Los reformadores rápidos, el crecimiento y las instituciones

Marian L. Tupy señala que las reformas rápidas en los países ex-comunistas derivaron en ingresos más altos y una mayor libertad política.

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Marian L. Tupy es analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y editor del sitio Web www.humanprogress.org.

Recientemente publiqué, junto con dos coautores que incluyen al ex viceministro de finanzas de Ucrania Oleh Havrylyshyn, un estudio sobre reformas económicas en países ex-comunistas desde la caída del Muro de Berlín. Como explicamos, la transición del socialismo al capitalismo dividió a aquellos que estaban a favor de reformas económicas rápidas de aquellos que estaban a favor de una estrategia más gradual.
La evidencia empírica derivada de 25 años de reformas, y sus resultados económicos y políticos, nos han permitido poner a prueba la validez de esos dos enfoques. Como mostramos, los que realizaron reformas extensivas temprano y rápido superaron con creces el desempeño de los que realizaron reformas de forma gradual tanto en indicadores económicos como PIB per cápita como en indicadores sociales como el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDH), y en indicadores institucionales, como aquellos que miden la democracia y el Estado de Derecho.



Luego de la caída del Muro de Berlín, un argumento clave a favor de la estrategia gradual de reformar era que las reformas rápidas causarían un gran costo social. En realidad, los reformadores rápidos experimentaron recesiones más cortas y se recuperaron mucho antes que los reformadores graduales. Como muestra el gráfico 1, el crecimiento del PIB per cápita entre los reformadores rápidos, como aquellos en Europa Central y los estados bálticos, fue mucho más rápido que el de aquellos países que optaron por las reformas graduales. Este último grupo de países incluía a la mayoría de países que ex-comunistas que no eran bálticos.
Los reformadores rápidos también recibieron mucha más inversión extranjera directa, la cual ha estimulado su crecimiento y empleo. Es importante que los reformadores rápidos también terminaron con niveles más bajos de desigualdad de ingresos y con tasas de pobreza más bajas. De hecho, el IDH de la ONU, que es una medición mucho más amplia del bienestar humano, nos señala la misma conclusión: los costos sociales de la transición en los países que reformaron rápido fueron más bajos que aquellos experimentados en los otros países ex-comunistas.
Gráfico 1: PIB per cápita por grupo de países, 1990-2013 (en $ de 2011 ajustados para la paridad del poder adquisitivo - PPP)

(Nota: EC = Europa Central, ESE = Europa del Sureste, ECRG = Ex-comunistas reformadores graduales, ECRR = Ex-comunistas reformadores rápidos)
Además, los partidarios del gradualismo argumentaron que la reforma institucional, como el desarrollo del Estado de Derecho, debería anteceder la liberalización del mercado. Un sistema legal más fuerte, argumentaron, aumentaría la efectividad de las reformas económicas.
En un sentido estricto, es imposible refutar este argumento, dado que ningún país poscomunista siguió ese orden de las cosas. En todos los países ex-comunistas, el desarrollo institucional estuvo considerablemente por detrás de las reformas económicas. Esperar al desarrollo institucional antes de implementar las reformas económicas, por lo tanto, fácilmente podría haberse convertido en una prescripción para no realizar reforma alguna.
Sin embargo, luego de 25 años, los reformadores rápidos acabaron teniendo mejores instituciones que los reformadores graduales. De hecho, el progreso más rápido en instituciones fue experimentado precisamente por los mismos países que realizaron una liberalización económica rápida (ver gráfico 2). Este resultado es consistente con la hipótesis de que las élites políticas que estaban comprometidas con la liberalización económica también estaban comprometidas con el desarrollo institucional.
Asimismo, las élites políticas, que abogaban por reformas graduales, muchas veces lo hicieron para extraer la cantidad mayor posible de rentas de la economía. Una consecuencia extrema de este gradualismo fue la formación de clases oligárquicas. Por supuesto que capitalistas ricos han surgido en todas las economías en transición, pero su concentración y grado de influencia política parece ser mucho más alto en países que reformaron lentamente, en particular en las economías grandes de la otrora Unión Soviética.
Gráfico 2: Indicador del Estado de Derecho del Banco Mundial por grupo de países, 1996-2010

