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Tuesday, July 12, 2016

Frente al terrorismo, libertad para portar armas


Los horrendos atentados de París han vuelto a poner sobre el tapete el eterno debate entre seguridad y libertad. El presidente francés, François Hollande, apenas ha tardado 48 horas en declarar la "guerra" a los terroristas del ISIS, anunciando, además, la extensión del estado de emergencia durante un mínimo de tres meses y el refuerzo de las operaciones militares en Siria, así como una amplia batería de medidas legislativas y policiales, reforma constitucional inclusive, que recuerda mucho a la polémica Patriot Act aprobada en EEUU tras la masacre del 11-S.
Más allá de si éstas y otras medidas resultarán o no eficaces en la lucha contra el terror islamista, sorprende que hasta la fecha nadie haya planteado, ni en Francia ni en otros países europeos bajo amenaza, la necesidad de reformar la absurda y contraproducente restricción sobre las armas existente en buena parte de la UE.



¿Acaso alguien se ha parado a pensar cómo es posible que nueve terroristas armados hasta los dientes pudieran prolongar durante horas su carnicería a tiro limpio por las calles de París sin que nadie pudiera detenerlos? ¿Cómo es posible que al menos tres de estos salvajes lograran entrar en una sala de conciertos llena de gente sin resistencia alguna por parte de la seguridad del recinto y consiguieran atrincherarse en ella con decenas de rehenes totalmente indefensos? ¿Podría suceder algo similar en EEUU o Suiza, donde la libertad de armas está muy extendida, o en Israel, donde los mecanismos de seguridad privada están más desarrollados (guardias y vigilantes de locales van armados) y sus ciudadanos pueden acceder a armas de fuego en caso de riesgo terrorista?
Quizá este debate aún no haya surgido en buena parte de Europa debido al desconocimiento y, sobre todo, a la multitud de mitos y falacias que se han instalado en la opinión pública sobre el derecho a portar armas. Así, la respuesta habitual que ofrecen los prohibicionistas en cuanto surge esta cuestión es que facilitar el acceso de la ciudadanía a las armas aumentaría de forma exponencial la criminalidad y los asesinatos, ya que delincuentes y locos se harían con tremendos arsenales y acabaría habiendo tiroteos como los de EEUU, con su alta tasa de homicidios por arma de fuego.
El problema de tal argumentación es, en primer lugar, que la prohibición no afecta en absoluto a terroristas y criminales, que ya pueden hacerse con armas en el mercado negro, pero sí perjudica a millones de personas decentes y honradas que no pueden defenderse adecuada y eficazmente de sus ataques, con lo que sus vidas y haciendas quedan al albur del correcto funcionamiento de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, cuya reacción siempre se produce a posteriori, una vez que ya han sucedido los crímenes. En segundo lugar, y muy al contrario de lo que se piensa, EEUU es un país muy seguro, especialmente en los estados con menos restricciones para portar armas -incluso por la calle-, al igual que otros países donde la libertad de armas y, por tanto, el fundamental derecho a la autodefensa es ley.
La tasa de homicidios por arma de fuego en EEUU, excluyendo suicidios y accidentes, no ha dejado de caer desde los años 90.
En concreto, el número de asesinatos por esta causa ha bajado de 7 por cada 100.000 habitantes en 1993 a 3,6 en 2013, según un reciente estudio publicado por el prestigioso Pew Research Center.
Es decir, este índice se ha reducido a la mitad en los últimos 20 años y se sitúa en un nivel similar al de los años 50.
Sin embargo, la clave es que durante este mismo período el número de armas de fuego en circulación entre la población estadounidense, lejos de frenarse, se ha disparado. Los estadounidenses han comprado más de 170 millones de pistolas desde principios de los 90. Tan sólo en 2013 se estima que unas 16 millones de pistolas entraron en circulación en EEUU.
