El objetivo de la educación es enseñarle a los jóvenes a usar sus mentes: a usar su capacidad de pensar y razonar. Una educación adecuada les da a los estudiantes el conocimiento de los hechos, y más importante, les enseña cómo adquirir conocimiento de nuevos hechos para vivir y conseguir sus valores.
La educación pública, por definición, ni cumple ni puede cumplir los objetivos de una educación adecuada, porque las escuelas públicas no sólo proveen los edificios donde se imparte la educación, sino que además determinan el contenido de lo que se enseña en ellos.
En las escuelas subsidiadas por el gobierno, los estudiantes no aprenden necesariamente “los hechos” ni cómo adquirir nuevo conocimiento. Ellos aprenden los hechos que el Estado decide que deberían aprender y por el método sancionado por el estado, con todos los prejuicios ideológicos que los gobernantes del momento quieran imbuir en esas mentes indefensas, sean teorías místicas, religiones variadas, o ideas políticas tendenciosas escondidas bajo rubros como “Educación para la Ciudadanía”.
Cualquier influencia del Estado sobre la educación corrompe su objetivo, y por lo tanto la capacidad de las personas de pensar y razonar. Lo único que le permite a los padres equipar a sus hijos para funcionar en el mundo – y lo único que no viola los derechos de los padres ni de los hijos – es una separación total entre Estado y Educación.
Preguntas y Respuestas con Ayn Rand
¿Cuál es el objetivo de la educación?
El único objetivo de la educación es enseñarle al estudiante cómo vivir su vida, desarrollando su mente y dándole los medios para que sepa hacerle frente a la realidad. La formación que necesita es teórica, es decir, conceptual. Hay que enseñarle a pensar, a entender, a integrar, a validar. Hay que enseñarle el conocimiento esencial descubierto en el pasado, y prepararle para que pueda adquirir nuevos conocimientos por su propio esfuerzo.
¿Existe el derecho a la educación?
Puestos de trabajo, alimentos, ropa, diversión (!), viviendas, atención médica, educación, etc., no crecen en la naturaleza. Estos son valores creados por el hombre – bienes y servicios producidos por los hombres. ¿Quién ha de proporcionarlos?
Si algunos hombres pueden exigir por derecho los productos de la labor de otros, esto significa que esos otros están siendo privados de sus derechos y condenados a trabajos forzados.
Cualquier supuesto “derecho” de un hombre que requiera la violación de los derechos de otro no es y no puede ser un derecho.
Ningún hombre puede tener derecho a imponer sobre otro hombre una obligación que éste no escogió, un deber no recompensado o una servidumbre involuntaria. No puede existir tal cosa como “el derecho a esclavizar”.
Un derecho no incluye el que ese derecho tenga que ser físicamente proporcionado por otros hombres; incluye sólo la libertad para ganar algo por el propio esfuerzo de cada uno.
Observad, en este contexto, la precisión intelectual de los Padres Fundadores [de los Estados Unidos]: ellos hablaron del derecho a la búsqueda de la felicidad – no del derecho a la felicidad. Eso significa que un hombre tiene el derecho a tomar las medidas que considere necesarias para lograr su felicidad; no quiere decir que otros tengan la obligación de hacerle feliz.
El derecho a la vida significa que un hombre tiene derecho a mantener su vida a través de su propio trabajo (en cualquier nivel económico, tan alto como su capacidad le lleve); no quiere decir que otros deban proporcionarle lo que necesita para vivir.
El Derecho a la Propiedad significa que un hombre tiene derecho a tomar las medidas económicas necesarias para obtener propiedad, usarla y disponer de ella; no quiere decir que otros deban proporcionarle esa propiedad.
El Derecho a la Libertad de Expresión significa que un hombre tiene derecho a expresar sus ideas sin riesgo de represión, interferencia o acción punitiva por parte del gobierno. No significa que otros deban proporcionarle una sala de conferencias, una estación de radio o una editorial de prensa a través de las cuales pueda expresar sus ideas.
