La revolución en déficit

Gabriela Calderón de Burgos dice que en Ecuador el gobierno ha llegado a consumir 40,8% de los fondos prestables de la economía y que esto ha desplazado la inversión privada.

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Gabriela Calderón de Burgos es editora de ElCato.org, investigadora del Cato Institute y columnista de El Universo (Ecuador).

Tener un déficit público implica un gran costo de oportunidad. Los economistas James Buchanan y Richard Wagner explican en Democracia en déficit (2000):
“El financiamiento del déficit en el gasto público podría ‘desplazar’ la inversión privada, con el resultado previsto de que la tasa de formación de capital en la economía se verá reducida significativamente a través del tiempo. La expansión del endeudamiento público para financiar el déficit en el presupuesto representa una demanda mayor de fondos prestables...La utilización de ahorros por parte del gobierno para financiar su déficit desplazará la utilización de los ahorros por parte de la inversión privada”.1



Para ilustrar esto, consideremos las cifras actuales: hasta junio de 2016, el sistema financiero privado del Ecuador tiene una cartera de créditos de $18.704 millones y el gobierno tiene una deuda pública interna de $12.906 millones.2 Esto implica que de los fondos prestables totales que goza la economía ecuatoriana ($31.610 millones), el gobierno acapara 40,8%. Ese 40,8% del crédito total en la economía que está siendo utilizado por el gobierno por supuesto que puede ser utilizado en inversión de capital o en consumo (gasto corriente). Si vemos la evolución reciente del presupuesto del Estado, veremos que este cada vez más reduce el gasto en inversión pública mientras que defiende el gasto corriente. Aunque sería menos malo que la mayor parte del gasto público se destine a inversiones de capital como obras útiles de infraestructura, incluso en ese caso habría que comparar la productividad de la inversión pública con aquella de la inversión privada y suele ser mayor la eficiencia de la segunda.
Buchanan y Wagner explican que además de desplazar la inversión privada, lo que suele ocurrir es que un gasto público mayoritariamente destinado al consumo termina desplazando también el ahorro y reduciendo el stock de capital en la economía.
El desplazamiento del financiamiento hacia el sector público tiene entre sus principales víctimas a las bolsas de valores de Guayaquil y Quito, donde antes el IESS destinaba una porción importante de sus inversiones. Pero desde que el IESS se dedicó a invertir en gran medida en el sector público, cayeron significativamente las colocaciones en las bolsas de Guayaquil y Quito. Dicho de otra forma, el gobierno obtuvo el crédito que no obtuvieron empresas privadas.
Este consumo voraz de crédito por parte del gobierno ejerce presión al alza en las tasas de interés y reduce los fondos prestables al sector privado de la economía. Súmele a esto la contracción de crédito natural frente a shocks externos negativos como la caída del precio del petróleo. También, el Banco Central del Ecuador ha venido comprometiendo la liquidez de instituciones financieras privadas para financiar al gobierno, lo que ha derivado en que los bancos —en aras de salvaguardar los depósitos de sus clientes— restrinjan todavía más el crédito. La reducción del crédito conduce a una reducción de los depósitos (el crédito suyo es el depósito de otro) y de las utilidades de los bancos y a un incremento en la morosidad.
Finalmente, el gobierno está intentando, mediante regulaciones, dirigir gran parte del crédito que no consume. Un próximo gobierno tendrá que deshacer esta estatización furtiva del crédito.