Paraísos fiscales y empresas offshore: La fiscalidad internacional al servicio de la empresa

Google y otras grandes empresas ahorran cada año, de forma legal, millones de euros utilizando centros offshore en su planificación fiscal. Esto puede ser replicado por empresas de menor porte, señala en esta entrevista Sergio Costa Sant´Anna, profesor colaborador de IESE Business School y de la Universidad Pompeo Fabra en asignaturas como Strategic Alliances e International Tax Planning.
Costa, que el pasado 10 de febrero impartió una Conferencia titulada “Tributación internacional: posibilidades legales” en la sede de IESE en Barcelona, destaca que, por tanto, “la clave para el éxito de una empresa en el mundo globalizado en que vivimos es mantener una estrategia fiscal ágil y alineada a su estrategia corporativa”, independientemente del tamaño de la misma.
Sin embargo, Costa advierte de que la falta de experiencia de pequeñas y medianas empresas y muchas veces el alto coste derivado de la contratación de especialistas en fiscalidad internacional provoca que, en numerosas ocasiones, esas empresas realicen su planificación de forma informal y muy poco estructurada, poniendo en riesgo todo su proceso de internacionalización.
A continuación, una versión editada de la entrevista:



Universia Knowledge@Wharton: El hecho de que algunos países tengan una carga impositiva bastante alta lleva a que muchas empresas se constituyan o establezcan fuera de sus fronteras, en territorios con una situación fiscal más favorable. ¿Cuáles son esos países y qué ventajas ofrecen desde el punto de vista económico y legal?
Sergio Costa Sant´Anna: Cuando hablamos de paraísos fiscales, o centros offshore, necesariamente necesitamos citar la lista de la OCDE (Organización para la Cooperación Económica y el Desarrollo) y también del FMI (Fondo Monetario Internacional). Al final, la determinación de las líneas generales de la base legal de la tributación internacional es impuesta por estas dos instituciones. Es importante esclarecer que la mayor parte de los países utilizan las reglas establecidas por la OCDE y FMI en sus legislaciones internas en lo que se refiere a materia tributaria. Cada país tiene la libertad de aplicar las listas en su legislación, siendo que en la práctica es común observar que una nación considera una determinada jurisdicción como paraíso fiscal y otra no.
Para entender mejor el tema creo que sería interesante explicar que los centros offshore están divididos en 3 categorías, porque además es muy importante conocerlas antes de determinar cuál es la planificación fiscal más adecuada para cada empresa o persona física. La primera es conocida como Nil Tax Havens. En estas jurisdicciones no hay impuesto sobre la renta o el impuesto de sociedades; no hay impuesto sobre las plusvalías, e impuesto de sucesiones. Algunos ejemplos son las Islas Caimán, Dubái, Mónaco, Bahamas, Bermudas.
Otra categoría son los Source Exempt Havens. Estos centros sólo gravan las rentas generadas localmente; hay exención en la tributación de impuestos a los ingresos obtenidos a partir de fuentes extranjeras (importante: la fuente de ingresos extranjeros no puede provenir de ninguna actividad empresarial local). Algunos de ellos son Panamá, Costa Rica, Hong Kong o Singapur.
Como última categoría están los Low-Tax Havens, en los cuales se pueden obtener ventajas fiscales en situaciones especiales (como las ganancias de capital, royalties, dividendos, etc.), o incluso utilizar sus amplios tratados de doble imposición. Algunos ejemplos son Chipre, Reino Unido, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Los Países Bajos, Austria o Malta.
Por lo tanto, estos centros proporcionan desde un punto de vista económico y legal las siguientes ventajas:

• Baja o nula tributación (baja tributación o exención del impuesto sobre la renta, impuesto de sociedades, impuesto sobre las plusvalías, impuesto de sucesiones, además de no cobrar impuestos sobre las ganancias de capital, royalties y dividendos)
• Además, muchos de los paraísos fiscales tienen firmados tratados de doble imposición que pueden beneficiar a las empresas o personas físicas.
• Hay muchas facilidades en la regulación financiera. Por eso las instituciones financieras, en general, tienen operaciones en estas jurisdicciones en parte para beneficiarse fiscalmente, pero también para evitar los controles internacionales.
• Secreto bancario e incluso el anonimato.

