La investigación señala la escandalosa cifra superior a los 900 millones de pesos en tres años, que por medio del Instituto de Mexicanos en el Exterior, la organización Juntos Podemos ha destinado, dirigido o entregado a docenas de organizaciones de migrantes connacionales en Estados Unidos.
Surgen muchas preguntas que el propio líder del equipo de investigación, el colega y amigo Salvador Camarena, ha formulado ya. Algunas apuntan hacia la ciertamente cuestionable transparencia de los fondos, su destino, implementación y reporte. Otras hacia la función y el rol que la propia Josefina ha jugado en esta operación.
Conozco a Josefina Vázquez Mota hace más de una década, desde sus trabajos en el gabinete del presidente Vicente Fox. Conozco a una mujer seria, profesional, honesta y comprometida con México. Fui testigo de sus gestiones al frente de la SEP y del valioso trabajo que por renovar ese monstruo gigantesco impulsó, a pesar de los obstáculos de la inolvidable maestra Elba Esther. Josefina fue retirada de la SEP y enviada a la Cámara de Diputados, junto con varios de sus colaboradores, por resultar incómoda a la maestra. Pero esa es otra historia. De la campaña presidencial de Josefina en 2012 no hablaremos, porque tomaría espacio y tiempo. Sólo decir que muchos sectores del PAN, descontentos o insatisfechos con una candidatura ganada a pulso, no sólo no ayudaron sino que en muchas entidades, obstaculizaron un resultado exitoso.
Josefina dedicó después de la fallida campaña tiempo, energía, esfuerzos y experiencia hacia los mexicanos en territorio estadounidense. Escribió un libro, construyó redes de ayuda, apoyo y orientación. Un trabajo valioso y significativo.
En este marco, llama la atención que una candidata que compitió y criticó al régimen priista y a su entonces candidato, Enrique Peña Nieto, haya logrado un acuerdo posterior para ayudar a los mexicanos en Estados Unidos.
¿Cómo se dio ese acuerdo? ¿En qué condiciones? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué métricas de desempeño, estrategia, resultados? Es algo que no se ha informado con transparencia, porque finalmente se trata de dineros públicos y 900 millones no son poca cosa.
Pero más allá: la reciente divulgación de esta información ¿está destinada a descarrilar los esfuerzos electorales de Josefina en el Estado de México?
¿Mancha su trayectoria este acuerdo de colaboración? Resulta inverosímil pensar que quien aparece como puntera en las encuestas mexiquenses, opositora y después colaboradora del hoy presidente Peña Nieto, pueda disputarle en su tierra y su estado la derrota del PRI. No es casual que hoy nos enteremos de estos datos.
Ella ha declarado que no percibe ingresos por esta tarea y que su organización no recibe los fondos directamente, sino que es a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior y la red de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos entre muchas otras. ¿Por qué no informarlo? ¿Por qué no divulgar un trabajo que tiene un espíritu de protección al ciudadano mexicano allá donde con frecuencia es maltratado, marginado, expulsado?
Error de la organización y de la propia Josefina, porque aunque no exista nada oscuro ni ilegal en el trabajo, levanta sospechas y preguntas sobre la falta de transparencia.
Me atrevería incluso a preguntar ¿por qué debemos destinar tanto dinero a los migrantes mexicanos en EU? Si la premisa es que se fueron para buscar mejores condiciones de vida, oportunidades de trabajo y una economía más potente para ayudar a sus familias, ¿no sería más razonable invertir esos 900 y más millones de pesos en México, para crear las fuentes de empleo que los retengan aquí?
No estoy convencido de que la función del Instituto y de los consulados o la propia cancillería sea la de destinar fondos de los contribuyentes mexicanos, a otro territorio, otro país, para ciudadanos que eligieron, por condiciones de vida y de economía adversa, buscar otros horizontes. Creo que debiéramos hacer todo lo posible por conservarlos, por cuidarlos y protegerlos, aquí en su país, no en otro.
Juntos Podemos y Josefina, como destinatarios o beneficiarios de un presupuesto federal que por lo menos supervisan y ejercen –presumo–, tendrán que explicar con detalle su uso y beneficiarios.
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