Christoper Westley
Consideremos esta secuencia de eventos.
Durante la Guerra Fría, el gobierno cubano se hace comunista y se alinea con la Unión Soviética y muchos de los ciudadanos productivos de ese país huyen a Estados Unidos, donde los derechos de propiedad son más seguros y el gobierno está más limitado. La economía de Cuba quiebra, como es predecible, y se mantiene a flote durante año mediante ayuda exterior proporcionada principalmente por los soviéticos. Entretanto, los negocios cubanos primero se enraízan y luego florecen en EEUU, particularmente en Miami, incluyendo un sector del puro con base en la Pequeña Habana.
Paradójicamente, muchos de estos fabricantes de cigarros puros tuvieron éxito debido a la intervención pública en forma de embargo comercial a Cuba, aplicado por el gobierno de EEUU. Entretanto, la demanda estadounidense de puros cultivados y enrollados en Cuba sigue siendo alta y muchos los compran en mercados extralegales o en viajes al extranjero (a menudo cuando “extranjero” se traduce como México o Canadá). Una vez conocí a un hombre que fumaba un puro cubano en la década de 1980. Fue una experiencia tan profundamente agradable que prometió no fumar nunca otro puro.
Las cosas siguieron así hasta que se levantó el embargo cubano el año pasado por parte del gobierno de EEUU y se plantearon preguntas acerca de si los fabricantes de puros con base en Miami sobrevivirían a la competencia de los cigarros cubanos[1]. Por desgracia apareció una amenaza más grande que la competencia en forma de nuevas normas para los fabricantes de puros anunciadas la semana pasada por la FDA.
Basándose en la “tarea de proteger la salud pública”, la FDA está obligando a los fabricantes de puros a cumplir normas redactadas el año pasado para el mercado del cigarrillo electrónico. Estas incluyen el requisito de las solicitudes y tasas “preautorización” antes de que se les permita vender su producto. Tampoco son aranceles que se paguen de una vez, ya que cualquier decisión de cambiar las mezclas de tabaco en el futuro (una práctica común en un mercado de los puros prémium que responda a los gustos y preferencias de los consumidores) requiere el permiso de la FDA, lo que implica nuevas rondas de solicitudes y tasas.
Los costes son enormes y afectan especialmente a las pequeñas empresas, como se explica en un reciente artículo en el Miami Herald:
“Quiero decir que lo entiendo: Hay que hacer lo que dice el Tío Sam”, dice Sandy Cobas, propietaria de El Titán, uno de los 119 negocios de Miami que el alcalde Tomás Regalado dice que depende de los cigarros enrollados a mano. “¿Pero cómo vamos a poder pagar esto?”Es un montón de dinero que daña a los pequeños fabricantes para beneficiar a los grandes. De hecho, es probable que los grandes defendieran las normas de la FDA para poder tener más poder en el mercado en un mundo postembargo. También refleja la primera regla de la regulación pública de las empresas, que esta siempre causa efectos secundarios que a veces se prevén y a veces no. En este caso, vemos que las intervención anterior en el mercado de los cigarrillos electrónicos (de la que escribí aquí) podría hacer que los consumidores de jóvenes y de rentas bajas de estos se pasaran a los puros y esto no podía permitirse. De nuevo, una serie de regulaciones llevan a consecuencias no previstas, que llevan a una nueva ronda de regulaciones. (Es una explicación importante del crecimiento del gobierno descrito por Mises en la década de 1920).
No está sola, dicen expertos del sector, como Marvin Shanken, fundador, editor y director de la revista Cigar Aficionado.
“Miami, y el sur de Florida en general, es el centro del sector del puro”, dice Shanken. “El impacto será más visible aquí, sin duda”.
La FDA estima que pequeñas empresas como El Titán. Que fabrica de 250.000 a 300.000 puros anuales, pagaría de 278.000$ a 397.000$ en tasas de solicitud y otros costes durante el periodo inicial de cumplimiento. El Titán podría trasladar parte de estas tasas a las empresas que la contratan para fabricar labores con etiquetas privadas, pero seguirían teniendo que aumentar los precios.
Las nuevas normas tendrán su mayor impacto en empresas de menos de una década, a las que se obligará a solicitar una aprobación premercado, con un coste medio por solicitud de 6.560$, según las estimaciones de la FDA.
Enrollador de puros de cuarta generación, José Blanco, que creó Los Cumbres Tabaco en Doral en 2014, calcula que tendrá que presentar entre 25 y 30 solicitudes, que probablemente le cuesten más de 100.000$. “Para empresas que empiecen en este negocio, tendrán suerte si no pierden dinero, como nosotros”, dice Blanco.
Los puros que se vendían antes del 15 de febrero de 2007 (un 60% de todos los puros vendidos en EEUU, según la FDA) están exentos.
Aunque Gurkha Cigars, de Tamarac, se incorporó en 1989 (la marca se creó primero en 1887), la empresa estima que pagará 500.000$ además de tener que presentar 800 solicitudes individuales.
Pero esas transferencias coactivas de riqueza impuestas por el gobierno son en realidad actos de extorsión dignos de los hermanos Castro. Las políticas de la FDA (fascistas, en el sentido de que permiten la propiedad privada, peo el control público) significan que, al final, la porción del sector del puro en EEUU que escapó de Cuba simplemente cambió un régimen opresivo por otro. Tristemente, no son las únicos que pueden convertirse en humo. Están también las pequeñas empresas y otros empresarios quienes decidan que no merece la pena añadir riqueza al mundo a través del comercio voluntario y la satisfacción de la demanda del consumidor, solo para ver confiscado tu beneficio para iluminar las oficinas de los abogados y burócratas de Washington, que realmente merecen que el humo de los puros les estalle en la cara.
La FDA ha causado cientos de miles de muertes con sus políticas. En una sociedad verdaderamente libre, la regulación del mercado privado regularía su desaparición. Cuando eso ocurra, me fumaré un Partagás para celebrarlo