Toda iniciativa que involucre a más de un hombre requiere el consentimiento voluntario de cada uno de los participantes. Cada uno de ellos tiene derecho a tomar sus propias decisiones, pero ninguno de ellos tiene derecho a forzar su decisión sobre los otros.
No hay tal cosa como “el derecho a un trabajo” – sólo existe el derecho al libre comercio, es decir: el derecho de un hombre a aceptar un empleo si otro hombre decide contratarlo. No hay “derecho a una vivienda,” sólo el derecho de libre comercio: el derecho a construir una casa o a comprarla. No hay “derechos a un salario ´justo´ o a un precio ´justo´” si nadie opta por pagarlo, por contratar a un hombre o comprar su producto. No hay “derechos de los consumidores” a leche, zapatos, películas o champán si no hay productores que deciden fabricar tales artículos (sólo existe el derecho a fabricar esos productos uno mismo). No hay “derechos” de grupos especiales, no hay “derechos de agricultores, de trabajadores, de empresarios, de trabajadores, de hombres de negocios, de los viejos, de los jóvenes, de los que aún no han nacido”. Sólo hay Derechos del Hombre – los derechos que posee cada hombre individualmente y todos los hombres como individuos.
Las becas. . . se ofrecen para fomentar la habilidad, para recompensar la inteligencia, para alentar la búsqueda del conocimiento, para conseguir más logros – no para fomentar la incompetencia.
Si los padres de un niño brillante no pueden mandarlo a la universidad (o si el niño no tiene padres), eso no es un fallo moral por parte de los padres ni por parte del niño. No es culpa de la “sociedad”, por supuesto, y el niño no puede exigir el derecho a ser educado a costa de otra persona; él tiene que estar dispuesto trabajar y estudiar al mismo tiempo, si es necesario. Pero esta es un área adecuada para la asistencia voluntaria. Si alguna persona u organización privada se ofrece a ayudarle, en reconocimiento de su capacidad, y así evitarle años de lucha – él tiene el derecho moral de aceptar.
El valor de las becas es que le ofrecen a un joven ambicioso un regalo de tiempo cuando más lo necesita: al principio.
¿Debería el gobierno darles becas escolares y ayudas a estudiantes y a investigadores?
El mal fundamental de las subvenciones del gobierno es el hecho de que los hombres se ven forzados a pagar por el subsidio de ideas diametralmente opuestas a las suyas propias. Esa es una seria violación de la integridad y la consciencia de un individuo. Es brutalmente malvado quitarles el dinero a hombres racionales para apoyar a B.F. Skinner – o viceversa. La Constitución prohíbe que el gobierno establezca formalmente la religión, considerando correctamente que es una violación de los derechos individuales. Dado que las creencias de un hombre están protegidas de la intrusión por la fuerza, el mismo principio debería proteger sus convicciones razonadas y prohibir los establecimientos gubernamentales en el campo del pensamiento.
Los que se aprovechan de las subvenciones del gobierno están generalmente entre los manifestantes que más virulentamente protestan contra “la tiranía del dinero”: la ciencia y la cultura, ellos lloriquean, deben ser liberadas del poder arbitrario y privado de los ricos. Pero hay una diferencia: los ricos no pueden comprar toda una nación, ni forzar a un solo individuo. Si un hombre rico decide apoyar actividades culturales, puede hacerlo sólo en una escala muy limitada, y sufre las consecuencias de sus acciones. Si no hace uso de su juicio, sino que simplemente le da rienda suelta a sus caprichos irracionales, consigue lo contrario de sus intenciones: sus proyectos y sus protegidos son ignorados o despreciados en sus profesiones, y ninguna cantidad de dinero podrá comprarle influencia sobre la cultura. Al igual que publicar por vanidad, su empresa seguirá siendo un derroche privado sin mayor significado. La cultura está protegido de él por tres elementos invencibles: elección, variedad y competencia. Si él pierde su dinero en emprendimientos irresponsables, no perjudica a nadie más que a sí mismo. Y, por encima de todo: el dinero que gasta es su propio dinero; no es arrancado por la fuerza de víctimas indefensas.
