Gabriela Calderón de Burgos indica que la corrupción suele derivarse de un Estado con amplias funciones y un extenso nivel de gasto público, suele perjudicar las finanzas públicas y desalienta la inversión en la economía.
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“Los gobernantes corruptos favorecen los proyectos públicos de capital intensivo sobre otros tipos de gastos públicos y favorecen la inversión pública sobre la inversión privada. Frecuentemente apoyarán proyectos tipo ‘elefante blanco’ que tienen poco valor para promover el desarrollo económico”.
También, que los proyectos grandes de construcción tienen el beneficio agregado para los políticos de que “obtendrán sobornos en el presente y pueden sufrir pocos de los futuros costes de un trabajo mal hecho o de una excesiva deuda púbica”, pues ya no estarán ellos en el poder cuando se vuelva evidente que los recursos fueron malversados y/o toque pagar la deuda pública incurrida.
Pero la corrupción no solo plaga las finanzas públicas, sino que Rose-Ackerman explica que:
“Al carecer de mecanismos de compromiso creíbles, como instituciones independientes para hacer cumplir la ley, los autócratas corruptos pueden tener dificultades en convencer a los inversores en efectuar inversiones de capital, porque éstos pueden temer las expropiaciones o confiscaciones futuras y sistemas de regulación a posteriori”.
La corrupción es un problema económico y político. Rose-Ackerman, por ende, propone dos tratamientos: las reformas económicas y las políticas. Para reducir las oportunidades de cometer actos de corrupción habría que (1) eliminar aquellos entidades, programas y subsidios estatales cuyos costes (incluido el de la malversación de fondos) supera con creces sus beneficios; (2) reformar programas estatales que se consideran necesarios de tal forma que los funcionarios públicos tengan menos discrecionalidad en la toma de decisiones; (3) reformar la burocracia de tal forma que sus incentivos estén alineados con una administración más eficiente de los recursos públicos; (4) reformar los procesos de adjudicación reduciendo la discrecionalidad de los funcionarios públicos en las decisiones de otorgamiento de contratos públicos y concesiones. Pensando en Ecuador, esto podría comprender la eliminación de una extensa lista de entidades estatales creadas durante la última década de escasa o nula necesidad y alto potencial de corrupción, sumado a la eliminación del monopolio del IESS en la administración de los ahorros de los trabajadores ecuatorianos y de instituciones que han demostrado ser una amenaza pública y de nula necesidad, como el Banco Central en un país dolarizado y la Superintendencia de Control del Poder de Mercado.
Las reformas políticas comprenderían (1) encaminarnos hacia un sistema federal de gobierno que ponga a competir los distintos niveles del Estado y permita que los ciudadanos voten con sus pies y su capital; (2) tener una justicia y autoridades de control independientes; (3) propiciar el libre acceso a información detallada acerca del manejo de la cosa pública; y, (4) volver a permitir el libre flujo de ideas, que los ciudadanos no tengan miedo a represalias del poder político por cuestionar el accionar de funcionarios públicos. En fin, todo lo contrario de lo que ha hecho un gobierno que llegó al poder hace casi diez años, montado sobre la plataforma electoral de combatir la corrupción
