Argentina: La corrupción está en el sistema, más allá de los nombres
Por Hugo Alconada Mon
Ibar Esteban Pérez
Corradi aún es una anomalía. José López, no. Pérez Corradi fue el
extremo al cual llegó la política. López, en cambio, es una
manifestación de un sistema. Más aún: López es el sistema tal como
funciona en la Argentina desde hace décadas, aunque quienes lo saben no
quieran contarlo en voz alta.
López, con sus bolsos repletos de
dólares en el monasterio, sólo expuso cómo funciona el sistema real de
recaudación política. Ya sea para financiar las campañas electorales -y
hay que juntar cientos de millones de pesos para cada contienda
nacional, incluida la que se avecina en 2017- o para el enriquecimiento
personal. Tanto para los jefes como para el bolsillo propio. Porque
podrán negarlo, pero la política es la única forma de enriquecimiento
que conocen muchos políticos y "empresarios" que, en realidad, no son
más que cazadores de contratos y prebendas.
Así, mientras Pérez Corradi y los
muertos del triple crimen, -que antes habían participado del tráfico de
la efedrina y aportado a la campaña kirchnerista de 2007- aún hoy
parecen más la excepción que la regla, López refleja la metodología que
llevó a los Kirchner al poder.
Ni ellos ni Julio de Vido pueden
argumentar que nada sabían. ¡Hacía 26 años que López caminaba junto a
ellos, mientras acumulaba denuncias, acusaciones y reclamos, una y otra
vez! "¡Petiso corrupto!", llegó a definirlo Sergio Schoklender, que
lejos está de clamar inocencia.
López encarna un sistema, sin embargo,
que lejos está de acotarse al kirchnerismo. Así funciona la política y
así se hacen los negocios con el Estado argentino desde hace décadas.
Sea que la gestión esté en manos de peronistas, radicales, partidos
provinciales o vecinalistas. Funciona con dinero negro, con "retornos",
"sobres", "aportes" y "contribuciones" y muchos otros eufemismos que
definen la música con la que bailan aquellos que quieren bailar con el
poder.
¿Por qué? Porque aunque lo nieguen los
equipos de campaña de los tres principales candidatos a la presidencia
durante 2015 -Mauricio Macri, Daniel Scioli y Sergio Massa- competir con
chances reales de llegar a la Casa Rosada les demandó más de 1000
millones de pesos a cada uno. Que lo nieguen, si quieren, pero es así y
sus propios equipos de campaña lo admiten con la puerta cerrada. Y hay
que juntar ese dinero. ¿Cómo lo recaudaron? ¿De quiénes? ¿A cambio de
qué?
Ahora, vale insistir, se avecina la
campaña legislativa de 2017 y, salvo que se reforme en serio la ley de
financiamiento electoral, los candidatos deberán pasar la gorra otra
vez. Y personajes tanto o más oscuros que Pérez Corradi -que unió la
efedrina con los aportes a la campaña K de 2007- volverán a aparecer.
El sistema que desnudó López, sin
embargo, no sólo vive de la corrupción y florece gracias a ella. También
es un sistema que garantiza la impunidad a los poderosos, como se
sinceró una vez Alfredo Yabrán. Pero la máxima rige, claro, sólo
mientras los poderosos son poderosos.
¿Cómo es eso? Simple y brutal. Si López
aún hubiera sido secretario de Obras Públicas esa madrugada del
convento, los policías no lo habrían detenido. Porque López los hubiera
"chapeado". Y si aun así lo hubieran esposado, la maquinaria de
impunidad habría tapado todo. Como lo lograron en infinidad de ocasiones
de las que, sólo a veces y mucho tiempo después, tuvimos apenas un
atisbo. Y si tampoco el encubrimiento hubiera funcionado, para eso están
varios jueces federales de Comodoro Py, prestos para el cajoneo, el
archivo y el sobreseimiento. Porque Norberto Oyarbide no era la
excepción, apenas era el más llamativo de la regla.
Porque lo que estaba ocurriendo lo
sabíamos desde hacía años, aunque hiciéramos como el avestruz. ¿Acaso
Roberto Lavagna no renunció como ministro de Economía al denunciar la
cartelización de la obra pública? ¿Acaso Sergio Acevedo no renunció como
gobernador de Santa Cruz para no firmar unos contratos de obra pública
digitados y con sobreprecios? ¿Acaso la Cámara Argentina de Construcción
no jugó para De Vido durante la última década de la mano de Carlos
Wagner?
