Gabriela Calderón de Burgos define un golpe de estado como la usurpación por parte de uno de los poderes del Estado de funciones que le corresponden a uno u otros poderes del mismo.
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Un dato poco conocido es que la franquicia del socialismo del siglo XXI se iniciaría en Perú con el autogolpe de Alberto Fujimori. En abril de 1992 Fujimori, quien había sido electo democráticamente y con el respaldo de las fuerzas armadas, disolvió el congreso, intervino el poder judicial y montó una persecución de miembros de la oposición. Los chavistas han venido implementando ese modelo con más o menos éxito en Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
Pero desde 2009, el modelo chavista se ha topado con una fuerte resistencia popular y/o institucional en Honduras y luego en Paraguay en 2012. Ahora, en 2016, se habla de un supuesto golpe de estado contra el gobierno de Dilma Rousseff, a pesar de que a ella se le ha garantizado el debido proceso. En cambio, en Nicaragua, este año Daniel Ortega y su esposa estarían consumando un golpe eliminando la participación de la oposición en las próximas elecciones.
Existe una confusión acerca de lo que es un golpe de estado. Esto es importante porque tiene que ver con la razón por la cual las personas aceptamos formar gobiernos. John Locke sostiene que las personas conforman un gobierno para que este proteja los derechos fundamentales de cada individuo, más no para que ciertos ciudadanos supuestamente iluminados y ungidos puedan ejercer el poder de manera arbitraria sobre el resto.
Para eso surgió en Occidente el “rule of law” o Estado de Derecho, que difiere del mero estado de legalidad. Un estado de legalidad solamente requiere que existan leyes y en muchas partes los atropellos a las libertades individuales se pueden revestir de legalidad mediante la manipulación del poder legislativo y/o judicial. ¿Le suena familiar?
En cambio, en un Estado de Derecho se requiere no solo que existan y se apliquen las leyes, sino que estas sean de aplicación general (incluso a los gobernantes), certera y previsible. El estado de legalidad sirve a los autoritarios para auto-legitimarse, mientras que el Estado de Derecho sirve de protección a los ciudadanos comunes y corrientes.
Dicho esto, los golpes no son solo contra los presidentes, pueden darse contra un poder judicial y/o contra un congreso. Varios líderes latinoamericanos que se han llenado la boca dando cátedra de respeto al Estado de Derecho, la democracia y las instituciones, muchas veces han estado a la cabeza de los ataques más sistemáticos contra las instituciones en sus países. En otras palabras, ellos han dado los golpes y cuando sus amigos han estado ilegalizando a la oposición o persiguiéndola, han guardado un silencio sepulcral. Para ellos es golpe solo si las instituciones obstaculizan su concentración de poder y no es golpe si logran someter las instituciones a su voluntad. Es decir, el mundo al revés.
