Carlos Navarro informó en una conferencia de prensa que al menos nueve niños fueron vendidos entre 80 y 150 mil pesos.
Arzate era el coordinador de la línea telefónica Protege en Sonora, destinada a recibir denuncias de maltrato infantil.
“Se han consignado a 16 personas involucradas por su probable información por sustracción de infantes y tráfico de menores”, indicó luego de detallar que la investigación inició el 18 de marzo pasado tras una “denuncia anónima”.
Otro de los funcionarios implicados es José Manuel Hernández López. Hernández López y Arzate aún no son detenidos y son acusados de suposición, supresión, ocultación y sustitución de infantes.
Los menores, en varios casos recién nacidos, fueron presuntamente vendidos a ciudadanos de Estados Unidos hasta el 20 mil dólares, luego de ser arrebatados a sus madres, la mayoría con problemas de adicciones.
Al dar a luz en el Centro de Atención Integral a Menores (CAIMS) del Hospital Infantil del Estado de Sonora, en complicidad con empleadas de la institución, Arzate Carbajal sustraía a los recién nacidos, detalló el gobernador.
Esto ocurre luego de que el 8 de mayo pasado, frente a las instalaciones de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia en Hermosillo, dependencia del DIF Estatal, un grupo de padres se manifestó exigiendo la entrega de “sus hijos”, solicitados en adopción y por los que supuestamente ya habían pagado diferentes cantidades de dinero a Vladimir Alfredo Arzate Carbajal.
La Procuraduría de Justicia del Estado de Sonora, en el expediente 01/015, inició el proceso legal contra Vladimir Alfredo Arzate Carbajal por posible trata de personas, mediante adopciones irregulares, que incluyen entrega de menores de edad a personas radicadas en el extranjero.
Arzate Carbajal confesó al menos 13 casos en los que participó de manera directa.
El fiscal sonorense sólo reveló el hecho, pero no quiso dar más detalles pues la investigación sigue abierta hacia el interior del DIF Sonorense y el Hospital Infantil del Estado de Sonora.
De acuerdo con los resultados que se llevan hasta el momento de la investigación, son 9 menores (6 niñas y 3 niños) los que fueron entregados en adopción sin haber ingresado al Sistema DIF Sonora .
Los principales implicados en esta red de trata de menores de edad podrían enfrentar tres penalidades que alcanzan hasta 5, 6 y 40 años de prisión.
El 17 de marzo pasado, el Grupo Larsa publicó un reportaje que documentó que funcionarios del DIF estatal eran investigados por la venta de adopciones de niños.