Además, las tendencias que fueron establecidas poco después de al caída del Muro de Berlín se mantuvieron sólidamente a lo largo de los últimos 25 años. Los reformadores tempranos todavía lideran, y gran parte de los rezagados todavía están retrasados. Salirse del molde gradualista no es fácil, aunque eso es precisamente lo que algunas personas trataron de lograr mediante las “revoluciones de color”. Algunas de estas revoluciones inicialmente tuvieron éxito —al menos en el sentido de que derrocaron a los gobiernos existentes en Serbia (2000), en Georgia (2003), en Ucrania (2004) y en la República de Kirguizistán (2005).
No obstante, solamente en Georgia condujo la revolución de color a cambios reales en la dirección económica del país. En Ucrania, el ejemplo más reciente de una revolución de color exitosa, las reformas económicas y políticas continúan siendo precarias en el mejor de los casos.
Mientras que la transición en gran medida se acabó en los países ex-comunistas más avanzados, las reformas legales y regulatorias siguen incompletas. Las lecciones de los países más avanzados no son tan complicadas. Los países necesitan asegurar la estabilidad financiera y continuar desregulando y simplificando sus regulaciones para poder eliminar la corrupción y la búsqueda de rentas.

Los reformadores rápidos, el crecimiento y las instituciones

Marian L. Tupy señala que las reformas rápidas en los países ex-comunistas derivaron en ingresos más altos y una mayor libertad política.

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Marian L. Tupy es analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y editor del sitio Web www.humanprogress.org.

Recientemente publiqué, junto con dos coautores que incluyen al ex viceministro de finanzas de Ucrania Oleh Havrylyshyn, un estudio sobre reformas económicas en países ex-comunistas desde la caída del Muro de Berlín. Como explicamos, la transición del socialismo al capitalismo dividió a aquellos que estaban a favor de reformas económicas rápidas de aquellos que estaban a favor de una estrategia más gradual.
La evidencia empírica derivada de 25 años de reformas, y sus resultados económicos y políticos, nos han permitido poner a prueba la validez de esos dos enfoques. Como mostramos, los que realizaron reformas extensivas temprano y rápido superaron con creces el desempeño de los que realizaron reformas de forma gradual tanto en indicadores económicos como PIB per cápita como en indicadores sociales como el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDH), y en indicadores institucionales, como aquellos que miden la democracia y el Estado de Derecho.

Crecimiento y retórica vendehumo

Mauricio Ríos García considera que el gobierno de Bolivia está ignorando del problema de un gasto público excesivo.

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Mauricio Ríos García es economista y autor de La década perdida de Occidente (Unión Editorial, Madrid 2015).

Seguimos con la misma letanía del crecimiento en Bolivia. Con las recientes declaraciones de Arce Catacora, el Gobierno parecer tener nuevos arranques de sensatez desde que en diciembre de 2014, cuando ya se cumplían seis meses del inicio de la caída de los precios petroleros, se dijo que había que ajustarse a una nueva realidad, que estaban buscando expertos internacionales para que les dijeran qué hacer frente a la crisis, y ahora parecen hacerlo de manera cada vez más recurrente.
Sin embargo, mientras en unos medios se dice que es tiempo de ajustarse los cinturones, que hay que adaptarse a los nuevos niveles de ingresos, en otros dice —con clara temeridad y soberbia— que se tranquilizan porque saben que no va haber crisis, que a fines de 2016 seremos tricampeones por tercer año consecutivo, medalla de oro en crecimiento económico, aún con efectos de la sequía.



