EPN y Josefina, juntos en Juntos Podemos

Salvador Camarena

“Tenemos que contar una historia completa, para nosotros, y para los otros”. Eso dice la panista Josefina Vázquez Mota en un video de Juntos Podemos, iniciativa mediante la cual hace labor a favor de migrantes mexicanos en Estados Unidos. (Ver a partir del minuto cuatro https://www.youtube.com/ watch?v=Rt81sF5kYXs)

Contar una historia completa es justamente lo que la excandidata presidencial no ha hecho con respecto a Juntos Podemos, programa del que ella funge como presidenta honoraria.

Lo que no ha dicho Vázquez Mota, para empezar, es que su agenda promigrantes es financiada por Enrique Peña Nieto. Tampoco ha dicho que para tal efecto esa iniciativa ha recibido 900 millones de pesos del gobierno.

Tan solo en 2015, las organizaciones que están detrás de Juntos Podemos recibieron del gobierno federal 26.1 millones de dólares, equivalentes a 414 millones de pesos. Y en 2016 fueron 486 millones de pesos lo que se les puso a su disposición.

Es decir, la puntera del PAN en las encuestas rumbo a la elección del 2017 en el Estado de México es financiada –con cientos de millones de pesos– en sus actividades promigrantes por un gobierno surgido del partido que nunca ha perdido la gubernatura en esa entidad: el PRI.

Esta mañana Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (contralacorrupcion.mx) publica un reportaje de Dulce Martínez y de quien esto escribe, donde con documentos de la Secretaría de Relaciones Exteriores y testimonios de Juntos Podemos se explica cómo se financia esa iniciativa.

Desde hace meses corrían distintas versiones sobre esta alianza no oficial entre Vázquez Mota y Peña Nieto. Mi colega Lourdes Mendoza incluso publicó que los fondos recibidos por la iniciativa de Josefina rondaban los 500 millones en 2015.

Según reportes a los que he tenido acceso, los detalles del acuerdo se formalizaron en una reunión en Los Pinos el 19 de febrero de 2015. En esa reunión se pactaron apoyos por un total de 26 millones 113 mil 800 dólares para ese año. En representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores acudió a esa reunión Ernesto De Lucas Hopkins, entonces director del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME).

Para operar lo anterior, Josefina Vázquez Mota pidió a Santibáñez
–exdirector del Colegio de la Frontera Norte y colaborador de Vázquez Mota cuando ésta era secretaria de Educación Pública en el sexenio de Felipe Calderón– armar un esquema de despliegue de esos recursos.

El esquema es así: los fondos gubernamentales son enviados a dos organismos: AEM-USA Foundation y Parents Alliance Inc. Atrás de ambos está la Asociación de Empresarios Mexicanos (AEM), que opera en Estados Unidos desde hace décadas. Ellos son quienes tienen registrada la marca de Juntos Podemos.

¿Cómo se tejió la alianza entre el gobierno de Peña Nieto y Josefina para ese programa? ¿Por qué la administración decidió darle esos fondos a Vázquez Mota y a sus aliados de la AEM USA Foundation y no a otras organizaciones? ¿Fue por invitación directa? ¿A cambio de qué? ¿Hay otras organizaciones con tan cuantiosos apoyos? ¿Dónde se encuentran los reportes detallados de los resultados de cada uno de esos apoyos? ¿Las organizaciones que recibieron los apoyos en Estados Unidos saben que originalmente los fondos provienen del gobierno mexicano? ¿Se violó al respecto alguna ley en México o en Estados Unidos? ¿Cuánto de lo que otorga el gobierno mexicano se consume en gastos operativos de Juntos Podemos? ¿Cuántos viajes y viáticos de Josefina se cubren con esos fondos?

Esas preguntas podrían ser respondidas por Josefina Vázquez Mota para contar una historia (completa) de Juntos Podemos.

EPN y Josefina, juntos en Juntos Podemos

Salvador Camarena

“Tenemos que contar una historia completa, para nosotros, y para los otros”. Eso dice la panista Josefina Vázquez Mota en un video de Juntos Podemos, iniciativa mediante la cual hace labor a favor de migrantes mexicanos en Estados Unidos. (Ver a partir del minuto cuatro https://www.youtube.com/ watch?v=Rt81sF5kYXs)

Contar una historia completa es justamente lo que la excandidata presidencial no ha hecho con respecto a Juntos Podemos, programa del que ella funge como presidenta honoraria.

