Los Presupuestos Generales del Estado para 2012 se enmarcan en un entorno definido por la necesidad de reducir el déficit público hasta el 5,3 por 100 del PIB, esto es, dos puntos y medio en un entorno recesivo. En dos ejercicios, España se ha comprometido a realizar un ajuste del agujero presupuestario de 5,5 puntos del PIB, un esfuerzo no realizado jamás por ningún Gobierno en tan breve espacio temporal. En este contexto, la presión sobre la política fiscal española no procede tan sólo de conseguir esa ambiciosa meta, sino también de la necesidad de eliminar las dudas que la derrota” del PP en Andalucía han creado en los mercados en el sentido de que éstos han considerado que el Gobierno Rajoy podría tener mayores dificultades para acometer el proceso de consolidación de las cuentas públicas.
Desde esta perspectiva, la pregunta es cómo se articulará la estrategia de reducción del déficit. ¿Se centrará sólo en el recorrte del gasto público? ¿Se verá acompañada de aumentos de los impuestos? Estos interrogantes son fundamentales ya que condicionarán de manera decisiva la efectividad del programa de saneamiento de las cuentas públicas y, también, su impacto sobre el crecimiento de la economía española o, mejor, sobre sus probabilidades de recuperarse en un espacio temporal no demasiado lejano. Por ello, los Presupuestos para 2012 tienen una importancia crucial y ahí el Gobierno Rajoy se la juega.
En medio de una recesión y tras las subidas del IRPF y de la fiscalidad sobre las Rentas del Capital, cualquier nueva alza impositiva tendría un efecto muy negativo sobre la actividad económica. El aumento de los impuestos en un escenario como el español agudizaría las presiones recesivas y, en consecuencia, tendría consecuencias negativas sobre el crecimiento imposibilitando la consecución del objetivo de déficit público. Subir los impuestos en una economía en recesión es una receta segura para retrasar la salida de la crisis. Así lo demuestra la teoría económica y lo ratifica la evidencia empírica. El incremento del IVA realizada por el PSOE tuvo un impacto recaudatorio mínimo.
La hipótesis trasladada a los medios de una potencial eliminación o drástica reducción de las deducciones en el Impuesto de Sociedades constituiría un aumento del tipo impositivo efectivo para las compañías. En un marco de alto endeudamiento de las empresas y con una práctica imposibilidad de acceder al crédito, esa medida daría un golpe demoledor a la inversión, impidiendo la recuperación de esa variable en 2013 que es uno de los puntos sobre los que descansa la esperanza del Gobierno en el comienzo de la reactivación de la economía el año próximo. Por otra parte, este iniciativa haría perder competitividad fiscal en materia de sociedades a España frente a otros países de la UE y desanimaría la inversión extranjera en nuestro país.
El impacto contractivo del incremento de la fiscalidad sobre las sociedades potenciaría el que produce sobre el consumo privado el incremento del IRPF acordado el pasado 30 de diciembre. Esto significa que los dos componentes de la demanda interna –consumo e inversión- se verían afectados de modo negativo por el aumento de la tributación. De este modo, el único vector de expansión de la actividad sería el sector exterior, las exportaciones, cuyo dinamismo será inevitablemente menor que en 2011 a causa del debilitamiento de la coyuntura económica europea.
Resulta indudable que si a ese escenario se añade un aumento del IVA y/o de los impuestos especiales la situación empeoraría aun más. La combinación de incrementos de la fiscalidad directa e indirecta agravaría la recesión y no hay que creer en la Curva de Laffer para entender porqué más impuestos significarían una menor recaudación fiscal. Ante este panorama cabe esperar que el Ministerio de Hacienda y su titular, el Sr. Montoro, que conoce a la perfección la estrecha conexión entre los impuestos, la actividad económica y la recaudación tributaria no caiga en el error keynesiano de identificar alza de los impuestos con mayores ingresos para las arcas púbicas.
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