luego de un largo año de no resolver la legislación de las siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción y de violar el plazo constitucional de último momento, pretenden modificar el espíritu ciudadano de esta iniciativa”, acusó.
De Hoyos subrayó que los empresarios no hubieran salido de sus centros de trabajo si las “ocurrencias de madrugada” de los senadores no pretendieran endosar a la sociedad responsabilidades que corresponden a quienes manejan recursos públicos.
Así exhortó a los diputados a que corrijan los errores de los senadores: “No queremos cacería de brujas ni persecuciones paralizantes, los empresarios tampoco pretendemos regímenes de excepción”, manifestó.

El líder patronal señaló que combatir la corrupción es la “lucha de luchas”, pues es el principal mal que aqueja a los mexicanos.
Empresarios del Valle de Toluca lamentaron también que el Senado votará con modificaciones la propuesta original la Ley 3de3.
El presidente de la Canaco en el Valle de Toluca, Marco Antonio González, expresó que al Senado le cuesta trabajo reencontrarse con la sociedad.

Tocará ahora a nuestros 500 representantes que están en la Cámara de Diputados tratar de corregir la tarea. Lo cierto es que sí hay un avance en el hecho de haber tomado la Ley 3de3, que es una iniciativa ciudadana, como la base para poder seguir avanzando en un tema que tanto lastima a los mexicanos, que es la corrupción.

“Estas partes que no quisieron tomar o modificaron, que tiene que ver básicamente con que todas las empresas proveedoras de los tres niveles de gobierno y sus empleados tengan que hacer su declaración. Ahí yo creo que en el pecado van a llevar la penitencia, quiero ver quién es el guapo que lo va a organizar, porque son miles y miles de trabajadores, porque la molestia que van a causar en los trabajadores ojalá no sean votos en contra para quienes lo hicieron”, afirmó.
Fuente: Proceso

Inédito: Empresarios mexicanos salen a las calles contra corrupción

Exigieron un Sistema Anticorrupción completo, que realmente castigue y erradique la corrupción, y que transparente el manejo de los recursos públicos

“No es una lucha contra los políticos, es una lucha de los ciudadanos en contra de la corrupción”, dijeron los empresarios. (yucatan.com)

Por primera vez, los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) tomaron las escalinatas del Ángel de la Independencia para pronunciarse en contra de los corruptos y la impunidad que les caracteriza.
Gustavo de Hoyos, presidente la Coparmex, arropado por delegados de la cúpula empresarial, dirigió un mensaje en el que se manifestó en contra de lo aprobado por los senadores en la Ley 3de3.
“No más corruptos impunes en nuestro País. Hoy México es muy diferente al de hace décadas, nuestro país es más democrático. La sociedad cada vez juega un papel más activo”, subrayó.
Dijo que el Sistema Nacional Anticorrupción es un logro de la sociedad mexicana, ya que fue respaldado por 634.143 ciudadanos, con nombre y apellido.

Gobierno de Peña Nieto registra 40% de desapariciones en México

De 2007 a la fecha se han documentado 23.605 casos de desapariciones en el país norteaméricano, la mayoría en los últimos tres años

Las desapariciones en México son un “problema estructural” del que, lejos de disminuir, “aumenta significativamente”. (Kaos en la red)

Cerca de 40% de los 23.605 casos de desapariciones documentadas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas, de 2007 a la fecha, corresponden a la actual administración federal de Enrique Peña Nieto, advirtió el dictamen de la Cámara de Senadores.
En ese documento los legisladores demandan a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe detallado sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado por el delito de desaparición forzada.
El mayor número de desapariciones se registra en Tamaulipas, con 5.380 víctimas, seguida por Jalisco, con 2.150 y el Estado de México, con 1.754 víctimas, según el mismo Registro Nacional de Personas Extraviadas.