De la CDMX como santuario de infames

Salvador Camarena

Hace dos semanas fui a Hermosillo, y allá dicen que el exgobernador Guillermo Padrés vive en la Ciudad de México. El jueves pasado fui a Cancún y allá dicen que Roberto Borge ha elegido a la capital de la República como su nueva residencia. Vaya, qué suertudos los chilangos, pensé, qué honor que gente últimamente tan afamada decida migrar al valle de Anáhuac.

Puede ser que estemos ante puro chisme costero, como dice mi colega Silber Meza de esas cosas que en poblaciones más pequeñas circulan de manera imparable, y que son dadas como verdad absoluta por quien se las cuenta a uno, a un fuereño.

O puede ser que Padrés y Borge tengan buenas razones para elegir la CDMX, y no necesariamente porque ganarían anonimato al mudarse a la metrópoli. Una de esas razones, estimo, es que se puede vivir a gusto acá a pesar de la mala fama.

Pongamos de ejemplo a Eugenio Hernández. No es raro encontrarse al exgobernador de Tamaulipas en algún restaurante de Masaryk (incluso a mí me ha pasado en un par de ocasiones).

El tema de don Eugenio es muy particular. Los medios insisten en que autoridades de Estados Unidos lo buscan hace años, pero él o no sabe de eso, o tiene todo en regla. No sé con qué autoridad tendrá todo en regla, pero supongo que tan en regla que más allá de apariciones en restaurantes capitalinos, Hernández incluso votó en el pasado proceso electoral de su estado (http://bit.ly/1Xv22rZ). Así que a salto de mata que digamos, no anda.

Y tenemos, por supuesto, el caso de Rodrigo Medina. El exmandatario de Nuevo León también eligió al ex Distrito Federal como su residencia luego de dejar, en medio del escándalo, la gubernatura hace un año.

Aquí pasó temporadas también Guillermo Cosío Vidaurri, defenestrado del gobierno de Jalisco en 1992; aquí se pasea Marco Antonio Adame, panista que dejó en crisis a Morelos, y en Las Lomas de Chapultepec habita, cuando no está en Barcelona, Fidel Herrera. ¿Se sumará pronto a este listado Javier Duarte?

Si se confirma que Borge no se fue ya a Madrid, o Padrés a Tucson, donde también los ubican, es cierto que no tendrían problema alguno de venir a la capital.

Porque en la Ciudad de México se da una circunstancia muy particular: aquí conviven aguerridos personajes y empeñosos colectivos que pugnan por crear una cultura y un marco legal para la rendición de cuentas, y preclaros ejemplos de personajes cuya trayectoria es símbolo de lo que esos mismos grupos quieren combatir.

Hace un par de años, en Nueva York, los medios, concretamente el Times, comenzó a hacerse preguntas sobre quiénes son los nuevos vecinos en una pujante Manhattan en cuanto a real estate se refiere. De ahí surgió una serie de reportajes, en la que incluyeron a nuestros Murat, que quiso desvelar los nombres detrás de sociedades anónimas mediante las que algunos extranjeros de, digamos, pobre reputación, compraban lujosos departamentos neoyorquinos.

La capital mexicana tiene muchas virtudes, y una de ellas no es hacerle el feo a personas que difícilmente pueden presentarse ante sus comunidades, por las pésimas cuentas que dejaron tras su labor pública.

Dice la leyenda que algunas sociedades expulsaban a los corruptos de los restaurantes haciendo sonar las copas con un cubierto. ¿Sería deseable que eso pasara entre nosotros? ¿O es demasiado ingenuo pedir que a gente como Borge, Duarte o Padrés –que, cuando menos, deben muchas explicaciones en su tierra–, no les resultara tan fácil el hacer de la capital su santuario? Son preguntas.

De la CDMX como santuario de infames

Salvador Camarena

Hace dos semanas fui a Hermosillo, y allá dicen que el exgobernador Guillermo Padrés vive en la Ciudad de México. El jueves pasado fui a Cancún y allá dicen que Roberto Borge ha elegido a la capital de la República como su nueva residencia. Vaya, qué suertudos los chilangos, pensé, qué honor que gente últimamente tan afamada decida migrar al valle de Anáhuac.

Puede ser que estemos ante puro chisme costero, como dice mi colega Silber Meza de esas cosas que en poblaciones más pequeñas circulan de manera imparable, y que son dadas como verdad absoluta por quien se las cuenta a uno, a un fuereño.

