Yamila Feccia indica que para combatir la evasión fiscal conviene reducir la carga tributaria en lugar de cargar sobre los ciudadanos mayores regulaciones e impuestos que terminan socavando el crecimiento y la productividad.
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Está claro que los impuestos por encima de cierto nivel además de ser inmorales son ineficientes. A nivel empresarial crean distorsiones en las decisiones y afectan su productividad; como asimismo las condiciones competitivas e incluso estimulan la pérdida de oportunidades de inversión, no sólo local sino también extranjera. De todas formas, lo más interesante es que a través de este robo tributario, el Estado desde el gasto arbitrario cree satisfacer las necesidades “reales” de las personas, de forma más eficiente que si lo harían ellas por sí mismas. Es decir, los contribuyentes pagan para que el Estado administrador tome decisiones por ellos mismos, mientras distorsiona los incentivos que el mercado genera.
Ante esta voracidad fiscal por parte de los gobiernos, tanto las empresas como los ciudadanos escapan de esas fiscalidades elevadas y buscan condiciones más favorables y convenientes donde colocar su dinero. No son una cueva de delincuentes como el mito popular sostiene. Tener dinero en el exterior es absolutamente legal, siempre y cuando provenga de actividades lícitas. La realidad es que nadie está dispuesto a someter sus ingresos a la glotonería de los estados de incrementar su recaudación a través de sus impuestos. Queda claro que los refugios fiscales no son una cuestión de gustos, sino de necesidad.
Por otro lado, estos refugios no perjudican a las personas más vulnerables como comúnmente se cree. Lo que realmente perjudica a los países más pobres son las innumerables regulaciones e impuestos que recaen sobre ellos. En otras palabras, constituyen un beneficio para todas las personas del mundo que han gozado de los frutos de una sana competencia fiscal. Según la ONG Oxfam Intermón, la inversión empresarial en los refugios fiscales se ha multiplicado por cuatro durante 2000 y 2014. El dinero oculto ya supera los US$ 7,6 billones (“trillions” en inglés) y sobrepasa el PBI del Reino Unido y de Alemania juntos. Asimismo, 9 de cada 10 empresas multinacionales tienen presencia en estos refugios, si ese dinero fuese volcado a la economía en más compañías, más trabajo y por ende menos pobreza, ya no habrían más excusas para un Estado administrador agigantado e interventor.
Según un informe publicado por la CEPAL, “Panorama fiscal de América Latina y el Caribe”, la presión tributaria de América Latina se incrementó 0,2 puntos porcentuales del PBI el año pasado. El principal protagonista de este “avance”, como lo denomina el informe, se debe a una mayor recaudación del impuesto sobre la renta. En 2015, los ingresos públicos por el impuesto sobre la renta crecieron de forma importante en la Argentina (12,8%), Chile (15,6%), Costa Rica (13,6%), Ecuador (11,7%) y México (24,0%). En cambio, es notable una clara reducción en Brasil (-6,1%), Guatemala (-6,4%) y Perú (-16,5%). Sin embargo, según sostiene el informe de la CEPAL, en el caso de Argentina, Bolivia y Brasil, el nivel de presión tributaria es más elevado que en aquellos países con similar producto per cápita.
Sin embargo, un artículo publicado por el World Economic Forum para el Encuentro Económico Anual en Davos menciona que América Latina tiene los niveles de desigualdad más altos del mundo. Por esta razón critica el sistema tributario y lo rotula de arcaico y disfuncional. Sostiene, además, que para poder alcanzar el “desarrollo” sostenible es necesario un ajuste y modernización del sistema de impuestos.
