Mauricio Ríos García dice que las crisis se gestan en los periodos de auge, que no se deben simplemente a factores como la caída del precio del petróleo y que en el caso de Bolivia la desaceleración se inició en 2013.
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Para algunos es necesario que todo tenga que volar por los aires para convencerse de que la economía de Bolivia está en serios problemas, y son exactamente del tipo que han tenido que enfrentar todas las economías del Socialismo del Siglo XXI, Venezuela, Argentina, Brasil y ahora también Ecuador.
Hace poco me preguntaron cuándo se considera que una economía está en crisis. Respondí que cuando ha habido mala asignación de recursos. Esto significa que, contrariamente a lo que sostiene el pensamiento económico convencional, las crisis económicas en realidad se generan durante la etapa de un auge ficticio, que se ha creado en base a una ilusión de riqueza, y no cuando llega la recesión.
Los problemas de la economía de Bolivia no tienen que ver con extractivismo, ni con enfermedades holandesas ni con maldiciones de recursos naturales, sino con mala asignación de recursos.
Por un lado los gobiernos que se apropian de los principales negocios del país, y destinan una parte de esos recursos deliberadamente y con criterios de permanencia en el poder, y no en el mercado mediante los mecanismos propios de asignación que tiene cualquier economía, como la competencia, el libre mecanismo de precios, las tasas de interés, la moneda, etc. que son los que impiden que se realicen proyectos a pérdida o con el cómodo respaldo de más rentas de hidrocarburos, o de la propia capacidad de generación de riqueza de su ciudadanía, es decir, mediante emisión de deuda, incremento de impuestos e inflación. No hay cálculos sobre lo que la mala asignación de recursos y la consecuente pérdida de muchos de los proyectos estatales constituyen, pero cualquier capacidad extraordinaria de imaginación podría ayudar.
Y por otro lado, el problema tiene que ver también con que muchos en el sector privado han sido privilegiados directos de los proyectos estatales mediante contrato directo, sobre todo los vinculados con grandes infraestructuras, pero quienes no han tenido ni han querido tener un vínculo directo con él, al final también han sido afectados. A lo largo de los años, al haber ido nacionalizando la moneda, eliminando la independencia e institucionalidad del Banco Central, manipulado el cálculo de la inflación, modificado el sistema bancario y financiero, y manipulado sus principales instrumentos de intermediación, entre varios otros, se le ha dicho al conjunto de la población que la economía cuenta con una cantidad de recursos a ser consumidos, y sobre todo invertidos, mucho mayor a la que realmente existe, se los ha inducido a correr mayores riesgos que los que han calculado en un principio, y han asignado muchos de esos recursos por error en proyectos que probablemente no responden a una demanda real efectiva de mercado.
Lógicamente, mientras en niveles agregados todos estos proyectos públicos y privados se encontraban en sus etapas iniciales, los datos respaldaban el cumplimiento de toda promesa política imaginable, cualquier inversión parecía rentable por alocada que pareciera, pero más tarde, cuando el mercado empezó a detectar los proyectos de menor calidad o que no pueden ser terminados, y que por tanto deben ser liquidados, empezó la desaceleración, el inicio de la corrección.
Dicha corrección ya es suficientemente problemática por cuanto se la trate de evitar. Todos los proyectos estatales financiados con rentas de hidrocarburos, como los privados inducidos a través de la forzosa y alocada facilidad del crédito, constituyen una mala asignación de recursos monumental, que ha terminado provocando un descalce de plazos financieros primero, y de descoordinación del aparato real productivo después, que no podrá ser solucionado de inmediato ni con parches, sino con un auténtico y doloroso giro estructural de 180 grados.
Es cierto que la caída petrolera es un factor inapelable, pero es un factor agravante y no un factor causante de la crisis. Esto es lo que ha sucedido con Chávez y Maduro, Kirchner y Fernández, Lula y Rousseff, y ahora también Correa. Sus economías, con estructuras muy similares a la boliviana, entraron iniciaron la etapa de corrección mucho antes de la caída de los precios de materias primas en 2014; Bolivia inició su desaceleración ya en 2013.
Si no se quiere repetir tanto error habrá que reconocer cuanto antes que estos problemas no provienen de un simple devenir de la naturaleza, sino por un diseño económico estructural propio, cortoplacista, mucho más riesgos de lo que parece e impuesto a mansalva; por la construcción de una estructura económica que no le permite a la gente adaptarse a la realidad, un modelo que a estas alturas tendría que haber convertido al país en una nueva Suiza, una nueva Alemania, una potencia económica continental, un nuevo Chile hasta 2025, el gas boliviano tenía que haber empezado a convertirse en la alternativa al gas ruso en Europa, y por si fuera poco, que tenía que resistir los avatares de la economía global y la mentada crisis terminal del capitalismo.