Igualmente, cabe señalar que, siendo uno de los países con mayor número de armas entre civiles, con casi 90 por cada 100 habitantes, no sólo los homicidios, también los crímenes violentos en general, como los robos y las violaciones, se han reducido a la mitad en EEUU en los últimos 20 años, según las estadísticas del FBI. Como consecuencia, la realidad, por mucho que le duela a la progresía europea, es que los norteamericanos gozan de un elevado nivel de seguridad.Los datos anteriores arrojan dos conclusiones muy importantes: la prohibición de armas en México no ha impedido un enorme incremento en la tasa de homicidios, mientras que el crecimiento de las armas en circulación en EEUU se ha traducido en un drástico descenso de asesinatos. Esto desmonta por completo el manido argumentario de los prohibicionistas.Mientras tanto, en el vecino México, donde existe una fuerte restricción a la compra legal de armas, los asesinatos han subido mucho durante el mismo período.Es decir, mientras que la posesión de armas aumenta de forma sustancial entre la población civil, la tasa de homicidios con armas de fuego se ha reducido a la mitad.
En concreto, EEUU ocupa el puesto 16 de la OCDE en cuanto a seguridad individual, con una nota media de 8,9 puntos sobre un total de 10, a la altura de países con mucha mejor fama en este ámbito, como Dinamarca o Alemania, y por encima de España, Francia o la tranquila Suiza, por poner tan sólo algunos ejemplos. Apenas el 1,5% de los estadounidenses admitió haber sido víctima de un asalto o robo en los últimos doce meses, una de las cifras más bajas del mundo desarrollado, e inferior al 3,9% de media que presenta la OCDE y al 4,2% de España.
Asimismo, conviene recordar que algunos países europeos, como Suiza o Finlandia, son mucho más flexibles en este ámbito, con cerca de 45 armas por cada 100 habitantes, y sin embargo también registran tasas de homicidios muy bajas -entre 0,4 y 1,5 por cada 100.000 habitantes-. Todo ello demuestra, una vez más, que la posesión legal de armas no es, en ningún caso, el factor determinante a la hora de explicar el mayor o menor número de asesinatos.
Por último, pero no menos importante, destaca el hecho de que la inmensa mayoría de los tiroteos públicos en EEUU que alcanzan relevancia a nivel mundial acontecen, curiosamente, en lugares donde está prohibido portar armas, como es el caso de colegios, universidades y otros espacios públicos, ya que es ahí donde el asaltante sabe que los presentes están indefensos. De hecho, muchos colegios se han empezado a replantear su política sobre la prohibición de armas a raíz de estas masacres, apostando así por entrenar y armar a parte de su profesorado para neutralizar a cualquier perturbado que intente entrar en el recinto con la intención de matar.
En Israel, por ejemplo, donde la convivencia con el terrorismo islámico forma parte del día a día desde hace décadas, existe control de armas para los civiles, pero cualquier ciudadano puede obtener legalmente una pistola en las zonas donde el riesgo de atentado es alto o cuya profesión está más expuesta a la amenaza yihadista. Prueba de ello es que la demanda de armas de fuego entre los israelíes se ha multiplicado por cuatro desde que los palestinos desataron la actual oleada de ataques terroristas con cuchillos.
¿Por qué nadie se plantea una medida similar en Francia, España y el resto de países amenazados por Estado Islámico? ¿Qué sentido tiene que no nos podamos defender frente a un ejército de radicales islamistas cuyo objetivo prioritario es la población civil? Es evidente que, ante semejantes matanzas, es necesario mejorar y reforzar los servicios de Inteligencia y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir, localizar y atrapar a los potenciales terroristas que campan por Europa, pero eso no justifica que los gobiernos nos impidan protegernos por nuestros propios medios.
El Gobierno español proveía de escoltas y permiso de armas a los civiles amenazados por ETA. En la actualidad, es toda la población, sin distinción, la que está bajo la diana de los islamistas. No abrir el debate sobre la libertad de armas y el derecho fundamental a la autodefensa constituye no sólo una irresponsabilidad, también una gravísima imprudencia que, por desgracia, tan sólo beneficia a los delincuentes, en general, y a los bárbaros yihadistas, en particular. Frente al terrorismo, libertad de armas.

