Desenmascarar a los impostores de Podemos
Por José Antonio Baonza Díaz
Uno de los puntales escogidos como
mantra por la desfachatez y el desparpajo de los líderes comunistas del
siglo XXI para agitar y manipular sentimentalmente a la opinión pública
reside en la invención de pobrezas con adjetivos. En su empeño por
“crear las condiciones objetivas para la revolución” que predicara Marx,
sus voceros no reparan en barras a la hora de acuñar términos rotundos
para presentar situaciones supuestamente acuciantes y desesperadas.
El ascenso y apogeo de Podemos y sus
satélites en España constituye un ejemplo digno de estudio. En un
momento anterior a su lanzamiento como partido, un núcleo fundador de
espabilidados agit-props salió de sus aulas universitarias (lo cual no
dice mucho a favor del nivel de la enseñanza llamada superior en España )
donde les habría esperado una mediocre vida de proselitismo marxista
esperando cautivar a sus estudiantes con los clichés y consignas
codificadas de la neolengua posmoderna.
El destino de tan audaz viaje
fue Venezuela. Para curtirse en la práctica, el régimen chavista les
brindó una generosa financiación (¡los tiempos del barril de petróleo rozando los 100 dólares
le dieron para mucho!) por asesorarle, digamos qué intelectualmente, a
transformar aquel desdichado país en un infierno colectivista,
partiendo de un régimen republicano intervencionista y corrupto. Los
extremos últimos de sus acuerdos es probable que nunca los conozcamos,
pero la relación ha sido confirmada por los involucrados.
Por otro lado, no es ningún secreto que la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) se fundó por Hugo Chávez y Fidel Castro en 2004
para apuntalarse mutuamente y propagar una suerte de “socialismo del
siglo XXI”, a modo de nueva internacional comunista. La experiencia
adquirida por los jóvenes profesores españoles sin duda debió animarles a
emplear parecidos recursos propagandísticos para su proyecto político
en la madre patria (en desusada expresión hispanoaméricana) y absorber
los distintos movimientos que aprovecharían las consecuencias de la
recesión y el anquilosamiento de un régimen de corrupción
institucionalizada. Ahí tenemos a la clásica infiltración comunista en
los movimientos asamblearios como los “indignados” y la gran campaña de demagogia dirigida
por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (APH) para reclamar la
imposición retroactiva de la dación en pago de la vivienda hipotecada
para saldar deudas con este tipo de garantía de pago, una moratoria de
los lanzamientos (impropiamente llamados desahucios) de los poseedores
de viviendas para hacer efectiva la adjudicación de la propiedad a sus
acreedores o a un tercero que hubiere pagado por ella y el “alquiler
social”. No en vano, la líder de ese movimiento, quién fue recibida como
destacada promotora de la iniciativa legislativa popular en la Comisión
del Congreso de los Diputados, se convirtió en alcaldesa de Barcelona.
Tras la elecciones municipales de mayo de 2015, sus líderes y ediles
aupados a ciertas alcaldías por mor del PSOE principalmente, han añadido
a su larga lista de alarmas falsas 25.563 niños
con problemas de malnutrición en Madrid, que justificaría un plan de
asistencia que ya existía aunque solo para 2.700 casos detectados por
los servicios sociales del Ayuntamiento, y un problema de “pobreza
energética” que la verborrea propagandista convierte otra vez en
cuestión de vida o muerte, lo cual de nuevo justificaría un nuevo plan
de subvenciones.
Inasequibles a la compleja realidad, sus
rostros no se sonrojan cuando repiten que el rescate del FROB se
dirigió a la banca, cuando tal expolio a los contibuyentes se destinó a
salvar de la quiebra a unas Cajas de Ahorros que adolecían del carácter
de sociedades mercantiles privadas, y cuyos estatutos reformados por la
Ley de Órganos Rectores de 1985,
en aras de su “democratización” (¿Les suena el argumento?) dejó en
manos de los partidos políticos, sindicatos y patronal su gestión y el
reparto de bicocas todavía sin sustanciarse ante los tribunales.