El Senado también pidió a la PGR un reporte detallado de la colaboración que ha brindado a las procuradurías de los estados y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como forense, en los casos de desaparición forzada y en los del orden común.
Además, exhortó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) para que remita un informe sobre el avance de la integración del registro nacional.
En el dictamen se subraya que las desapariciones forzadas se han convertido en un “problema estructural” del Estado mexicano que, lejos de disminuir, “aumenta significativamente”.
Los legisladores señalaron que ante el fenómeno de las desapariciones forzadas –es decir, aquellas que involucran a agentes policiales, militares o ministeriales de los distintos niveles del Estado mexicano–, se debe responder “con toda la fuerza de la ley y bajo los más estrictos estándares de respeto a los derechos humanos”.
Miles de personas han sido reportadas como desaparecidas y aún no han sido localizadas, y “más casos se suman cada día”, por lo cual el Senado mexicano reclamó celeridad a la PGR que encabeza Arely Gómez.
Fuente: Proceso.

Gobierno de Peña Nieto registra 40% de desapariciones en México

De 2007 a la fecha se han documentado 23.605 casos de desapariciones en el país norteaméricano, la mayoría en los últimos tres años

Las desapariciones en México son un “problema estructural” del que, lejos de disminuir, “aumenta significativamente”. (Kaos en la red)

Cerca de 40% de los 23.605 casos de desapariciones documentadas en el Registro Nacional de Personas Extraviadas, de 2007 a la fecha, corresponden a la actual administración federal de Enrique Peña Nieto, advirtió el dictamen de la Cámara de Senadores.
En ese documento los legisladores demandan a la Procuraduría General de la República (PGR) un informe detallado sobre cuántas averiguaciones previas se han iniciado por el delito de desaparición forzada.
El mayor número de desapariciones se registra en Tamaulipas, con 5.380 víctimas, seguida por Jalisco, con 2.150 y el Estado de México, con 1.754 víctimas, según el mismo Registro Nacional de Personas Extraviadas.

Oxfam: Impunidad y falta de libre mercado llevan a México a la pobreza

El director de la Oxfam en México asegura que en el país no existe un sistema de libre mercado, pero llama a fiscalizar la riqueza para reducir la desigualdad

Orlando Avendaño 

La debilidad de las instituciones frente al crimen está detrás del aumento de índices de pobreza en México, según la Oxfam. (Common)

De acuerdo con un reciente estudio de la confederación internacional que busca combatir la pobreza, Oxfam, las evasiones de impuestos, el descenso de los ingresos, la anarquía judicial y la carencia de libre mercado están llevando a México a la pobreza.
En el estudio que se realiza anualmente Oxfam y fue publicado a principios de este mes por la Comisión de la ONU para Latinoamérica y el Caribe (Eclac), titulado Panorama social de Latinoamérica, se señala que entre 2008 y 2014, la pobreza en México aumentó 2,9%.
Los índices de pobreza en México se mantienen, en contraste con gran parte parte de otros países en Latinoamérica que, según el estudio, tuvieron una importante disminución en la miseria.



