Sociedades anónimas, desatinado proyecto de ley

Víctor Pavón señala cómo el nuevo proyecto de ley podría violar la privacidad de cuentas bancarias en Paraguay. 

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Víctor Pavón es Gerente Ejecutivo de la Asociación Paraguaya de Universidades Privadas- APUP y autor de los libros Gobierno, justicia y libre mercado y Cartas sobre el liberalismo.

Durante mucho tiempo la empresa privada estuvo separada de la influencia del Estado -lo que no significa ausencia de reglas claras y predecibles en la sociedad- y de ese modo se logró desde la Revolución Industrial de raigambre liberal un progreso nunca antes logrado en la historia de la humanidad.

Pero aquel portentoso salto hacia un mundo pletórico de oportunidades especialmente para los más pobres y desamparados y que les había dado abundancia en apenas una generación, ciertamente también atrajo peligrosas ideas sesgadas de buenas intenciones. Aquellas ideas y suposiciones colectivistas contrarias a la sociedad libre y abierta se apoderaron de los políticos y otros sectores como los mismos empresarios que, para evitar la competencia, se fueron adhirieron a la coerción impuesta por los gobiernos para sacar del mercado a sus ocasionales competidores. No en vano el destacado pensador Schumpeter advertía que el ataque al capitalismo se haría desde su mismo interior.

La libertad empresarial mediante las sociedades anónimas con títulos al portador que permite, entre otras, volver más eficiente el traspaso de la propiedad no solo es una cuestión de practicidad comercial, sino también una garantía que nadie puede inmiscuirse en los asuntos de cada quien; excepto, en caso que existan elementos a ser probados por los órganos del Estado recayendo la carga de la prueba sobre el agente gubernamental y no sobre el ciudadano, como en efecto hoy ocurre, violando el principio de inocencia y de la carga de la prueba.

Ya los romanos durante la República y luego el common law inglés sostenían que Incumbi probati qui disce, actore non probante reus absolvitur (Incumbe la prueba quien dice, no quien niega, actor que no prueba, el demandado es absuelto).

Sin embargo, la influencia del positivismo jurídico ha sido tal que se ha venido trastrocando sencillos y profundos principios del derecho cuya raíz es precisamente "lo que es justo" y no "lo que dice la autoridad" como ahora lamentablemente se enseña y se entiende.

El proyecto de ley remitido por el Ejecutivo días atrás, precisamente parte de esa premisa y está equivocada. Y si bien esta es la tendencia puesta en marcha en muchos países, demasiados incluso, ello no significa que sea una alternativa ni correcta ni moral para impulsar la iniciativa empresarial y la transparencia de los fondos que hoy fluyen en el mundo global. Las acciones al portador son más bien una alternativa que se tiene para refugiarse del permanente acoso de la que son víctimas los individuos que mediante sus emprendimientos privados promueven inversiones y puestos laborales.

La compulsión estatal de convertir mediante la fuerza de la ley los títulos al portador a nominativos (cuando debe ser ser una elección esta modalidad) y cuyo propósito se hace para evitar el lavado de dinero y delitos conexos, solo hará que cualquier político o burócrata, el mismo Congreso, la fiscalía o la Seprelad (Secretaría de Prevención de lavado de dinero y bienes) en Paraguay, pueda meter sus narices en las cuentas personales bancarias de todo ciudadano, sin que éste siquiera le preste su consentimiento. Esto solo significa extorsión y arbitrariedad.

Tenía razón Tocqueville cuando decía que la pérdida de ciertas libertades, aunque parezcan mínimas y que no parecen afectarnos, finalmente es la pérdida de la misma libertad y propiedad.