Yo, sinceramente considero, hasta la presente fecha, que el secreto es la característica principal de un centro financiero offshore, donde la información sobre empresas o el nombre de sus socios no está disponible, además tampoco se puede acceder a los datos de las personas con poder de gestión de activos, o cuentas corrientes. Sin embargo, actualmente, con los cambios en la legislación fiscal internacional, en la mayor parte de las jurisdicciones offshore, sí es posible acceder a tales informaciones. Eso ocurre en casos de evasión fiscal con relación a crímenes de tráfico de drogas, armas o blanqueo de capitales. Incluso en estos casos, los crímenes deben estar muy bien fundamentados por las autoridades fiscales y judiciarias del país solicitante, en caso contrario, no se suele acceder a tal información.
UK@W: ¿Todos los centros financieros offshore son paraísos fiscales?
S.C.: En realidad sí, pero hay que tener en cuenta las características de cada uno de ellos, porque es muy importante de cara a una planificación fiscal más eficaz. Un centro financiero offshore puede ser definido como un país o jurisdicción que ofrece servicios financieros a no residentes en una escala mucho más significativa que el tamaño y la financiación de su economía nacional. Como ejemplos podríamos citar: Hong Kong, Singapur, Islas Caimán, Bermudas, Luxemburgo, Jersey, Isla de Man, Reino Unido, Holanda, Austria, entre otros.
UK@W: Hoy en día, tener una empresa o cuenta offshore tiene una cierta connotación peyorativa, justamente por ese intento de pagar menos impuestos en el país de origen y por la falta de transparencia de sus actividades. Por tanto, ¿qué requisitos legales tienen que cumplir una empresa de este tipo? y ¿hasta qué punto se pueden pagar menos impuestos sin incurrir en un delito de evasión fiscal?
S.C.: Abrir una empresa offshore es relativamente sencillo y suele realizarse en un plazo de 24 horas a 7 días, dependiendo de la jurisdicción elegida. Los requisitos básicos son los siguientes: elegir una jurisdicción de acuerdo con sus objetivos; realizar las gestiones a través de un Agente Registrado; en general, no se requiere socios con domicilio en el país (pero hay excepciones); normalmente se necesita un accionista (no-residente); un director (como mínimo); una secretaria (persona física residente o corporativo local); un auditor (s) exigible en algunos países y, por último, un certificado de registro de negocios.
Hoy en día, aún más que en otros momentos de la historia, las jurisdicciones offshore no son vistas con buenos ojos por la población y gobiernos, ya que en casi todos los escándalos de corrupción y crímenes que ocurren en el mundo estos centros están involucrados de alguna forma. No obstante, es importante dejar claro que tener una cuenta offshore o hacer una planificación fiscal internacional para reducir la carga tributaria no es ilegal y mucho menos caracteriza evasión fiscal. Obviamente, hay que seguir la normativa legal disponible para no tener sorpresas. Por ejemplo, cualquier ciudadano europeo puede tener una cuenta bancaria en las Islas Caimán o incluso poseer una empresa en esta jurisdicción, desde cuando informe a las autoridades de su país.
Casi siempre es posible realizar una planificación fiscal internacional de forma legal y que pueda contribuir a la disminución de la carga tributaria de personas jurídicas y físicas. Por esta razón, muchos países conocidos por su alta carga tributaria, buscan formas de crear situaciones legales que permitan la planificación fiscal con el objetivo de atraer capitales y aumentar su competitividad internacional como país.
Este es el ejemplo de España con la nueva legislación de Holdings (Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros o ETVE), que facilita la inversión internacional a través de estas empresas, y donde hay que destacar las siguientes ventajas: la exención de los dividendos y plusvalías de las filiales extranjeras de la ETVE; la posibilidad de compensar pérdidas y deducir los gastos por la actividad de Holding; la posibilidad de formar parte de un Grupo de consolidación fiscal, por lo que pueden compensar pérdidas de otras Sociedades del Grupo con los beneficios de la ETVE; los socios no residentes de la UE y de terceros países están exentos por los dividendos y plusvalías que perciban de la ETVE. Los residentes verán gravadas dichas rentas con un 15%.
La iniciativa del Gobierno español es un buen modelo de cómo se puede facilitar la inversión internacional en los países. Sin embargo, creo que la legislación de ETVE (s) debería tratar de profundizar más en los medios para evitar el blanqueo de capitales que puede existir por detrás de las inversiones a través de estas sociedades. Esto se ha podido comprobar en los recientes casos de Banco Madrid y BPA (Banca Privada de Andorra), donde no cumplieron la normativa de blanqueo de capitales española y tampoco andorrana, y de esta forma facilitaron las operaciones ilegales que están siendo investigadas en estos momentos [el primero de ellos, filial de BPA, fue intervenido el 10 de marzo como consecuencia de la investigación sobre posible blanqueo de capitales]. A nivel internacional hay muchos casos, como la lista Falciani del Banco HSBC en Suiza, entre otros. Por lo tanto, esto no pasaría si la hacienda hubiera hecho una fiscalización más cercana, de seguimiento del origen, por ejemplo, de los depósitos de gran valor en estas instituciones financieras.
UK@W: ¿A qué tipo de empresas les conviene más ser una empresa offshore? ¿A empresas inmersas en procesos de internacionalización o que desean internacionalizarse?
S.C.: Pueden ser utilizadas por individuos y corporaciones en actividades de comercio internacional, inversión offshore, compra y/o posesión de bienes inmuebles en el extranjero, titularidad de la propiedad intelectual, protección de activos, offshore e-business, reubicación de personal en el extranjero.
Realmente para la empresa que está en proceso de internacionalización la planificación fiscal internacional es crucial para su éxito. Siempre comento a mis alumnos que la primera persona que hay que contratar, cuando se está planteando internacionalizarse, es un profesional especialista en fiscalidad internacional. Normalmente utilizar una estructura fiscal con empresas offshore puede mejorar y mucho la competitividad internacional de la empresa. Sobre todo de las pequeñas y medianas que, al final, son las que menos utilizan estas posibilidades.
UK@W: Usted sugiere que el fisco podría ser un socio oculto en la internacionalización de las empresas. ¿Podría profundizar en esta idea? ¿Cree que las empresas están aplicando, en general, la legislación fiscal internacional de forma eficiente?
S.C.: No solamente en la internacionalización de las empresas, seguramente es el principal socio, y además oculto de toda empresa. Todo empresario debería vigilar con más atención no a la persona que está en el despacho al lado del suyo y forma parte de la empresa, sino el Gobierno, ya que la mayor parte del beneficio de la sociedad debe ser transferido al fisco a través de tributos y contribuciones sociales.
Cuando relacionamos la recaudación tributaria de un país con su PIB (Producto Interior Bruto), podemos sacar conclusiones sobre la eficiencia del sistema tributario y recaudatorio del país, a parte de su carga tributaria. Si observamos el caso de Japón (28,3%), EE.UU. (26,9%), Canadá (32,2 %) y Bulgaria (34,4%), se puede concluir que el socio oculto es más eficaz y duro, de forma proporcional en un país emergente como Bulgaria, que en otros desarrollados como Japón, EE.UU y Canadá. La retórica en países de mejor desarrollo es que al final los impuestos pagados no retornan a la población en forma de inversiones en escuelas, sanidad, transporte, infraestructura, etc.
En el caso de la internacionalización el problema es más grave, ya que estamos hablando de fiscos en diferentes países, con una legislación distinta y muchas veces muy compleja. La mayor parte de las empresas que hacen negocios internacionales pagan más impuestos de los que deberían, porque no utilizan ninguna planificación fiscal para evitarlos. Eso ocurre sobre todo con las pequeñas y medianas, pero también muchas grandes podrían mejorar su competitividad a través de la planificación fiscal internacional más eficiente.