Hace poco me preguntaron cuándo se considera que una economía está en crisis. Respondí que cuando ha habido mala asignación de recursos. Esto significa que, contrariamente a lo que sostiene el pensamiento económico convencional, las crisis económicas en realidad se generan durante la etapa de un auge ficticio, que se ha creado en base a una ilusión de riqueza, y no cuando llega la recesión.
Los problemas de la economía de Bolivia no tienen que ver con extractivismo, ni con enfermedades holandesas ni con maldiciones de recursos naturales, sino con mala asignación de recursos.
Por un lado los gobiernos que se apropian de los principales negocios del país, y destinan una parte de esos recursos deliberadamente y con criterios de permanencia en el poder, y no en el mercado mediante los mecanismos propios de asignación que tiene cualquier economía, como la competencia, el libre mecanismo de precios, las tasas de interés, la moneda, etc. que son los que impiden que se realicen proyectos a pérdida o con el cómodo respaldo de más rentas de hidrocarburos, o de la propia capacidad de generación de riqueza de su ciudadanía, es decir, mediante emisión de deuda, incremento de impuestos e inflación. No hay cálculos sobre lo que la mala asignación de recursos y la consecuente pérdida de muchos de los proyectos estatales constituyen, pero cualquier capacidad extraordinaria de imaginación podría ayudar.
Y por otro lado, el problema tiene que ver también con que muchos en el sector privado han sido privilegiados directos de los proyectos estatales mediante contrato directo, sobre todo los vinculados con grandes infraestructuras, pero quienes no han tenido ni han querido tener un vínculo directo con él, al final también han sido afectados. A lo largo de los años, al haber ido nacionalizando la moneda, eliminando la independencia e institucionalidad del Banco Central, manipulado el cálculo de la inflación, modificado el sistema bancario y financiero, y manipulado sus principales instrumentos de intermediación, entre varios otros, se le ha dicho al conjunto de la población que la economía cuenta con una cantidad de recursos a ser consumidos, y sobre todo invertidos, mucho mayor a la que realmente existe, se los ha inducido a correr mayores riesgos que los que han calculado en un principio, y han asignado muchos de esos recursos por error en proyectos que probablemente no responden a una demanda real efectiva de mercado.
Lógicamente, mientras en niveles agregados todos estos proyectos públicos y privados se encontraban en sus etapas iniciales, los datos respaldaban el cumplimiento de toda promesa política imaginable, cualquier inversión parecía rentable por alocada que pareciera, pero más tarde, cuando el mercado empezó a detectar los proyectos de menor calidad o que no pueden ser terminados, y que por tanto deben ser liquidados, empezó la desaceleración, el inicio de la corrección.
Dicha corrección ya es suficientemente problemática por cuanto se la trate de evitar. Todos los proyectos estatales financiados con rentas de hidrocarburos, como los privados inducidos a través de la forzosa y alocada facilidad del crédito, constituyen una mala asignación de recursos monumental, que ha terminado provocando un descalce de plazos financieros primero, y de descoordinación del aparato real productivo después, que no podrá ser solucionado de inmediato ni con parches, sino con un auténtico y doloroso giro estructural de 180 grados.
Es cierto que la caída petrolera es un factor inapelable, pero es un factor agravante y no un factor causante de la crisis. Esto es lo que ha sucedido con Chávez y Maduro, Kirchner y Fernández, Lula y Rousseff, y ahora también Correa. Sus economías, con estructuras muy similares a la boliviana, entraron iniciaron la etapa de corrección mucho antes de la caída de los precios de materias primas en 2014; Bolivia inició su desaceleración ya en 2013.
Si no se quiere repetir tanto error habrá que reconocer cuanto antes que estos problemas no provienen de un simple devenir de la naturaleza, sino por un diseño económico estructural propio, cortoplacista, mucho más riesgos de lo que parece e impuesto a mansalva; por la construcción de una estructura económica que no le permite a la gente adaptarse a la realidad, un modelo que a estas alturas tendría que haber convertido al país en una nueva Suiza, una nueva Alemania, una potencia económica continental, un nuevo Chile hasta 2025, el gas boliviano tenía que haber empezado a convertirse en la alternativa al gas ruso en Europa, y por si fuera poco, que tenía que resistir los avatares de la economía global y la mentada crisis terminal del capitalismo.
