El presente artículo fue escrito por Ludwig Laborda, Coordinador Local de Estudiantes por la Libertad Venezuela.
El 02 de junio de 2016 fue un día bastante tenso para la ciudad de
Caracas. Muchas personas se encontraban esperando su turno para comprar
comida, pero no fueron atendidos. Esto provocó mucha tensión que devino
en protesta. Se propusieron marchar hasta el Palacio de Miraflores que
queda cerca de la Av. Fuerzas Armadas para exigir soluciones al problema
de la comida y la respuesta que recibieron fue la represión por parte
de la Guardia Nacional.
Situaciones como esas podrían y van a repetirse en el país. Por un lado, los controles de precios
ahogan cualquier iniciativa de producción en el país, debido a que
impiden siquiera recuperar los recursos invertidos en la producción del
bien cuyo precio está regulado. El control cambiario, por su parte, hace
muy difícil la adquisición de materia prima necesaria para producir. En
general, las pocas garantías sobre la propiedad hacen de Venezuela un
ambiente inhóspito para la inversión.
En otras palabras, el problema económico de Venezuela es causado, en
parte, por desincentivos a la producción. Como parte del estado de
excepción y emergencia económica en el país, se plantea la creación de
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para “ayudar”
al sector privado en la producción distribución y comercialización de
los alimentos.
¿Qué significa un control completo de la producción, distribución y
comercialización de alimentos? Significa que, a medida que los CLAP se
vayan consolidando, todos estos procesos estarán centralizados,
desplazando la venta de alimentos en los supermercados, abastos y
comercios a los sitios establecidos por los CLAP, y colocando una traba
adicional a las ya existentes para el proceso productivo.
Los CLAP son organizados por los consejos comunales y estos llevan
registro de aquellos que recibieron comida, los cuales deben firmar y
estampar su huella dactilar. Cada CLAP sólo puede distribuir a los
miembros del consejo comunal en el cual operan dando preferencia a
grupos familiares, por lo que un hombre soltero no se beneficia.
En torno a los CLAP hay dos situaciones que son sumamente alarmantes y
que merecen ser analizadas. Estos comités tienen completa
discrecionalidad a la hora de distribuir los alimentos. Son los
dirigentes de las CLAP los que deciden a quién y a quién no vender
comida. Esto, por supuesto, puede convertirse en un arma política
bastante contundente.
Además, las CLAP son tan sólo un intento de solución coyuntural
puesto que lo que hacen es desviar los productos de los supermercados,
abastos y comercios a los centros de distribución de las CLAP. ¿Qué
pasará cuando ya no haya nada que distribuir? El sistema se caerá por su
propio peso y Venezuela pasará a formar parte de las estadísticas sobre
países socialistas con hambrunas.
Por todo lo mencionado, y otras cosas más que aquí no se mencionan,
no existe propiedad privada en Venezuela. Si existe sólo es de manera
nominal, pues no hay verdadera propiedad privada de los medios de
producción cuando un gobierno dicta qué, cómo, cuánto, cuándo vender a
través de mandatos, decretos y coacción en general. Esta invasión masiva
de la economía venezolana a través de la intervención económica es
explicada en el epílogo del libro Socialismo de Ludwig von Mises llamado “Caos Planificado”.
Allí Mises relata cómo la intervención en un sector de la economía
crea distorsiones que, al Estado Central intentar solucionarlas con más
controles, hace que se agudicen los problemas. Si la receta sigue siendo
crear controles para solucionar los problemas que originan los
controles, llega un punto en que toda la economía es intervenida y
teledirigida desde el asiento del gobernante. En este caso, ya no
hablamos de economía de mercado, ni de precios, ni de empresarios, ni de
propiedad privada, sino de economía centralmente planificada (socialismo), de tasas, de funcionarios y de propiedad pública.
Estas desviaciones de alimentos y demás intervenciones seguramente
generarán más descontentos, protestas y situaciones violentas como las
recientes. Si hay intenciones de evitar una exacerbación de la crisis
humanitaria en el país, debería reconocerse que vivimos en una situación
difícil y aceptar la ayuda internacional (que ya ha sido ofrecida). Al
paralelo, debería desmontarse la estructura de controles que amenazan el
derecho de propiedad y la subsistencia de los venezolanos.
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