UK@W: ¿Podría poner algún ejemplo práctico de cómo podrían las empresas conseguir ser más competitivas en el mercado global con un buen uso de las mismas?
S.C.: Me gustaría mostrar cómo funciona en la práctica la planificación fiscal de Google, que de forma legal ahorra millones de euros anualmente utilizando centros offshore en su planificación. También Inditex, Apple e IKEA, entre muchas otras, utilizan planificaciones muy semejantes. Sin embargo, estos ejemplos pueden ser replicados por empresas de menor porte, contratando profesionales expertos en la materia.
Google concentra el 88% de sus ventas en una subsidiaria offshore con sede en Irlanda. Google envía el resultado de las ventas generadas en Europa a través de una empresa irlandesa a otra compañía irlandesa, esta última con sede en un paraíso fiscal como las Islas Caimán o las Bermudas. Esto es llamado “double Irish”. Pero primeramente envía estos beneficios a otra subsidiaria offshore constituida en Holanda, donde según la legislación fiscal local no se tributan los dividendos, royalties distribuidos o incluso las ganancias de capital en acciones de filiales. De esta forma, la primera compañía irlandesa firma un acuerdo/contrato donde pagará royalties sobre la utilización de la propiedad intelectual a la empresa offshore. Así, Google Holanda envía el 99,8% de sus beneficios a otra compañía irlandesa, pero con sede en las Islas Caimán o Bermudas (sin embargo, con gestión en estas islas), donde la tributación es cero en estos casos. Las subsidiarias en Caimán o Bermudas envían el beneficio a EEUU, pero antes firman un acuerdo de licencia (licensing) con Google Estados Unidos, determinando un canon muy bajo para evitar las altas cargas tributarias estadounidenses. Así, el beneficio generado es técnicamente un canon a ser liquidado en un contrato de licensing.
Solamente entre 2007 y 2009, Google ha tenido una ventaja fiscal de más de 3.000 millones de dólares, utilizando una planificación fiscal de acuerdo con las normas jurídicas, por lo tanto no hay que hablar de evasión de impuestos.
Otro ejemplo podría ser utilizar una empresa offshore en Luxemburgo para albergar sus derechos de propiedad intelectual (PI). Luxemburgo proporciona una exención fiscal del 80% sobre los ingresos derivados de propiedad intelectual, así como sobre las plusvalías obtenidas por la venta de dicha propiedad intelectual, además la compañía luxemburguesa sólo paga el 5,7% de impuestos sobre este tipo de ingresos. Aún más, la persona jurídica o física de Luxemburgo que percibe royalties como contraprestación por el uso de cualquier derecho de autor sobre programas informáticos, marca, diseño o modelo, se beneficia de una exención del 80% sobre sus ingresos netos.
UK@W: Antes ha mencionado los tratados de doble imposición… ¿qué son exactamente y qué beneficios fiscales representan para las empresas y las personas?
S.C.: Los tratados de doble imposición son acuerdos internacionales, cuyo objetivo es evitar la situación en que la misma renta o la misma propiedad llegue a ser el objeto de imposición dos veces en dos países diferentes. Se estipula el tipo y el monto de impuestos que cada país cargará sobre los ingresos generados por actividades e inversiones transfronterizas.
Para explicarlo voy a poner el ejemplo de una persona jurídica, un individuo que lleva a cabo negocios en EEUU a través de una sociedad offshore con sede en Chipre. Su sociedad no tiene un lugar fijo de negocios en territorio americano, pero utilizando el tratado de doble imposición entre EEUU y Chipre la empresa no pagará nada o casi nada de impuestos por sus ingresos en EEUU. Así, el dinero generado por la compañía chipriota, podría ser sacado de EEUU libre de impuestos ya que es no residente. Además, si transfiere estos beneficios a Chipre, pagaría solamente un 12,5%.
Y el ejemplo de una persona física, un individuo que posee acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York. Por razones comerciales o fiscales, establece una sociedad de cartera para poseerlas. EEUU tributa a 30% los dividendos recibidos. Para evitar esta tributación, este mismo individuo decide abrir la sociedad en Holanda para no pagar los 30% y beneficiarse del tratado de doble imposición con EE.UU.
UK@W: Por último, ¿cómo cree que afectará a la economía internacional el nuevo tratado de intercambio de informaciones firmado a finales de 2014 por la mayoría de paraísos fiscales y la OCDE para combatir al blanqueo de capitales y el crimen organizado? ¿Cuáles cree que serán sus consecuencias prácticas y jurídicas?
S.C.: Sinceramente, los gobiernos no necesitan este tipo de acuerdos para combatir la evasión de impuestos y principalmente el crimen organizado. Este instrumento existe desde hace muchos años, pero nunca fue utilizado de forma eficiente, que es el código IBAN y el SWITF. Para transferencias internacionales siempre es necesario declarar las operaciones a través de estos códigos, por lo tanto los gobiernos ya tienen control sobre las operaciones internacionales.
Es verdad que este tratado puede contribuir a combatir estas prácticas ilícitas, pero al final eso significaría la bancarrota de muchos países que sobreviven de operaciones offshore. ¿Cómo sobrevivirán estos países? Creo que muchos de ellos, al final, no cumplirán las normativas del acuerdo o pedirán concesiones para hacerlo. Aquí estamos ante no solamente cuestiones legales, sino políticas y sobre todo económicas.
Seguramente estas medidas también serán observadas en la reducción de las actividades del comercio internacional y sobre el movimiento del capital, precisamente eso significa menos inversión.
Las empresas y las personas físicas intentarán buscar una jurisdicción o más que no hayan firmado el acuerdo para poder efectuar sus operaciones. Así, un tratado que no engloba todos los países del mundo es una utopía, en realidad será crear una barrera más al desarrollo de la economía internacional, y aún más, podría ocurrir que muchos países que hoy no son paraísos fiscales, o no están en la primera línea, sean los beneficiados e incluso genere más evasión y blanqueo de capitales. Eso puede ocurrir en muchos países africanos o asiáticos, que empezarían a poner en marcha estas prácticas para financiarse.
Además, el tratado es una utopía para muchos países, que no tendrán la estructura administrativa gubernamental para cumplir todos los requisitos del mismo. Hay muchos países, sobre todo los en desarrollo, que no controlan la evasión fiscal interna, ¿luego cómo controlarán la internacional?
El tratado debe ser utilizado para combatir con vehemencia el crimen organizado y la evasión de impuestos, pero no puede ser utilizado como excusa para atingir empresas o personas físicas por motivos políticos. Este es un riesgo muy alto, y que seguramente pasará en muchos países. Además, hay que recordar que la legislación interna de muchos países contempla el secreto bancario y de las informaciones personales, siendo que estos no podrían ser atingidos por un tratado internacional. En muchos casos, sería necesario cambiar la Carta Constitucional para que la información personal pueda ser enviada a terceras partes. Esta es una barrera jurídica importante que enfrenta el tratado, y que creo que los especialistas de la OCDE y el FMI no están contemplando.
La evasión fiscal no se combate solamente con tratados, sino con medidas fiscales internas en cada país, que simplifiquen su sistema tributario y sobre todo que puedan tornarse más atractivos a la inversión internacional, pero principalmente a sus residentes fiscales. Este es el caso claro de Reino Unido, Holanda, Irlanda (que además ha salido de la crisis antes que otros países europeos), Singapur, Hong Kong, entre otros.
Vivimos en un mundo globalizado, por lo tanto hablar de fiscalidad internacional también es hablar de competitividad internacional entre países.