Si al menos no tuvieran tanta soberbia, si reconocieran que los capitales que buscan a la desesperada en el exterior y solamente con propaganda, sin planes ni proyectos concretos de inversión, el factor de la sequía sería el chivo expiatorio más oportuno para comprar tiempo mientras estructuran debidamente la oferta de proyectos de inversión, pero ahora, por su falta de consecuencia con las declaraciones de necesidad de ajuste (siguen gastando a manos llenas con el presupuesto más grande hasta el momento), el sobreoptimismo y el engreimiento injustificado podrían terminar en un ajuste más complicado aún y con cargo a largos y profundos desequilibrios sociales por falsas expectativas.
Peor aún, esta confusa y contradictoria retórica que llama al ajuste ante menores ingresos, pero que no reduce el gasto ni mucho menos del tamaño del Estado, ya tiene casi un par de años y durante ese tiempo no han atraído un solo centavo capital privado en el país; si las cosas estuvieran tan bien como se las pinta, no estarían improvisando ni haciendo papelones en el mismo seno del capitalismo salvaje.
Así pues, las cifras de crecimiento no sólo no estarían ayudando en absoluto en la causa de la defensa del modelo, sino que podría ilustrar un problema de proporciones siderales que nadie o pocos advierten.
En consecuencia, monitoreando la crisis económica global más grande desde la Gran Depresión de los años 30, se han registrado casos igualmente bochornosos que ya hemos utilizado varias veces: no el de Chávez cuando Venezuela crecía al 18%, sino el de España cuando Rodríguez Zapatero.
En 2007, cuando se anunció la bancarrota de Bear Stearns que terminó extendiéndose por Europa hasta luego dictar incluso la defunción del mismo Estado de Bienestar, el Presidente de Gobierno y líder del Partido Socialista Obrero Español soslayó las amenazas sosteniendo que, como el país había estado creciendo a niveles de milagro europeo tenían el sistema financiero más sólido del mundo, que la economía española jugaba la Champions League de la economía mundial mal que les pesara a algunos. Pues tan sólo 10 meses después la economía colapsó luego de que el inmejorable superávit del 5% del presupuesto público se convirtió en un descontrolado déficit del 11%.
¿Qué hicieron? Primero hacer la vista gorda del problema en medio de la campaña de reelección, y luego implementar el Plan E con la misma batería de medidas que primero alimentaron la burbuja. Se trató del segundo mayor gasto público del mundo luego de Arabia Saudita, llevando así a la economía española a hipotecar su futuro con mayor endeudamiento, y la dilapidación del capital que le quedaba produciendo lo que nadie necesitaba, y a la renuncia anticipada de Zapatero, y llevando a Mariano Rajoy sin decidirse a realizar reformas estructurales y crecer a niveles japoneses.
El humo se está disipando y el margen de maniobra en Bolivia se está cerrando rápidamente. Al igual que en España y el resto de la Unión Europea. Se están copiando exactamente los mismos errores sin advertir siquiera la posibilidad de que las cosas terminen —sin exageración alguna— como en Grecia o en Chipre, donde se congelaron y confiscaron depósitos en 2013 para financiar una parte de la deuda del Estado, y terminar creciendo hoy a niveles demasiado reducidos con una incertidumbre política insostenible para la inversión privada que finalmente permita honrar deudas aún inasumibles.
Hoy, en resistencia a modificar la estructura del gasto a manos llenas como durante el auge, hay cerca de 6 millones de viviendas vacías por toda España, autopistas, parques, redes de aeropuertos abandonados y ciudades fantasma que ilustran las consecuencias de la mala asignación de recursos, la reproducción de la pobreza y una dramática tasa de desempleo juvenil que no desciende del 46%.
Una vez más —porque en La Paz están estancados en apuntalar la retórica vendehumo — el problema tanto en Bolivia como en España y el resto de la Unión Europea, no es de falta de ingresos, sino de exceso de gastos, no es de falta de demanda, sino de exceso de oferta fundamentalmente monetaria y crediticia, causa última de toda la serie de burbujas de valor de activos esperando por terminar de pincharse.
¿Cuál es la peor noticia de todas? Pues esa, que en el intento ciego por compensar ingresos, y los malabarismos por sostener el PIB, los riesgos sobre el valor de sus ahorros e inversiones se incrementan de manera considerable, ya sea por medio del incremento sistemático y permanente de impuestos selectivos, o por medio del impuesto-inflación.
Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Mauricio Ríos García (Bolivia) el 1 de agosto de 2016

Crecimiento y retórica vendehumo

Mauricio Ríos García considera que el gobierno de Bolivia está ignorando del problema de un gasto público excesivo.

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Mauricio Ríos García es economista y autor de La década perdida de Occidente (Unión Editorial, Madrid 2015).

Seguimos con la misma letanía del crecimiento en Bolivia. Con las recientes declaraciones de Arce Catacora, el Gobierno parecer tener nuevos arranques de sensatez desde que en diciembre de 2014, cuando ya se cumplían seis meses del inicio de la caída de los precios petroleros, se dijo que había que ajustarse a una nueva realidad, que estaban buscando expertos internacionales para que les dijeran qué hacer frente a la crisis, y ahora parecen hacerlo de manera cada vez más recurrente.
Sin embargo, mientras en unos medios se dice que es tiempo de ajustarse los cinturones, que hay que adaptarse a los nuevos niveles de ingresos, en otros dice —con clara temeridad y soberbia— que se tranquilizan porque saben que no va haber crisis, que a fines de 2016 seremos tricampeones por tercer año consecutivo, medalla de oro en crecimiento económico, aún con efectos de la sequía.

