Panam Post
Una columna de Ian Vázquez -director del Centro para la Libertad y Prosperidad Global de Cato Institute- nos llamó poderosamente la atención. Lo allí expresado no sólo es relevante sino también digno de ser divulgado, por constituir un paradigma del modo en que se manejan los gobernantes frente a su propia incompetencia. Eso adquiere mayor relevancia cuando los “
Panama Papers”, y más recientemente los “Bahamas Papers”, tienen escandalizada a la opinión pública mundial.
El
artículo de Vázquez está titulado “¿Debería ser un crimen el lavado?”. Ese interrogante causa asombro dado que todos damos por hecho que eso es incuestionable. Lo cual vendría a ser una prueba del “lavado” de cerebro que los políticos han realizado en esa materia, ya que no es algo que se someta a análisis y discusión. Pero lo más increíble es que Vázquez le hizo esa pregunta a Lawrence Lindsey -uno de los gobernadores de la Reserva Federal de EE.UU.- y la respuesta del alto jerarca fue contundente: No debería ser un delito.
Al considerar la mencionada postura frente al lavado de activos -que en un principio nos había causado perplejidad- advertimos la retorcida habilidad con que los gobernantes transmiten a los privados la responsabilidad que les atañe directamente. Es decir, frente a sus evidentes fracasos para alcanzar ciertos objetivos, los trasladan ilegítimamente al sector privado y con ellos, la supuesta culpa de los males invocados. Ergo, focalizan la ira ciudadana lejos de ellos aunque sean los que verdaderamente están en falta con respecto al cumplimiento de sus deberes.
Para empezar, el lavado de dinero obtenido mediante actividades ilegales no es la causa del delito sino su consecuencia. Por consiguiente, la forma correcta de afrontarlo es poniéndole coto a la delincuencia, especialmente a las actividades más lucrativas que son el secuestro y el narcotráfico.
Lindsey afirma que las autoridades han fallado estrepitosamente en esa tarea. Frente a su incapacidad, en vez de analizar con ojo crítico dónde residen sus propias fallas, “obligan a los banqueros a escrudiñar actos que en sí no son criminales (como la transferencia de dinero) […] No corresponde a los empresarios convertirse en policías. Si los delitos originales realmente están fuera de control, es hora de poner más esfuerzo en luchar contra ellos o reformar las leyes que los afectan”.
Lo peor, según Lindsey, es que “las regulaciones antilavado de activos están mal enfocadas, son altamente ineficientes y amenazan la privacidad de los ciudadanos, cosa de la que fácilmente pueden abusar los políticos inescrupulosos”. Cosa que estamos empezando a ver
en muchas partes, por ejemplo en Uruguay, que con el “cuento” de luchar contra “la delincuencia mundial” están liquidando al secreto bancario.
Los gobernantes imponen una carga irracional sobre los privados para disimular sus propias fallas. Primero, porque el uso del dinero y las transacciones comerciales no son un delito; segundo, porque es muy difícil detectar y comprobar el lavado de activos; y tercero, porque las regulaciones antilavado son extremadamente ineficientes.
Generalmente, se obliga a los bancos a informar a la autoridad monetaria todas las transacciones financieras superiores a determinado monto.
Con respecto a esa medida, Lindsey informa que “Entre 1987 y 1995, el gobierno (estadounidense) recolectó 77 millones de informes sobre transacciones […] Con todo eso logró llevar a juicio 3 mil casos de lavado. Más o menos un caso por cada 25 mil informes… y se lograron apenas 580 veredictos de culpabilidad. En otras palabras, más de 100 mil informes fueron presentados por gente inocente para lograr cada condena. Esa proporción de 99.999 a 1 normalmente no se toleraría como un equilibrio razonable entre la privacidad y el fallo de culpabilidad”.
Esas cifras son elocuentes. Pero cada vez que “salta” a la opinión pública un escandalete como el de los “Panama Papers”, la gente demanda “más regulación estatal”. No se detienen a reflexionar acerca de los efectos perniciosos sobre los derechos y libertades individuales que tal medida entraña.
Alarma cómo esa conducta de los gobernantes se está extendiendo hasta el absurdo. En Uruguay, frente a la
incapacidad de las autoridades para combatir la delincuencia, por ejemplo los asaltos a las gasolineras, como “solución”, han aprobado una ley que paulatinamente obligará a la gente a pagar en las estaciones de servicio con tarjeta de crédito. Estará prohibido pagar con efectivo. Esa medida no sólo viola la libertad individual y de comercio, sino que causará un sinnúmero de perjuicios en un país donde esa práctica no es habitual. Por ejemplo, ¿cómo comprarán combustible aquellos que no tienen una tarjeta? Eso sin hablar de los costos financieros adicionales que supone para los comerciantes esa normativa.
Pero lo más insólito es la tentativa de nuestras autoridades de querer mostrar “sensibilidad” hacia los discapacitados a costa del sector privado, cuando ellas -por desidia o indiferencia- no están cumpliendo con la normativa vigente para el sector estatal en esa materia.
Por un lado, se está discutiendo a nivel parlamentario un proyecto de ley que obligaría a las empresas privadas que tengan una plantilla de 25 o más personas, a que el 4% de los nuevos ingresos sean de discapacitados. Se establecen serias sanciones para aquellas firmas que incumplan con esta normativa.
Pero por el otro, la
ley Nº 18.651 de marzo de 2010 impone a los organismos públicos la obligación de incorporar personas con algún tipo de discapacidad, en una proporción no inferior al 4% de sus vacantes. Sin embargo, esa normativa dista de ser cumplida: en 2015, el porcentaje de discapacitados que fueron incorporados fue de únicamente 0,33%. El sector público no es sancionado por incumplimiento.
En conclusión, vemos que los gobernantes son reacios a reconocer sus propias incompetencias, errores y omisiones. Y, en vez de rectificar rumbos tras analizar las causas que los originan, su “solución” es cargar sobre las espaldas de los privados responsabilidades que no les corresponden. Y por el camino, se van recortando paulatinamente libertades y derechos individuales