Paraísos fiscales y empresas offshore: La fiscalidad internacional al servicio de la empresa

Google y otras grandes empresas ahorran cada año, de forma legal, millones de euros utilizando centros offshore en su planificación fiscal. Esto puede ser replicado por empresas de menor porte, señala en esta entrevista Sergio Costa Sant´Anna, profesor colaborador de IESE Business School y de la Universidad Pompeo Fabra en asignaturas como Strategic Alliances e International Tax Planning.
Costa, que el pasado 10 de febrero impartió una Conferencia titulada “Tributación internacional: posibilidades legales” en la sede de IESE en Barcelona, destaca que, por tanto, “la clave para el éxito de una empresa en el mundo globalizado en que vivimos es mantener una estrategia fiscal ágil y alineada a su estrategia corporativa”, independientemente del tamaño de la misma.
Sin embargo, Costa advierte de que la falta de experiencia de pequeñas y medianas empresas y muchas veces el alto coste derivado de la contratación de especialistas en fiscalidad internacional provoca que, en numerosas ocasiones, esas empresas realicen su planificación de forma informal y muy poco estructurada, poniendo en riesgo todo su proceso de internacionalización.
A continuación, una versión editada de la entrevista:

El propósito de los paraísos fiscales

Carlos Rodríguez Braun señala las contradicciones presentes en el reciente comunicado de Oxfam, firmado por 300 economistas de varios países, e indica que los paraísos fiscales no perjudican a las personas sino a los estados.

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Carlos Rodríguez Braun es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la misma universidad. Su blog se encuentra en www.carlosrodriguezbraun.com y su cuenta de Twitter es @rodriguezbraun.

Acudiendo al llamado de Oxfam, 300 economistas de varios países firmaron no hace mucho una carta, que empieza así: “Los paraísos fiscales no aportan ningún valor al bienestar o la riqueza global, puesto que carecen de un propósito económico útil. Aunque, sin duda, estas jurisdicciones fiscales benefician a ciertas personas ricas y empresas multinacionales, tal beneficio se produce en perjuicio de otras personas y, por tanto, solo contribuye a agravar la desigualdad”.



Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, afirmó: “Millones de las personas más pobres del mundo seguirán siendo las principales víctimas de la elusión y la evasión fiscal a menos que los Gobiernos actúen de forma coordinada para acabar con los paraísos fiscales”.
Los economistas se desmienten a sí mismos porque aducen que los paraísos fiscales tienen un propósito y a la vez no lo tienen. Dirá usted: su objetivo es promover la utilidad de quienes en ellos se refugian, pero, como señalan los 300 economistas, “tal beneficio se produce en perjuicio de otras personas”. La directora de Oxfam remata indicando quiénes son esas personas perjudicadas: las “más pobres del mundo”.
Pero el hecho de que las personas físicas o jurídicas retengan más de lo que es suyo les beneficiará a ellas y también a otra gente. Las personas físicas tendrán más dinero, y lo podrán consumir o invertir, beneficiando a otros. Si son empresas las que obtienen más ingresos al pagar menos impuestos, eso beneficiará a sus trabajadores y accionistas, y a una multitud de otras personas que invierten en ellas a través de fondos de inversión o de pensiones.
Los perjudicados por los paraísos fiscales no son los pobres sino los Estados. De ahí a decir que esos lugares no tienen objetivo alguno media un largo trecho; y si encima, como la directora de Oxfam, se argumenta que esto daña principalmente a los más pobres, entonces ya se está desbarrando descaradamente, confundiendo a la Madre Teresa con la Agencia Tributaria: no son las personas más pobres aquellas en las que los Estados gastan el grueso de su recaudación.
Dos notas finales. Un argumento contra los paraísos fiscales ha desaparecido: ya no son más una cueva de asesinos. Nada de esto se menciona en la carta de los 300 economistas convocados por Oxfam. Parece que, por fin, se puede reconocer que los paraísos fiscales no existen porque haya muchos terroristas, sino porque los impuestos son muy elevados.
La segunda nota es la cita de Adam Smith con la que los economistas terminan su carta: “No es muy ilógico que los ricos contribuyan al gasto público, no solo en proporción a sus ingresos, sino en algo más que esa proporción”. La trampa aquí es doble: de una parte, Smith era partidario de una progresividad fiscal moderada; y de otra parte, la parte fundamental, el economista y filósofo escocés insistió siempre en que la presión fiscal debía ser baja. Vamos, que si le hubieran hecho caso, no habría paraísos fiscales.

El propósito de los paraísos fiscales

Carlos Rodríguez Braun señala las contradicciones presentes en el reciente comunicado de Oxfam, firmado por 300 economistas de varios países, e indica que los paraísos fiscales no perjudican a las personas sino a los estados.

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Carlos Rodríguez Braun es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la misma universidad. Su blog se encuentra en www.carlosrodriguezbraun.com y su cuenta de Twitter es @rodriguezbraun.

Acudiendo al llamado de Oxfam, 300 economistas de varios países firmaron no hace mucho una carta, que empieza así: “Los paraísos fiscales no aportan ningún valor al bienestar o la riqueza global, puesto que carecen de un propósito económico útil. Aunque, sin duda, estas jurisdicciones fiscales benefician a ciertas personas ricas y empresas multinacionales, tal beneficio se produce en perjuicio de otras personas y, por tanto, solo contribuye a agravar la desigualdad”.

Los paraísos fiscales promueven el dinamismo económico

Daniel J. Mitchell dice gracias al proceso de competencia tributaria, con los paraísos fiscales jugando un papel esencial, "las tasas tributarias máximas sobre la renta personal han caído de un promedio de más de 67 por ciento en 1980 a alrededor de 42 por ciento hoy".

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Daniel J. Mitchell es Académico Distinguido del Cato Institute.

Desde una perspectiva económica, los paraísos fiscales son muy valiosos porque desalientan la política tributaria anti-crecimiento. Dicho de otra forma, es muy difícil para los gobiernos imponer y hacer cumplir tasas tributarias confiscatorias cuando los inversores y empresarios pueden trasladar su actividad económica a jurisdicciones con una mejor política tributaria. Particularmente, si esas naciones tienen sólidas políticas de privacidad financiera, dificultando que los gobiernos de naciones no competitivas en el aspecto tributario puedan rastrear y tributar el capital fugado.



