Alberto Mansueti
El federalismo, así como la autonomía municipal, de la cual es inseparable, son ideales fundamentales del liberalismo clásico, desde sus inicios, en la España medieval de las “tres culturas”. Por casi 800 años convivieron en la península comunidades judías, cristianas y musulmanas; y eso fue posible sólo con Gobiernos limitados, tanto en fines y funciones, como en poderes, atribuciones y recursos.
En este concepto del Estado, el Municipio o Gobierno local de la ciudad o villa es la primera y básica forma de vida política y poder civil. Los gobiernos regionales de mayor alcance territorial y población, surgen por delegación de competencias de los municipios, según el “principio de subsidiariedad” bien entendido, cuando el gobierno municipal es juzgado insuficiente.
Y así surge también el Gobierno de una nación entera, por pacto o “federación” de gobiernos locales, conservando el poder municipal, y los Gobiernos regionales, todos los poderes y competencias no expresamente delegadas. Se reservan así un alto grado de autonomía (leyes propias), y de autarquía (gobierno propio), en sus textos constituciones, sancionados también por acuerdos, como los antiguos “fueros y cartas pueblas”.
Los principios, reglas y valores del liberalismo clásico fueron desarrollados a partir de estas prácticas de gobierno; son una creación hispana, procedente de la Escuela de Traductores de Toledo, en el siglo XIII, y de la Escuela de Salamanca, en el siglo XVI. Más tarde pasaron al mundo protestante, con autores como Althusio, Grocio, Pufendorf, Locke y Blackstone.
El federalismo busca la máxima descentralización del poder: es una de las vías para el logro de un Gobierno “limitado”. Por el contrario, el estatismo y el socialismo son anti-federales: persiguen fantasiosas utopías de reforma social y “redistribuir la riqueza”; por eso buscan por todos los medios aumentar el poder gubernamental, su concentración y centralización. Y suprimen de las Constituciones y leyes las instituciones federales y municipalistas, o las hacen letra muerta, como en América latina.
En el Centro de Liberalismo Clásico hemos recuperado conocimientos perdidos, lamentablemente ignorados en nuestras Universidades. Y tenemos soluciones y propuestas prácticas, elaboradas desde encuestas muy serias y científicas, sobre las necesidades reales de la población, y no sobre demandas ideopolíticas, como por ej. “educación gratis”, que la gente repite sólo porque no conoce las alternativas, mucho mejores.
Impulsamos y apoyamos la creación de fuerzas y partidos políticos en toda América latina, con planes de acción a mediano plazo, en base a las ideas y programas que desarrollamos, en consulta permanente con autorizados referentes en cada materia. Así tenemos Las Cinco Reformas, para sacar a nuestros países del atraso, la pobreza, la ignorancia, y la dependencia de las Agencias de la ONU y de la OEA que nos dictan las leyes malas, en forma de Convenios y Tratados internacionales. Tenemos también el Catálogo de Leyes Malas, que deben ser derogadas, en todo o en parte. Y tenemos asimismo las Ocho Propuestas para el orden municipal.
A nivel regional o subnacional en cada país, para los Estados o entidades federales (Provincias, como se llaman por ej. en Argentina), nuestros promotores, operadores políticos y candidatos a elecciones, suscriben con nosotros un formal y solemne compromiso, para promover el federalismo, en sus tres versiones históricas, que hoy no existen, o son letra muerta:
(1) Federalismo legal. La “autonomía”: capacidad de cada entidad federal para darse leyes propias, al menos en materias como por ej. actividades económicas, laborales, educativas, o procedimientos judiciales ante los tribunales. Y la capacidad para no aceptar la vigencia de leyes nacionales en su jurisdicción; el poder de decretarlas no aplicables, en base a fundadas razones. En los países anglosajones esta institución es el “derecho de nulificación”. Y en la vieja tradición hispana era el “pase foral”: la autoridad local podía conceder el “pase” a una ley o decreto procedente de la capital del país, o negarlo, con aquel célebre “se acata pero no se cumple”.
(2) Federalismo funcional. La “autarquía”: capacidad de cada entidad federal para darse Gobierno propio, a cargo de las tres funciones estatales de seguridad, justicia, e infraestructura física, en carácter de primera instancia, a nivel local. Y para escoger además a sus propias autoridades legislativas, ejecutivas y judiciales. ¿Existe hoy esa capacidad? Sí, en el papel, y muy retaceada: las competencias han sido severamente reducidas, en provecho del Gobierno nacional, llamado “central”, lo que es muy indicativo del centralismo imperante.
Cuando hay federalismo real, y de verdad existen autonomía y autarquía, los autores liberales señalan la “competencia de instituciones y gobiernos”: las gentes pueden libremente escoger en cuál territorio o jurisdicción van a vivir, trabajar, casarse, educar a sus hijos, instalar sus residencias permanentes o temporales, consultorios profesionales, escuelas, negocios y empresas, o celebrar sus acuerdos, guardar su dinero, jubilarse, pagar sus impuestos, y resolver sus pleitos y litigios.
Pero no es novedad. No es un invento “teórico” de los “extremistas liberales”; eso había en la España de las tres culturas, en los cantones suizos, en Holanda y las otras “Provincias Unidas” de los Países Bajos, y en EE.UU. cuando la Independencia. ¡Y funcionaba! Algunos resabios o recuerdos de estas instituciones quedan todavía, aunque muy disminuidas, incluso en países socialistas como Canadá.
(3) Federalismo fiscal. Proponemos el “impuesto de las tres U”: Único, Uniforme y Universal; en sustitución de todos los que hoy nos agobian, para sostener financieramente las tres funciones estatales propias, en los tres niveles de Gobierno; no para “redistribuir la riqueza”, alimentar el Welfare State, o para otros fines ajenos a la fiscalidad, por ej. “contracíclicos”, como dicen pomposamente los keynesianos. Y que este impuesto sea cobrado por los municipios; y que ellos acuerden con los gobiernos regionales, y con el gobierno nacional, una participación en lo recaudado, según los servicios en cada nivel, y las respectivas facultades, responsabilidades y competencias.
Ese es un sistema de Gobierno “civil” o político según el Liberalismo Clásico: racional, justo, honesto, eficiente, económico, y respetuoso de todas las libertades.
Hay que cambiar el sistema; ¡y urgente! Hasta la próxima, amigos.