Quintana Roo: en riesgo el estado de derecho

Salvador Camarena

Sin duda, la crisis de inseguridad que dura ya una década ha dañado la imagen de México. Diez años de durísimas cifras de homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones…

A pesar de lo anterior, los extranjeros siguieron viniendo a México. A hacer turismo, y a hacer negocios. Se han impuesto récords turísticos y no hay mes que no se anuncie la llegada de nueva (o renovada) inversión extranjera.

Lo anterior no constituye una paradoja. A los gobiernos extranjeros claro que les preocupa la inseguridad, pero en los años en que América Latina se pobló de gobiernos con discursos adversos al capital (los Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia; Chávez y Maduro, en Venezuela, etcétera), México era visto como un lugar donde, a pesar de todo, el estado de derecho subsistía. Por ello, venir a hacer negocios aquí era menos riesgoso que en algunos lugares “pacíficos”.

Esa nada desdeñable situación, hoy ha sido puesta en riesgo por, entre otros, Roberto Borge, gobernador (es un decir) de Quintana Roo.

La semana pasada una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (@MxVsCORRUPCION), realizada en conjunción con la revista Expansión, desveló un esquema de expolio que a pesar de su fachada legal ha provocado la preocupación de cuatro gobiernos europeos.

Titulado “Los Piratas de Borge”, el reportaje firmado por Silber Meza y Mariel Ibarra documenta la maquinaria oficial que lo mismo sirve para congelar cuentas bancarias de empresas medianas y de otras que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, que para apropiarse de condominios, terrenos y hoteles frente al Caribe mexicano.

El detallado reportaje (http://bit.ly/29xBe8E) expone casos en los que a una autoridad digna de ese nombre no se le ocurriría validar a ciegas, como de hecho hizo el gobierno de Quintana Roo, quejas laborales de supuestos empleados de nivel medio, que al interponer una demanda aseguran que ganaban más de 700 mil pesos al mes.

Vale la pena leer el reportaje para conocer los engranes del mecanismo empleado para despojar, donde la constante es la indefensión de los demandados (entre los que hay extranjeros): nunca son notificados de los chapuceros recursos en su contra y sólo descubren estos cuando ya han sido despojados de tierras, inmuebles o cuentas bancarias.

La investigación de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad coronó reportes publicados previamente, y da una visión panorámica de un rapaz esquema que no se ha detenido ni siquiera después de las elecciones del 5 de junio, fecha en que el gobierno de Borge fue vapuleado en las urnas.

Los autores de “Los Piratas de Borge” publicarían un día después del reportaje, una comunicación que con fecha 5 de julio cuatro gobiernos –Países Bajos, Portugal, Francia e Italia– redactaron para demandar a la Secretaría de Relaciones Exteriores que se haga “una profunda y seria investigación para determinar con toda la justicia y de acuerdo a la Ley los derechos de los operadores e inversionistas de los hoteles en esa zona de Tulum”. (http://bit.ly/29qKz1a)

Antes y después de la publicación del reportaje, el gobierno de Quintana Roo prefirió guardar silencio. Lo único que se supo, eso sí, fue que tras la publicación de este reportaje el abogado de una de las empresas denunciantes recibió una amenaza para que le “bajara de huevos”.

Así de grave es lo que pasa con gobernadores como Borge, que logran que se ponga en riesgo la imagen de México como un país al que algo de seguridad jurídica le quedaba.

Quintana Roo: en riesgo el estado de derecho

Salvador Camarena

Sin duda, la crisis de inseguridad que dura ya una década ha dañado la imagen de México. Diez años de durísimas cifras de homicidios, desapariciones, secuestros, extorsiones…

A pesar de lo anterior, los extranjeros siguieron viniendo a México. A hacer turismo, y a hacer negocios. Se han impuesto récords turísticos y no hay mes que no se anuncie la llegada de nueva (o renovada) inversión extranjera.

Lo anterior no constituye una paradoja. A los gobiernos extranjeros claro que les preocupa la inseguridad, pero en los años en que América Latina se pobló de gobiernos con discursos adversos al capital (los Kirchner, en Argentina; Evo Morales, en Bolivia; Chávez y Maduro, en Venezuela, etcétera), México era visto como un lugar donde, a pesar de todo, el estado de derecho subsistía. Por ello, venir a hacer negocios aquí era menos riesgoso que en algunos lugares “pacíficos”.

