La lista está encabezada por dos exdirectores y colaboradores del exgobernador Guillermo Padrés en el Fondo Estatal de Modernización del Transporte.
Según la dirección de Asuntos Jurídicos del ISAF, por las características del delito estos podrían alcanzar la tipificación de peculado y otros actos antijurídicos catalogados de extrema corrupción e impunidad.
La lista de los exfuncionarios contra quienes solicitan acción penal está encabezada por dos exdirectores y colaboradores del exgobernador Padrés en el Fondo Estatal de Modernización del Transporte. Ellos son Víctor Armando Alcaraz Armenta y Darío Murillo Bolaños, quien le sucedería al cargo y también exalcalde de Caborca.
La recién creada fiscalía anticorrupción –a petición de los órganos fiscalizadores del ejecutivo y del Congreso del estado- confirmó que citará a todos los funcionarios en las próximas horas para que expliquen el uso y destino de 760 millones 533 mil 535 pesos que no se localizan en las arcas del Fondo Estatal de Modernización del Transporte cuando fueron directores generales.
Alcaraz, primer director del Fondo, fue cesado del cargo tras ser señalado públicamente como responsable del desfalco, aunque no se le sometió a investigación.
Su sucesor, Darío Murillo –también señalado por corrupción durante su gestión municipal en Caborca- es presunto responsable de la falta de casi 121 millones de pesos.
Entre otros funcionarios acusados está el exsecretario de Sagarpa, Héctor Ortiz Ciscomani, quien presuntamente dejó un quebranto de 55 millones de pesos, según documentos del órgano de fiscalización interno.
Los recursos fueron retirados del presupuesto en los ejercicios fiscales 2012, 2013 y 2014. Además, el director general de Planeación de esta dependencia también es requerido por el mismo delito en rol de copartícipe.
Ciscomani es acusado de peculado, ejercicio indebido de un deber y otros delitos de omisión y comisión contra el patrimonio del estado.
Además, la exdirectora del ISSSTESON y actual diputada federal plurinominal por el PAN, Teresa Lizárraga Figueroa, y cuatro de sus excolaboradores de las áreas de administración, finanzas, licitaciones y prestaciones económicas de dicho instituto también fueron señaladas por el ISAF por un quebranto financiero de 42 millones 185 mil 324 pesos.
Investigan crédito a Telemax al margen de la ley
El Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso de Sonora inició a su vez un procedimiento administrativo contra el exdirector de Telemax en el anterior gobierno, Jorge Morales Borbón, quien también ostentaba el cargo de Secretario de Comunicación Social en la administración de Padrés.
Morales tramitó un crédito bancario con el banco Interacciones S.A. por 90 millones de pesos, de los cuales quedaron disponibles para retiro a finales de mayo solo 45 millones. Del resto, nada se sabe.
El ISAF destaca el millonario crédito que la administración de Telemax contrató en secreto y el cual fue avalado por Guillermo Padrés, sin consultar con los mandos gerenciales de la televisora ni autorizado por el Consejo de Administración de la misma.
Jorge Morales fungía como vicepresidente del Consejo de Administración de la sociedad anónima Telemax y como director general.
En el crédito de 90 millones de pesos solicitado por Morales Borbón en abril del 2015, se comprometió como garantía las participaciones estatales y los ingresos propios de la televisora hasta el año 2025, fecha de vencimiento del irregular financiamiento.
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