El régimen de Daniel Ortega ha decidido dejar de lado las pocas apariencias democráticas que le quedaban y está dispuesto a quedarse en el poder a cualquier precio. (Flickr)
Un total exabrupto que sólo indica que el régimen de Daniel Ortega ha decidido dejar de lado las pocas apariencias democráticas que le quedaban y que está dispuesto a quedarse en el poder a cualquier precio. Un golpe parlamentario y un nepotismo tan burdos que sólo evidencian su voluntad de no volver a medirse en elecciones democráticas, pluralistas y transparentes en que pueda salir derrotado él y el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), como sucedió en los comicios de 1990 cuando ganó Violeta Chamorro, y en las elecciones presidenciales de los años 1996 y 2001, cuando se alzaron en la presidencia del país Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, respectivamente.
Las reacciones en el país y a nivel internacional no se hicieron esperar, particularmente de quienes tildan la acción de golpe de Estado parcial, un zarpazo a la soberanía popular nicaragüense, que atropella no sólo a la Constitución, sino también los principios del derecho internacional establecidos en los fundamentos constitutivos de las Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, aunque ya sabemos que ambos organismos no son respetados por el régimen nicaragüense cuando se contrarían sus acciones.
Dentro del país, destaca el pronunciamiento de la principal cámara empresarial, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP), que en los 10 años de gobierno de Ortega ha sido benevolente con sus desmanes y se ha favorecido de sus prerrogativas. Ahora el sector empresarial exige sin tapujos al Ejecutivo el respeto de la Constitución y evitar “la concentración del poder en perjuicio de la democracia” en virtud de que el golpe parlamentario “debilita la democracia representativa, el pluralismo político y la división de poderes”. Igualmente se pronunció la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua.
Desde el exterior también proliferan las críticas y exigencias a Daniel Ortega. Además de los duros pronunciamientos del gobierno de los Estados Unidos y otros de la comunidad democrática internacional, vale la pena distinguir la declaración de los veinticinco expresidentes latinoamericanos y uno español, quienes pidieron al Consejo Permanente de la OEA y a la Unión Europea (UE) mantener una “vigilancia crítica” frente a las “graves alteraciones al orden democrático y constitucional”, ya no sólo en Nicaragua, sino también en Venezuela. Porque son precisamente las similitudes que manifiesta Daniel Ortega en su deriva totalitaria con su principal aliado en América Latina, Nicolás Maduro, lo que prende las alarmas en la región, justo cuando apenas ha pasado poco más de una semana de la visita que el presidente venezolano hiciera a su homólogo nicaragüense con motivo del 37 aniversario de la revolución sandinista.
En Nicaragua se han venido materializando las amenazas que en los últimos meses ha proferido el régimen madurista contra la oposición venezolana, para lo cual se valen de un Tribunal Supremo de Justicia enteramente parcializado al régimen y que ha invalidado 18 de las 19 leyes que la Asamblea Nacional ha aprobado en seis meses con su mayoría opositora, lograda en las elecciones del pasado 6 de diciembre, cuando se le asestó el primer golpe electoral a la cúpula gobernante en Venezuela en los últimos 17 años. Como el nicaraguense, el régimen venezolano no sólo utiliza al Tribunal Supremo. Ya sin vergüenza alguna Nicolás Maduro afirma públicamente que dejará de financiar al Parlamento y voceros gubernamentales solicitan ante las autoridades electorales anular la inscripción de la alianza opositora MUD.
Ello explica que la opositora Asamblea Nacional venezolana, luego de condenar la acción del Tribunal Electoral nicaragüense de despojar a los diputados opositores de sus escaños, señalara con acierto: “Vemos con gran preocupación que estas conductas autoritarias se conviertan en un modelo de Estado en algunos países de América Latina influenciados por el chavismo-madurismo que durante los últimos años ha ocasionado un profundo daño a la democracia violando Derechos Humanos, quitándoles la independencia y autonomía a los Poderes Públicos y teniendo presos políticos, perseguidos y exiliados, además es el total responsable de la actual crisis humanitaria, económica y política que hoy vive el pueblo de Venezuela”.
Tal pareciera, siguiendo al analista Fernando Mires, que en muchos países latinoamericanos y al parecer también en algunas democracias europeas, se viene consolidando lo que el filósofo chileno califica como “una tendencia del siglo XXI”, en que en algunos países se ejecutan acciones para limitar el poder de los parlamentos para concentrarlos en un ejecutivo autoritario en nombre de una falsa democracia directa, tal como viene ocurriendo en la Rusia de Putin, la Turquía de Erdogan o incluso en la Hungría de Víctor Orban, donde el poder legislativo viene a ser poco más que decorativo, ante unos presidentes autócratas que se sienten ungidos para salvar a sus pueblos.
Pero, ¿cómo hacer para parar esta tendencia?, ¿cómo hacer para que en los preocupantes casos de Nicaragua y Venezuela sus dictadorzuelos de nuevo cuño permitan la realización de comicios y referendos realmente libres y justos que posibiliten a sus pueblos decidir el futuro de su país?
A estas alturas de esos procesos dictatoriales, imposible sin una movilización político-social de calle y de una mayor presión internacional por parte tanto de los gobiernos como de diversos actores multilaterales y transnacionales. Una presión que debe ir más allá de solicitar una veeduría nacional e internacional para garantizar transparencia en las elecciones venideras en ambos países. Porque es ya la hora de llevar a cabo contundentes y realistas sanciones económicas y diplomáticas, bilaterales y multilaterales hacia los dos regímenes. Y aquí los vecinos regionales deberían llevar la batuta. No hay otra salida democrática y pacífica.
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