Educación y sindicatos docentes

María José Romano Boscarino explica que los productores y consumidores del sistema educativo argentino termina siendo excluidos al momento de determinar las políticas educativas, las cuales terminan siendo fijadas por una negociación entre los sindicatos docentes y las autoridades del momento.

Imprimir

María José Romano Boscarino es Licenciada en Economía y tiene una maestría en Políticas Públicas. Es columnista de Punto de Equilibrio (Argentina). 

En las ciencias naturales, cuando dos tipos de criaturas vivientes se benefician mutuamente, se habla de una relación simbiótica. El mundo de la política por su parte, tiene su propia versión de esta “dependencia” y se denomina: el triángulo de hierro. Se trata de un modelo de tres aristas de beneficio mutuo que conforman un esquema cerrado de vinculaciones, donde los participantes son: el Congreso, el Poder Ejecutivo y los grupos de interés.
De manera implícita, en este modelo existe la noción de que las preferencias políticas y los intereses de los actores involucrados difieren de los del público general. Normalmente, el triángulo opera de manera independiente, buscando crear su propia base de poder.



Si uno analiza la dinámica y características del ámbito educativo en Argentina, puede notarse que la política que le subyace es factible de ser explicada por medio de esta teoría.
La triangulación nace en torno al conflicto entre “productores” dentro del sistema y “consumidores” fuera de él. Y es así, porque la comunidad queda excluida del juego que se entabla respecto a la formulación de políticas educativas, que terminan siendo establecidas en un espacio “cercado” por la negociación entre los sindicatos docentes y las autoridades de turno.
La particularidad aquí, es que los gremios cuentan con un asiento especial en la mesa de discusión colectiva, no disponible para otros grupos relacionados al gobierno escolar, siendo capaces de delinear fuertemente las decisiones que se toman. Además, su forma de proceder atraviesa lógicas cíclicas, determinadas fundamentalmente por los tiempos del período lectivo (previo al inicio de clases, en general), que les abren ventanas de oportunidad para tomar partido frente al poder político, especialmente al ejercer el derecho a huelga. Esto afecta de lleno a la comunidad, perjudicando a los alumnos y en algunas circunstancias hasta poniendo en jaque la estabilidad política del país.
El poder sobre-representado de las agrupaciones sindicales, sumado a la recurrente inestabilidad económica (que hace prevalecer las urgencias de los tiempos de crisis) y a las deficiencias básicas existentes, lleva a que la educación quede sistemáticamente cautiva en discusiones repetidas.
Hasta ahora sólo se ha logrado avanzar en la expansión del sistema educativo en lo que algunos han llamado “inclusión” y en este caso, la cooperación entre los actores ha sido de más fácil acceso, básicamente porque la política implementada permitió la generación de más puestos de trabajo para los docentes, lo que además se tradujo en una enorme proporción de presupuesto a salarios (han llegado a insumir más del 90% de los fondos educativos, alrededor de un 5% del producto bruto interno).
El problema es que las mejoras cualitativas aún constituyen una enorme deuda pendiente y no alcanza con “democratizar” el acceso a la educación si no se “democratiza” también el éxito educativo, garantizando verdaderas oportunidades. Es por ello que se requiere avanzar en la discusión de propuestas que necesariamente conduzcan a una reforma del sistema. Y esto incluye cambios que afectan de lleno a sus principales recursos, es decir a la labor docente y directiva. A saber: un régimen más estricto de acceso a la carrera docente, una formación más rigurosa y moderna en función a las necesidades del nuevo siglo y de cara al futuro, la selección de los mejores candidatos para desempeñarse en el cargo, un régimen de incentivos (que comprende buenos salarios) ligados a la performance, evaluaciones y supervisiones, un rol más fortalecido y autónomo del director de escuela para tomar decisiones y gestionar con mayor eficiencia, etc. Se trata de medidas tomadas de los mejores sistemas educativos del mundo que en nuestro país llegan a ser temas tabú.
De allí que, avanzar de manera efectiva sobre las rigideces existentes, significaría que los funcionarios públicos están dispuestos a asumir el costo político del enfrentamiento gremial, con apoyo de la ciudadanía; haciendo además una apuesta por sobre el corto horizonte temporal que afrontan, dado el juego electoral al que se encuentra sometida su agenda. Esto último, necesariamente requeriría la búsqueda de consensos para asegurar la continuidad de los proyectos que se encaren, pues estos cambios requieren tiempo para su implementación pero también para la observación de resultados.
Si esto no ocurriera, la tiranía del status quo seguiría prevaleciendo sobre el sistema educativo.
Continuaremos entonces girando en torno a las determinaciones y apremios sindicales y a las miradas restringidas y permisivas de los sectores políticos involucrados. Quedaremos sumergidos aún más en un atraso autoimpuesto, por no priorizar en las discusiones, la calidad y la eficiencia educativa, es decir, el bienestar presente y futuro de toda la comunidad.
Quizás, en los tiempos que corren, sería importante que nuestros nuevos dirigentes reflexionaran sobre la crítica que el prestigioso intelectual Milton Friedman haría al ex presidente de EE.UU., Ronald Reagan (a quién además asesoraba), allá por 1984: debe aprovecharse la llamada “luna de miel” que los votantes conceden a las autoridades recién electas, pues, o el cambio se impulsa durante los primeros meses de gobierno, o el triángulo de hierro será capaz de bloquear toda capacidad de reforma.