Entre los más destacados por el informe se encuentra Perú, cuyos índices de pobreza disminuyeron 9,8% entre 2010 y 2014.
Por otro lado, en Chile, la pobreza cayó 9,1% entre 2009 y 2013, y en Brasil hubo una disminución de 7,9% entre 2009 y 2014.
A la hora de señalar culpables, el estudio responsabiliza a la “caída de los ingresos” en México del aumento de la miseria.
Sin embargo, Ricardo Fuentes, director ejecutivo de Oxfam en México, indica que la raíz del problema radica en la falta de justicia y en un crecimiento anémico de la economía en parte, debido a la falta de libertad en el mercado.
De igual manera, Fuentes asegura que México sufrió de forma “dramática” la crisis financiera entre 2008 y 2009 por ser el país cuya economía está más atada a la Norteamericana.
Además, Fuentes hace hincapié en que la impunidad y la debilidad de las instituciones frente al crimen, está detrás del sosegado crecimiento de la economía que, según el director de OXFAM, es de un promedio de 1,1% per capita desde hace 20 años.
“Lo que presenciamos es un sistema económico que beneficia a pocas personas mientras que pone al margen a casi el 50% de la población. Es un problema doble: una economía que no genera suficiente crecimiento, y un crecimiento que va directamente para la gente rica”, dice Fuentes.
“La idea de sistema de libre mercado no existe en México”, sentencia.
[adrotate group=”7″]Asimismo, Fuentes dice que la debido a la disminución de la migración de mexicanos a EE.UU., como resultado de la baja demanda laboral en el país norteamericano, y el incremento de seguridad en la frontera, está forzando a los mexicanos a quedarse en su país y a terminar trabajando en el sector informar de la economía, que, según indica Fuentes, es difícil de fiscalizar.
“La esperanza está en que los jóvenes educados que emergen de la clase media se den de cuenta que la corrupción, la falta de justicia y la violencia, son inaceptables en un país tan rico como este”, dijo Fuentes.
Además, Fuentes indica que a pesar de la reforma en telecomunicaciones, educación y en el sector energético, México padece un “problema político” ya que los políticos se tienden a inclinar para favorecer a una minoría adinerada.
“Lo que tenemos es una élite con mucho dinero que puede legislar o decidir evadir la aplicación de las leyes”.
Por otra parte, en un estudio publicado este mes por la Oxfam y la Eclac, titulado Tiempo de fiscalizar para el crecimiento inclusivo, se destaca la desigualdad de la riqueza en Latinoamérica.
Según el estudio, el 10% más rico de América Latina posee el 71% de la riqueza de la región.
Asimismo, los ingresos de México debido a la recaudación de impuestos al 10% más rico del país promedian 10%, mientras que los índices en Estados Unidos de recaudación al 20% más rico es de 14,2%.
“El sistema de recaudación de impuestos en México es bastante retrógrado, e incluso, después de las reformas, la mayor parte de la renta del Gobierno es generada por el valor agregado al impuesto”, indica Fuentes.
Programas sociales no han logrado nada contra la pobreza
En otro informe de la Oxfam, titulado Desigualdad extrema y tendencias de desarrollo, se precisó que los derechos sociales impiden el acceso equitativo a las oportunidades de desarrollo en México, específicamente en el área de Oaxaca.
Gerardo Torres Salcido, integrante del Centro de Investigación sobre América Latina y el Caribe de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), aseguró que no existe una generación de empleos permanentes y que ademas las inversiones de empresas trasnacionales se encuentra en manos de un pequeño grupo que no permite que los habitantes tengan acceso.
El informe ubica a Oaxaca como uno de los estados con desigualdad extrema en el país con desigualdad más alta del mundo.
Torres responsabiliza a la ineficacia del Gobierno para llevar a cabo los programas sociales e indica que gracias a estos no todos los habitantes de la región son capaces de surgir bajo un mismo ambiente.
Con información de: CapX.

Oxfam: Impunidad y falta de libre mercado llevan a México a la pobreza

El director de la Oxfam en México asegura que en el país no existe un sistema de libre mercado, pero llama a fiscalizar la riqueza para reducir la desigualdad

Orlando Avendaño 

La debilidad de las instituciones frente al crimen está detrás del aumento de índices de pobreza en México, según la Oxfam. (Common)

De acuerdo con un reciente estudio de la confederación internacional que busca combatir la pobreza, Oxfam, las evasiones de impuestos, el descenso de los ingresos, la anarquía judicial y la carencia de libre mercado están llevando a México a la pobreza.
En el estudio que se realiza anualmente Oxfam y fue publicado a principios de este mes por la Comisión de la ONU para Latinoamérica y el Caribe (Eclac), titulado Panorama social de Latinoamérica, se señala que entre 2008 y 2014, la pobreza en México aumentó 2,9%.
Los índices de pobreza en México se mantienen, en contraste con gran parte parte de otros países en Latinoamérica que, según el estudio, tuvieron una importante disminución en la miseria.

