Desenmascarar a los impostores de Podemos
Por José Antonio Baonza Díaz
Uno de los puntales escogidos como mantra por la desfachatez y el desparpajo de los líderes comunistas del siglo XXI para agitar y manipular sentimentalmente a la opinión pública reside en la invención de pobrezas con adjetivos. En su empeño por “crear las condiciones objetivas para la revolución” que predicara Marx, sus voceros no reparan en barras a la hora de acuñar términos rotundos para presentar situaciones supuestamente acuciantes y desesperadas.
El ascenso y apogeo de Podemos y sus satélites en España constituye un ejemplo digno de estudio. En un momento anterior a su lanzamiento como partido, un núcleo fundador de espabilidados agit-props salió de sus aulas universitarias (lo cual no dice mucho a favor del nivel de la enseñanza llamada superior en España ) donde les habría esperado una mediocre vida de proselitismo marxista esperando cautivar a sus estudiantes con los clichés y consignas codificadas de la neolengua posmoderna.
El destino de tan audaz viaje fue Venezuela. Para curtirse en la práctica, el régimen chavista les brindó una generosa financiación (¡los tiempos del barril de petróleo rozando los 100 dólares le dieron para mucho!) por asesorarle, digamos qué intelectualmente, a transformar aquel desdichado país en un infierno colectivista, partiendo de un régimen republicano intervencionista y corrupto. Los extremos últimos de sus acuerdos es probable que nunca los conozcamos, pero la relación ha sido confirmada por los involucrados.
Por otro lado, no es ningún secreto que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) se fundó por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2004 para apuntalarse mutuamente y propagar una suerte de “socialismo del siglo XXI”, a modo de nueva internacional comunista. La experiencia adquirida por los jóvenes profesores españoles sin duda debió animarles a emplear parecidos recursos propagandísticos para su proyecto político en la madre patria (en desusada expresión hispanoaméricana) y absorber los distintos movimientos que aprovecharían las consecuencias de la recesión y el anquilosamiento de un régimen de corrupción institucionalizada. Ahí tenemos a la clásica infiltración comunista en los movimientos asamblearios como los “indignados” y la gran campaña de demagogia dirigida por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (APH) para reclamar la imposición retroactiva de la dación en pago de la vivienda hipotecada para saldar deudas con este tipo de garantía de pago, una moratoria de los lanzamientos (impropiamente llamados desahucios) de los poseedores de viviendas para hacer efectiva la adjudicación de la propiedad a sus acreedores o a un tercero que hubiere pagado por ella y el “alquiler social”. No en vano, la líder de ese movimiento, quién fue recibida como destacada promotora de la iniciativa legislativa popular en la Comisión del Congreso de los Diputados, se convirtió en alcaldesa de Barcelona. Tras la elecciones municipales de mayo de 2015, sus líderes y ediles aupados a ciertas alcaldías por mor del PSOE principalmente, han añadido a su larga lista de alarmas falsas 25.563 niños con problemas de malnutrición en Madrid, que justificaría un plan de asistencia que ya existía aunque solo para 2.700 casos detectados por los servicios sociales del Ayuntamiento, y un problema de “pobreza energética” que la verborrea propagandista convierte otra vez en cuestión de vida o muerte, lo cual de nuevo justificaría un nuevo plan de subvenciones.
Inasequibles a la compleja realidad, sus rostros no se sonrojan cuando repiten que el rescate del FROB se dirigió a la banca, cuando tal expolio a los contibuyentes se destinó a salvar de la quiebra a unas Cajas de Ahorros que adolecían del carácter de sociedades mercantiles privadas, y cuyos estatutos reformados por la Ley de Órganos Rectores de 1985, en aras de su “democratización” (¿Les suena el argumento?) dejó en manos de los partidos políticos, sindicatos y patronal su gestión y el reparto de bicocas todavía sin sustanciarse ante los tribunales.