Palos de ciego de un gobierno sin legitimidad

Salvador Camarena

  

Tras la derrota priista, la primera acción gubernamental pública y relevante es un manazo. Para quienes se preguntaban cómo reaccionaría el gobierno federal luego del revés del 5 de junio, encerrándose o corrigiendo el rumbo, la duda ha quedado aclarada: el golpe dado este fin de semana en contra de la dirigencia de la Sección 22 confirma el peor escenario.

El día después de la derrota, el presidente nacional del tricolor Manlio Fabio Beltrones publicó en Twitter que: “El PRI asume con responsabilidad el mensaje de la ciudadanía al partido y a sus gobiernos. Hay cosas que reflexionar y cambiar”.

¿Reflexionar? ¿Cambiar? En vista del sabadazo aplicado al número uno y al número dos de la CNTE queda claro que Los Pinos opina, para variar, diferente de Beltrones.

Cuando resultaba más urgente esperar –como dice un experimentado priista–, cuando era menester reflexionar, el presidente Enrique Peña Nieto apretó el paso en una ruta que pone en riesgo la gobernabilidad.

No se trata de ponderar si la CNTE es un tigre de papel (yo diría que no), si la disidencia magisterial ha perdido apoyos (puede ser), si los líderes de la 22 son autores de presuntos ilícitos (a probarse)… Tan debatible todo eso como evidente la falta de recursos y la doble moral por parte de un gobierno que a los suyos les consiente todo mientras encarcela a los que le enfrentan.

Aquí la argumentación de la Procuraduría General de la República sobre la detención el sábado del número dos de la coordinadora, Francisco Villalobos, secretario de organización de la Sección 22 del SNTE:

“Los hechos que se le imputan, ocurridos en el año 2015, consisten en el robo de libros de texto gratuito propiedad de la Secretaría de Educación Pública, en los que además resultó lesionada una persona, dados los medios violentos empleados por el aprehendido y otras personas, contra las que también se ejercitó acción penal”. (http://bit.ly/1Pn1jk0)

El gobierno que mete a Villalobos a la cárcel por (presuntamente) robar libros de texto, perdonó a David Korenfeld por el uso de un helicóptero oficial para fines privados –aunque pagó una multa, ostenta gracias al favor presidencial el cargo de representante de México ante la UNESCO para temas de agua.

Si robas libros de texto el gobierno te mandará a un Cefereso, pero si fuiste acusado de tramitar de manera ilegal más de tres mil millones de pesos en deuda el gobierno no sólo no hará intento alguno por investigar, sino que incluso gestionará ante la justicia española que te liberen.

Villalobos a una cárcel de máxima seguridad por robar libros, pero quienes desde el SNTE y desde otras instancias (hola diputado Bernardo Quezada Salas) han esquilmado a los profesores con esquemas de usura, para ellos el gobierno crea el Profeproa, lluvia de recursos del erario para pagar a agiotistas.

El partido de un gobierno sin credibilidad fue derrotado en las urnas. El mensaje era evidente: no convencen sus políticas, no hay congruencia entre su decir y su actuar.

La CNTE puede haber incurrido en excesos y, concedido, alguno(s) de sus cuadros en más de un ilícito.

Pero si este gobierno quería mostrar que había entendido el mensaje de las urnas, podía haber metido en la cárcel a tantos y tantos propios antes que a unos adversarios.

Es la credibilidad, muchachos. Ustedes no la tenían. Y con las detenciones de este fin de semana, menos. ¿Ahora en contra de quién van, de Andrés Manuel López Obrador?

Que alguien les explique que México no es el estado del mismo nombre.

Palos de ciego de un gobierno sin legitimidad

Salvador Camarena

  

Tras la derrota priista, la primera acción gubernamental pública y relevante es un manazo. Para quienes se preguntaban cómo reaccionaría el gobierno federal luego del revés del 5 de junio, encerrándose o corrigiendo el rumbo, la duda ha quedado aclarada: el golpe dado este fin de semana en contra de la dirigencia de la Sección 22 confirma el peor escenario.

El día después de la derrota, el presidente nacional del tricolor Manlio Fabio Beltrones publicó en Twitter que: “El PRI asume con responsabilidad el mensaje de la ciudadanía al partido y a sus gobiernos. Hay cosas que reflexionar y cambiar”.