GRETEL LEDO Corrupción: Puerta a la erosión de la democracia

 

La matriz democrática de un gobierno puede corroerse a través de varios mecanismos. Uno de ellos es la corrupción.

Los delitos de corrupción involucran la concurrencia de dos voluntades: el corruptor y quien resulta corrompido. El ida y vuelta es moneda corriente. Tanto uno como otro prestan su determinación para cometer el ilícito. Un funcionario que se apropia de dineros públicos atenta no sólo contra la propiedad de la institución sino que, al mismo tiempo, traiciona la confianza depositada en su persona en tanto servidor público investido de poderes. Opera complicidad en la medida en que se acepta un soborno y el escenario arroja beneficios para ambas partes. El perjudicado siempre es el mismo: el pueblo.


Lamentablemente existe una fuerte asociación entre burocracia, aparato estatal, ineficiencia y corrupción. Por el contrario, Max Weber (1864-1920), concebía a la burocracia como la forma más eficiente de organización.  En tanto sistema de administración es impersonal y jerarquizada. Está sujeta a un conjunto formal de reglas, con una clara división del trabajo y conformada por un grupo de funcionarios de cierto nivel de competencia técnica y previsibilidad en la ejecución de sus tareas.

El meollo del problema no radica en la burocracia sino en la esencia misma del poder. Lord Acton (1834-1902), historiador y político inglés afirmó: “El poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente”.

Hoy la corrupción depuso a un gobierno electo democráticamente por su pueblo: Brasil. El impeachment a Dilma Rousseff colocó al coloso regional en un plano de fragilidad histórico descendiendo siete posiciones en la escala del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional (TI) a raíz de los escándalos de Petrobras.

El IPC releva 168 países. En una escala que va del 0 (representa a los más corruptos) al 100 (ínfimo nivel de corrupción), el IPC 2015 demostró que más de dos tercios de los estados participantes obtuvieron un puntaje por debajo de 50. Dinamarca sigue manteniendo el primer puesto con 91 puntos, le siguen Finlandia (90), Suecia (89), Nueva Zelanda (88), Noruega y Países Bajos (87), Suiza (86). Los peores lugares los ocupan Corea del Norte y Somalia con apenas 8 puntos cada uno.

Brasil alcanzaba 43 puntos en 2014, para el año siguiente empeoraba a 38 puntos. En tanto Argentina presenta 32 puntos en 2015 y 34 puntos en 2014.

Los parámetros comunes para aquellos que gozan de corrupción mínima se resumen en libertad de prensa, acceso a la información pública presupuestaria, altos niveles de integridad entre quienes ocupan cargos de gobierno, poder judicial totalmente independiente e imparcial.

En tanto los más corruptos atraviesan conflictos y guerras, sufren de gobernabilidad deficiente, instituciones públicas frágiles que van desde la policía, defensa y seguridad hasta el poder judicial además de falta de independencia en los medios de comunicación. Venezuela junto con Haití y Guinea-Bissau apenas llegan a 17 puntos.

La ausencia de mecanismos abiertos y diálogos abre espacios a la impunidad, sobornos y porosidad institucional. Se socavan las instituciones toda vez que resultan funcionales a los beneficios de la clase dirigente de turno operando por fuera del interés social común.

Para el politólogo Francis Fukuyama, las distinciones ideológicas entre democracias y no democracias son menos importantes que las diferencias entre un Estado patrimonialista – corrupto y un Estado que no es tal. Analizando Rusia afirma: “… el problema de Putin es estar dirigiendo una cleptocracia, en la que él y sus amigos ven el Estado ruso como la fuente de su riqueza personal”.

Cuando el gobierno se torna en el trampolín para la práctica del agiotaje a nivel privado, el afán de lucro se perpetra en la médula del sistema democrático radicalizando la salida hacia la drástica extirpación del mal. Brasil hoy está afrontando altos costos políticosy la opinión pública alecciona a la dirigencia de turno.