"Esto se sabía, era vox populi", se
sinceró el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Héctor
Méndez, con López ya tras las rejas. ¿Por qué no lo dijo antes? Porque,
planteó, "hubo un pacto de silencio respetuoso, porque nadie quiere ser
botón".
El problema es que, cuando el poder se
diluye, los mismos que te protegieron -o miraron para otro lado- hacen
fila para comerte. Bien puede atestiguarlo ahora Cristina Fernández de
Kirchner. Porque muchas denuncias ya estaban allí, en Tribunales, desde
hacía años, durmiendo. Pero ahora los jueces y fiscales tienen que huir
hacia adelante para protegerse a sí mismos.
Por eso Néstor Kirchner quería integrar
el poder permanente. Porque comprendía bien que el poder de los
políticos es de alta intensidad pero con vencimiento a plazo fijo,
mientras que otros gozan de un poder de mediana o baja intensidad, pero
estable y de largo aliento. Ciertos empresarios, banqueros,
sindicalistas, dueños de medios e industriales lo disfrutan.
Se trata de un sistema de impunidad que
se nutre de una estructura que se desarrolló de manera paulatina durante
las últimas décadas. ¿Cinco rasgos de ese sistema? 1) El actual
ordenamiento legal incluye penas muy bajas para delitos de corrupción,
por lo que el temor a ir preso es casi inexistente, más aún a la luz del
bajísimo porcentaje de condenas que registran los coimeros argentinos
desde hace décadas. 2) La infraestructura para investigar esos delitos
es insuficiente, con juzgados, fiscalías y organismos de control sin el
personal necesario ni capacitado. ¡si en ciertas dependencias ni
siquiera cuentan con Internet! 3) El presupuesto para las distintas
áreas del Estado que deberían prevenir y combatir la corrupción es
bajísimo, a tal punto que nuestro país destina más dinero a transmitir
fútbol por televisión que a potenciar la Oficina Anticorrupción, la
Auditoría General o las fiscalías especializadas, entre otras
dependencias. 4) Quienes quieren investigar al poder carecen de
verdaderos escudos protectores (así, por ejemplo, los jueces y fiscales
"molestos" pueden ser apartados con facilidad de las causas calientes,
mientras que el Consejo de la Magistratura se demostró impotente durante
más de una década para resolver casos flagrantes de mal desempeño como
el de Oyarbide). 5) Sobreabundan los operadores, expertos en "alegatos
de oreja", distribución de prebendas y aprietes, ante jueces, fiscales,
peritos y sabuesos.
¿Es casualidad, entonces, que la figura
del arrepentido no rija en la Argentina para los delitos de corrupción,
pero sí para el secuestro extorsivo, el financiamiento del terrorismo,
la trata de personas o el lavado? Tampoco es casual que ni los políticos
ni los empresarios locales quieran esa opción. Al contrario: le tienen
pánico. Temen reflejarse en el espejo de Brasil, donde la justicia
condenó a 18 años y 4 meses de prisión a Marcelo Odebrecht, un
empresario más poderoso que Paolo Rocca, que ahora se acogió al régimen
de "delación premiada". ¿Cuántos supuestos "empresarios", "banqueros" e
"industriales" argentinos terminarían con el uniforme de reo si López o
Ricardo Jaime u otros funcionarios siguieran aquí los pasos de
Odebrecht? ¿Qué pasaría si alguno de los empresarios que lidiaron con la
"embajada paralela" del equipo de De Vido a la hora de los negocios con
Venezuela contaran cómo era la operatoria y qué compañeros de viajes
"aceitaron" las bisagras correctas?
La pregunta que queda por responder,
entonces, es obvia. ¿Realmente queremos cambiar como sociedad? Porque
ayer fue María Julia, después vinieron Jaime y Amado Boudou, luego
Leonardo Fariña y Lázaro Báez, y hoy es López. ¿Y mañana? ¿Pueden Pérez
Corradi y el financiamiento político vinculado al narco convertirse en
la regla en vez de la excepción? ¿Quién será el "Jaime" o el "López" o
el "Báez" del macrismo? Debemos modificar el sistema imperante. Si no,
sólo cambiaremos de nombres, pero repetiremos o incluso potenciaremos
los vicios.
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