El comparativo natural es con el 2 de mayo de 2015, un día después de que criminales derribaran un helicóptero en Jalisco donde murieron ocho militares y una policía federal, cuando el general Cienfuegos habló en un homenaje con lenguaje enérgico pero no desproporcionado. Ese día expresó “nuestro reconocimiento perenne a ellos y nuestro apoyo incondicional para sus padres, esposas e hijos, así como nuestro compromiso absoluto para continuar trabajando sin descanso en la salvaguarda de los buenos mexicanos, siempre respetando la ley y a las personas, y en coordinación estrecha con los entes de gobierno”.
En el homenaje a los soldados emboscados en Sinaloa, el secretario dijo el sábado: “Este artero y cobarde ataque no es sólo una afrenta al Ejército o a las Fuerzas Armadas; es también una afrenta a la naturaleza humana, a la convivencia colectiva, a los principios sociales, a las leyes que nos hemos dado y al Estado de derecho. Nuestros soldados fueron emboscados por otro grupo… de enfermos, insanos, bestias criminales con armas de alto calibre... Seres sin conciencia... sepan que vamos con todo, con la ley en la mano y la fuerza que sea necesaria. Nadie por encima de la ley. Que la fuerza que apliquen tendrá la respuesta que corresponda por parte de la autoridad”.
El fraseo y el tono de los discursos son totalmente diferentes, como si hubieran sido construidos por distintas personas. ¿Qué ha pasado en un año? Muchas cosas. En el campo de la política, el presidente dejó al Ejército desamparado. Por ejemplo, no corrigió al exprocurador Jesús Murillo Karam cuando calificó el enfrentamiento con criminales e inocentes en Tlatlaya en 2014 como “matanza”, y permitió que el entonces subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, ofreciera a los padres y abogados de los normalistas de Ayotzinapa hablar con miembros del Batallón 27 de Infantería y revisar su cuartel en Iguala. Estas dos decisiones, que afectaron el respeto del general al interior del Ejército y con los generales retirados, fueron agotando la paciencia del secretario con el poder civil.
El presidente Peña Nieto pide siempre apoyo para las Fuerzas Armadas, pero donde podía haber probado sus dichos con hechos, no lo hizo. En el Presupuesto de 2017, dejó que la Secretaría de Hacienda las golpeara. Le quitó 45.7 por ciento para adquisición de radares, aviones, helicópteros e instalaciones militares –a la Secretaría de la Marina la dotó con recursos para un Centro de Entrenamiento y un nuevo Sistema de Inteligencia–, y no autorizó compra de nuevo armamento para las Fuerzas Especiales, que tiene 10 años de antigüedad, pese a que en ese campo los criminales cada vez están mejor equipados. Por otra parte, de los 91 proyectos y programas de inversión de las Fuerzas Armadas, sólo le otorgó presupuesto para 14, dentro de los cuales se encuentra el pago del nuevo avión presidencial, que se lleva 70 por ciento de ese recurso.
El maltrato político y presupuestal no reconoce el costo que han tenido que pagar los militares en la guerra contra el narcotráfico. Informes internos de la Secretaría de la Defensa revelan que hasta el primero de agosto de 2016 el total de militares caídos durante los últimos nueve años de combatir al narcotráfico ascendía a 468, de los cuales Tamaulipas, con 113 efectivos caídos, era la entidad donde más violencia habían enfrentado, seguida de Michoacán con 53 y Sinaloa, donde se dio la emboscada del viernes, con 50. De ese total, 43 por ciento cayeron en ataques con armas de fuego y 7.3 por ciento fueron 'ejecutados' por el crimen organizado. La mayor parte de los caídos, el 60 por ciento, eran soldados; el 20 por ciento eran cabos y el 12 por ciento sargentos. Es decir, la tropa que trabaja en las carreteras y montañas del país. El desgaste es mucho. De 2007 a agosto de este año el total de ataques que han sufrido es de tres mil 813.
Si el discurso del general Cienfuegos cambió tan radicalmente en lo retórico en un año, también la reacción táctica. Tras la emboscada del viernes, ordenó un despliegue militar a Sinaloa de envergadura. La noche del mismo viernes llegaron a Culiacán un centenar de miembros del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, los llamados GAFES, que son los comandos de élite del Ejército, para combatir a los responsables del ataque. La reacción del secretario de la Defensa no tiene precedente en lo que va de la administración, y es contraria a la forma como Peña Nieto y su gobierno han reaccionado ante los desafíos criminales, llena de tonos duros pero abundantes en acciones laxas.
El general Cienfuegos se apartó de la racional en Los Pinos, que lo dejó solo, según sugieren sus acciones. Lo que le queda es recuperar el respaldo interno de sus oficiales y de los generales retirados que tanto le criticaron su tibieza ante el poder civil.