La rendición de cuentas (accountability) no es un simple formalismo. Coadyuva a la transparencia, base esencial sobre la cual descansa el andamiaje de la confianza y legitimidad, creencia de validez que le aporta la sociedad civil a la sociedad política.

Accountability implica obligación de informar de manera detallada asumiendo responsabilidades sobre acciones. Engloba tres dimensiones: informativa -dar a conocer, publicitar actos-; explicativa –motivaciones que dieron origen a las acciones-; de evaluación –asumir buenas y malas prácticas-. Existe un contrato en la rendición de cuentas toda vez que el actor sea individuo u organización hace público su compromiso de realizar determinada acción asumiendo una promesa de tipo moral para su ejecución.

La ruptura del pacto abre una grieta para la confianza pública. Cuando se pierde la confianza las palabras y las promesas están vacías de contenido.

Hoy le tocó a Brasil. Esperemos que el resto de la región se percate y abra los ojos a tiempo.

GRETEL LEDO Corrupción: Puerta a la erosión de la democracia

 

La matriz democrática de un gobierno puede corroerse a través de varios mecanismos. Uno de ellos es la corrupción.

Los delitos de corrupción involucran la concurrencia de dos voluntades: el corruptor y quien resulta corrompido. El ida y vuelta es moneda corriente. Tanto uno como otro prestan su determinación para cometer el ilícito. Un funcionario que se apropia de dineros públicos atenta no sólo contra la propiedad de la institución sino que, al mismo tiempo, traiciona la confianza depositada en su persona en tanto servidor público investido de poderes. Opera complicidad en la medida en que se acepta un soborno y el escenario arroja beneficios para ambas partes. El perjudicado siempre es el mismo: el pueblo.

La dieta y la vida... mexicana

Luis Rubio

Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México. Fue miembro del Consejo de The Mexico Equity and Income Fund y del The Central European Value Fund, Inc., de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Comisión Trilateral. Escribe una columna semanal en Reforma y es frecuente editorialista en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Los Angeles Times. En 1993, recibió el Premio Dag Hammarksjold, y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo.

Fueron años interminables de lujuria, con todos los vicios imaginables y más, los peores excesos. Disfrutaba la vida y no quería cambiar absolutamente nada. El poder y el dinero se acumulaban, todos le rendían pleitesía y muchos, la mayoría, le tenía miedo. Pocos osaban oponérsele. Pero pasó lo que tenía que pasar: en 1982, el doctor le dijo: bajas de peso o te mueres. Juan G. entendió el mensaje y se puso a dieta. Pero no entendió todo el mensaje: él no quería cambiar más que los indispensable: ¿para qué cambiar si todo está excelente? Lo operaron y regresó a un peso sostenible: de casi 150 kg pasó a 70 pero no cambió su estilo de vida. Sus privilegios y los de toda su cohorte no estaban en discusión, independientemente de lo que le dijeran los médicos. Ni su ropa. Ahí comenzaron los remiendos, los parches y los arreglitos.



El otrora gordo caminaba por las calles con una ropa enorme que no le quedaba. Se atoraba cada que daba un paso, golpeaba a los transeúntes sin siquiera darse cuenta. Tanto era el bagaje que no lograba enfocarse. Se le caían los pantalones y la bolsa de la camisa le quedaba a la altura de la nalga. Pero no: no iba a cambiar de ropa porque su integridad histórica era primero. Él no estaba dispuesto a modificar su forma de ser: con la operación había logrado lo que quería, que era sobrevivir y seguir disfrutando, como antes. Si, las circunstancias habían cambiado, pero con un poco de jarabe de pico se podía mantener el ritmo de vida. El mundo le debía la vida y no al revés.