¿Por qué es la distribución de las subvenciones del gobierno inherentemente injusta?
Esta situación de hecho le prohíbe a un funcionario honesto el que pueda utilizar su propio juicio. Supuestamente él debe ser “imparcial” y “justo” – mientras considera a quién darles subvenciones en las ciencias sociales. Un funcionario que no tenga conocimientos y algunas convicciones en ese campo en particular, no tiene ningún derecho moral a ser un funcionario público. Sin embargo, la clase de “justicia” que se le exige significa que él debe anular, ignorar o evadir sus propias convicciones (pues ellas podrían ser impugnadas como “prejuicios” o “censura”) y proceder a repartir grandes sumas de dinero público, con consecuencias incalculables para el futuro del país – sin juzgar la naturaleza de las ideas de los beneficiarios, es decir, sin usar en absoluto su propio juicio.
Los que adjudican subsidios pueden esconderse detrás de la noción de que, al haber sido escogidos como “líderes”, están actuando “democráticamente” y recompensando a los hombres elegidos por el público. Pero no hay “democracia” en este campo. La ciencia y la mente no funcionan por votación o por consenso. Lo más conocido no es necesariamente lo mejor (ni tampoco es lo menos conocido, dicho sea de paso). Dado que no se pueden aplicar criterios racionales, el método de los que adjudican conduce a guiarse por las personalidades, no por las ideas; por enchufe, no por mérito; por “prestigio “, no por la verdad. El resultado es: el regirse por los agentes de prensa.
¿Cómo podrían saber los burócratas del gobierno – o del Congreso – a qué científicos apoyar? El método más seguro es escoger a hombres que ya han conseguido algún tipo de reputación. Si su reputación es merecida o no, si sus resultados son válidos o no, si ascendieron por mérito, enchufe, publicidad o por accidente, son preguntas que los adjudicadores no consideran ni pueden considerar. Cuando el juicio personal es inoperante (o prohibido), la primera preocupación de los hombres no es cómo elegir, sino cómo justificar su elección. Esto necesariamente les influencia a miembros de comités, a burócratas y a políticos a gravitar hacia “nombres de prestigio”. El resultado es ayudarles a establecerse a los que ya están establecidos, es decir, a afianzar el régimen existente.
La peor parte de ello es el hecho de que este método de selección no se limita a los cobardes o a los corruptos, sino que también el funcionario honesto está obligado a utilizarlo. El método se le impone por las circunstancias de la situación. Para emitir un juicio informado e independiente sobre el valor de cada solicitante o cada proyecto en cada campo de la ciencia, un funcionario tendría que ser un erudito universal. Si él consulta a “expertos” en ese campo, el dilema sigue siendo: o bien él tiene que ser un erudito que sabe a qué expertos consultar – o tiene que rendir su juicio a hombres educados por los mismos profesores que él debe supuestamente juzgar. El concederles subvenciones a “líderes” famosos, por lo tanto, se le aparece como la única política justa – basada en la premisa de que “si alguien les hizo famoso, alguien debe saber por qué, incluso si yo no lo sé”.
(Si los funcionarios intentaran saltarse a los “líderes” y darles subvenciones a principiantes prometedores, la injusticia y la irracionalidad de la situación sería mucho peor, y la mayoría de ellos tienen el sentido común de no intentarlo. Si es necesario un conocimiento universal para juzgar el valor de lo que ya existe en cada uno de los campos, nada menos que omnisciencia sería necesaria para juzgar el valor de algo potencial – como varios concursos privados para descubrir nuevos talentos, incluso en campos limitados, han demostrado claramente.)
¿De qué forma las subvenciones del gobierno inhiben la libertad intelectual e influencian las ideas que se enseñan en las universidades?
Todo el mundo sabe que la mayoría de las universidades dependen ahora de los proyectos de investigación del gobierno como una de sus principales fuentes de ingresos. Los subsidios que el gobierno les concede a cada uno de esos investigadores “Senior” convierte a cada uno que los recibe extraoficialmente en un poder oficial. Es su influencia – sus ideas, sus teorías, sus preferencias en la contratación de profesores – la que llegará a dominar la escuela, de manera silenciosa e inadmitida. ¿Qué endeudado administrador de universidad se atrevería a contrariar a quien le aporta tal prosperidad?