Frente al terrorismo, libertad para portar armas


Los horrendos atentados de París han vuelto a poner sobre el tapete el eterno debate entre seguridad y libertad. El presidente francés, François Hollande, apenas ha tardado 48 horas en declarar la "guerra" a los terroristas del ISIS, anunciando, además, la extensión del estado de emergencia durante un mínimo de tres meses y el refuerzo de las operaciones militares en Siria, así como una amplia batería de medidas legislativas y policiales, reforma constitucional inclusive, que recuerda mucho a la polémica Patriot Act aprobada en EEUU tras la masacre del 11-S.
Más allá de si éstas y otras medidas resultarán o no eficaces en la lucha contra el terror islamista, sorprende que hasta la fecha nadie haya planteado, ni en Francia ni en otros países europeos bajo amenaza, la necesidad de reformar la absurda y contraproducente restricción sobre las armas existente en buena parte de la UE.


Sunday, July 10, 2016

El precio de la libertad

Karelys Abarca
Karelys Abarca es Economista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y Profesora-Investigadora en la Facultad de Economía de esta casa de estudios. Ha sido dos veces Premio Nacional Alberto Adriani, galardón otorgado por el Banco Central de Venezuela y la Fundación Alberto Adriani. Twitter: @karelitabarca
La ciencia económica nació liberal, lo que significa que desde los primeros economistas científicos ya se había identificado que las libertades civiles son fundamentales para el desarrollo del sistema de mercado. De allí que el “laissez faire, laissez passer” que adopta Adam Smith de los fisiócratas franceses, no representa solamente el mensaje de la clase productora al Estado monárquico, sino también un reconocimiento de la libertad como premisa fundamental para el bienestar material de la sociedad.



