Manuel Suárez-Mier considera que la victoria de quienes se oponen al Tratado de Libre Comercio Canadá-Unión Europea (CETA) confirma el vigor de la ola populista anti-globalización.
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Este proyecto de liberalización del comercio en bienes, servicios, inversión, compras de gobierno y cooperación regulatoria entre Canadá, con 35 millones de habitantes, y los 28 países y 500 millones de pobladores de la UE, negociado a lo largo de 7 años y que incorpora todos los elementos de modernidad deseables, fue puesto en entredicho por un parlamento provinciano en el pintoresco pueblo de Namur.
Tal contrariedad fue posible debido a que conforme los tratados comerciales se vuelven más complejos incorporando nuevos protocolos, como mecanismos supra-nacionales para la solución de controversias, por ejemplo, requieren no sólo de la aprobación de las instancias apropiadas de la UE sino de las legislaturas nacionales y, en casos como el de Bélgica, también de las provinciales.
Los enemigos del libre comercio eligieron las cláusulas que protegen a inversionistas en disputas con los gobiernos nacionales o locales, imputando que les otorgan un poder excesivo a las empresas transnacionales que ahora pueden demandar a los gobiernos cuando las regulaciones tengan un impacto negativo sobre sus utilidades.
Afirman que tales cláusulas son antidemocráticas al crear un sistema paralelo de solución de disputas en manos de expertos independientes y no en los tribunales nacionales o locales, y quieren impedir que empresas de EE.UU. que operen en Canadá como entidades locales, puedan demandar a gobiernos europeos.
De esta manera la Unión Europea pasó de mecanismos de decisión comunitarios que le permitían avanzar en complejas negociaciones comerciales como el TLC con México hace tres lustros, a obligarse, para “ser más democrática”, a obtener la ratificación de las legislaturas de 38 entidades nacionales y sub-nacionales, como en el caso de Valonia.
Este negativo precedente parece se superó con nuevos compromisos entre el gobierno federal y los parlamentos provinciales en Bélgica, que alteran el Tratado para atender las quejas de Valonia, lo que abre una caja de Pandora que usarán otras legislaturas para incorporar sus propias objeciones. Disminuirá también la ya de por sí remota posibilidad de aprobación del Acuerdo Transpacífico (TPP) que el Presidente Obama planeaba enviar al Congreso después de la elección de noviembre 8.
Ante el desplome de Donald Trump en las encuestas, lo que nos permite predecir su colosal derrota, podemos ignorar sus esquizofrénicas propuestas económicas, pero hay que tener presente que Hillary Clinton reiteró en el último debate su oposición al TPP “antes, ahora y después” de su inminente elección.
La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (T-TIP), que negocia EE.UU. con la Unión Europea, enfrenta una oposición aún mayor que el CETA, mientras que la Organización Mundial de Comercio, en las proteccionistas manos de un brasileño, se ha vuelto irrelevante.
Esto es un mal augurio para el crecimiento de la economía mundial, uno de cuyos principales motores es la rápida expansión del comercio que ya ha empezado a estancarse. El World Economic Outlook 2016 del FMI registra que entre 1960 y 2015 el comercio mundial creció a una tasa anual promedio de 6,6% y la economía en 3,5%, y en el lapso 2008-2015 lo hicieron a tasas de 3,4% y 2,4%, respectivamente.
Según el FMI esto se debe a la mayor parsimonia con la que simultáneamente han crecido países desarrollados y emergentes debido, en gran parte, al colapso de la inversión a nivel mundial, renglón intensivo en el uso de importaciones.
¿Cómo puede México enfrentar este reto global para minimizar el daño a su economía? En próximas entregas discutiremos algunas opciones
