En el mercantilismo hermanos

Iván Alonso señala que los proyectos de ley presentados por Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio ignoran el bienestar de los consumidores peruanos de leche, privilegiando a los productores locales.

Mercantilismo es el nombre de una doctrina económica, muy en boga en el siglo XVIII, que consideraba que la acumulación de lingotes de oro era la señal inequívoca de la riqueza de un país. Esa premisa justificaba toda clase de políticas para promover las exportaciones y restringir las importaciones. Adam Smith la ataca por favorecer los intereses de los productores, en desmedro de los consumidores. Hoy en día es sinónimo de la búsqueda de privilegios para grupos organizados con la colaboración activa de la clase política. Es la antítesis de una economía de mercado.

El más reciente ejemplo de mercantilismo en el Perú lo constituyen sendos proyectos de ley presentados, con mes y medio de diferencia, por las bancadas de Fuerza Popular y Peruanos por el Kambio para restablecer la vigencia de la decimoquinta disposición complementaria de la ley de promoción de inversiones en el sector agrario de 1991. Esa disposición, que prohibía las importaciones de leche deshidratada con la finalidad de recombinarla o reconstituirla para volverla a su estado líquido, fue derogada en el año 2008.

Ambos proyectos parten de la premisa de que el levantamiento de la prohibición afectó severamente a la ganadería nacional. Pero eso no es lo que muestran las estadísticas del Ministerio de Agricultura, según las cuales entre los años 2008 y 2013 la producción de leche de vaca creció a una tasa promedio anual de 3,8%. Comparando los cinco años previos y los cinco posteriores a la derogación, la producción nacional aumentó en 380.000 toneladas, como promedio anual, mientras que las importaciones de leche en polvo y leche entera en polvo subieron sólo en 12.000 toneladas. Écheles usted toda el agua que quiera, pero la conclusión parece inescapable: la apertura del mercado a la competencia externa obligó a los ganaderos a ser más eficientes. ¿Para qué queremos protegerlos?

Obviamente, las importaciones ponen un techo al precio que se les paga a los ganaderos por la leche fresca. Pero ¿acaso eso no es bueno para los consumidores?

Ninguno de los dos proyectos se interesa en serio por el bienestar del consumidor. Los argumentos con los que pretenden defenderlo encubren, más bien, su vocación mercantilista.

La exposición de motivos del proyecto de PPK resulta, en este sentido, vergonzosa. Dice que los productos elaborados con leche recombinada o reconstituida son inadecuados para garantizar la seguridad alimentaria, de acuerdo con los estándares de la FAO. Una página más adelante, sin embargo, cita textualmente las definiciones de la misma FAO: un producto lácteo reconstituido es aquel al que se le agrega agua “para restablecer la proporción apropiada”; uno recombinado es una combinación de materia grasa y extracto seco de leche que tiene la “composición apropiada del producto lácteo”. ¿Se puede colegir de estas definiciones que son productos insalubres?

El proyecto de Fuerza Popular también hace la finta. El consumo de leche en el Perú está debajo del nivel recomendado: 80 kilos anuales por habitante, de acuerdo con el presidente de la asociación de ganaderos; en la siguiente página baja a 70; y tres páginas después apenas son 60. La inconsistencia demuestra que no han investigado. Si de verdad les interesa el consumidor, lo que debería preocuparles es que haya más leche en el mercado, no de dónde son las vacas.

Este artículo fue publicado originalmente en El Comercio (Perú) el 17 de diciembre de 2016.