Para que la economía de mercado se fortalezca como modelo, la historia ha demostrado que debe fortalecerse previamente la democracia como sistema político, materializado en la economía a través de la libertad de los ciudadanos para elegir qué producir, qué consumir, cómo y para qué, además del derecho inviolable a la propiedad privada. Sin embargo, en la economía mundial de hoy hay países que viven en abundancia, mientras otros viven hundidos en la pobreza, la diferencia entre ellos es el acceso de la población a las libertades ciudadanas.
Venezuela es un ejemplo extremo del alto precio que tienen que pagar las sociedades donde se extinguen las condiciones que garantizan las libertades ciudadanas. El precio es tan alto que es el desarrollo, el bienestar de millones de personas.
De acuerdo al premio Nóbel en Economía, Amartya Sen, la expansión de las libertades ciudadanas es meta y a la vez condicionante del desarrollo de la sociedad. El desarrollo consiste de acuerdo al enfoque de Sen, en la eliminación de obstáculos a la libertad, que privan a los ciudadanos de opciones y oportunidades para potenciar y ejercer sus talentos. Los principales obstáculos a las libertades políticas, sociales y económicas tienen que ver con deficiencias en los sistemas de educación, salud, seguridad, alimentación, vivienda, vestido, además de distorsiones en la funcionalidad de las principales instituciones sociales y políticas, así como la iniquidad en la distribución del poder político y económico.
El enfoque de desarrollo económico y humano de Amartya Sen no se centra únicamente en indicadores de crecimiento económico, industrialización, incremento del ingreso y riqueza nacional, avance tecnológico u obras de modernización, sino especialmente es el resultado de un proceso de expansión de las libertades reales que deben disfrutar los individuos de una sociedad. Sin libertades individuales no hay reconocimiento de derechos, ni deberes, ni posibilidades de innovación científica y tecnológica, porque la innovación es el resultado de la libertad de pensamiento.
Si el desarrollo de la sociedad exige la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad, como la pobreza, la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales, el abandono de los servicios públicos o la existencia de Estados represivos, ciertamente ninguna sociedad conseguirá desarrollo sostenible si no consolida el equilibrio de su economía y fortalece su democracia. Para el economista Sen, la relación entre libertad individual y desarrollo social depende de las libertades políticas, las fuerzas sociales y las posibilidades que brindan sólidos sistemas de salud, educación y el fomento de iniciativas de emprendimiento e innovación. Asimismo, los mecanismos institucionales para aprovechar las oportunidades sociales, dependen del ejercicio de las libertades individuales, a través de la participación activa de los ciudadanos en las decisiones públicas que impulsan al progreso colectivo.
Existe un Índice de Libertad Económica que se calcula formalmente desde 1995. Los primeros en dar el paso para la medición de la libertad económica fueron Michael Walker, Director de The Fraser Institute de Vancouver y el Premio Nóbel de Economía, Milton Friedman, quienes organizaron unas conferencias para definir claramente la libertad económica, junto a economistas como Gary Becker, Douglas North, Peter Bauer y Assar Lindbeck. Esto dio lugar a la publicación del Informe de Libertad Económica 1975-1995 y a partir de allí, todos los informes posteriores de la Heritage Foundation.
Los ingredientes principales de la libertad económica son la elección personal, la protección de la propiedad privada y la libertad de intercambio. Los individuos gozan de libertad económica cuando la propiedad es adquirida sin el uso de la fuerza, el fraude o el robo, está protegida de invasiones físicas por parte de terceros y existe libertad para disfrutar, intercambiar o ceder la propiedad a terceros, siempre que sus acciones no violen los derechos idénticos de otras personas.
Para evaluar la libertad económica y calificar a los países, se calculan más de 50 variables independientes clasificadas en estas categorías: política comercial, carga impositiva del gobierno, intervención del gobierno en la economía, política monetaria, flujos de capital e inversión extranjera, actividad bancaria y financiera, salarios y precios, derechos de propiedad, regulaciones y actividades de mercado negro. Las clasificaciones de libertad van de acuerdo al puntaje: economías libres (entre 80 y 100 puntos), economías mayormente libres (entre 70 y 79,9 puntos), moderadamente libres (entre 60 y 69,9), mayormente libres (entre 50 y 50,9 puntos) y economías reprimidas (entre 0 y 49,9).
El Índice de Libertad Económica 2015 demuestra que las economías más libres son Hong Kong, Singapur, Nueva Zelanda, Australia y Suiza. Los líderes regionales en libertad económica son Canadá (por América del Norte), Suiza (por Europa), Baréin (por Medio Oriente o África del Norte), Chile (como líder en Latinoamérica), Hong Kong (del área Asia- Pacífico) y Mauricio (como la economía más libre del África Subsahariana). Lo que distingue a estas economías del resto, es su mejor desempeño respecto a crecimiento económico, ingresos per cápita, atención médica, educación, protección al medio ambiente, reducción de la pobreza y bienestar en general.
Venezuela está en el puesto número 176 del ránking del Índice de Libertad Económica 2015 en una muestra de 178 economías, seguida solamente por Cuba y Corea del Norte, en la categoría de economía reprimida. Con respecto al año 1999, cuando la economía venezolana se encontraba en el puesto número 77, las condiciones del país han desmejorado notoriamente, pues actualmente es la economía más inflacionaria del mundo, con elevadísimos niveles de escasez, contracción económica, pobreza económica en crecimiento, altos niveles de inseguridad, fallas en los sistemas de educación y salud, expropiaciones y sin división de poderes que garanticen la viabilidad de la democracia. Venezuela es un ejemplo extremo del alto precio que tienen que pagar las sociedades donde se extinguen las condiciones que garantizan las libertades ciudadanas. El precio es tan alto que es el desarrollo, el bienestar de millones de personas.

El precio de la libertad

Karelys Abarca
Karelys Abarca es Economista, egresada de la Universidad Central de Venezuela, y Profesora-Investigadora en la Facultad de Economía de esta casa de estudios. Ha sido dos veces Premio Nacional Alberto Adriani, galardón otorgado por el Banco Central de Venezuela y la Fundación Alberto Adriani. Twitter: @karelitabarca
La ciencia económica nació liberal, lo que significa que desde los primeros economistas científicos ya se había identificado que las libertades civiles son fundamentales para el desarrollo del sistema de mercado. De allí que el “laissez faire, laissez passer” que adopta Adam Smith de los fisiócratas franceses, no representa solamente el mensaje de la clase productora al Estado monárquico, sino también un reconocimiento de la libertad como premisa fundamental para el bienestar material de la sociedad.