Gracias a este proceso de competencia tributaria, con los paraísos fiscales jugando un papel esencial, las tasas tributarias máximas sobre la renta personal han caído de un promedio de más de 67 por ciento en 1980 a alrededor de 42 por ciento hoy. Las tasas impositivas corporativas también se han desplomado, cayendo de un promedio de 48 por ciento a 24 por ciento. A pesar de su proclividad usual de imponer políticas de lucha de clases, los políticos reconocieron que era mejor tener tasas tributarias modestas y tener mayores recaudaciones, que tener tasas impositivas confiscatorias y recaudar menos.
Los legisladores también fueron presionados a reducir o eliminar los impuestos por muerte y sobre la riqueza, así como también a reducir la doble tributación del interés, los dividendos y las ganancias de capitales. Una vez más, los paraísos fiscales merecen gran parte del crédito porque los políticos presumiblemente no hubiesen implementado estas reformas pro-crecimiento si no tuviesen que preocuparse de que los gansos con los huevos de oro podrían escaparse a una cuenta confidencial en una nación bien gobernada como Luxemburgo o Singapur.
Y este cambio global hacia tasas impositivas más bajas y hacia una mejor política tributaria ayuda a explicar por qué la economía mundial en las últimas décadas ha sido mucho más dinámica de lo que era en los 1960s y 1970s.
Los paraísos fiscales también juegan un rol moral muy valioso al proveer un Estado de Derecho de alta calidad en un mundo incierto, ofreciendo un refugio financiero para personas que viven en naciones donde los gobiernos son incompetentes y corruptos. Los argentinos tendrán sus activos en las Islas Caimanes para protegerse del mal manejo económico. Los venezolanos invertirán dinero en Panamá para protegerse en contra de expropiaciones. Las familias en México tendrán fondos en Miami para reducir la amenaza de secuestro.
También hay miles de millones de personas viviendo en naciones con gobiernos venales y opresivos. Para citar solamente unos cuantos ejemplos, los paraísos fiscales ofrecen servicios financieros seguros para los disidentes políticos en Rusia, para los chinos étnicos en Indonesia y en las Filipinas, para los judíos en el norte de África, para los homosexuales en Irán y para los agricultores en Zimbabue.
Con cada vez más naciones dirigiéndose hacia el colapso fiscal, elevándose así el riesgo de caos social y de una calamidad económica, es más importante que nunca que hayan lugares en donde las personas se pueden proteger de los gobiernos malos. Los paraísos fiscales deberían ser aclamados, no perseguidos.

Los paraísos fiscales promueven el dinamismo económico

Daniel J. Mitchell dice gracias al proceso de competencia tributaria, con los paraísos fiscales jugando un papel esencial, "las tasas tributarias máximas sobre la renta personal han caído de un promedio de más de 67 por ciento en 1980 a alrededor de 42 por ciento hoy".

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Daniel J. Mitchell es Académico Distinguido del Cato Institute.

Desde una perspectiva económica, los paraísos fiscales son muy valiosos porque desalientan la política tributaria anti-crecimiento. Dicho de otra forma, es muy difícil para los gobiernos imponer y hacer cumplir tasas tributarias confiscatorias cuando los inversores y empresarios pueden trasladar su actividad económica a jurisdicciones con una mejor política tributaria. Particularmente, si esas naciones tienen sólidas políticas de privacidad financiera, dificultando que los gobiernos de naciones no competitivas en el aspecto tributario puedan rastrear y tributar el capital fugado.

El terror fiscal

Alberto Benegas Lynch (h) considera que para devolver la carga tributaria a un nivel sensato es necesario comprender el rol del aparato estatal --que es limitado-- y partir de un presupuesto de base cero.

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Alberto Benegas Lynch (h) es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina.

A veces nos preguntamos que ha pasado en el mundo para que hayamos retrocedido tanto en algunos aspectos. Uno de estos aspectos muestra un evidente retroceso a la época de los faraones, los sátrapas, emperadores y reyes que trataban a sus súbditos como meros medios para succionarles el fruto de sus trabajos, lo cual fue rectificado con el tiempo.Tal vez el mayor apogeo de las libertades de las personas fue desde el Congreso de Viena a la Primera Guerra Mundial en Europa y a partir de fines del siglo xviii en Estados Unidos.