Decía que los movimientos precursores de Podemos habían aprovechado las consecuencias de la recesión y el anquilosamiento de un régimen corrupto, pero la afirmación requiere alguna matización. Su estrambótico discurso político guarda, sin embargo, una línea de continuidad ideológica con el programa pergeñado por el PSOE antes de su victoria después de los atroces e irresueltos atentados del 11 de marzo de 2004. El descrédito mayúsculo del embaucador de primera hora llamado José Luís Rodríguez Zapatero, quién negó la profunda crisis que se avecinaba, presidió el derrumbe de su programa y su puesta en práctica y, aun rectificó in extremis su política de derroche público; no debe hacer olvidar que sus delirios políticos solo dieron una vuelta de tuerca más al juego político del que su partido ha sido un consumado maestro desde los tiempos de González Márquez: Elevar el tono demagógico y el discurso del odio guerracivilista para desarbolar a quiénes discutían por la izquierda su hegemonía y ganarse, al tiempo, la alianza de los nacionalismos periféricos. No hacer ascos a las facciones terroristas (¡desde un partido cuyo gobierno había organizado los GAL en los años 80!) fue la novedad en la era de tan detestable personaje.
Finalmente, un desempeño del poder tan fuertemente intervencionista e incompetente abocó al desastre previsible, así como dejó a la vista la corrupción compartida con la otra pata del sistema que les relevó en noviembre de 2011: el desnortado Partido Popular de Mariano Rajoy Brey, quién, tal vez para disimular sus vergüenzas, está falto de criterio e iniciativa política, anda siempre a remolque de las ideas de sus contrincantes, y llega a asumirlas sin mayores reparos si calcula que hacerlo prolongará su estancia en el poder.
Dentro de la abrumadora gama de productos socialdemócratas disponibles en el mercado político español, la irrupción de Podemos ha significado tensionar aún más una cuerda que se puede romper porque desemboca ya sin tapujos en un socialismo totalmente destructor. Si comparten o no el oportunismo temerario de sus aliados de Syriza en Grecia es otra cuestión, pero, en todo caso, sus experimentos pueden causar mucho daño a la sociedad española.
Pues es el caso, que, con independencia de que lleguen al gobierno de la mano del PSOE, su influencia arrastra desde hace tiempo las políticas y los debates públicos, en vez de tender un dique ideológico contra un proyecto totalitario . Repárese, por ejemplo, en que una parte sustancial de la ILP de la Asociación de afectados por las hipotecas se ha convertido en legislación, a instancias del propio gobierno que aprobó tres decretos leyes en años sucesivos. El último de ellos , número 1/2015, de 27 de febrero, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social, prorrogó hasta el año 2017 la suspensión del derecho de propiedad de las vivendas adjudicadas en subasta o entregadas al acreedor hipotecario a cuenta de la liquidación de su crédito , ya que se limita la posibilidad del lanzamiento para obtener la posesión de las viviendas ocupadas por familias que se encuentren en una situación de "riesgo de exclusión". También se reduce por ley forzosa el máximo de intereses que este tipo de familias deberá pagar. Se entiende que son familias en riesgo de exclusión las que ganan menos de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (532 € al mes), y tengan hijos y otras características.
Esta legislación introdujo un "Código de buenas prácticas", de carácter voluntario, al que se pueden adherir los bancos en el que se recomienda para evitar la ejecución hipotecaria reestructurar las deudas hipotecarias; la reducción de los intereses de la deuda; y la aceptación de la dación en pago liberatoria de la vivienda habitual.
Por lo tanto, no se ha introducido una dación en pago liberatoria imperativa, por encima de los contratos, sino una recomendación a los bancos para aceptarla como "buena práctica". La consecuencia principal de esto será que los bancos no concederán créditos hipotecarios a las personas menos pudientes porque las leyes impiden la ejecución de la principal garantía de pago de las deudas.
Se dice que se quiere "proteger" a los pobres, pero en realidad se dificulta su acceso al crédito porque, con independencia de los estudios de viabilidad de los prestamistas, la ley vigente no les reconoce como personas responsables y capaces de cumplir los contratos que firman.
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