| América Latina: variación real interanual de la recaudación del impuesto sobre la renta y del impacto sobre el valor agregado, 2013-2015 | |||||||
| País | Impuesto sobre la renta | | Impuesto sobre el valor agregado | ||||
| | 2013 | 2014 | 2015 | | 2013 | 2014 | 2015 |
| Argentina | 5,4 | 1,9 | 12,8 | | 3,9 | -6,8 | 3,3 |
| Brasil | 5,0 | -1,6 | -6,1 | | 4,1 | -0,6 | -6,7 |
| Chile | -6,4 | -2,3 | 15,6 | | 4,9 | 3,7 | 4,9 |
| Colombia | 5,7 | 3,2 | 2,0 | | -7,5 | 9,1 | 2,7 |
| Costa Rica | 7,6 | 3,4 | 13,6 | | -0,6 | 3,2 | 2,6 |
| Ecuador | 13,1 | 4,4 | 11,7 | | 8,9 | 1,6 | -2,8 |
| El Salvador | 17,5 | 1,7 | 2,5 | | 2,4 | -1,7 | 3,8 |
| Guatemala | 15,6 | 7,5 | -6,4 | | 0,2 | 2,3 | -1,3 |
| México | 13,4 | -2,5 | 14,0 | | -7,5 | 15,2 | 3,1 |
| Perú | -4,7 | 6,5 | -16,5 | | 5,6 | 2,0 | -0,9 |
Argentina, el país con mayor tasa impositiva total en el mundo
Por su parte Argentina ha hecho basto esfuerzo para destacarse entre multitudes. Según el último Informe de Competitividad Global del Foro Económico Mundial es el país con mayor tasa impositiva total en el mundo (**). Y junto con Italia, son los países donde mayor desincentivo generan los impuestos a la hora de invertir. Además, Argentina es el cuarto país con tasas de impuestos corporativos más alta del mundo, con una tasa del 35%, según un informe publicado por Tax Foundation en agosto de 2016. Entre los primeros puestos se ubican Emiratos Árabes (55%), Puerto Rico (39%) y EE.UU. (38,9%). Por su parte Sudamérica (27%) se encuentra muy por encima del promedio del mundo. Esta información útil la debería tener en cuenta el actual Ministro de Economía a la hora de buscar inversores para impulsar el crecimiento económico del país.
Según un informe publicado por Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) la carga tributaria formal integral (*) durante el 2016 se ubicaría entre un 47,5% y el 57,9% del ingreso total de una familia. En otras palabras, los argentinos en el sector formal deben trabajar los primeros 7 meses (211 días) del año para el Estado, y en los 5 restantes lo que gane irá a su bolsillo. En el 2012, un trabajador asalariado formal sólo debía trabajar 5 meses y medio (171 días) para pagar los impuestos que los diferentes niveles de la administración le cobraban. La presión tributaria efectiva actual —lo que realmente recaudo el Estado— ha crecido de sobremanera en los últimos 15 años, ya que en el año 2000 la recaudación en los tres niveles de gobierno como porcentaje del PBI era del 21,4% (similar a la de los 90), hoy ese porcentaje alcanza el 35%. Es decir, la presión tributaria ha crecido un 60% en los últimos 15 años.
Por el momento Argentina sólo tiene un infierno fiscal y ha alcanzado los peores rankings del mundo. Es importante que quienes la representan comprendan que las finanzas públicas mejoran cuando hay más actividad económica y no cuando hay más impuestos. Sin embargo, el actual presidente Mauricio Macri ha prometido discutir la reforma tributaria en el Presupuesto 2017 y el planteo de la nueva meta fiscal de bajar otro punto y medio el déficit fiscal del PBI.
A modo de conclusión y de acuerdo con Daniel J. Mitchell —economista del Cato Institute—, los paraísos fiscales son el único desincentivo a la subida ilimitada de los impuestos, es decir, juegan un rol clave en el proceso de liberalización ya que funcionan como una especie de competencia tributaria. Por lo tanto si no existiesen, los estados concertarían en una armonización de sus impuestos y sería imposible poder huir del sometimiento de los ingresos y de la voracidad de los gobiernos.
Queda claro que no todo el gasto público es nocivo para el desarrollo económico. Tiene sentido y ayuda al crecimiento en el caso de la protección de los derechos de propiedad y de hacer respetar el Estado de Derecho. El problema se encuentra en los países con fuertes estados de bienestar, que para sostenerlo y hacerlo posible, en la mayoría de los casos cuentan con sistemas tributarios altos que desaceleran los motores de crecimiento de la economía.
Dicho esto, es necesario dejar de presentar como algo malo a las inversiones offshore. La evasión fiscal no se combate con la eliminación de los refugios fiscales, sino con menores tasas y reformas tributarias. Mientras los gobiernos no quieran enfrentar sus bombas fiscales, el mercado dará su respuesta ofreciendo condiciones más ventajosas y los mayores perdedores a fin de cuentas seguirán siendo los más pobres.
(*)Se incluyeron las contribuciones patronales y los impuestos directos e indirectos que cobran los tres niveles de gobierno-nación, provincias y municipios.
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