El sistema político nacido al fin de la Revolución se adapta, más o menos, para no cambiar. Está dispuesto a incorporar a nuevos integrantes al paradigma del privilegio (como al PAN y al PRD) pero no a que el país crezca y se desarrolle porque eso implicaría dejar de ser lo que es y para qué es.

Con todo, algunos cambios y ajustes eran indispensables e inevitables, pero siempre y cuando no alteraran lo esencial: no cedería nada. Una costurera la movió la bolsa de la camisa al lugar correcto, más o menos… El talabartero le hizo un cinturón de su tamaño pero la ropa seguía ajustada a las realidades del pasado. Se veía ridículo y sus movimientos eran por demás torpes, pero la vida era para disfrutarse, no para compartirse. De remiendo en remiendo, Juan G. iba por la vida como si nada. Pesaba menos pero sus vicios no habían cambiado ni en lo más mínimo: las fiestas, los excesos, los gastos. Había cambiado para que nada cambiara. Juan Gobierno seguía vivito y coleando. El país, bueno, eso es lo de menos.
En las últimas tres décadas se han llevado a cabo toda clase de reformas. En los ochenta, la crisis dictó lo inevitable, eso que ahora tiene que hacer Brasil: bajar de peso y adecuarse a la realidad mundana. Sin embargo, bajar de peso no fue suficiente: se redujo el gasto pero el país seguía sin funcionar. Fue así como comenzaron las reformas: la liberalización de importaciones, la desregulación de diversos sectores y el TLC. Esto produjo espacios de crecimiento y productividad. El TLC se convirtió en un régimen de excepción porque consistió, de facto, en la adopción de reglas internacionales. Se crearon salvaguardas -ajustes y remedios- para que Juan G. no tuviera que cambiar nada.
Años después vinieron reformas como la penal, que ahora debiera entrar en operación. Lo mismo para la corrupción y la transparencia. En todos y cada uno de estos casos se hizo como que se cambiaba pero con toda la intención de no modificar absolutamente nada de lo esencial: el objetivo no era construir un país moderno y dinámico sino preservar el régimen de privilegios. En lugar de discutir cómo implementar mejor las legislaciones aprobadas, el pleito sigue siendo sobre cómo evadirlas, como crear excepciones para que algo parezca que funciona pero sin cambiar nada.
El sistema político nacido al fin de la Revolución se adapta, más o menos, para no cambiar. Está dispuesto a incorporar a nuevos integrantes al paradigma del privilegio (como al PAN y al PRD) pero no a que el país crezca y se desarrolle porque eso implicaría dejar de ser lo que es y para qué es.
El problema ahora es que algunos de los remiendos que se han adoptado tienen consecuencias y son susceptibles de crear nuevos problemas, algunos potencialmente incontrolables. La reforma penal está incompleta y, de no concluirse en tiempo y forma, llevaría a la inevitable liberación de miles de reos, muchos de ellos violentos y peligrosos. La apertura económica a medias está condenando a niveles de crecimiento perennemente mediocres. El crecimiento del gasto merma el crecimiento. La falta de atención a los problemas de Pemex podría llevar a que la deuda pública crezca otros cinco puntos del PIB o quizá más. Los remiendos tienen límites porque no resuelven nada: lo único que logran es patear el bote hacia adelante hasta que la realidad se torna incontenible y peligrosa. Acaba siendo un auto engaño.
El gobierno -de hecho, el conjunto del Estado- tiene el enorme reto de responder ante una realidad que se deteriora con celeridad. ¿Cómo responderá? Sus opciones no son muchas, pero es claro que puede proceder de dos maneras: por un lado, podría atender lo urgente, aceptando sus errores y duplicidades para salir del hoyo, al menos por un rato. En algunos casos tendría que reconocer la inviabilidad de lo existente (como lo penal) y retractarse para evitar una catástrofe política y social. La alternativa: cambiar el paradigma, comprar ropa nueva y darle una oportunidad al país.