¿En qué beneficia un nuevo gobierno al crecimiento?

Juan Ramón Rallo afirma que el gobierno que surge del pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos carece de ambición de liberalizar al economía aunque no constituye algo que vaya a espantar inversiones.

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Juan Ramón Rallo es Director del Instituto Juan de Mariana (España) y columnista de ElCato.org. Juan Ramón obtuvo el tercer lugar en nuestro primer concurso de ensayos, Voces de Libertad 2008.

España lleva nueve meses sin gobierno y, de momento, no parece que le haya ido mal: el primer semestre de este año ha sido el mejor de toda la crisis económica (el mayor ritmo de crecimiento y de creación de empleo desde 2008). Sin embargo, es verdad que como ayer manifestó Rajoy “la situación puede cambiar”: si uno examina de cerca el comportamiento del PIB durante el segundo trimestre, comprobará que la inversión privada comienza a desacelerarse a un ritmo, como poco, inquietante: su ritmo de expansión fue el menor en los dos últimos años y medio.



Es difícil conocer todavía a qué se debe este progresivo estancamiento del ritmo de inversión, aunque de persistir en el tiempo no es complicado anticipar sus implicaciones: la inversión es el motor del crecimiento económico a largo plazo; si se paraliza, el crecimiento —y nuestro muy necesario cambio de modelo productivo— también lo hará.
Y, ciertamente, una hipótesis verosímil de por qué se está frenando la inversión es la tan afamada “incertidumbre política”: a saber, las dudas sobre quién y con qué principios gobernará España durante los próximos años. Otra hipótesis, igualmente relevante, es que el patrón actual de crecimiento de nuestro país (basado en el rebote desde lo más hondo de la crisis auxiliado por los famosos “vientos de cola”) pueda estar tocando a su fin a falta de mayores reformas estructurales que permitan la generación de nuevos modelos de negocio hoy penalizados por el exceso de regulación y de fiscalidad. Es cierto que hemos pasado de “la parálisis económica a un modelo más sólido”, pero esa solidez todavía es relativa: dista de abarcar al conjunto de la economía y de ser irreversible.
Ya sea una razón u otra, contar con un gobierno sería potencialmente ventajoso para la economía española: primero, un Ejecutivo estable —y previsible— que explicite cuáles serán sus principios de actuación proporcionaría certidumbre institucional a la inversión; segundo, un Ejecutivo con margen de maniobra parlamentario dedicado a, por un lado, cumplir con nuestros compromisos con Bruselas (elaborar los presupuestos de 2017 con las miras puestas en reducir de verdad el déficit) y, por otro, impulsar una agenda reformista que abriera nuevas oportunidades económicas dentro de nuestro país proporcionaría nuevos estímulos a esa inversión (Rajoy justamente apeló a mejorar la eficiencia del mercado de bienes, servicios e impulsar la empresarialidad o reformar la educación para adaptarla al siglo XXI). De hecho, si se conjugaran ambos enfoques —previsibilidad en la liberalización económica a medio plazo— a buen seguro nuestra economía saldría beneficiada con nuevos bríos expansivos.
Sin embargo, tengamos presente que un eventual nuevo gobierno en España no contaría probablemente con ninguna de esas características. Primero, el acuerdo PP-Ciudadanos contiene una preocupante falta de ambición liberalizadora: se trata de un pacto dirigido a garantizar el sistema institucional tal cual existe hoy en lugar de a reformarlo en la dirección de una mayor libertad económica (ni menos regulaciones, ni menos impuestos, ni mayor libertad educativa). Segundo, aun cuando Rajoy termine saliendo investido presidente, no parece que vaya a contar con una mayoría parlamentaria sólida como para aprobar cambios de calado. Ni voluntad, ni oportunidad.
Por ello, el único beneficio que de verdad aportaría un nuevo Ejecutivo frente a la provisionalidad actual sería actuar como un tapón frente a otras opciones gubernamentales netamente peores: esto es, frente al mentado “gobierno de mil colores, radical e ineficaz”. Y es que, aun cuando el acuerdo PP-Ciudadanos no sea para echar cohetes, tampoco constituye una catástrofe que vaya a ahuyentar a ningún inversor. En cambio, el programa de máximos de otras formaciones, y muy en particular de Unidos Podemos, sí representa una amenaza desestabilizadora en el horizonte (una amenaza que, gracias a la aritmética parlamentaria, es a día de hoy mucho menos fiera que hace unos meses).
Dicho de otra forma, en las condiciones actuales, y con el poco ambicioso acuerdo PP-Ciudadanos encima de la mesa, la mayor contribución en favor del crecimiento económico que podría efectuar la investidura de un nuevo gobierno sería la de despejar cualquier posibilidad a medio plazo de que se constituya un Ejecutivo de izquierdas inspirado en el populismo de Podemos. No es poco para una economía como la española, pero deberíamos aspirar a mucho más.

