Alfredo Bullard considera que crear todavía otra agencia del estado peruano con poder de vetar proyectos de inversión conduce hacia la inmovilidad de la economía.
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En los noventas Michael Heller, un profesor de Derecho, se paseaba por las calles de Moscú a los pocos años de la caída del muro de Berlín. Era el tiempo de tránsito entre el sistema soviético y un nuevo régimen basado en la introducción del mercado.
Heller observó un fenómeno curioso: las tiendas ubicadas en las calles lucían sus escaparates vacíos o estaban cerradas. En contraste, en medio de las calles, sobre veredas y plazas, proliferaban abundantes quioscos que vendían, con notable dinámica y éxito, los productos que uno esperaría se ofrecieran en las tiendas. ¿Cómo se explicaba el contraste?
Privatizar en el Perú fue más sencillo que en la otrora Unión Soviética. En nuestro país, durante el gobierno socialista de los años 70, los militares mantuvieron formalmente el régimen de propiedad: el Estado era el dueño, a través de derechos similares a los que usamos en los mercados, de los inmuebles o titular de las acciones de las empresas públicas. Privatizar era vender bienes o transferir acciones. Pero en la Unión Soviética la cosa era diferente.
El sistema socialista creó una multiplicidad de derechos superpuestos: los bienes y las empresas tenían “propietarios distintos” con facultades diferentes. A la propiedad típica del bien, se añadía la titularidad de consumidores, trabajadores, cooperativas, reguladores estatales de todo tipo, municipalidades, etc. El resultado: una recatafila de entidades públicas y privadas con derecho de veto (implícito o explícito) para la toma de decisiones (arrendamiento, operación comercial, venta, etcétera). Como dice el refrán “Muchas manos en un plato causan arrebato”.
El resultado: si se quería operar comercialmente un local, eran tantos los que debían decidir que los costos de transacción de tomar la decisión eran muy altos. Al no haber acuerdo la tienda se quedaba vacía.
Para atender la demanda existente, los comerciantes tomaban las calles (donde no hay derechos de nadie) y conseguían llegar con sus productos al mercado (¿no les suena parecido al comercio informal de ambulantes en nuestro país?).
Heller bautizó esta situación como la tragedia de los anticomunes, donde hay demasiados derechos de exclusión que nos conducen al inmovilismo de la propiedad y, con ello, al inmovilismo económico.
Se ha desatado una polémica en los últimos días cuando el contralor general de la República, Edgar Alarcón, reclama mayor participación e injerencia en los proyectos de inversión promovidos por el Estado, en especial las APP (alianzas público-privadas).
Propone agudizar la tragedia de los comunes. Un proyecto de inversión requiere identificar claramente a los titulares que pueden tomar las decisiones. Ya el régimen legal ha creado una tragedia de los anticomunes, pues para que el proyecto pueda funcionar se requieren decisiones de diversos titulares con derecho de veto explícito o implícito: Pro Inversión, ministerios, reguladores como Ositrán, Osiptel y Osinergmin, gobiernos regionales, etc. (y es un etc. bastante largo). Como bien decía Honorato de Balzac “La burocracia es una maquinaria gigantesca manejada por pigmeos”. El resultado es el inmovilismo.
La contraloría es una de las entidades menos idóneas para tomar ese tipo de decisiones. A pesar de su carencia de capacidad técnica y sentido común, con sesgos controlistas y desenfocados, pretende añadirse un derecho de veto. Y, además, un veto desinformado y descriteriado.
La tragedia de los anticomunes es doblemente trágica: destruye los incentivos de inversión y destruye el sentido común mismo.
Finalmente, el problema a superar para promover la inversión es cómo lidiar con lo que diagnosticó lúcidamente Heller: eliminar la infinidad de vetos concedidos a diversas entidades públicas para elevar los costos de transacción de invertir. Alarcón amenaza con convertirse en un anticomún más. Y no cualqueira, el peor de todos. La pobre (anti) promoción de inversiones del gobierno de Humala, generada principalmente por la tragedia de los anticomunes, amenaza, con las ideas de Alarcón, con convertirse en tragedia griega.