¿Es moralmente correcto el aceptar becas, privadas o públicas?
Me apresuro a responder: “Sí” – para luego proceder a explicar y cualificar. Hay muchas confusiones sobre estos temas, creadas por la influencia y las implicaciones de la moralidad altruista.
No hay nada malo en aceptar becas privadas. El hecho de que un hombre no tenga ningún derecho sobre los demás (es decir, que no es el deber moral de ellos el ayudarle, y que él no puede exigir su ayuda como derecho), no es opuesto a, ni prohibe, la buena voluntad entre los hombres, y no hace que sea inmoral ofrecer o aceptar asistencia voluntaria y que no implique un sacrificio.
Un principio diferente y consideraciones diferentes están involucradas en el caso de las becas públicas (es decir, del gobierno). El derecho a aceptarlas se basa en el derecho de las víctimas a la propiedad (o parte de la propiedad) que les fue quitada por la fuerza.
El beneficiario de una beca pública está moralmente justificado sólo en la medida en que él la considera como la restitución y se opone a cualquier forma del estatismo del subsidio. Los que abogan por becas públicas no tienen derecho a ellas; los que se oponen a ellas, sí lo tienen. Si esto parece una paradoja, el problema radica en las contradicciones morales del estatismo del subsidio, no en sus víctimas.
Puesto que no existe el derecho de algunos hombres a quitarles por voto los derechos a los demás – ni el derecho del gobierno para apoderarse de la propiedad de algunos hombres para el beneficio inmerecido de otros – los defensores y partidarios del estado del subsidio son moralmente culpables de robarles a sus oponentes, y el hecho de que el robo esté legalizado hace que ello sea moralmente peor, no mejor. Las víctimas no tienen por qué añadir un martirio auto-impuesto al daño que otros ya les han hecho; no tienen por qué dejar que los saqueadores se beneficien por partida doble, dejándoles que les distribuyan el dinero exclusivamente a los parásitos que clamaban por él. En cada oportunidad que las leyes del estado del subsidio permitan alguna pequeña restitución, las víctimas deben tomarla. . . .
Los mismos principios morales y consideraciones se aplican a la cuestión de las becas de investigación del gobierno.
El crecimiento del Estado del Subsidio (mal llamado Estado del “bienestar”) está llegando a una etapa en la que prácticamente los únicos fondos disponibles para la investigación científica son dinero del gobierno. (Los desastrosos efectos de esta situación y la vergonzosa situación de la ciencia patrocinada por el gobierno ya son evidentes, pero ese es un tema diferente. Lo que nos importa aquí es sólo el dilema moral de los científicos.) Los impuestos están destruyendo los recursos privados, mientras que el dinero del gobierno está inundando y adjudicándose el campo de la investigación.
En estas condiciones, un científico está moralmente justificado a aceptar subvenciones del gobierno – siempre que se oponga a todas las formas de estatismo de subsidios. Como en el caso de los estudiantes que reciben becas, un científico no tiene por qué agregar más auto-martirio a las injusticias que ya sufre.
¿Es la educación pública un éxito?
De todas las iniciativas del gobierno, ninguna de ellas ha fracasado tan estrepitosamente como la educación pública. El alcance, la profundidad, y la evidencia de este fracaso pueden observarse a todo nuestro alrededor. Para nombrar tres de sus síntomas obvios: la adicción a la droga entre los jóvenes (que es un intento de escapar del insoportable estado de una mente incapaz de hacerle frente a la existencia) – el analfabetismo funcional (la incapacidad de un estudiante normal o un universitario medio de hablar o escribir de forma coherente) – y la violencia estudiantil (lo que significa que los estudiantes no han aprendido lo que los salvajes saben en cierta mínima medida: la imposibilidad y la inmoralidad de recurrir a la fuerza física).
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