¿En qué beneficia un nuevo gobierno al crecimiento?

Juan Ramón Rallo afirma que el gobierno que surge del pacto entre el Partido Popular y Ciudadanos carece de ambición de liberalizar al economía aunque no constituye algo que vaya a espantar inversiones.

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Juan Ramón Rallo es Director del Instituto Juan de Mariana (España) y columnista de ElCato.org. Juan Ramón obtuvo el tercer lugar en nuestro primer concurso de ensayos, Voces de Libertad 2008.

España lleva nueve meses sin gobierno y, de momento, no parece que le haya ido mal: el primer semestre de este año ha sido el mejor de toda la crisis económica (el mayor ritmo de crecimiento y de creación de empleo desde 2008). Sin embargo, es verdad que como ayer manifestó Rajoy “la situación puede cambiar”: si uno examina de cerca el comportamiento del PIB durante el segundo trimestre, comprobará que la inversión privada comienza a desacelerarse a un ritmo, como poco, inquietante: su ritmo de expansión fue el menor en los dos últimos años y medio.

Los reformadores rápidos, el crecimiento y las instituciones

Marian L. Tupy señala que las reformas rápidas en los países ex-comunistas derivaron en ingresos más altos y una mayor libertad política.

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Marian L. Tupy es analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y editor del sitio Web www.humanprogress.org.

Recientemente publiqué, junto con dos coautores que incluyen al ex viceministro de finanzas de Ucrania Oleh Havrylyshyn, un estudio sobre reformas económicas en países ex-comunistas desde la caída del Muro de Berlín. Como explicamos, la transición del socialismo al capitalismo dividió a aquellos que estaban a favor de reformas económicas rápidas de aquellos que estaban a favor de una estrategia más gradual.



La evidencia empírica derivada de 25 años de reformas, y sus resultados económicos y políticos, nos han permitido poner a prueba la validez de esos dos enfoques. Como mostramos, los que realizaron reformas extensivas temprano y rápido superaron con creces el desempeño de los que realizaron reformas de forma gradual tanto en indicadores económicos como PIB per cápita como en indicadores sociales como el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDH), y en indicadores institucionales, como aquellos que miden la democracia y el Estado de Derecho.
Luego de la caída del Muro de Berlín, un argumento clave a favor de la estrategia gradual de reformar era que las reformas rápidas causarían un gran costo social. En realidad, los reformadores rápidos experimentaron recesiones más cortas y se recuperaron mucho antes que los reformadores graduales. Como muestra el gráfico 1, el crecimiento del PIB per cápita entre los reformadores rápidos, como aquellos en Europa Central y los estados bálticos, fue mucho más rápido que el de aquellos países que optaron por las reformas graduales. Este último grupo de países incluía a la mayoría de países que ex-comunistas que no eran bálticos.
Los reformadores rápidos también recibieron mucha más inversión extranjera directa, la cual ha estimulado su crecimiento y empleo. Es importante que los reformadores rápidos también terminaron con niveles más bajos de desigualdad de ingresos y con tasas de pobreza más bajas. De hecho, el IDH de la ONU, que es una medición mucho más amplia del bienestar humano, nos señala la misma conclusión: los costos sociales de la transición en los países que reformaron rápido fueron más bajos que aquellos experimentados en los otros países ex-comunistas.
Gráfico 1: PIB per cápita por grupo de países, 1990-2013 (en $ de 2011 ajustados para la paridad del poder adquisitivo - PPP)