Decía que los movimientos precursores de
Podemos habían aprovechado las consecuencias de la recesión y el
anquilosamiento de un régimen corrupto, pero la afirmación requiere
alguna matización. Su estrambótico discurso político guarda, sin
embargo, una línea de continuidad ideológica con el programa pergeñado
por el PSOE antes de su victoria después de los atroces e irresueltos atentados del 11 de marzo de 2004.
El descrédito mayúsculo del embaucador de primera hora llamado José
Luís Rodríguez Zapatero, quién negó la profunda crisis que se avecinaba,
presidió el derrumbe de su programa y su puesta en práctica y, aun
rectificó in extremis su política de derroche público; no debe hacer
olvidar que sus delirios políticos solo dieron una vuelta de tuerca más
al juego político del que su partido ha sido un consumado maestro desde
los tiempos de González Márquez: Elevar el tono demagógico y el discurso
del odio guerracivilista para desarbolar a quiénes discutían por la
izquierda su hegemonía y ganarse, al tiempo, la alianza de los
nacionalismos periféricos. No hacer ascos a las facciones terroristas
(¡desde un partido cuyo gobierno había organizado los GAL en los años
80!) fue la novedad en la era de tan detestable personaje.
Finalmente, un desempeño del poder tan
fuertemente intervencionista e incompetente abocó al desastre
previsible, así como dejó a la vista la corrupción compartida con la
otra pata del sistema que les relevó en noviembre de 2011: el desnortado
Partido Popular de Mariano Rajoy Brey, quién, tal vez para disimular
sus vergüenzas, está falto de criterio e iniciativa política, anda
siempre a remolque de las ideas de sus contrincantes, y llega a
asumirlas sin mayores reparos si calcula que hacerlo prolongará su
estancia en el poder.
Dentro de la abrumadora gama de
productos socialdemócratas disponibles en el mercado político español,
la irrupción de Podemos ha significado tensionar aún más una cuerda que
se puede romper porque desemboca ya sin tapujos en un socialismo
totalmente destructor. Si comparten o no el oportunismo temerario de sus
aliados de Syriza en Grecia es otra cuestión, pero, en todo caso, sus
experimentos pueden causar mucho daño a la sociedad española.
Pues es el caso, que, con independencia
de que lleguen al gobierno de la mano del PSOE, su influencia arrastra
desde hace tiempo las políticas y los debates públicos, en vez de tender
un dique ideológico contra un proyecto totalitario . Repárese, por
ejemplo, en que una parte sustancial de la ILP de la Asociación de
afectados por las hipotecas se ha convertido en legislación, a
instancias del propio gobierno que aprobó tres decretos leyes en años
sucesivos. El último de ellos , número 1/2015, de 27 de febrero,
de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y
otras medidas de orden social, prorrogó hasta el año 2017 la suspensión
del derecho de propiedad de las vivendas adjudicadas en subasta o
entregadas al acreedor hipotecario a cuenta de la liquidación de su
crédito , ya que se limita la posibilidad del lanzamiento para obtener
la posesión de las viviendas ocupadas por familias que se encuentren en
una situación de "riesgo de exclusión". También se reduce por ley
forzosa el máximo de intereses que este tipo de familias deberá pagar.
Se entiende que son familias en riesgo de exclusión las que ganan menos
de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (532 €
al mes), y tengan hijos y otras características.
Esta legislación introdujo un "Código de
buenas prácticas", de carácter voluntario, al que se pueden adherir los
bancos en el que se recomienda para evitar la ejecución hipotecaria
reestructurar las deudas hipotecarias; la reducción de los intereses de
la deuda; y la aceptación de la dación en pago liberatoria de la
vivienda habitual.
Por lo tanto, no se ha introducido una
dación en pago liberatoria imperativa, por encima de los contratos, sino
una recomendación a los bancos para aceptarla como "buena práctica". La
consecuencia principal de esto será que los bancos no concederán
créditos hipotecarios a las personas menos pudientes porque las leyes
impiden la ejecución de la principal garantía de pago de las deudas.
Se dice que se quiere "proteger" a los
pobres, pero en realidad se dificulta su acceso al crédito porque, con
independencia de los estudios de viabilidad de los prestamistas, la ley
vigente no les reconoce como personas responsables y capaces de cumplir
los contratos que firman.
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