Por Mary Anastasia O'Grady
La historia de Andrés Felipe Arias es un
recordatorio desalentador de las maquinaciones políticas que a menudo
pasan por justicia en Colombia. Su arresto el mes pasado en Estados
Unidos es un intento por terminar el trabajo.
Arias fue ministro de Agricultura hasta
febrero de 2009, cuando renunció para lanzarse como precandidato del
Partido Conservador con miras a las elecciones presidenciales de 2010.
El economista graduado de la Universidad de California en Los Ángeles
era considerado ampliamente como el favorito del presidente saliente,
Álvaro Uribe Vélez, para sucederlo. Eso hacía que sus probabilidades en
las elecciones generales fueran muy buenas.
Sin embargo, no sucedió así. Arias fue
sacado de la carrera electoral por acusaciones de corrupción inventadas,
primero en los medios de comunicación y luego presentadas por dos
fiscales generales notoriamente de línea izquierdista. El ex funcionario
pasó tres años en el kafkiano sistema judicial colombiano luchando
contra esas acusaciones. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia.
En 2014, huyó a EE.UU. para pedir asilo. Subsecuentemente, el máximo
tribunal lo condenó en ausencia, lo multó con el equivalente a más de
US$8 millones y lo sentenció a 17 años de cárcel.
La solicitud de asilo de Arias está aún
pendiente pero, el 24 de agosto, alguaciles estadounidenses lo
detuvieron en Miami respondiendo a un pedido de extradición de Colombia,
a pesar del dudoso proceso que llevó a su condena. La votación de la
Corte Suprema de Justicia fue 8-1 contra Arias, y el único voto
disidente citó una ausencia del debido proceso.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC) odian a Uribe y en 2009 un potencial presidente Arias no
era una posibilidad bienvenida por el grupo terrorista, el cartel de
cocaína más grande del hemisferio. Tras bambalinas, las FARC ya tenían
influencia en asuntos legales y políticos como lo he delineado en columnas anteriores.
No obstante, si hubiese sido elegido como el comandante supremo de las
Fuerzas Armadas de Colombia, Arias probablemente habría continuado el
programa de seguridad democrática de Uribe, el cual había debilitado
severamente a los terroristas en el campo de batalla.
Juan Manuel Santos les ofreció a las
FARC un futuro mejor. Aunque se había desempeñado como ministro de
Defensa en la presidencia de Uribe, Santos no estaba comprometido a
derrotar a la guerrilla. Su hermano de tendencia izquierdista Enrique
Santos detalló esto en su libro Así empezó todo, sobre las negociaciones de “paz” entre Santos y las FARC en La Habana.
Enrique, quien ayudó a dar inicio a las
conversaciones, escribe que desde el día de su posesión, Juan Manuel
Santos buscó un acuerdo histórico con las FARC. De ser así, el nuevo
mandatario tenía el tipo de perfil psicológico que los agentes
entrenados por Cuba sueñan con manipular. Primero, sin embargo, había
que sacar a Arias del camino.
Los problemas para Arias empezaron en septiembre de 2009, cuando la revista colombiana Cambio publicó
acusaciones de que un puñado de familias adineradas había cometido
fraude usando un programa de subsidios agrícolas diseñado para ayudar a
campesinos de bajos recursos, conocido como Agro Ingreso Seguro. Según
informes de prensa, Arias buscó limpiar su nombre al pedir que lo
investigaran primero en cualquier caso penal.
Eso no pasó. En cambio, acusaciones sin
fundamento continuaron a cuentagotas en la prensa y la campaña de Arias
colapsó. Santos lanzó luego su candidatura y, aprovechando el impulso
del legado de Uribe, ganó la presidencia en las elecciones de 2010.
En agosto de 2011, la entonces fiscal
general de Colombia, Viviane Morales —quien estaba viviendo con un ex
guerrillero— presentó cargos penales contra Arias. La funcionaria
argumentó que Arias delinquió cuando firmó un contrato sin licitación
con una filial de la Organización de Estados Americanos (OEA) que
suministraba asesoría técnica y asistencia sobre proyectos de irrigación
a los países miembros. No importaba que los contratos con la unidad de
la OEA para este tipo de trabajo hubieran sido una práctica estándar en
Colombia por décadas.
Morales también acusó a Arias de la estratagema de fraude mencionada en la revista Cambio.
La fiscal afirmó que el ex ministro recibió donaciones para su campaña
de aquellos que habían defraudado al gobierno. Morales argumentó que
Arias debía ser encarcelado para evitar que sobornara a testigos. Arias
pasó dos años en prisión hasta que sus abogados lograron su libertad
mientras el juicio continuaba por otro año más.
En mayo de 2014, un tribunal
administrativo falló que el contrato de la OEA fue legal. En junio de
2014, el procurador general encontró a Arias inocente de todos los
cargos en una investigación separada. En el proceso de la Corte Suprema
de Justicia, el Estado no produjo evidencia de fraude, sobornos o
enriquecimiento ilícito de Arias. En lugar de eso, los verdaderos
defraudadores quedaron al descubierto por haberse inventado una trama
para destruir a Arias.
En su nuevo libro, Cárcel o exilio,
el periodista colombiano Plinio Apuleyo Mendoza reporta que Juan Manuel
Dávila, quien participó en el fraude, admitió bajo juramento en el
juicio que ni siquiera conocía a Arias o a ningún otro funcionario del
Ministerio. Dávila declaró luego de la revelación de un correo
electrónico de 2010 que le había escrito a su novia y en el que había
dicho que, desde el principio, el ardid fue algo “netamente, solo
político”. El “escándalo”, continúa, “solo tuvo un propósito, JODER A
ANDRES (sic) FELIPE ARIAS”, explicó.
Eso es lo que se ha hecho, y el esfuerzo
de extradición fortalece ese mismo objetivo. Mientras tanto, Santos se
prepara para conceder un poder político sin precedentes a las FARC.
Corrección
En junio de 2014, el procurador general
encontró a Arias inocente de todos los cargos en una investigación
separada. En una versión previa se decía que el contralor general
encontró a Arias inocente.
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