Otro de los detalles candentes es el destino del armamento de las FARC, pues el dejar las armas no implica necesariamente la entrega de las mismas.
El cese al fuego definitivo abre paso a la firma del complejo acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC. Este es el punto cero de un largo proceso.
El anuncio del cese al fuego definitivo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano es la piedra de toque que coloca ahora la firma del acuerdo de paz en un horizonte palpable. “Este es el punto cero de la paz”, explicó a DW Rafael Grasa, presidente del Instituto Catalán para la Paz, que coordina, en este momento en Colombia, el proyecto de la Fundación Friedrich Ebert sobre aplicación de herramientas de construcción de paz.
Después de la firma vendrá el proceso de refrendación, “el punto 0 + 1”. Por verse está si será solo a través de un plebiscito, como quiere el Gobierno, o también a nivel institucional. Las FARC prefieren esto último, para asegurarse de que lo que se decida en los acuerdos sea inamovible y no dependa de eventuales veleidades de gobiernos posteriores.
“Los siguientes 18 a 24 meses son claves para el proceso de DDR (Desmovilización, Desarme, Reintegración). En ese momento se van a producir los contactos con las comunidades y con la opinión pública. Y es allí cuando el propio Gobierno va a implementar el plan de choque, de éxitos tempranos, que está preparando el ministerio del postconflicto. Si en este período las cosas no funcionan bien, todo se complicaría”, asevera Grasa.
El infierno está en el detalle. Con el acuerdo del cese del fuego ya firmado el debate de la recta final se centra en “detalles” del cronograma para el abandono y/o entrega de las armas. Y los lugares de concentración de los futuros excombatientes y su posterior reinserción a la sociedad. “Pero, como en toda negociación, en el detalle puede estar el infierno”, advierte el especialista.
“En el movimiento campesino e indígena vemos con preocupación la implementación de este acuerdo, pues detectamos traslapes territoriales”, cuenta, por su parte, a DW Marylen Serna, líder del Movimiento Campesino de Cajibio y portavoz de la Cumbre Étnica y Popular. En este movimiento confluyen organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas que, como sociedad civil, siguen de cerca el proceso de La Habana.
A este respecto, Grasa, especialista en investigación y transformación de conflictos, explica: “Probablemente se estipulen zonas de concentración mixtas, con población civil. Se hablaba en un principio de 60, probablemente vaya a haber entre 10 y 15. Éstas no coinciden necesariamente con las zonas de reserva campesina y tampoco son idénticas a las zonas de concentración inmediata para los primeros meses”, explica Grasa. Basándose en experiencias anteriores, el especialista prevé que este sensible proceso de reintegración a la sociedad puede tomar entre 5 y 7 años.
¿Abandono de armas o desarme?. Otro de los detalles candentes es el destino del armamento de las FARC, pues el dejar las armas no implica necesariamente la entrega de las mismas. Y si el gobierno colombiano quería una inmediata entrega, las FARC la condicionaban al cumplimiento de los acuerdos; por ejemplo, en cuanto a la reintegración efectiva a la vida política de los excombatientes. Pero esto está sujeto, entre otras cosas, a que se implemente lo acordado en la jurisdicción especial para la paz y ello lleva tiempo.
“Desde la firma del acuerdo hasta que se pueda poner en marcha la jurisdicción especial para la paz –en cuya selección de magistrados quieren participar las FARC- pueden pasar perfectamente entre seis y ocho meses”, explica Grasa. Sin embargo, algunos medios estiman que el acuerdo definitivo de paz podría firmarse dentro de solo dos meses.
Por ello, lo que probablemente vaya a ser acordado es que, aunque no entreguen las amas, las FARC den garantías de que no van a utilizarlas. “Posiblemente haya un almacenamiento, controlado con GPS y comisiones especiales, hasta que se proceda a su eventual destrucción como se hizo en Irlanda”, sigue el experto. Cabe subrayar que esto en Irlanda sucedió diez años después de firmada la paz.
A todo esto, las negociaciones de paz con el ELN introducen un elemento adicional de complejidad: dado que –como con las FARC- no habrá alto el fuego durante las conversaciones, es posible que varias de las zonas de concentración de los desmovilizados coincidan con las zonas donde el ELN todavía estuviese activo.
“Desde el punto de vista de seguridad del Estado, puede ser que haya zonas donde haya desarme y desmovilización y, al mismo tiempo, combates con el ELN”, afirma Grasa, quien prevé que “los primeros 12 meses, a partir del punto cero, marcarán el rumbo de todo lo posterior”.