No pocos son los historiadores que atestiguan este último aserto. Por ejemplo, respecto de Europa, A. J. Taylor en su English History: 1914-1945 nos dice que “hasta agosto de 1914 un inglés podía pasar toda su vida sin notar la existencia del estado más allá del correo y de algún policía. Podía vivir donde quisiera y como quisiera. No tenía ningún número oficial ni cédula de identidad. Podía viajar y dejar su país sin permiso oficial y sin pasaportes. Podía intercambiar su moneda por cualquier otra divisa sin restricción o límite alguno. Podía comprar bienes de cualquier otro país en los mismos términos que lo hacía en el suyo […] A diferencia de otros países del continente, no tenía que pasar por el servicio militar […] Los ingleses pagaban en concepto de impuestos el 8% de la renta nacional”.
En Estados Unidos, las máximas generalizadas se basaban en el precepto jeffersionano en cuanto a que “el mejor gobierno es el que menos gobierna” y la participación estatal en el producto bruto interno se estimaba entre el 3 y el 6% hasta bien entrado el siglo xx, aunque ya en 1913 hubo un serio desbarranque con el establecimiento del impuesto progresivo y la banca central que requirieron sendas reformas constitucionales.
En el territorio argentino, en gran medida se siguieron los consejos de Juan Bautista Alberdi desde la Constitución liberal de 1853 hasta los años treinta del siglo siguiente. Consejos que consistían en que debía abandonarse la idea de las “máquinas fiscales” de la época colonial e igual que en el mundo estadounidense de la época eran inconstitucionales los impuestos directos, es decir los que percutían sobre las manifestaciones directas de la capacidad contributiva como las rentas, las ganancias y los bienes personales que afectan con más fuerza las tasas de capitalización y, en cambio, limitarse a los impuestos indirectos como a las ventas, al valor agregado y similares.
¿Qué ocurrió después en el mundo en general para que en esta materia se cambiaran los principios y valores en 180 grados? Ocurrió que las bases de la educación trocaron del liberalismo al colectivismo y, a su debido tiempo, eso se puso de manifiesto en la arena política.
Ahora resulta que el llamado contribuyente se ha convertido en un ser asustado y perseguido por los aparatos de recaudación tributaria. Se las pasa haciendo cálculos si podrá sobrevivir a los embates contra el fruto de su trabajo. Hay lugares en los que el contribuyente trabaja seis, siete o más meses del año para satisfacer las demandas del fisco. En lugar de alabar a los paraísos fiscales en cuanto a impuestos bajos, se ponderan los infiernos fiscales con una maraña de cargas tributarias y dobles imposiciones que ningún ciudadano normal puede entender, por lo que se ve obligado a recurrir a los “expertos fiscales”, lo cual no sería en absoluto necesario si se hubieran seguido los consejos originales de quienes abrieron las puertas de la libertad en las regiones mencionadas.
Se ha olvidado por completo que los gobiernos son empleados de la gente al efecto de proteger sus derechos y no súbditos como lo eran durante las épocas más oscuras en las que vivió el ser humano. Recordemos que el inicio de la experiencia más exitosa de la historia de la humanidad tuvo lugar con motivo de la rebelión fiscal respecto a los impuestos al té que Jorge iii intentó implantar a los colonos estadounidenses.
En esta instancia del proceso de evolución cultural, como queda dicho, los aparatos de la fuerza que denominamos gobierno son para proteger los derechos de los gobernados, muy especialmente a través de la justicia y la seguridad, dos aspectos clave que habitualmente los gobiernos no atienden ni remotamente con la suficiente eficacia, mientras se ocupan de una serie de reglones que no son para nada compatibles con una sociedad abierta.
Como también queda dicho, al gravar las ganancias y las inversiones éstas naturalmente se contraen lo cual necesariamente reduce salarios e ingresos en términos reales, es decir, perjudican muy especialmente a los más pobres puesto que son impuestos regresivos.
Claro que si el gasto público aumenta a pasos agigantados, la voracidad fiscal no tiene límites y recae con fuerza sobre cualquier objeto imponible. En este sentido, la curva Laffer ha sido mal interpretada y peor empleada ya que inmediatamente antes del punto de inflexión donde a una mayor presión tributaria la recaudación resulta menor debido a la destrucción del aparato productivo, se lo ha considerado como el punto óptimo de mayor eficiencia fiscal, cuando a lo que apuntaba Laffer —además del significado del recorrido de la curva— es al punto de menor presión impositiva para cumplir con las misiones específicas del gobierno.
Si el gasto público no se pone en caja, desde luego que no resulta posible una reforma fiscal que alivie los bolsillos de la gente. Hay demasiados palacios de ministerios inútiles y demasiadas reparticiones dedicadas a contrariar los preceptos republicanos. La revisión completa del organigrama y el presupuesto de base cero se tornan indispensables para contar son una estructura impositiva civilizada que se circunscriba a contribuir al respeto recíproco entre las personas. Los megalómanos deben mantenerse alejados de la función gubernamental.
Pero es que en la cabeza de la gran mayoría de los políticos está incrustada la idea de los supuestos beneficios de “la re-distribución de ingresos”, lo cual implica volver a distribuir por la fuerza lo que ya se distribuyó libre y voluntariamente en el supermercado y afines. En realidad, como sugiere Thomas Sowell, los economistas deberíamos dejar de hablar de distribución de ingresos, “puesto que los ingresos no se distribuyen, se ganan”.
Esta peregrina idea de la re-distribución nace del error de tratar el proceso producción-distribución como si fuera un fenómeno escindible cuando es parte del mismo proceso, uno es la contracara del otro.
Los efectos negativos de los impuestos directos, además de dar pie a que el fisco formule interrogantes insolentes e impertinentes, se agravan si las alícuotas son de carácter progresivo. Esto es así porque en primer lugar altera las posiciones patrimoniales relativas, esto es, contradice las directivas de la gente al asignar sus recursos en el mercado y, por ende, se derrochan los siempre escasos factores productivos.
En segundo lugar, el impuesto progresivo, como se ha consignado, resulta inexorablemente regresivo puesto que al afectar la inversión atenta contra los salarios de los más pobres. En tercer término, afecta gravemente la tan necesaria movilidad social ya que en la medida de la progresividad se bloquea el ascenso en la pirámide patrimonial y también el descenso puesto que los de mayor patrimonio quedan “protegidos” de los que no pueden ascender.
Por último, la progresividad resulta paradójica: se articulan discursos que revelan una permanente insistencia en que debe incrementarse la productividad y los mayores rendimientos, pero simultáneamente se castiga fiscalmente el aumento en la productividad y la mejora en los rendimientos.
En el origen de la tradición constitucional desde la Carta Magna de 1215 en adelante, la idea central consistía en establecer estrictos  límites al poder. En esa etapa el Parlamento se concibió para administrar el presupuesto y, sobre todo, para gravar en base a la representación popular pero sin facultades para gastar.
Conviene a esta altura repasar las diversas formas de esclavitud. Si estamos en nuestro mundo navegando en un sistema fascista, es decir, aquel en el que el mandamás del momento autoriza que las propiedades queden registradas a nombre de particulares pero en verdad usa y dispone el gobierno en un contexto de altísima presión tributaria, en esta situación cabe preguntarse en que quedaron los ideales de libertad que identifican la condición humana. ¿No somos si acaso esclavos modernos de una maquinaria infernal que opera en nombre de la democracia pero que en realidad es pura cleptocracia? ¿No serán finalmente ciertas las antiutopías de George Orwell (Eric Blair), Aldous Huxley y Taylor Caldwell?
En esta línea argumental, recordemos aunque más no sea un pasaje de la obra más conocida de la autora referida en último término que alude al futuro Estados Unidos: “Todo comenzó tan casualmente de modo tan fácil con palabras grandilocuentes. Comenzó con el uso desaprensivo de la palabra ´seguridad´. ¿Es que sus caracteres han sido debilitados y destruidos de tal manera que han entregado sus libertades y su humanidad a manos de los gobiernos? ¿No sabían que los poderes delegados al gobierno son la base de la tiranía?”
Solo los ciudadanos podrán vivir en paz cuando se comprenda el rol del aparato estatal, muy por el contrario mientras sigamos con la cantinela de reclamar el  “estado presente” lo tendremos muy presente en todas las manifestaciones de nuestras vidas y haciendas sin dar respiro, para usufructo de las castas gobernantes. Ya bastantes problemas presenta la vida en si para que se deba cargar con la pesada mochila de aparatos estatales que en lugar de proteger atacan y persiguen a personas pacíficas, mientras los delincuentes se esparcen por doquier (bandas que en no pocas ocasiones están formadas por los propios gobernantes).

El terror fiscal

Alberto Benegas Lynch (h) considera que para devolver la carga tributaria a un nivel sensato es necesario comprender el rol del aparato estatal --que es limitado-- y partir de un presupuesto de base cero.

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Alberto Benegas Lynch (h) es académico asociado del Cato Institute y Presidente de la Sección Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Argentina.

A veces nos preguntamos que ha pasado en el mundo para que hayamos retrocedido tanto en algunos aspectos. Uno de estos aspectos muestra un evidente retroceso a la época de los faraones, los sátrapas, emperadores y reyes que trataban a sus súbditos como meros medios para succionarles el fruto de sus trabajos, lo cual fue rectificado con el tiempo.Tal vez el mayor apogeo de las libertades de las personas fue desde el Congreso de Viena a la Primera Guerra Mundial en Europa y a partir de fines del siglo xviii en Estados Unidos.

