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La periodista venezolana Maibort Petit informó que el próximo siete de noviembre será el juicio de los Flores quienes están siendo acusados e investigados por narcotráfico en Estados Unidos.
Según lo decidido en la audiencia de este jueves 13 de octubre, el juez Paul Crotty admitió todas las pruebas interpuestas por la Fiscalía, y además confirmó que los acusados no podrían beneficiarse del procedimiento memorándum Holder sobre sentencias mínimas en caso de narcotráfico por no reunir los requisitos. La periodista informó además que los “narcosobrinos” serán juzgados como “jefes de banda criminal”.
Durante la audiencia, el juez Crotty señaló que no era posible que Campos Flores, al ser abogado, no comprendiera los “derechos Miranda” otorgados por la ley de Estados Unidos; pues al ser detenidos la defensa alegó que los acusados no habían entendido los derechos que les señalaron los agentes de la DEA.
Petit además informó que la Fiscalía de Nueva York se comprometió a dar información sobre las fuentes confidenciales usadas en el caso de la defensa el 28 de octubre, diez días antes del juicio.
Destacó que el juez admitía que los audios y videos recopilados por la DEA son válidos en el proceso judicial y no como sostenía la defensa de los Flores.
Cabe destacar que los abogados habían solicitado suprimir las evidencias presentadas en su contra, pero el juez negó la petición.
Entre las pruebas que pedían eliminar se encontraban las supuestas confesiones de los acusados y las grabaciones de audio y el video de las reuniones de los informantes con los Flores, incluyendo las imágenes en las que presuntamente se muestran manipulando un bloque de cocaína.
Por otra parte, la justicia de Estados Unidos citó a 18 personas, familiares de el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores e integrantes de la casa militar, en Venezuela para esclarecer el caso según informó El Nuevo Herald en días pasados.
En las citaciones se les advierte que aquellas personas que decidan no presentarse serán declarados en desacato y podrían enfrentar sanciones penales y civiles.
Fuentes: El Nacional; La Verdad
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