(Nota: EC = Europa Central, ESE = Europa del Sureste, ECRG = Ex-comunistas reformadores graduales, ECRR = Ex-comunistas reformadores rápidos)
Además, los partidarios del gradualismo argumentaron que la reforma institucional, como el desarrollo del Estado de Derecho, debería anteceder la liberalización del mercado. Un sistema legal más fuerte, argumentaron, aumentaría la efectividad de las reformas económicas.
En un sentido estricto, es imposible refutar este argumento, dado que ningún país poscomunista siguió ese orden de las cosas. En todos los países ex-comunistas, el desarrollo institucional estuvo considerablemente por detrás de las reformas económicas. Esperar al desarrollo institucional antes de implementar las reformas económicas, por lo tanto, fácilmente podría haberse convertido en una prescripción para no realizar reforma alguna.
Sin embargo, luego de 25 años, los reformadores rápidos acabaron teniendo mejores instituciones que los reformadores graduales. De hecho, el progreso más rápido en instituciones fue experimentado precisamente por los mismos países que realizaron una liberalización económica rápida (ver gráfico 2). Este resultado es consistente con la hipótesis de que las élites políticas que estaban comprometidas con la liberalización económica también estaban comprometidas con el desarrollo institucional.
Asimismo, las élites políticas, que abogaban por reformas graduales, muchas veces lo hicieron para extraer la cantidad mayor posible de rentas de la economía. Una consecuencia extrema de este gradualismo fue la formación de clases oligárquicas. Por supuesto que capitalistas ricos han surgido en todas las economías en transición, pero su concentración y grado de influencia política parece ser mucho más alto en países que reformaron lentamente, en particular en las economías grandes de la otrora Unión Soviética.
Gráfico 2: Indicador del Estado de Derecho del Banco Mundial por grupo de países, 1996-2010

Además, las tendencias que fueron establecidas poco después de al caída del Muro de Berlín se mantuvieron sólidamente a lo largo de los últimos 25 años. Los reformadores tempranos todavía lideran, y gran parte de los rezagados todavía están retrasados. Salirse del molde gradualista no es fácil, aunque eso es precisamente lo que algunas personas trataron de lograr mediante las “revoluciones de color”. Algunas de estas revoluciones inicialmente tuvieron éxito —al menos en el sentido de que derrocaron a los gobiernos existentes en Serbia (2000), en Georgia (2003), en Ucrania (2004) y en la República de Kirguizistán (2005).
No obstante, solamente en Georgia condujo la revolución de color a cambios reales en la dirección económica del país. En Ucrania, el ejemplo más reciente de una revolución de color exitosa, las reformas económicas y políticas continúan siendo precarias en el mejor de los casos.
Mientras que la transición en gran medida se acabó en los países ex-comunistas más avanzados, las reformas legales y regulatorias siguen incompletas. Las lecciones de los países más avanzados no son tan complicadas. Los países necesitan asegurar la estabilidad financiera y continuar desregulando y simplificando sus regulaciones para poder eliminar la corrupción y la búsqueda de rentas.

Los reformadores rápidos, el crecimiento y las instituciones

Marian L. Tupy señala que las reformas rápidas en los países ex-comunistas derivaron en ingresos más altos y una mayor libertad política.

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Marian L. Tupy es analista de políticas públicas del Centro para la Libertad y la Prosperidad Global del Cato Institute y editor del sitio Web www.humanprogress.org.

Recientemente publiqué, junto con dos coautores que incluyen al ex viceministro de finanzas de Ucrania Oleh Havrylyshyn, un estudio sobre reformas económicas en países ex-comunistas desde la caída del Muro de Berlín. Como explicamos, la transición del socialismo al capitalismo dividió a aquellos que estaban a favor de reformas económicas rápidas de aquellos que estaban a favor de una estrategia más gradual.

Entierren el pacto de estabilidad y crecimiento

Juan Ramón Rallo dice que si el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea solo sirve como herramienta de propaganda acerca de una austeridad fiscal que realmente no existe, pues que mejor sería enterrarlo.

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Juan Ramón Rallo es Director del Instituto Juan de Mariana (España) y columnista de ElCato.org. Juan Ramón obtuvo el tercer lugar en nuestro primer concurso de ensayos, Voces de Libertad 2008.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) fue suscrito en 1997 por los gobiernos europeos como acuerdo recíproco de buena fe: todos los Estados de la futura Eurozona se comprometían a mantener sus finanzas públicas en orden para que sus colegas no tuvieran que acudir en ningún momento a su rescate. La condición era bien sencilla: ningún Estado podía mantener sostenidamente déficits públicos superiores al 3% del PIB y, en caso de que lo hiciera, se le abriría un protocolo correctivo que, de incumplirse, concluiría con la imposición de una sanción de hasta el 0,2% de su PIB.



