Tuesday, December 13, 2016

La brecha conceptual

Iván Alonso estima que la ley que crea la herramienta inverte.pe carece de un criterio para evaluar los proyectos de inversión que se propongan en Perú.


Iván Alonso
 
obtuvo su PhD. en Economía de la Universidad de California en Los Ángeles y es miembro de la Mont Pelerin Society.
Finalmente, el gobierno ha presentado la semana pasada la tan anunciada reforma del sistema de inversión pública. El nuevo sistema, invierte.pe, se enfoca en el cierre de “brechas” de infraestructura servicios públicos, lo cual nos parece muy bien. Y la que más urgentemente hay que cerrar es una brecha conceptual, pues el concepto de brecha no está definido en ninguna parte.
¿Qué es una brecha? ¿La reconoceríamos si la tuviéramos delante de nosotros? Que cada proyecto de inversión deba satisfacer una necesidad, eso es obvio. Pero que toda necesidad que creamos haber identificado justifique una inversión no lo es.


Una de las formas como se ha medido la llamada brecha de infraestructura, en los estudios que se han hecho sobre la materia en los últimos quince años, es comparando la disponibilidad de los distintos tipos de infraestructura y servicios públicos —tantos kilómetros de carretera por habitante, digamos— en el Perú y en Chile. Pero eso no es más que una primera aproximación. La geografía no es la misma; el clima tampoco ni el número de carros por habitante ni la localización de las actividades económicas. Lo que en un país tiene sentido quizás no lo tenga en el otro. Las necesidades reales hay que medirlas caso por caso, de acuerdo a las circunstancias particulares de tiempo y lugar.
La razonabilidad de cada inversión también hay que medirla caso por caso. Una vez identificada una brecha y habiendo estimado el costo de cerrarla, ¿vale la pena hacerlo? Los recursos no son ilimitados. Nunca. No se puede hacer todo. Siempre hay que escoger.
El decreto legislativo que crea invierte.pe no contiene, lamentablemente, ni un solo criterio para la evaluación de los proyectos que se presenten. Ojalá el reglamento cierre esta segunda brecha conceptual y lo haga de la única manera en que es posible hacerlo disciplinadamente, que es mediante el análisis costo-beneficio. En este tipo de análisis, uno hace el esfuerzo de cuantificar todos los beneficios de un proyecto, directos e indirectos, presentes y futuros, pagados o no pagados por los beneficiarios. Lo mismo con los costos. Sobre esa base se puede tomar una decisión. Una decisión imperfecta quizás, pero una decisión informada.
El comprensible deseo de agilizar el proceso de inversión no debe llevar al gobierno a quemar etapas. Hay una buena razón para avanzar ordenadamente en la evaluación. La razón es no dedicar demasiados recursos a estudiar en detalle un proyecto que tiene pocas posibilidades de mejorar las condiciones de vida de la gente. Pero tampoco se puede invertir millones de dólares sin haber estudiado el proyecto en detalle. ¿Cómo hacemos para no caer en un círculo vicioso? Muy simple: gastamos diez mil dólares en hacer un perfil; si éste es prometedor, gastamos cien mil en un estudio de pre-factibilidad; y si éste último también lo es, recién entonces gastamos un millón en el estudio de factibilidad. Toma más tiempo, pero evitamos, a bajo costo, la proliferación de elefantes blancos.
Estamos seguros de que, con unas cuantas precisiones en su reglamento, como las que hemos aquí esbozado, invierte.pe puede convertirse en una buena herramienta para la inversión pública. La siguiente tarea del gobierno será capacitar al personal de los distintos ministerios y de los gobiernos locales y regionales para usarla correctamente.
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