Paraísos fiscales

Redaccion América Economía

Contrario a lo que muchos puedan creer tras la divulgación de los papeles de Panamá, la normativa y fiscalización tributarias han mejorado en un número significativo de países latinoamericanos en los últimos años. Como consecuencia, ha disminuido la evasión y -al menos hasta que el crecimiento de la región empezó a sufrir por la baja en los precios de las materias primas que exporta- aumentó la recaudación. México, por ejemplo, instauró en 2014 la obligatoriedad de la factura electrónica, eliminando de un día para otro la falsificación de facturas, que era un negocio paralelo para muchas imprentas del país. Chile fue el pionero en e-facturas, hace más de una década, y otros países de la región han hecho lo mismo, al punto que América Latina es la región más desarrollada del mundo en facturación electrónica y le están siguiendo los pasos desde países de la Unión Europea hasta China.
Dado que una parte significativa de la actividad económica latinoamericana no aparece en los libros de contabilidad ni en las cuentas nacionales, los gobiernos de la región se han tomado muy en serio las declaraciones y el pago de impuestos de sus ciudadanos. En Ecuador, una ley del actual gobierno le ha hecho la guerra a las facturas falsas obligando a las imprentas a certificar sus actividades. En Paraguay, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, la recaudación tributaria creció de 10,5% del PIB en 2006, a casi 13% del PIB en 2013.

El resultado final de este huracán de transparencia que son los Papeles de Panamá será una redefinición de las reglas internacionales que rigen a las empresas offshore. En estos años en que la privacidad se bate en retirada por obra y gracia de internet, y en que la big data ayuda a tomar decisiones mejor informadas a personas, empresas y países, hay que abrazar el fin del secreto financiero, felicitarse por la filtración de documentos confidenciales. Y esperar que vengan más.

