“El combate gubernamental a las drogas (como cualquier otra política pública) debe calificarse desde la perspectiva de la justicia y de la eficacia.”
El combate gubernamental a las drogas (como
cualquier otra política pública) debe calificarse desde la perspectiva
de la justicia (¿se respetan los derechos de las personas?), y de la
eficacia (¿se logran los resultados deseados?). En la última entrega
analicé la perspectiva de la justicia, llegando a la conclusión de que
el combate gubernamental a la drogas viola el derecho a la libertad
individual y a la propiedad privada, razón por la cual resulta injusto.
Ahora le toca el turno a la perspectiva de la eficacia.El combate gubernamental a las drogas, ¿ha sido eficaz para reducir su consumo, que debe ser el objetivo principal (si no lo fuera nada de la lucha contra las drogas tendría sentido)? Las estadísticas al respecto (por ejemplo: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes 2014), demuestran que no, y doy un dato: en los 23 años transcurridos entre 1991 y 2014, el consumo de drogas prohibidas entre estudiantes de 10 a 18 años de edad pasó del 8.2 al 17.2 por ciento, un aumento del 109.8 por ciento. ¿Por qué ha resultado poco eficaz el combate a las drogas, medida la eficacia por el comportamiento del consumo?
En primer lugar por la primera ley del mercado: si el consumidor está dispuesto a pagar el precio al cual el oferente está dispuesto a proveerlo habrá oferta. En segundo término por el efecto que la prohibición tiene sobre las ganancias de los narcotraficantes, que aumentan considerablemente, lo cual genera fuertes incentivos para, uno, incentivar la demanda y, dos, aumentar la producción, distribución, oferta y venta de las drogas, todo lo cual parte de un abuso del gobierno: definir como delictivas actividades que, por su propia naturaleza, no lo son: demandar, comprar y consumir drogas, así como producirlas, ofrecerlas y venderlas, son actividades éticamente cuestionables, pero no delictivas por su propia naturaleza. No violan derechos. No deberían prohibirse. Sin embargo se prohíben, con consecuencias injustas (se violan derechos) e ineficaces (no se consigue el objetivo deseado). ¿Hasta cuándo?
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