La dieta y la vida... mexicana

Luis Rubio

Presidente del Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac), una institución independiente dedicada a la investigación en temas de economía y política, en México. Fue miembro del Consejo de The Mexico Equity and Income Fund y del The Central European Value Fund, Inc., de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y de la Comisión Trilateral. Escribe una columna semanal en Reforma y es frecuente editorialista en The Washington Post, The Wall Street Journal y The Los Angeles Times. En 1993, recibió el Premio Dag Hammarksjold, y en 1998 el Premio Nacional de Periodismo.

Fueron años interminables de lujuria, con todos los vicios imaginables y más, los peores excesos. Disfrutaba la vida y no quería cambiar absolutamente nada. El poder y el dinero se acumulaban, todos le rendían pleitesía y muchos, la mayoría, le tenía miedo. Pocos osaban oponérsele. Pero pasó lo que tenía que pasar: en 1982, el doctor le dijo: bajas de peso o te mueres. Juan G. entendió el mensaje y se puso a dieta. Pero no entendió todo el mensaje: él no quería cambiar más que los indispensable: ¿para qué cambiar si todo está excelente? Lo operaron y regresó a un peso sostenible: de casi 150 kg pasó a 70 pero no cambió su estilo de vida. Sus privilegios y los de toda su cohorte no estaban en discusión, independientemente de lo que le dijeran los médicos. Ni su ropa. Ahí comenzaron los remiendos, los parches y los arreglitos.

La hora de la verdad del PAN y PRI sobre la corrupción mexicana

Leo Zuckermann

Leo Zuckermann es analista político y académico mexicano. Posee una licenciatura en administración pública en El Colegio de México y una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford (Inglaterra). Asimismo, cuenta con dos maestrías de la Universidad de Columbia, Nueva York, donde es candidato a doctor en ciencia política. Trabajó para la presidencia de la República en México y en la empresa consultora McKinsey and Company. Fue secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde actualmente es profesor afiliado de la División de Estudios Políticos. Su columna, Juegos de Poder, se publica de lunes a viernes en Excélsior, así como en distintos periódicos de varios estados de México. En radio, es conductor del programa Imagen Electoral que se trasmite en Grupo Imagen. En 2003, recibió el Premio Nacional de Periodismo.

El PAN fue, indiscutiblemente, el partido ganador de las elecciones del domingo cinco de junio. Lo hizo, en buena medida, al haber capitalizado los votos de electores hartos de la corrupción de los gobiernos estatales. Pero ahora los panistas tendrán que enseñarnos si de verdad están dispuestos a construir instituciones para solucionar de raíz el problema de la corrupción gubernamental en México.



Hoy comienza el periodo extraordinario del Congreso para debatir y aprobar las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Le recuerdo que los legisladores debieron haber aprobado dicha legislación a finales de mayo. No lo hicieron porque se les atravesaron las elecciones en 14 entidades federativas. Sin importarles que estaban incumpliendo nada menos que con la Constitución, retrasaron el proceso legislativo para después de los comicios.

En suma, frente a nosotros tenemos una semana importantísima para ver si PAN y PRI están, de verdad, comprometidos en resolver el terrible problema de la corrupción en México. Si entendieron el mensaje del electorado o están dispuestos a entregarle en charola de plata el poder al candidato que dice que los dos son lo mismo, pero que unos son ladrones y otros rateros.