La lista suma y sigue. Chile ha afinado su legislación tributaria tres veces en los últimos 20 años, mejorando la fiscalización y aumentando la recaudación de impuestos, además de buscar una mejor distribución de la carga tributaria entre los distintos tramos de ingresos y tipos de contribuyente. La reforma tributaria de 2015 en Perú tuvo como objetivo principal estimular la inversión y el crecimiento, pero al bajar los impuestos a las utilidades de las empresas y subírselos a los dividendos que reciben los accionistas, facilitó la fiscalización impositiva y redujo la evasión. Brasil, que tiene el sistema tributario más engorroso del mundo, tiene también la oficina de recaudación de impuestos más eficiente de América Latina.
Y prácticamente todos los países de la región han estado firmando recientemente más y mejores tratados de doble tributación, acción que hace más difícil evadir o eludir impuestos a quienes establecen sociedades en el extranjero para mantener sus ingresos fuera del alcance de la autoridad local.
Es en este contexto que hay que entender la filtración y divulgación de los papeles de Panamá, más de 11 millones de documentos del bufete de abogados panameño Mossack Fonseca sobre empresas offshore y paraísos fiscales de todo el mundo. Los documentos, que incluyen los nombres y apellidos de los propietarios de más de 240.000 empresas offshore, fueron filtrados a un diario alemán y luego procesados y divulgados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ), que integran 190 periodistas de 65 países. Las revelaciones de los papeles de Panamá han causado tanta indignación en la opinión pública mundial que desde el primer ministro británico David Cameron, hasta el célebre chef peruano Gastón Acurio tuvieron que hacer declaraciones públicas explicando cuánta plata tienen, y qué porción de esa plata la tienen en sociedades offshore y por qué. Otros que no eran tan inocentes, como el primer ministro de Islandia, Sigmundur Gunnalaugsson, y el ministro de industria español, José Manuel Soria, tuvieron que renunciar a sus cargos.
La confesión pública que hicieron Cameron y Acurio, al dar detallada cuenta de su vida financiera, sólo se entiende como una forma de apaciguar a la opinión pública. El fondo offshore en que es socio el premier británico fue creado por su padre y él heredó cerca de medio millón de dólares de esa sociedad. En el caso de Acurio, quien hizo público el estado de todas sus inversiones y cuentas bancarias, la empresa offshore está lejos de manejar millones de dólares y se creó para comprar dos catamaranes.
En América Latina, los documentos apuntan con el dedo a familiares, asociados o contratistas de los presidentes de Argentina, Mauricio Macri; de Ecuador, Rafael Correa, y de México, Enrique Peña Nieto, además de vincular a los dos contendores para la segunda vuelta presidencial en Perú, Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski. En Brasil, aparecen mencionados más políticos de oposición que de gobierno y en Chile -ironía- hicieron renunciar al presidente de la rama local de la ONG anticorrupción Transparencia Internacional, por gestionar empresas offshore vinculadas a un proyecto minero.
A nivel mundial, son 140 los dignatarios o altos dirigentes políticos mencionados en los papeles de Panamá debido a que  sus familiares, amigos o socios crearon o usaron empresas offshore de la mano de Mossack Fonseca. Entre ellos hay doce jefes de Estado, incluyendo -además del británico David Cameron y el islandés Gunnlaugsson- al presidente de Rusia, Vladimir Putin; al presidente de China, Xi Jinping; al primer ministro de Paquistán, Nawaz Sharif; al presidente sirio Bashar Assad; al nuevo rey Salman Named de Arabia Saudita y al presidente de Ucrania, Petro Poroshenko.
El número de presuntos implicados y la prominencia de sus nombres aseguraban una amplia cobertura periodística a la divulgación de los documentos. Pero pocos anticiparon la indignación ciudadana que provocarían las revelaciones. Al desatarse el escándalo, David Cameron reaccionó casi con ingenuidad, explicando que la empresa offshore familiar era asunto privado y que no había en ella nada ilegal. Esto no hizo otra cosa que aumentar la ira ciudadana, que identificó privacidad con secreto y empresa offshore con dinero sucio.
Las explicaciones de algunos jefes de Estado latinoamericanos también fueron equivocadas. La reacción -algo matonesca- del presidente ecuatoriano Rafael Correa fue publicar en Twitter los nombres de los seis periodistas ecuatorianos que habían trabajado en la investigación. La declaración inicial del argentino Mauricio Macri fue parecida a la del británico Cameron, al explicar por qué no había incluido en su declaración tributaria de 2007 la participación que tiene en una firma offshore creada por su padre.
Todos insistieron en que habían actuado de acuerdo a la ley.
Cometieron un error. Es verdad que no hubo nada ilegal en las acciones de la gran mayoría de los jefes de Estado y sus asociados -una indignante excepción es el ruso Vladimir Putin-, pero usar ese argumento como defensa suena a ampararse en la legalidad para encubrir ganancias ilícitas. La lectura que hizo la opinión pública de las revelaciones fue que, una vez más, los ricos y poderosos encuentran forma de ganar dinero y no pagar impuestos mientras aprueban leyes que exigen austeridad a sus ciudadanos y los persiguen tributariamente. La gente creyó encontrar en los papeles de Panamá una prueba más de que gobernantes, legisladores y empresarios no son de fiar. Que además de no pagar los impuestos que les corresponde, no les importa que se quiebre la confianza pública. Que quienes pagan los impuestos que les corresponde son unos tontos.
Lo cierto es que las sociedades offshore tienen muchos usos completamente inocentes y, más que eso, beneficiosos para la inversión extranjera, el comercio y otras fuentes de crecimiento económico. Facilitan invertir en países más allá de las propias fronteras y establecer en territorio neutro nuevas empresas cuyos socios son ciudadanos de países diferentes.
Pero también se usan para evadir impuestos. Y en algunos casos permiten lavar dinero y financiar el terrorismo. De hecho, entre las empresas 240.000 empresas mencionadas en los papeles de Panamá hay 33 sociedades que están en la lista negra de Estados Unidos por la sospecha de que lavan dinero del narcotráfico o el contrabando de armas, o que financian el terrorismo.
La mera mención de un dignatario o dirigente político en un documento sobre empresas offshore confirma a la ciudadanía lo que siempre han pensado: que los políticos son más ricos de lo que dicen, que usan la privacidad como pretexto para ocultar secretos y que se aprovechan de la gente a quienes dicen representar. Y que si esos políticos son ricos, son más sospechosos todavía. Pero en muchos casos la ciudadanía está equivocada. En muchos casos, la reacción de la ciudadanía ante los Papeles de Panamá ha sido exagerada, fruto de la ligereza de juicio o de la ignorancia, y está haciendo pagar a justos, como David Cameron, por pecadores.
Ante la filtración de los papeles del bufete panameño, la gente no se pregunta si las acciones de sus gobernantes, dirigentes empresariales o legisladores fueron legales o no. No tiene sentido, si son precisamente los ricos y poderosos los que escriben las leyes. Lo que ofende de las compañía offshore es su opacidad, el hecho de que sus dueños pueden permanecer en el anonimato. Se preguntan cuáles son los trapos sucios que quieren mantener en la sombra. Lo que ofende del secreto bancario es que sea secreto.
La divulgación de los nombres ha dañado injustamente a muchos de los que son mencionados, como David Cameron o Acurio, sino también a Panamá, país que ha participado en todos los foros e iniciativas multilaterales sobre el tema, que ha reformado su legislación y hecho un esfuerzo meritorio por establecer normas y regulaciones financieras más estrictas y por aumentar la transparencia, a fin de eliminar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. En Panamá, por ejemplo, ya no existen las acciones y bonos al portador, de modo que ahora siempre se sabrá quién es dueño de qué y en qué porcentaje. Las iniciativas de Panamá para hacer más transparente su sistema bancario fueron una de las razones por las cuales AméricaEconomía eligió a su ministro de Hacienda, Dulcidio de la Guardia, como el mejor de América Latina el año pasado. La indignación ciudadana ante los documentos filtrados socava su trabajo y hace daño al país.
Es injusto que los justos tengan que pagar por los injustos, como le sucede a Dulcidio de la Guardia. Ese es uno de los efectos negativos que ha tenido la divulgación de los papeles de Panamá.
Pero en definitiva, la filtración de los documentos será beneficiosa para todo el mundo. La transparencia de los mercados financieros permite tomar mejores decisiones a personas, empresas y países. Y la transparencia instantánea que producen los papeles de Panamá se suma a la transparencia más gradual que está surgiendo en América Latina y en el mundo con las reformas tributarias, los tratados de doble tributación entre países y las restricciones al secreto bancario. Esas reformas, ya vigentes en varios países de la región -Brasil, México y Chile son algunos de los ejemplos-, hacen más conveniente desde el punto de vista tributario establecer filiales dentro de las propias fronteras o abrir directamente oficinas en los países donde quieren iniciar negocios en vez de hacerlo a través de un paraíso fiscal.
El escándalo mundial que han causado los papeles de Panamá ya ha dado inicio a conversaciones sobre las formas en que deben confluir los sistemas tributarios nacionales con vistas a desarrollar un estándar mundial. Barack Obama y los gobernantes de varios países de la Unión Europea, Japón y América Latina han hecho llamados a hacer más tratados de doble tributación, a aumentar la transparencia, a compartir información. La filtración de los 11 millones de documentos de Mossack ha ayudado a acelerar ese proceso. Con el tiempo, de mantenerse la tendencia, será innecesario y hasta inconveniente para una empresa legítima establecer una sociedad offshore. En ese momento, sólo quedarán ahí las empresas que no tienen cómo explicar el origen de su dinero. En ese momento, los paraísos fiscales serán un asunto policial y no político.
El resultado final de este huracán de transparencia que son los Papeles de Panamá será una redefinición de las reglas internacionales que rigen a las empresas offshore. En estos años en que la privacidad se bate en retirada por obra y gracia de internet, y en que la big data ayuda a tomar decisiones mejor informadas a personas, empresas y países, hay que abrazar el fin del secreto financiero, felicitarse por la filtración de documentos confidenciales. Y esperar que vengan más.

Paraísos fiscales

Redaccion América Economía

Contrario a lo que muchos puedan creer tras la divulgación de los papeles de Panamá, la normativa y fiscalización tributarias han mejorado en un número significativo de países latinoamericanos en los últimos años. Como consecuencia, ha disminuido la evasión y -al menos hasta que el crecimiento de la región empezó a sufrir por la baja en los precios de las materias primas que exporta- aumentó la recaudación. México, por ejemplo, instauró en 2014 la obligatoriedad de la factura electrónica, eliminando de un día para otro la falsificación de facturas, que era un negocio paralelo para muchas imprentas del país. Chile fue el pionero en e-facturas, hace más de una década, y otros países de la región han hecho lo mismo, al punto que América Latina es la región más desarrollada del mundo en facturación electrónica y le están siguiendo los pasos desde países de la Unión Europea hasta China.
Dado que una parte significativa de la actividad económica latinoamericana no aparece en los libros de contabilidad ni en las cuentas nacionales, los gobiernos de la región se han tomado muy en serio las declaraciones y el pago de impuestos de sus ciudadanos. En Ecuador, una ley del actual gobierno le ha hecho la guerra a las facturas falsas obligando a las imprentas a certificar sus actividades. En Paraguay, de acuerdo con cifras del Banco Mundial, la recaudación tributaria creció de 10,5% del PIB en 2006, a casi 13% del PIB en 2013.