Carlos Rodríguez Braun expone las falacias esgrimidas en Chile por movimientos populistas que ponen en riesgo la libertad para elegir que tienen los trabajadores chilenos en cuanto a su pensión de jubilación.
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Carlos Rodríguez Braun es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid y catedrático de Historia del Pensamiento Económico en la misma universidad. Su blog se encuentra en www.carlosrodriguezbraun.com y su cuenta de Twitter es @rodriguezbraun.
La izquierda chilena ha lanzado una campaña contra el sistema privado de pensiones de capitalización, en el cual los trabajadores son propietarios de su pensión.
El resultado económico del sistema ha sido espectacular, contribuyendo a que el país andino haya dejado atrás el subdesarrollo, y la pobreza haya caído del 50% al 8% en las últimas cuatro décadas. Con todo, posiblemente no sea el éxito económico lo más importante, sino lo que significa el sistema en términos de dignidad personal, porque las trabajadoras y los trabajadores son allí dueños de su propio destino, y, al revés que en los sistemas de Seguridad Social pública y de reparto, los pensionistas no son siervos de los poderosos ni moneda de cambio electoral.
El ataque contra los trabajadores chilenos ha venido precedido de una intensa intoxicación populista, de esas en las que descuella el antiliberalismo. El movimiento “Acusa AFP”, que pide la eliminación del sistema, proclama: “el pueblo chileno debe recuperar el derecho a decidir”. Se trata de una completa mentira, porque es precisamente el sistema privado el que ampara la libertad del pueblo y su derecho a decidir; al ser un sistema de capitalización, asegura que cada trabajador sea partícipe del fondo que, al final de su vida laboral, le brindará las prestaciones de jubilación. Si el sistema es público y de reparto, como nuestra Seguridad Social, la única garantía del cobro de la jubilación es que el poder obligue a los trabajadores en activo a pagar en cada momento las pensiones de los pensionistas. Los cambios demográficos y las arbitrariedades políticas pueden poner y ponen en riesgo al sistema, lo que no sucedería si fuera de capitalización.
La izquierda en España y otros países se ha entusiasmado con la campaña de los populistas chilenos, y aquí también secundan patrañas con el mensaje: “Defendamos las pensiones públicas en contra de estos buitres financieros”. Su argumento es que el sistema chileno ha fracasado porque paga pensiones bajas, y solo ha beneficiado a los bancos.
Veamos esta última idea. Por supuesto que el sistema ha beneficiado a los fondos privados de pensiones, como era de esperar, pero el punto central de la crítica, que son las comisiones elevadas y crecientes que cobran los fondos, es falso: las comisiones no solo no han subido, sino que se han reducido sensiblemente en las últimas décadas.
El sistema, lejos de ser un fracaso, ha sido un éxito, y su rentabilidad en términos reales se sitúa en torno a un 8% anual. Tampoco es verdad que pague unas pensiones bajas, porque los trabajadores que han ahorrado durante treinta años o más están cobrando una pensión media de 1.000 dólares por mes, lo que es una suma digna incluso para un país más rico, como España, y una suma más importante en Chile. Si la pensión media es baja es porque muchos pensionistas, por diversas razones, han ahorrado durante menos tiempo, pero no es culpa del sistema. Y, desde luego, habrían cobrado aún menos si se hubiese mantenido la antigua Seguridad Social.