Después de la firma vendrá el proceso de refrendación, “el punto 0 + 1”. Por verse está si será solo a través de un plebiscito, como quiere el Gobierno, o también a nivel institucional. Las FARC prefieren esto último, para asegurarse de que lo que se decida en los acuerdos sea inamovible y no dependa de eventuales veleidades de gobiernos posteriores.
“Los siguientes 18 a 24 meses son claves para el proceso de DDR (Desmovilización, Desarme, Reintegración). En ese momento se van a producir los contactos con las comunidades y con la opinión pública. Y es allí cuando el propio Gobierno va a implementar el plan de choque, de éxitos tempranos, que está preparando el ministerio del postconflicto. Si en este período las cosas no funcionan bien, todo se complicaría”, asevera Grasa.
El infierno está en el detalle. Con el acuerdo del cese del fuego ya firmado el debate de la recta final se centra en “detalles” del cronograma para el abandono y/o entrega de las armas. Y los lugares de concentración de los futuros excombatientes y su posterior reinserción a la sociedad. “Pero, como en toda negociación, en el detalle puede estar el infierno”, advierte el especialista.
“En el movimiento campesino e indígena vemos con preocupación la implementación de este acuerdo, pues detectamos traslapes territoriales”, cuenta, por su parte, a DW Marylen Serna, líder del Movimiento Campesino de Cajibio y portavoz de la Cumbre Étnica y Popular. En este movimiento confluyen organizaciones indígenas, afrocolombianas y campesinas que, como sociedad civil, siguen de cerca el proceso de La Habana.
A todo esto, las negociaciones de paz con el ELN introducen un elemento adicional de complejidad: dado que –como con las FARC- no habrá alto el fuego durante las conversaciones, es posible que varias de las zonas de concentración de los desmovilizados coincidan con las zonas donde el ELN todavía estuviese activo.“La ubicación territorial de los que se van a desmovilizar, vemos que se cruza con nuestros territorios. Nos preocupa mucho que, según el Acuerdo de La Habana, a la ubicación de los excombatientes sigue la adjudicación y la legalización de tierras. También el impulso a procesos productivos. El problema está en que eso chocaría con nuestros propios sistemas”, subraya Serna. Las comunidades a las que representa ven imprescindible que, antes de la implementación del acuerdo, el Gobierno dialogue con ellas.
A este respecto, Grasa, especialista en investigación y transformación de conflictos, explica: “Probablemente se estipulen zonas de concentración mixtas, con población civil. Se hablaba en un principio de 60, probablemente vaya a haber entre 10 y 15. Éstas no coinciden necesariamente con las zonas de reserva campesina y tampoco son idénticas a las zonas de concentración inmediata para los primeros meses”, explica Grasa. Basándose en experiencias anteriores, el especialista prevé que este sensible proceso de reintegración a la sociedad puede tomar entre 5 y 7 años.
¿Abandono de armas o desarme?. Otro de los detalles candentes es el destino del armamento de las FARC, pues el dejar las armas no implica necesariamente la entrega de las mismas. Y si el gobierno colombiano quería una inmediata entrega, las FARC la condicionaban al cumplimiento de los acuerdos; por ejemplo, en cuanto a la reintegración efectiva a la vida política de los excombatientes. Pero esto está sujeto, entre otras cosas, a que se implemente lo acordado en la jurisdicción especial para la paz y ello lleva tiempo.
“Desde la firma del acuerdo hasta que se pueda poner en marcha la jurisdicción especial para la paz –en cuya selección de magistrados quieren participar las FARC- pueden pasar perfectamente entre seis y ocho meses”, explica Grasa. Sin embargo, algunos medios estiman que el acuerdo definitivo de paz podría firmarse dentro de solo dos meses.
Por ello, lo que probablemente vaya a ser acordado es que, aunque no entreguen las amas, las FARC den garantías de que no van a utilizarlas. “Posiblemente haya un almacenamiento, controlado con GPS y comisiones especiales, hasta que se proceda a su eventual destrucción como se hizo en Irlanda”, sigue el experto. Cabe subrayar que esto en Irlanda sucedió diez años después de firmada la paz.
A todo esto, las negociaciones de paz con el ELN introducen un elemento adicional de complejidad: dado que –como con las FARC- no habrá alto el fuego durante las conversaciones, es posible que varias de las zonas de concentración de los desmovilizados coincidan con las zonas donde el ELN todavía estuviese activo.
“Desde el punto de vista de seguridad del Estado, puede ser que haya zonas donde haya desarme y desmovilización y, al mismo tiempo, combates con el ELN”, afirma Grasa, quien prevé que “los primeros 12 meses, a partir del punto cero, marcarán el rumbo de todo lo posterior”.