Por desgracia, el PEC ha sido sistemáticamente vulnerado por todos los países firmantes sin repercusión alguna: desde 1997, los miembros de la Eurozona se lo han saltado en 165 ocasiones. A la cabeza de incumplidores se halla Grecia, seguida de Portugal y de Francia. Nunca, sin embargo, se ha impuesto a nadie castigo alguno. A la postre, el régimen sancionatorio no opera automáticamente, sino que debe pasar por el filtro politizado de la Comisión Europea: un filtro donde no se valoran los aspectos técnicos de la controversia (el grado real de incumplimiento) sino los intereses políticos en liza.
Son esos intereses políticos los que han permitido que el Reino de España se libre de una sanción que objetivamente merecía atendiendo a la textualidad del PEC. Al cabo, nuestro gobierno, primero con el PSOE y luego con el PP, no se ha ajustado a los objetivos de déficit marcados por el protocolo correctivo del PEC durante ningún ejercicio a partir de 2009. Es verdad que desde entonces hemos logrado recortar de manera apreciable nuestro desequilibrio presupuestario, pero lo hemos hecho a un ritmo exasperantemente lento y, en buena medida, merced a los favorables vientos de cola: el déficit público estructural —aquel que no depende de la coyuntura económica sino de la arquitectura presupuestaria de carácter más permanente— sólo se ha reducido en dos ocasiones —2010 y 2012— e incluso volvió a aumentar en el año 2015 como consecuencia de unas rebajas impositivas que no fueron acompañadas de los imprescindibles recortes de gasto.
En definitiva, nada de lo que sentirnos orgullosos. Hemos esquivado la sanción consiguiendo en los despachos aquello que no pudimos lograr desde el presupuesto estatal. Lejos de haber recortado el déficit en las cuentas públicas, lo hemos consolidado a costa de continuar endeudando a los españoles con la complicidad de nuestros socios comunitarios. No nos hemos librado de la multa del profesor por ser alumnos aplicados, sino porque el profesor está predispuesto a dejarse corromper por los discentes indisciplinados.
Ahora, alejada la espada de Damocles de la sanción, queda lo verdaderamente complicado para el Ejecutivo español: dejar de intrigar entre bambalinas y pasar a cumplir con el calendario de reducción del déficit por primera vez en siete años. En apenas año y medio deberemos recortar el déficit más de lo que lo hemos hecho en los tres años que han transcurrido desde 2013 a 2015. Mas, si finalmente el gobierno alcanzara tan saludable resultado, desde luego no sería por la inexistente presión que ha ejercido el PEC.
Y es que, a estas alturas, debería ser obvio que este pacto comunitario sólo constituye un artilugio institucional para engañar a los ciudadanos europeos haciéndoles creer que nuestros manirrotos gobernantes mantienen un escrupuloso compromiso con una austeridad fiscal que, en verdad, no respetan. Quizá haya llegado el momento de levantar acta de defunción y de enterrar ese falsario PEC: si solo lo utilizan como herramienta propagandística y no como marco normativo al que someterse, de nada bueno sirve.

Entierren el pacto de estabilidad y crecimiento

Juan Ramón Rallo dice que si el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea solo sirve como herramienta de propaganda acerca de una austeridad fiscal que realmente no existe, pues que mejor sería enterrarlo.

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Juan Ramón Rallo es Director del Instituto Juan de Mariana (España) y columnista de ElCato.org. Juan Ramón obtuvo el tercer lugar en nuestro primer concurso de ensayos, Voces de Libertad 2008.

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC) fue suscrito en 1997 por los gobiernos europeos como acuerdo recíproco de buena fe: todos los Estados de la futura Eurozona se comprometían a mantener sus finanzas públicas en orden para que sus colegas no tuvieran que acudir en ningún momento a su rescate. La condición era bien sencilla: ningún Estado podía mantener sostenidamente déficits públicos superiores al 3% del PIB y, en caso de que lo hiciera, se le abriría un protocolo correctivo que, de incumplirse, concluiría con la imposición de una sanción de hasta el 0,2% de su PIB.