La sociedad civil organizada ha presentado una iniciativa popular, firmada por más de 600 mil personas, para que todos los funcionarios del país -federales, estatales y municipales- hagan públicas sus declaraciones patrimoniales, impositivas y de conflictos de interés: la llamada “ley tres de tres”. Además, los expertos han sido muy claros que se requiere una fiscalía nacional anticorrupción autónoma y con los dientes necesarios (recursos legales, financieros, materiales y personales) para perseguir judicialmente a los funcionarios que se enriquecieron ilegalmente abusando de su poder. Ésos son los dos puntos torales de la legislación anticorrupción: tres de tres más fiscalía poderosa. Si el PAN de verdad quiere combatir la corrupción y diferenciarse del PRI, pues entonces sus legisladores tendrán que presionar todo lo que puedan para que así quede la ley que salga esta semana del Senado y pase a la Cámara de Diputados.
Basta ya, en este sentido, de simulaciones. Sabemos que algunos senadores panistas han estado en contra de los dos puntos centrales de la legislación anticorrupción. Es el momento que el dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, muy fortalecido después de los resultados electorales del cinco de junio, muestre su liderazgo y presione para que los panistas construyan las instituciones necesarias para comenzar a erradicar el flagelo de la corrupción en México que tiene harta a la ciudadanía.
El PRI también tiene la oportunidad de enviar una señal poderosa de que entendió el mensaje del electorado. En días pasados dije que la única manera de los priistas de recuperarse del golpe electoral rumbo a los comicios presidenciales de 2018 era haciendo algo nuevo y audaz. Podrían comenzar aprobando la legislación anticorrupción con los dos puntos centrales antes mencionados. Sería una manera de honrar el reformismo que históricamente ha caracterizado a los priistas para mantenerse en el poder.
Difícilmente lo harán porque, en lugar de estar haciendo un auténtico ejercicio autocrítico de lo que sucedió el domingo cinco de junio, andan buscando explicaciones debajo de las piedras. Como que la derrota se debió al apoyo del presidente Peña Nieto a los matrimonios entre homosexuales o la descriminalización de la mariguana. Pamplinas. Nadie hablaba de estos temas en los estados donde hubo elecciones el domingo pasado. El asunto principal que movió al electorado fue los malos gobiernos -ineptos, autoritarios y/o corruptos- que tenían hasta la coronilla a los ciudadanos.
¿Quiere pasar Peña a la historia como un presidente reformador? Pues tiene que bregar, como lo hizo los dos primeros años de su sexenio, ejerciendo el liderazgo de su partido y convenciéndolo de que las leyes anticorrupción son condición necesaria para ganar en 2018. Peña tiene que dejar a un lado su cantaleta que la corrupción es cultural (a lo mejor porque es más cultural en el Estado de México que en el resto de la República) para convertirlo en un asunto institucional. Es la mejor manera de lavarse la cara por sus propios escándalos: evitando que haya más casas blancas en el futuro. La receta está en la construcción de instituciones.
En suma, frente a nosotros tenemos una semana importantísima para ver si PAN y PRI están, de verdad, comprometidos en resolver el terrible problema de la corrupción en México. Si entendieron el mensaje del electorado o están dispuestos a entregarle en charola de plata el poder al candidato que dice que los dos son lo mismo, pero que unos son ladrones y otros rateros.

La hora de la verdad del PAN y PRI sobre la corrupción mexicana

Leo Zuckermann

Leo Zuckermann es analista político y académico mexicano. Posee una licenciatura en administración pública en El Colegio de México y una maestría en políticas públicas en la Universidad de Oxford (Inglaterra). Asimismo, cuenta con dos maestrías de la Universidad de Columbia, Nueva York, donde es candidato a doctor en ciencia política. Trabajó para la presidencia de la República en México y en la empresa consultora McKinsey and Company. Fue secretario general del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), donde actualmente es profesor afiliado de la División de Estudios Políticos. Su columna, Juegos de Poder, se publica de lunes a viernes en Excélsior, así como en distintos periódicos de varios estados de México. En radio, es conductor del programa Imagen Electoral que se trasmite en Grupo Imagen. En 2003, recibió el Premio Nacional de Periodismo.

El PAN fue, indiscutiblemente, el partido ganador de las elecciones del domingo cinco de junio. Lo hizo, en buena medida, al haber capitalizado los votos de electores hartos de la corrupción de los gobiernos estatales. Pero ahora los panistas tendrán que enseñarnos si de verdad están dispuestos a construir instituciones para solucionar de raíz el problema de la corrupción gubernamental en México.